Los 10 textos más leídos de Derecho en Acción en el 2019

Como cada año, Derecho en Acción presenta los 10 textos más leídos en este espacio.

1. El control constitucional en México. Arturo Gómez Camacho
http://derechoenaccion.cide.edu/el-control-constitucional-en-mexico/

2. El amparo contra Facebook. Héctor Ivar Hidalgo Flores
http://derechoenaccion.cide.edu/el-amparo-contra-facebook/

3. La lucha contra el feminicidio: entre las normas jurídicas y la sociedad. Camila Riva Palacio Rabadán
http://derechoenaccion.cide.edu/la-lucha-contra-el-feminicidio-entre-las-normas-juridicas-y-la-sociedad/

4. La reforma a la extinción de dominio: la tormenta que viene. Joseph Irwing Olid Aranda
http://derechoenaccion.cide.edu/la-reforma-a-la-extincion-de-dominio-la-tormenta-que-viene/

5. Sobre la cultura de la legalidad. Miguel Ángel Antemate Mendoza
http://derechoenaccion.cide.edu/sobre-la-cultura-de-la-legalidad/

6. Neutralizar a la Suprema Corte sin desaparecerla. Eduardo González Chávez
http://derechoenaccion.cide.edu/neutralizar-a-la-suprema-corte-sin-desaparecerla/

7. La justicia constitucional: del escritorio al territori. Ana Laura Magaloni Kerpel
http://derechoenaccion.cide.edu/la-justicia-constitucional-del-escritorio-al-territorio/

8. Los atentados del 9/11 y las acciones implementadas por Estados Unidos. Un análisis jurídico-normativo. Sara Isela Contreras Medrano.
http://derechoenaccion.cide.edu/los-atentados-del-9-11-y-las-acciones-implementadas-por-estados-unidos-un-analisis-juridico-normativo/

9. La Suprema Corte y el uso de los niveles de escrutinio: su inconveniencia para el test de proporcionalidad. Frida Daniela Ibarra Olguín
http://derechoenaccion.cide.edu/la-suprema-corte-y-el-uso-de-los-niveles-de-escrutinio-su-inconveniencia-para-el-test-de-proporcionalidad/

10. ¿Taxi de sitio o Uber en los aeropuertos de México? Un estudio desde el análisis económico del derecho. Carlos Enrique García Tejeda
http://derechoenaccion.cide.edu/taxi-de-sitio-o-uber-en-los-aeropuertos-de-mexico-un-estudio-desde-el-analisis-economico-del-derecho/?amp=

La renuncia de los candidatos en campaña electoral, ¿debería regularse?

En el proceso electoral actual, el cual ha sido llamado el más grande de la historia de México,[1] hemos visto como algunos candidatos cambian más que el clima. Incluso, se ha visto como estos personajes cambian de un partido político a otro o, bien, al ver cerrada la posibilidad en su partido, deciden cobijarse bajo la figura de la candidatura independiente.[2] Estos hechos ponen en tela de juicio la credibilidad de sus propuestas para el bien de la comunidad. Podría parecer aún peor cuando un candidato, en pleno proceso electoral e incluso en la campaña, renuncia a su aspiración. Pero, ¿puede renunciar a la candidatura?, ¿qué pasa con los recursos públicos ya utilizados?, ¿existe alguna consecuencia? Estas interrogantes son el motivo del presente trabajo.

En principio, para conocer si un candidato puede renunciar o no, resulta conveniente revisar lo que la legislación actual dice al respecto. Primeramente, debemos partir del registro de los candidatos, ya que, para poder renunciar es necesario que estos estén registrados. Además, la ley señala que los partidos políticos tienen derecho a registrar a sus candidatos[3] y que una vez registrados, podrán sustituirlos de la siguiente forma[4]:

a) Durante el periodo que la ley señala para el registro, podrán sustituirlos libremente.

b) Concluido el plazo anterior, sólo pueden sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Y finalmente hay que considerar que, en el caso de renuncia, debe tenerse presente que sólo podrán sustituir a sus candidatos, teniendo como fecha límite, hasta 20 días antes de la elección. El siguiente cuadro lo ejemplifica:

Periodo de registro de candidatosDurante la Campaña hasta antes de 20 días antes de la elecciónDentro de los 20 días antes de la elecciónJornada electoral
 

Pueden sustituir libremente

Pueden sustituir por

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia

No podrán hacer sustitución

Con esto resulta evidente que un partido político puede hacer la sustitución de algún candidato en cualquier momento, siempre y cuando no se encuentre dentro de los 20 días previos a la elección. Pero, ¿qué pasa si el candidato renuncia?, ¿qué sucede cuando un candidato renuncia en plena campaña o, peor aún, dentro de los veinte días previos a la elección? En principio, tenemos todo un recorrido de acciones que quedan en una situación complicada, tales como el hecho de que ya hubo un gasto tanto en precampaña como en campaña y esto implica que:

  • El candidato recibió financiamiento público y privado para su campaña
  • Ya se gastó en papelería electoral (En el mejor de los casos, pueden no estar impresas las boletas).

Y, ¿qué repercusión existe ante ello? Ninguna. Así es, los candidatos pueden renunciar a la candidatura sin que exista algún tipo de consecuencia. Por lo tanto, no existe responsabilidad alguna ante la que los candidatos que decida renunciar tengan que responder. Lo único que les queda es justificar ante la autoridad electoral, los gastos que realizaron hasta el momento de su renuncia.

Como hemos visto, la legislación no contempla ningún tipo de consecuencia respecto de la renuncia de los candidatos en pleno proceso electoral. Y, por ende, todo el dinero gastado en su candidatura, simplemente se va a la nada. Sin embargo, la realidad es que, ante la renuncia de un candidato en pleno proceso electoral, sí se generan severas consecuencias que valdría la pena que los legisladores contemplaran para modificar la ley y evitarlas.

Uno de los graves perjuicios que ocasiona la renuncia de candidatos es la desconfianza dentro de la población respecto de la legitimidad de la figura de la representación popular. Esto ocurre al mostrar una indiferencia absoluta frente todo aquello por lo que se abanderó la candidatura. Otra consecuencia es la pérdida económica con cargo al gasto público, es decir, los ciudadanos cubrimos el gasto de todo el proceso de intervención del candidato hasta su renuncia, es decir, los contribuyentes le invitamos el capricho, el antojo o el gusto a los candidatos de recibir dinero para su precampaña y campaña para que luego simplemente se retiren sin ningún tipo de repercusión.

De igual manera, la confianza depositada en los candidatos se ve perjudicada ante la perspectiva de la sociedad. Con la renuncia a una candidatura, la población se queda con un gran desencanto de los candidatos y los procesos electorales. Debido a esto, mi propuesta es la siguiente:

1) Un escenario como el que se acaba de resaltar, arroja una clara tarea legislativa que debe ser atendida de manera inmediata, ante la irresponsabilidad con que se han conducido algunos candidatos en la actual contienda por los cargos públicos, al renunciar a sus candidaturas en pleno proceso electoral.

2) Dicha tarea debe ser asumida tanto en la Cámara de Diputados como en cada una de las legislaturas de las entidades de la República, a efecto de que sea un tema que se incluya en todo el país.

3) El objetivo principal que debe contemplar la modificación a la ley es que el candidato que llegue a renunciar sin una causa justificada debe reembolsar la totalidad de los recursos que haya recibido con motivo del proceso electoral.

4) Sancionar al candidato para que por lo menos para que no pueda participar en la siguiente contienda para acceder a un cargo público.

5) Con lo anterior, el poder legislativo debe coadyuvar a reconciliar la alta responsabilidad que implica buscar obtener el mandato ciudadano a través de las urnas.

Oscar Fernando Ríos Pimentel. Licenciado en Derecho, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Se elegirán Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores, Diputados Locales y Presidentes Municipales.

[2] Como ejemplo de una candidatura independiente tuvimos a Margarita Ester Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, en el caso de la Candidatura a la Presidencia de la República.

[3] Artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf

[4] Artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf

Los 10 textos más leídos de Derecho en Acción en el 2017

Como cada año, Derecho en Acción presenta los 10 textos más leídos en este espacio:

1) La Suprema Corte y el síndrome de alienación parental. 19 de junio. Miguel Ángel Antemate Mendoza. Un texto que analiza uno de los temas más controvertidos en la arena científico y jurídica: la alienación parental. Esto es, un síndrome que, en principio, se produce cuando uno de los progenitores transforma la conciencia de los niños con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos emocionales con el otro progenitor.

2) Prostitución, lenocinio y trata: análisis jurídico. 20 de febrero. Juan Pablo Gutiérrez Rodríguez. Texto que aborda el tema de la prostitución como un problema multifacético que acarrea varios problemas legales. Con una debida regulación, la calidad de vida de las sexoservidoras mejoraría y garantizaría una mayor protección de sus derechos humanos.

3) ¿Cuáles son las características del nuevo juicio de resolución exclusiva de fondo? 13 de febrero. Verónica L. Osornio Plata. Un interesante texto sobre la creación de un nuevo juicio -el juicio de resolución exclusiva de fondo-, en el orden jurídico mexicano, que permite garantizar los principios de oralidad, celeridad y contradicción en los juicios de naturaleza contenciosa administrativa.

4) Detenciones ilegales y retenes, algunas reflexiones. 16 de enero. Héctor Ivar Hidalgo Flores. En México, la violación a la libertad personal sólo puede suceder cuando esté expresamente establecida en las normas respectivas, por lo cual no puede existir detención o revisión sin una clara justificación. En este sentido, este texto indaga las detenciones ilegales que se han convertido en rutina en el el país.

5) ¿Qué es el análisis económico del derecho? 29 de marzo. Adriana García García y Dirk Zavala. Un texto que inaugura una nueva sección del blog y donde se explica que el análisis económico del derecho es una forma de estudiar al derecho que permite sistematizar, explicar ampliamente y sustentar empíricamente las decisiones judiciales.

6) Los tratados internacionales en materia tributaria. 5 de junio. Víctor López Velarde Santibáñez. Una lectura fresca y creativa del derecho internacional en materia tributaria, que permite que los Estados externen sus voluntades mediante clausulas con alcances y límites entre las partes.

7) Legislación mercantil: puntos de encuentro y diferencias con el derecho civil. 4 de agosto. Víctor López Velarde Santibáñez. Una radiografía de estas dos importantes materias del derecho que arroja interesantes conclusiones. Como, por ejemplo, que los contratos son una forma de crear seguridad jurídica que no varía mucho entre ramas del derecho; por lo cual, es posible afirmar que existen más similitudes que diferencias en el derecho mercantil y en el derecho civil.

8) La enrevesada destitución del presidente de la República en México. 18 de enero. Oscar Manuel Rosado Pulido. Un análisis que explica, en breve, que la regulación actual mexicana, simplemente imposibilita destituir o enjuiciar en términos políticos a un presidente de la República.

9) Sanciones penales en competencia económica. 18 de abril. Andrea Marván Saltiel, Carlos Mena Labarthe y Víctor Meyer. Colaboración que aborda una de las peculiaridades de la legislación en la materia: México es una de las pocas jurisdicciones que sanciona penalmente la colusión empresarial para evitar este prácticas anticompetitivas.

10) El derecho notarial y su incidencia en otras disciplinas jurídicas. 10 de abril. Víctor López Velarde Santibáñez. Si bien es una rama del derecho un tanto árida, este texto hace un esfuerzo por estudiarlo de manera seria y concluir que, contrario a lo que se piensa, no pertenece al derecho administrativo. Se trata, más bien, de una rama autónoma con importantes consecuencias jurídicas

Derecho en Acción.

Consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia se despliega en un momento complejo del país en donde confluyen varios fenómenos que inciden en el sistema de procuración de justicia y que obligan a repensarlo en su totalidad.

Por una parte, es consecuencia directa de los problemas detectados a partir de la entrada en vigor, en todo el país, del sistema penal oral y acusatorio creado a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008, así como de las leyes nacionales aprobadas durante su régimen de transición: el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Aunado a ello, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014 modificó el artículo 102 y otorgó autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República, que debe convertirse en la Fiscalía General de la República. Este cambio modifica la arquitectura constitucional del poder y deja en manos de un órgano autónomo el ejercicio de la acción penal, el cual deberá operar en el nuevo contexto creado tanto por el modelo acusatorio, como por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.

Aunque de manera totalmente independiente, el Congreso sigue debatiendo sin llegar a un acuerdo sobre el modelo policial para el país. El cambio es relevante porque en el sistema acusatorio, y de manera más amplia en el modelo de procuración de justicia, las policías juegan un papel crucial en la operación del sistema y no pueden verse como una pieza aislada.

Finalmente, todo lo anterior sucede mientras el país vive una nueva crisis de seguridad pública, con índices crecientes de homicidios dolosos y buscando encontrar, sin lograrlo, un marco jurídico adecuado que permita lograr que las fuerzas armadas abandonen paulatinamente las críticas labores que realizan en esta materia. A ello se suma la enorme desconfianza que muestran los ciudadanos frente a las autoridades, tal como revelan desde hace varios años en todas las encuestas.

En suma, a pesar de la importancia del conjunto de reformas constitucionales y los cambios legislativos de los últimos años, estos no han sido suficientes para consolidar un modelo de procuración de justicia que cumpla a cabalidad con los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y presunción de inocencia. Diversas entidades federativas han comenzado, al menos nominalmente, con la transición de procuradurías a fiscalías, pero éstas aún no cuentan con una arquitectura institucional que les permita soportar los procesos que exige un sistema de corte oral y acusatorio.

Estas carencias han sido reconocidas y enfatizadas por los más variados actores políticos y sociales, así como por las instituciones del Estado mexicano. En el informe “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia: Diagnóstico y plan de trabajo” presentado en febrero de 2017 por el titular de la Procuraduría General de la República al Senado de la República, se reconoce que la entrada en vigor del sistema penal oral y acusatorio “no fue suficiente para desterrar la arquitectura institucional del viejo sistema, misma que […] continúa presente en la mayoría de los operadores jurídicos encargados de la aplicación de las nuevas leyes penales”.

Para iniciar una reflexión de fondo sobre el conjunto del sistema de procuración de justicia y generar recomendaciones específicas, a iniciativa de la Procuraduría General de la República, junto con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y con el apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Gobernadores, se solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) que organizaran una consulta que permitiera avanzar hacia nuevo modelo de arquitectura institucional a nivel nacional en materia de procuración de justicia.

La Consulta Nacional, que se desarrolló entre mayo y agosto de 2017 en todo el país, es la materialización de la convocatoria lanzada por diversas instituciones académicas y públicas con el objetivo de realizar un diálogo nacional, público e incluyente que permitiera recibir, sistematizar y analizar propuestas y planteamientos para mejorar la calidad de la procuración de justicia en México.

Este documento sintetiza las principales ideas presentadas en las mesas y foros de la Consulta Nacional, en la cual participaron por igual instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, estudiantes y profesionistas. Las conclusiones aquí recogidas confirman la idea de que si bien no puede negarse la importancia de los cambios constitucionales y legales de los últimos años, lo cierto es que resulta indispensable la confección de un plan integral y sistémico que permita construir un nuevo modelo de procuración de justicia, en cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes, que respeten derechos, que generen y utilicen información, que cuenten con un modelo sólido de investigación proactiva, con capacidad para llevar procesos exitosos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.

La Consulta Nacional buscó, ante todo, ofrecer una visión sistémica y de largo aliento, así como un análisis puntual de los principales problemas que actualmente enfrenta la procuración de justicia en México. Este informe ejecutivo, así como el resto de los documentos generados a partir de lo discutido, buscan ser insumos útiles para la construcción de un modelo de procuración de justicia que permita responder a las demandas de la sociedad mexicana.

Las instituciones convocantes y el equipo organizador agradecen el entusiasmo y la generosidad de todas las personas que participaron en la Consulta. Los diferentes documentos que se generaron durante su proceso de desarrollo dan cuenta de las muchas ideas que se pusieron en la mesa y de los intensos debates que se generaron, siempre con respeto y ánimo de contribuir a mejorar el sistema de procuración de justicia.

Aquí el resto del Informe Ejecutivo.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

El ocaso del modelo de comunicación político-electoral

A casi ocho años de su existencia, es necesario reflexionar sobre el modelo de comunicación político-electoral de nuestro país. Después de tres elecciones federales y varias más locales atadas a la lógica y reglas de este modelo, es posible ya esbozar algunas conclusiones respecto este ambicioso proyecto cuyo objetivo medular consistió en domesticar el poder de los medios de comunicación en la arena electoral.

En efecto, en términos generales, este modelo de comunicación se planteó con el propósito de cancelar el camino institucional que permitía que los partidos políticos le hiciesen el negocio a los medios de comunicación, al destinar cada vez más dinero público a la compra de spots de radio y televisión. Además de limitar el poder de los medios en la dinámica electoral; en concreto, evitar que dicho poder, por sí mismo o en alianza con otros poderes fácticos, realizase intromisiones en contra de la equidad durante la competencia por el voto popular. Y, para ello, esta reforma estableció los siguientes pilares para apuntalar precisamente a este nuevo modelo de comunicación político-electoral[1].

En primer lugar, prohibió la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas políticas; asimismo, insertó la prohibición de personalizar, mediante la difusión de la imagen o la voz de los titulares de los órganos estatales, la publicidad que difundan los organismos gubernamentales; por otra parte, estableció la prohibición tanto para los partidos políticos, sus candidatos y demás particulares de comprar o adquirir publicidad en radio y televisión; un cuarto aspecto, consistió en determinar que los tiempos en radio y televisión correspondientes al Estado se distribuirán, durante las precampañas y las campañas, entre los partidos políticos y el ahora Instituto Nacional Electoral, quien se encargaría de administrar tales tiempos y; por último, se facultó a las autoridades electorales para sancionar a aquellos que violaran algunas de las reglas anteriormente señaladas.

Algo curioso es que las tres principales fuerzas políticas del país, que impulsaron la reforma constitucional que dio origen a este modelo de comunicación, después de un complicado y polarizado proceso electoral para la presidencia de la República en el 2006, no consideraron siquiera que para democratizar a los medios de comunicación y alcanzar los objetivos planteados era clave una reforma que, más bien, pluralizase a los medios. Y, de esta manera, se acabase por fin con esa desbalanceada relación entre un pluralismo partidista en férrea competencia, con una enorme necesidad del escaparate mediático para conseguir votos, y unos medios altamente concentrados con el control de decidir quién y cómo aparecía en la rutina informativa. Así, en un país que carecía, en ese momento, de una política pública para dar el salto de la tecnología analógica a la digital en los medios de comunicación electrónicos –lo cual representaba una oportunidad idónea para impulsar una regulación encaminada a multiplicar el número de micrófonos y pantallas en el escenario mediático-, los partidos políticos del país se inclinaron por una solución que difícilmente podía ser enteramente exitosa en un escenario mediático-político como el ya descrito.

Es cierto: no hay que olvidar que la dinámica democrática por antonomasia es que los políticos luchan por protagonizar el escaparate de los medios; mientras que éstos se lo facilitan a aquellos que coadyuven a fortalecer su posición económica. Este es el acertijo a resolver en las democracias contemporáneas (Manin 1998; Vallespín 2000). En este sentido, y aunque uno considerase que este modelo de comunicación ofreció soluciones regulatorias positivas, vale plantear lo siguiente: ¿Qué tan exitosas podían ser estas prohibiciones relacionadas con la publicidad electoral ante un duopolio mediático? ¿Qué tanto podía resistir un límite constitucional en un contexto donde la clase política está ávida de micrófonos y éstos al estar concentrados se erigen en la manzana de la discordia? Su potencial institucional, en tales circunstancias, inevitablemente era bastante limitado (López Noriega 2009).

Lo peor, sin embargo, es que no sólo se trató de una falla en el olfato de los principales partidos políticos al momento de trazar la estrategia reformista. Más aún: el error al diseñar este modelo de comunicación, como veremos en las siguientes páginas, tiene raíz en la misma concepción de la lógica mediática y su relación con el juego político-electoral. Es decir, mí crítica a este modelo de comunicación no sólo reside en que, en su caso, para asegurar un mayor éxito del mismo, debió haberse acompañado de una reforma que acabase con la enorme concentración mediática del país, sino que además se construyó a partir de ciertas concepciones no del todo atinadas respecto qué son los medios de comunicación y su papel en la dinámica democrática.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Esta reforma constitucional insertó este conjunto de reglas, que dieron estructura a este modelo de comunicación político-electoral, básicamente en los artículos 41 y 134 de la Constitución. El artículo 41 fue, a su vez, reformado en el año 2013 como parte de otra reforma político-electoral. Ambas reformas, la de 2007 y 2013, son las que han definido las características de este modelo de comunicación.