Pandemia de amparos

Ignacio Vallarta, uno de nuestros más grandes juristas, alguna vez dijo que el amparo había salvado a muchas personas de morir en el patíbulo.[1] Actualizando esta frase, en nuestro días el amparo te puede proteger contra una desaparición forzada, pero también de un bloqueo en Twitter. Además, nuestro juicio constitucional ya no sólo procede contra actos o normas generales, sino también contra omisiones de la autoridad.

Esta amplitud del amparo se ha vuelto trascendente ante la emergencia provocada por el SARS-CoV-2, el virus que detona la enfermedad COVID-19. En efecto, hemos sido testigos de amparos promovidos para combatir supuestas omisiones del poder ejecutivo. Considero que la gran mayoría de estos amparos debieron ser desechados —sobresaliendo los que planteaban la implementación de políticas públicas, como la aplicación de pruebas generalizadas para detectar el virus[2] o la emisión de disposiciones para condonar contribuciones—,[3] ya que lo único que están provocando es más caos en el manejo de la crisis sanitaria. En otras palabras, dichos juicios se han convertido en una verdadera pandemia. Ahora bien, voy a explicar por qué estas demandas debieron ser desechadas.

En primer lugar, porque con dichos amparos se violaría la división de poderes, y el poder judicial terminaría ejerciendo las facultades propias del ejecutivo y del Consejo de Salubridad General, es decir, terminaría dirigiendo la política sanitaria y hasta la económica. Ahora bien, es cierto que el poder ejecutivo y el Consejo de Salubridad General se pueden equivocar. Pero considero que están mucho más preparados para contener la pandemia. Los jueces, por mucho que se apoyen en peritos, no están capacitados (ni tienen por qué estarlo) para emitir políticas públicas en materia de epidemiología.

En segundo lugar, dichas demandas deben ser desechadas debido a que no existe una omisión de la autoridad. La Suprema Corte ha señalado que “la simple inactividad no equivale a una omisión”.[4] Asimismo, ha precisado que “para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación”.[5]

En los amparos promovidos se ha reclamado la omisión de instalar filtros sanitarios en los aeropuertos,[6] la omisión de emitir disposiciones para condonar contribuciones, la omisión de aplicar pruebas generalizadas para detectar el virus, entre otras. En este sentido, como lo señaló la Suprema Corte, para que haya una omisión, debe haber incumplimiento de una obligación de hacer. De esta forma, por más que se diga, no existen disposiciones que obliguen a la autoridad a instalar filtros, a emitir disposiciones fiscales o aplicar pruebas generalizadas. Por ello, las faltas de actuación de la autoridad, mencionadas anteriormente, no pueden constituir omisiones reclamables en amparo.

Entiendo que exista mucho nerviosismo. Las personas ya no pueden salir sin sentir que el virus acecha. Pero no podemos perder la cabeza tratando de implementar cualquier política pública que se nos ocurra, y utilizando el amparo para estos fines. Cabe mencionar, que esto no quiere decir que haya casos en que el amparo no nada más sea procedente, sino necesario. Ya hemos visto que en esta pandemia hay jueces de distrito que han protegido el derecho al agua de una ciudadana;[7] que han instruido que se provea de material al personal sanitario de determinado hospital,[8] e incluso jueces que han ordenado que se rescate a personas varadas en otros países.[9] Pero estos casos no tienen nada que ver con políticas públicas. Pongamos a andar el andamiaje judicial cuando realmente sea necesario.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase Vallarta, Ignacio Luis, “El Juicio de Amparo y el Writ of Habeas Corpus: ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos constitucionales”, Imprenta de Francisco Díaz de León, México, 1881, p. 4, consultable en https://bit.ly/2UX0PNT.

[2] PJF, Juzgado Primero de Distrito del Décimo Primer Circuito, “Amparo Indirecto 275/2020”, 23 de marzo de 2020. A pesar de que es una obligación publicar las sentencias, en este caso, al no estar disponible la versión pública del fallo, sólo pude tener acceso a unas capturas de pantalla, las cuales se pueden visualizar en este tuit: https://bit.ly/2Rsp2cK.

[3] Fierro, Juan Omar, “Juez ordena a AMLO resolución que considere diferir impuestos por la contingencia”, Proceso, 6 de abril de 2020, disponible en https://bit.ly/2xgFi9G.

[4] SCJN, Primera Sala, “CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, p.1092.

[5] Ídem.

[6] Mosso, Rubén, “Desechan amparo por coronavirus; reclaman falta de filtros en AICM”, Milenio, 17 de marzo de 2020, disponible en https://bit.ly/2y7Fqs4.

[7] Lastiri, Diana, “Juez ordena facilitar acceso a agua potable a mujer por coronavirus”, El Universal, 7 de abril de 2020, disponible en https://bit.ly/34u95rU.

[8] Lastiri, Diana, “Ordenan proveer de material hospitalario a médicos en Oaxaca por coronavirus”, El Universal, 8 de abril de 2020, disponible en https://bit.ly/3e6WyPz.

[9] Murillo, Eduardo, “Juez ordena al gobierno repatriar a pareja mexicana varada en Sudáfrica”, La Jornada, 8 de abril de 2020, disponible en https://bit.ly/2XovZzf.

El Consejo Asesor de Contenido de Facebook, ¿verdadera garantía para la libertad de expresión?

Para proteger la libertad de expresión, Facebook ha creado un Consejo moderador de contenido.[i] Este órgano de expertos independientes se encargará de determinar qué publicaciones pueden permanecer en la red social. Del acta constitutiva[ii] que da vida al Consejo se desprenden distintos rasgos que vale la pena analizar para establecer si este órgano cuasi-jurisdiccional realmente garantizará la libertad de expresión.

La estructura del Consejo

En el acta constitutiva se señala que el Consejo se integrará por 40 miembros.[iii] Estos ostentarán el cargo por tres años.[iv] En cuanto a su remuneración, no dependerá del sentido de sus resoluciones.[v] Además, los integrantes del Consejo sesionarán en paneles,[vi] aunque hasta el momento no se sabe con certeza el número de miembros que integrarán los paneles o si estos tendrán alguna especialización. Finalmente, si bien los nombres de los consejeros serán públicos, cuando sesionen en paneles se mantendrán en reserva por cuestiones de seguridad personal y para garantizar la independencia de las determinaciones que se emitan.[vii]

Un primer acercamiento nos permite observar que 40 miembros podrían parecer pocos para moderar el contenido que generan millones de personas, no obstante, así funcionan muchos tribunales internacionales. Por citar un ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuenta con 47 jueces, número muy análogo al de los integrantes de este Consejo Asesor. Además, como veremos enseguida, éste se dedicará a resolver problemáticas de manera selectiva y no todos los asuntos llegarán a su conocimiento.

Por otro lado, resulta bastante cuestionable que los nombres de los consejeros se mantengan en reserva cuando sesionan en paneles, bajo el argumento de evitar presiones en contra. Al respecto, la Corte Interamericana ha resuelto que los jueces sin rostro o de identidad reservada infringen la Convención Americana, ya que impiden “conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configura[n] causales de recusación […]”.[viii] Es claro que esta situación podría vulnerar la independencia e imparcialidad del Consejo Asesor.

El proceso ante el Consejo

Para acceder al Consejo, lo primero que se necesita es agotar un recurso de apelación ante Facebook,[ix] es decir, existe un principio de definitividad para escalar hasta el órgano materialmente jurisdiccional. Por otro lado, del acta constitutiva se desprende que, una vez agotado el recurso de apelación, los usuarios de la plataforma podrán solicitar al Consejo que revise su caso.[x] Algo que falta, desde mi punto de vista, es otorgarle al Consejo el poder de ejercer alguna facultad de atracción, ya que de esta manera no tendría que estar esperando la llegada de casos emblemáticos, sino que podría ser más proactivo para resolver problemáticas de gran trascendencia.

Ahora bien, como lo mencioné, los usuarios podrán solicitar que su caso sea revisado por el Consejo, no obstante, éste es el que determinará discrecionalmente qué casos resolverá.[xi] Como podemos ver, el Consejo de la red social con más usuarios en el mundo resolverá los asuntos como si se tratara de certioraris, al estilo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por otro lado, cuando empezó a surgir la idea de crear un órgano para moderar contenido en Facebook se presentaron dudas en cuanto a si se permitiría ofrecer pruebas, así como cuáles serían las normas que se tomarían en cuenta para resolver los asunto. Pues bien, en el acta constitutiva se establece que los usuarios podrán presentar alegatos por escrito ante el Consejo.[xii]

Al respecto, por ejemplo, la Suprema Corte mexicana ha establecido que las formalidades esenciales del procedimiento se garantizan cuando se reúnen los siguientes requisitos: “1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas”.[xiii] Si bien el proceso ante el Consejo no reúne expresamente todos estos elementos, tenemos que esperar para ver qué tan amplio es el derecho de formular alegatos por escrito. Me parece que esta oportunidad de manifestarse ante el órgano materialmente jurisdiccional garantiza de buena forma que los usuarios sean escuchados en los procesos.

En cuanto a las normas que servirán de base a las decisiones del Consejo, el acta constitutiva señala que serán las Normas Comunitarias de Facebook, así como los valores de la propia red social.[xiv] No obstante, en el acta se establece que se decidirán los asuntos a la luz de los derechos humanos.[xv] Con esto se disipan muchas dudas, ya que el Consejo de la red social, para resolver los casos, estará obligado a acudir a los estándares sobre la libertad de expresión.

Finalmente, un rasgo importante del Consejo es que podrá recibir amici curiae,[xvi] los cuales han sido definidos por el Poder Judicial de la Federación mexicano como una institución jurídica “mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social”.[xvii] En el acta constitutiva se señala que el Consejo determinará cuándo le dará entrada a estos escritos, tomando en cuenta si quien los presenta se podría ver afectado por la resolución del caso.[xviii]

¿Recomendaciones o resoluciones vinculatorias?

Para determinar si un órgano jurisdiccional o materialmente jurisdiccional realmente actúa como tal, es necesario establecer si sus resoluciones son obligatorias. Al respecto, la dichosa acta constitutiva señala que las determinaciones del Consejo serán vinculatorias y que Facebook deberá acatarlas de manera inmediata.[xix] En pocas palabras, el Consejo Asesor resolverá en última instancia si el contenido debe permanecer.

Un aspecto importante de las resoluciones que emita el Consejo se refiere a su publicidad y lenguaje llano. El acta constitutiva establece que el Consejo deberá hacer públicas sus resoluciones, para lo cual tendrá una base de datos en su sitio Web.[xx] Las resoluciones deberán indicar si determinado contenido puede permanecer, lo que debe ser motivado de manera clara.[xxi]

Por otro lado, además de los procesos contenciosos que conocerá este órgano cuasi-jurisdiccional en ciernes, tendrá una facultad consultiva,[xxii] al más puro estilo de la Corte Interamericana. En efecto, el Consejo podrá emitir opiniones consultivas sobre temas específicos que Facebook le solicite. Esta facultad consultiva es una buena forma para determinar, ex ante, si cierto contenido debe permanecer publicado.

¿El Consejo garantizará la libertad de expresión?

Ciertamente, el Consejo Asesor es un gran paso para proteger la libertad de expresión, no obstante, habrá que ver cómo opera en la realidad. Me parece que Facebook quiere darle legitimidad a las resoluciones que toma, muchas de las cuales han generado gran controversia –la última, por ejemplo, censurar los memes relativos al 9/11–.[xxiii]

Ahora bien, deben quedar atrás esas visiones de que internet no debe ser regulado o moderado. La realidad nos muestra que plataformas como Facebook pueden actuar de manera muy discrecional. Contrario a lo que se piensa, las empresas de redes sociales deben respetar los derechos humanos, ya que ahora la libertad de expresión no sólo se da entre el Estado y la ciudadanía, sino que también intervienen estas plataformas digitales que deciden de qué se puede hablar.

Finalmente, sobra mencionar que el Consejo Asesor de Contenido una vez que entre en operación, sin duda, generará mucho debate en torno a sus decisiones y argumentaciones. Y es que a pesar de las reglas que comentamos, no queda muy claro cómo es que funcionará, además de que todavía no sabemos quiénes serán sus miembros. Algunas respuestas las encontraremos pronto, ya que el órgano cuasi-jurisdiccional comenzará a resolver casos a principios del próximo año.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[i] Facebook (17 sep. 2019). Estructura y Gobernanza del Consejo Asesor de Contenido. Facebook Newsroom. Recuperado de: https://bit.ly/2kWJxRJ

[ii] Facebook (17 sep. 2019). Acta Constitutiva del Consejo Asesor de Contenido. Facebook Newsroom. Recuperado de: https://bit.ly/2kVvTyj

[iii] Ibídem, art. 1, secc. 1.

[iv] Ibídem, art. 1, secc. 3, párr. 1.

[v] Ibídem, art. 1, secc. 5.

[vi] Ibídem, art. 3, secc. 2, párr. 1.

[vii] Ibídem, arts. 1, párr. 1 y 3, secc. 2, párr. 2.

[viii] Corte Interamericana de Derechos Humanos (27 nov. 2013). Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 184. Recuperado de: https://bit.ly/1eARQSX

[ix] Supra nota 2, art. 2, secc. 1, párr. 1.

[x] Ibídem, art. 2, párr. 1.

[xi] Ibídem, art. 2, secc. 1, párr. 2.

[xii] Ibídem, art. 3, secc. 3, párr. 1.

[xiii] Tesis P./J. 47/95, de rubro Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Reg. digital 200234. Disponible en: https://bit.ly/2mtRDBN

[xiv] Supra nota 2, art. 2, secc. 2, párr. 1.

[xv] Ibídem, art. 2, secc. 2, párr. 3.

[xvi] Ibídem, art. 3, secc. 3, párr. 2.

[xvii] Tesis I.10o.A.8 K (10a.), de rubro Amicus curiae. Sustento normativo del análisis y consideración de las manifestaciones relativas en el sistema jurídico mexicano. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. digital 2016906. Disponible en: https://bit.ly/2kX0bAA

[xviii] Supra nota 2, art. 3, secc. 3, párr. 2.

[xix] Ibídem, art. 4.

[xx] Ibídem, art. 3, secc. 6.

[xxi] Ibídem, art. 3, secc. 4, párr 2.

[xxii] Ibídem, art. 3, secc. 7.3.

[xxiii] Excélsior (18 sep. 2019). Facebook está censurando todos los memes del 9/11. Recuperado de: https://bit.ly/2m4vqtN

El amparo contra Facebook

La semana pasada se promovió una demanda de amparo contra Facebook.[i] En su escrito inicial, la quejosa señaló como acto reclamado la suspensión de su cuenta en la red social. Además, precisó como derechos fundamentales vulnerados los establecidos en los artículos 1°, 6° y 17 de la Constitución.

Ahora bien, la demanda se presentó ante los juzgados de distrito en materia civil en Ciudad de México. El juzgado segundo de distrito, al cual fue turnado el asunto, determinó que era incompetente para conocer del mismo y remitió el expediente a los juzgados de distrito en materia administrativa en Ciudad de México. En este sentido, no existe aún un pronunciamiento sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda.

La problemática principal a la que se enfrentará el juez que conozca de este asunto consiste en determinar si el juicio de amparo es procedente contra la red social, es decir, contra un particular. Si bien el marco legal permite promover demandas de amparo contra particulares,[ii] el Poder Judicial de la Federación se ha mostrado muy renuente a darle entrada a este tipo de asuntos.

Efectivamente, si analizamos los criterios que han emitido los tribunales federales, podemos observar que son muy contados los casos en que se admiten demandas de amparo contra particulares. Por ejemplo, se han admitido amparos contra instituciones bancarias cuando aseguran las cuentas de alguna persona[iii] o contra notarios cuando omiten entregar las escrituras correspondientes a la parte interesada.[iv]

Esta situación impide que los derechos humanos tengan vigencia entre particulares. Si echamos una mirada al derecho comparado, podemos observar que los tribunales constitucionales sí analizan y tutelan los derechos fundamentales cuando son vulnerados por particulares. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, tomando como base lo que señala la propia Constitución,[v] ha amparado el derecho al honor y a la imagen cuando son violentados por un particular que posteó en Facebook unas imágenes y comentarios injuriosos.[vi] En pocas palabras, esta Corte admite amparos contra particulares en las más variadas circunstancias.

Facebook no es cualquier particular, sino uno con gran poder e influencia. La asimetría entre la red social y un simple usuario es enorme. Además, Facebook tiene muchísimos problemas para moderar su contenido,[vii] por lo que podría vulnerar derechos humanos con gran facilidad, particularmente la libertad de expresión. Esta dificultad para moderar lo que se publica ha llegado al grado de que se está cocinando un proyecto para crear una especie de tribunal constitucional de Facebook, un órgano independiente que emitiría criterios para saber qué publicaciones debe permanecer y cuáles deben ser eliminadas.[viii]

Pues bien, Facebook actúa como verdadera autoridad cuando elimina contenido o una cuenta. Es claro que el usuario se encuentra en completa indefensión ante la red social. Esta, de manera unilateral y obligatoria, puede trastocar los derechos de una persona, y no existe un medio de defensa idóneo para combatir sus determinaciones.

Facebook, Twitter y otros espacios similares se han vuelto imprescindibles para ejercer nuestros derechos. Como lo ha señalado la Suprema Corte, “[l]as redes sociales se han constituido como un medio que permite a las personas expresarse de manera más amplia y desinhibida, compartir información o acceder a ella de forma casi inmediata, así como establecer espacios de colaboración”.[ix]

El Poder Judicial de la Federación tiene una oportunidad increíble para darle vigencia a los derechos fundamentales entre particulares. Deben quedar atrás esas visiones de que el amparo solo procede contra entes públicos. Las nuevas dinámicas sociales exigen que los derechos humanos sean protegidos frente a cualquier vulneración, ya sea de autoridad o, en determinados casos, de particular. ¿Vamos a esperar a que los tribunales extranjeros nos digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Por qué no dar nosotros el primer paso?

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[i] Juzgado segundo de distrito en materia civil en la Ciudad de México, “amparo indirecto 808/2019”, 15 de agosto de 2019.

[ii] El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo establece en la parte conducente lo siguiente: “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”.

[iii] Pleno en materia penal del primer circuito, “contradicción de tesis 3/2018”, 23 de octubre de 2018.

[iv] Segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, “amparo en revisión 166/2018”, 4 de octubre de 2018.

[v] En la parte conducente, el artículo 86 de la Constitución colombiana señala lo siguiente: “La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela [amparo] procede contra particulares  encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y  directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

[vi] Corte Constitucional de Colombia, “acción de tutela T-145/16”, 31 de marzo de 2016.

[vii] Como se ha señalado, el moderar a la red social es un verdadero caos, en donde no existen criterios uniformes sobre lo que debe permanecer publicado. Incluso se ha dicho que los moderadores consumen drogas para poder soportar el contenido que tienen que revisar, desde material pornográfico hasta discurso de odio. Véase Casey Newton, “The trauma floor”, The Verge, 25 de febrero de 2019.

[viii] Véase Casey Newton, “Facebook’s, Supreme Court for content moderation is coming into focus”, The Verge, 28 de junio de 2019.

[ix] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, “amparo en revisión 1005/2018”, párr. 220, 20 de marzo de 2019.

La Suprema Corte y los bloqueos de Twitter

La resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que los servidores públicos no pueden bloquear a los ciudadanos en Twitter ha generado gran efervescencia. No obstante la importancia del fallo, podemos decir que sólo representa un eslabón en una larga cadena de casos que se han promovido con anterioridad.

En primer lugar, hay que señalar que no se sabe con certeza dónde se impugnó por primera vez un bloqueo en Twitter. Si hacemos un rastreo, uno de los primeros asuntos se dio en Costa Rica. En este país, en 2012, la Sala Constitucional determinó que un bloqueo en Twitter por parte de la cuenta de la presidencia de la República era contrario a la Constitución. Sin embargo, el asunto más mediático que puso los bloqueos en Twitter sobre la mesa fue el bloqueo del presidente Trump. En este caso, una corte de distrito determinó que el titular del ejecutivo violaba la Primera Enmienda si bloqueaba a un ciudadano en la red social. Este asunto aún no se encuentra firme, ya que se está sustanciando un recurso en una corte de apelaciones.

En México, existe por lo menos una decena de asuntos en que se ha analizado la constitucionalidad de un bloqueo en Twitter. Tanto de estos casos como del precedente de la corte, vamos a tratar de extraer diversos principios para sistematizarlos.

¿Acto de autoridad o de particular?

La Suprema Corte estableció que un bloqueo en Twitter por parte de un funcionario sí puede constituir un acto de autoridad si se reúnen dos requisitos. Primero, que el servidor público se ostente como tal en la red social y; segundo, que la información que difunda a través de dicha red social esté relacionada con su cargo. Anteriormente, en un amparo promovido contra un diputado federal, conocido por sus bloqueos en Twitter y que acuñó la frase “El respeto al bloqueo ajeno es la paz”, un juzgado de distrito desechó una demanda argumentando que cuando un servidor público bloquea a un ciudadano en la red social Twitter no lo hace derivado del cargo que desempeña, sino que lleva a cabo el bloqueo como un simple particular. Además de que la cuenta de Twitter del funcionario no es un medio oficial que se encuentre regulado por alguna norma jurídica, finalizando con la idea de que el ciudadano podía acudir a las autoridades competentes para solicitar la información correspondiente. Contrario a lo que resolvió este juzgado de distrito, el precedente de la Suprema Corte estableció claramente que el bloqueo en Twitter, por parte de un servidor público, si se reúnen ciertos requisitos, puede considerarse como un acto de autoridad.

El primer amparo

En México, el primer asunto en que se impugnó un bloqueo en Twitter se dio contra el presidente municipal de Nogales, Sonora. En este asunto, que data del 2017, se consideró inconstitucional tal bloqueo en virtud de tres cosas. Primero, porque los ciudadanos tienen derecho a ser informados, es decir, tienen derecho a recibir información pública; segundo, porque las autoridades tienen una obligación positiva de informar a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesario un requerimiento por parte de los particulares; por último, porque en el caso concreto no existía una restricción justificada al derecho a la información. Con casi idénticos argumentos, otros dos juzgados de distrito otorgaron un amparo promovido contra un diputado federal y uno contra el fiscal general de Veracruz (un asunto distinto del que escaló hasta la Suprema Corte). Los razonamientos vertidos en esta primera sentencia también fueron retomados en el fallo de la Segunda Sala.

Bloqueos en Facebook

Los bloqueos no sólo se dan en Twitter, sino también en Facebook. Por ejemplo, podemos citar un amparo promovido contra una directora de comunicación social de un municipio, la cual bloqueó a un usuario de Facebook por decir que la presidenta municipal era una mujer pelada; u otro amparo que se promovió contra el bloqueo de una regidora municipal. En ambos casos se otorgó la protección constitucional, pero más allá del sentido de los fallos, lo anterior pone de relieve que los bloqueos se pueden presentar e impugnar en cualquier red social, llámese Instagram, YouTube, etétera.

“Como me parece absurdo distraer recursos públicos del Poder Judicial en esto […] desbloqueado está”

En algunos casos, los amparos contra los bloqueos se han sobreseído, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad ha desbloqueado motu proprio a los ciudadanos. El caso más mediático se dio por el bloqueo de un consejero del INE, el cual, en un tuit, señaló que no quería que el poder judicial dilapidara recursos, por lo que en ese acto desbloqueó al ciudadano en cuestión. Otro amparo que se terminó sin que se analizara el fondo fue el promovido contra un diputado local; éste señaló en su informe justificado que por error había bloqueado a un usuario, pero que ya lo había desbloqueado. En otro amparo, promovido contra un presidente municipal, también se sobreseyó en el juicio, toda vez que esta autoridad informó al juzgado de distrito que ya había desbloqueado al usuario.

Aquí hay que tener en cuenta que la ley de amparo castiga con pena de prisión de tres a nueve años a la autoridad que sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto reclamado con el propósito de que se sobresea en el juicio, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Por lo que si la autoridad responsable mañosamente desbloqueó a un usuario sólo para finalizar el juicio, pero posteriormente lo vuelve a bloquear, podría estar cometiendo un delito.

Trolls y bots

Es claro que habrá casos en que esté justificado un bloqueo. La Suprema Corte precisó que cuando se presenten comportamientos abusivos, como amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitación a la violencia, podría ser legítima una medida de restricción o bloqueo. Anteriormente, en un amparo promovido contra un comisionado estatal de seguridad pública, un juzgado de distrito negó la protección constitucional y encontró justificado el bloqueo, debido a que los mensajes dirigidos hacia la autoridad no eran una mera opinión respecto al desempeño del comisionado, sino que pretendían ofender y denigrar a la persona que ostentaba el cargo, y menoscabar su reputación.

Como hemos visto, existen diversos principios que se pueden extraer de los casos citados. Por ejemplo, que el servidor público, si se reúnen determinados requisitos, actúa como autoridad al bloquear a un ciudadano en las redes sociales; o el relativo a que la autoridad, por regla general, si decidió ostentarse como tal y compartir información de interés público en su cuenta, no puede restringir el flujo de información a través del bloqueo, a menos que exista un motivo que lo justifique.

Finalmente, hay que señalar que se revisó el portal de la Suprema Corte para indagar si existe algún otro amparo o alguna solicitud de facultad de atracción relacionada con un bloqueo en Twitter, pero aún no se desprenden resultados. No obstante, sin duda, este precedente va a servir como trampolín para que otros amparos lleguen al conocimiento del máximo tribunal. Sólo es cuestión de tiempo.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

La Suprema Corte y su jurisprudencia sobre el uso recreativo de marihuana

El pasado 31 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integró jurisprudencia estableciendo que la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana es inconstitucional. Lo anterior quiere decir que se reiteró, por quinta ocasión, el criterio de que el paradigma prohibicionista establecido en la Ley General de Salud es inconstitucional por vulnerar el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Esto no significa que los preceptos declarados inconstitucionales vayan a desaparecer del ordenamiento jurídico o que vayan a dejar de ser aplicados. No obstante, el hecho de que la SCJN haya integrado jurisprudencia ciertamente tendrá diversos efectos que se podrán evidenciar en los próximos meses.

Los imperfectos alcances de la jurisprudencia

Contrario a lo que se cree, la jurisprudencia no es obligatoria para todas las autoridades. La Ley de Amparo,[1] así como la propia SCJN,[2] tienen claro que sólo es vinculante para los órganos jurisdiccionales. Por tanto, el efecto de los precedentes jurisprudenciales no afecta a las autoridades administrativas. Esto quiere decir que la COFEPRIS, al ser un órgano administrativo, no estará obligada a acatar el criterio de la SCJN. Como la COFEPRIS es el órgano encargado de expedir los permisos para el uso recreativo de marihuana, al no estar vinculada por la jurisprudencia, puede seguir negando las licencias que se le soliciten. En su caso, será necesario acudir al juicio de amparo para que un órgano jurisdiccional constriña a la autoridad sanitaria a conceder los permisos.

Los amparos ya no serán una apuesta

La jurisprudencia lo que hace es dar seguridad jurídica a las personas. Ahora que la SCJN ha fijado un criterio jurisprudencial, todos los órganos jurisdiccionales,[3] al acudir ante ellos, estarán obligados a establecer que la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana es inconstitucional. Éste es el principal efecto que tendrá el criterio de la SCJN: dar homogeneidad a las resoluciones jurisdiccionales. No obstante que las sentencias de los órganos de impartición de justicia se emitirán de manera uniforme, la SCJN fue cuidadosa al establecer que los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos corresponderán a la COFEPRIS. Lo anterior se entiende ya que es ésta la que cuenta con los conocimientos técnicos para emitir un permiso de esta naturaleza.

Un amparo fast track

Otro efecto que tendrá el criterio de la SCJN se refiere a los tiempos en que será sustanciado el juicio de amparo. La Ley de Amparo[4] establece que en los casos en que se impugnen artículos declarados inconstitucionales por la SCJN, el plazo para rendir el informe justificado (contestación a la demanda) se reducirá a tres días improrrogables y la celebración de la audiencia constitucional se señalará dentro de diez días desde el siguiente al que se admitió la demanda, cuando, normalmente, estos plazos son de 15 y 30 días, respectivamente. Lo anterior quiere decir que estos procedimientos, llamados “amparos sumarios”, podrían estarse resolviendo en un par de semanas. Obviamente habrá que tener en cuenta el tiempo que tarde en ejecutarse la sentencia, el cual, en muchas ocasiones, es el que impide la restitución inmediata en el goce del derecho humano vulnerado.

El paradigma prohibicionista in articulo mortis

La jurisprudencia de la SCJN pone en jaque la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana. Esto quiere decir que, en un futuro próximo, el Poder Legislativo podría estar derogando el articulado que da vida a esta prohibición inconstitucional. A menos que suceda como con la figura del arraigo, que en 2005 fue declarado inconstitucional por la SCJN, pero en 2008, gracias a Felipe Calderón, se elevó a nivel constitucional en virtud de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública. Sin duda, esta jurisprudencia dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Abogado, estudiante de la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Al respecto, el artículo 217 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

[2] Véase la jurisprudencia 38/2002, de rubro “JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS”, aprobada por la Segunda Sala de la SCJN, el 3 de mayo de 2002.

[3] Al ser una jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN, los únicos órganos jurisdiccionales para los que no sería obligatoria serían el Pleno y la Segunda Sala de la propia SCJN.

[4] El artículo 118 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.