Caso Urrutia Vs. Chile: Cinco puntos acerca de la libertad de expresión de los jueces

La libertad de expresión es uno de los pocos derechos humanos que tiene diversas dimensiones según la persona que lo ejerce.  Un ciudadano, el gobernador de una entidad federativa, un juez y un reportero tienen el derecho humano a la libertad de expresión con distintos contornos y fronteras cada uno de ellos. La diversidad de niveles de protección o restricciones en el ejercicio de un derecho humano es una cuestión atípica, pero sucede en el caso de la libertad de expresión.[1]  En el presente texto nos centramos en la libertad de expresión de jueces en lo particular, a propósito de una sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los próximos días.

El Tribunal de San José acaba de deliberar el caso Daniel Urrutia Laubreaux Vs. Chile, el cual trata sobre el derecho humano ya mencionado. Sin duda, esta decisión judicial fortalecerá y expandirá los estándares existentes en libertad de expresión y jueces. Sin embargo, detrás de este caso hay una larga tradición jurídica que vale la pena recordar y tener presente cuando se plantea una discusión sobre este derecho humano. En este texto se encontrarán 5 puntos concretos sobre este tema que nos ayudarán a entender la sentencia que se emita en el caso Urrutia Vs. Chile.[2]

I.

En 1748, se escribió la siguiente frase: “…los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, son seres inanimados que ni pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes…”.[3] En estos párrafos no se pretende debatir esa cita, desde la perspectiva de la justicia constitucional, o el rol de los jueces en el Estado contemporáneo. Aquí, se retoma dicha idea para ilustrar cómo la falta de arbitrio judicial se insertaba como un elemento en el esquema clásico de la división de poderes. Así, la cita da la imagen de un juez sin voz propia, de jueces que solo pueden hablar para aplicar la norma jurídica en el caso concreto. Al parecer, ese cuadro del siglo XVIII irradiaría sobre la expectativa del comportamiento de los jueces en una democracia en los siglos que vendrían, hasta llegar a la imagen de un juez con un tipo de voto de silencio, un operador de la justicia que no podía alzar la voz en las cosas públicas. La doctrina más tradicional impone varios frenos al juez/ciudadano para poder expresarse sobre asuntos políticos y ciertos asuntos públicos.[4]

II.

En el centro del debate está que los jueces son servidores públicos del Estado y, por ello, son miembros del gobierno.[5] Los juzgadores tienen capacidad de decisión y poder sobre los ciudadanos e incluso con otros poderes del Estado. Así las cosas, cuando sus opiniones pueden adelantar el sentido de una sentencia que vinculará en el futuro a un ciudadano u órgano de gobierno es que se pide prudencia judicial en cuanto a las expresiones. Aquí, tenemos que distinguir entre: (i) el juez en el ejercicio de sus funciones que se expresa, (ii) el juez/ciudadano impartiendo clase en una universidad y (iii) el ciudadano/juez hablando de las cosas públicas en redes sociales o en un medio de comunicación.[6] Cada una de estas hipótesis tiene límites y ámbitos distintos, aunque la regla más tradicional es que el juez debe mantenerse con un voto de silencio.

En las restricciones específicas sobre jueces, se dice que el control del discurso judicial tutela la imparcialidad, la independencia judicial y el Estado de derecho, además de que preserva la legitimidad y la confianza en el sistema legal y la dignidad de la profesión[7]. Nótese que los valores antes enunciados son conceptos muy amplios, y que a la hora de su aplicación en casos concretos van a caer en zonas grises o en los llamados casos difíciles. Por ejemplo, ¿qué tipo de crítica de un juez hacia el poder judicial ofende la dignidad de ese poder? O bien, un juez que preside audiencia en pantalones cortos y en tenis, ¿por qué afectaría la confianza en el sistema de administración de justicia? Estas preguntas son algunos de los retos prácticos que surgen cuando los valores jurídicos tienen que aterrizar en la vida real.

La idea del juez monje o con un voto de silencio nos invita a pensar que a mayor solemnidad, será mayor el respeto por la judicatura o por la función judicial. La inercia de esta línea de pensamiento limitó por muchos años las libertades de los juzgadores. Sin embargo, las crisis constitucionales, los cambios sociales y las irregularidades en una democracia llaman a todos los ciudadanos a debatir. En efecto, las anomalías democráticas, las dictaduras, la simulación de ordenes democráticos hicieron que los jueces participaran en las cosas públicas desde su rol como quien protege al ciudadano de la arbitrariedad, y como ciudadanos dando crítica sobre el autoritarismo o la dictadura. En principio, el centro del debate estuvo en el juez como servidor público. Ahora está el juez como ciudadano frente a la arbitrariedad política o las irregularidades democráticas.

III.

En el año 2019, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló lo siguiente

“Se reconoce cada vez más que los jueces y fiscales están facultados para ejercer los derechos a la libertad de expresión […], así como los derechos políticos, en pie de igualdad con las demás personas. No obstante, también está claro que el ejercicio de esos derechos puede estar sujeto a restricciones concretas con el fin de salvaguardar la dignidad de su cargo y, en el caso de los jueces, la independencia e imparcialidad de los tribunales y cortes de justicia”.[8]

Como se puede ver, la regla que veía a los jueces como un tipo de monje está cambiando en estos días, por lo cual el ciudadano/juez debería estar más activo y participativo en cualquier sociedad donde el poder político se desborde. Como ya se dijo, la raíz del cambio vino de la participación de los jueces en contra de las irregularidades democráticas, lo cual generó un círculo extraño. Cuando el juez detiene la arbitrariedad es atacado por los políticos que no encuentran freno en sus actos y menos en sus expresiones[9]. Cuando el juez hace uso de su voz ciudadana es criticado o sancionado por ser miembro del gobierno.[10] Estos son algunos de los fenómenos que llevaron a cambiar la doctrina tradicional sobre libertad de expresión y jueces.

IV.

Por un lado, nadie quiere un juez que esté insultando a las partes en una audiencia, pues ello comprometería la imparcialidad judicial, y pondría en tela de juicio la confianza en el sistema de impartición de justicia. Asimismo, no es deseable un juez que fije postura en abstracto sobre el robo de famélico pues ya sabemos como fallara todos los casos de robo de hambre. Tampoco es deseable el juez que adelanta su postura sobre un asunto que todavía no recibe sentencia, incluso que lo use como ejercicio académico si el caso no está totalmente concluido. Estos son casos claros de los límites a la libertad de expresión.

Por otro lado, nadie desea que un juez no se manifieste contra la dictadura o el autoritarismo. La visión del poder judicial es un elemento que debe ser escuchado cuando se debaten asuntos públicos, sobretodo en una irregularidad democrática. Mientras la regularidad democrática se mantiene es más viable pedir prudencia judicial; cuando se dan ataques a los jueces por su labor y el respeto a los derechos humanos existe un deber moral de actuar de los jueces.

V.

El caso del juez Urrutia toca varios de los puntos antes mencionados y otros. Todos debemos de estar atentos a la sentencia que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre este asunto, para conocer cuáles son los cánones respecto de la libertad de expresión de los jueces, las fronteras entre el ciudadano y el servidor público, y en qué punto se rompe el voto de silencio del juez monje.

Javier Cruz Angulo. Profesor Asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

José Antonio Caballero. Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Tarkington, Margaret, “A Free Speech Right to Impugn Judicial Integrity in Court Proceedings”, Boston College Law Review, vol. 52, 2010, pp. 363-434.

[2]Para conocer más sobre el caso, se puede consultar: https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/urrutia_laubreaux.pdf.

[3] La cita corresponde a Montesquieu, en su célebre obra Del Espíritu de las Leyes (citado e interpretado en: Correa G., Rodrigo P., “El gobierno judicial ante la Constitución”, Revista de Estudios de Justicia, núm. 6, 2005, pp. 117-126.

[4] Tarkington, ob. cit.

[5] Smolla, Rodney A., “Regulating the Speech of Judges and Lawyers: The First Amendment and the Soul of the Profession”, Florida Law Review, vol. 66, núm. 3, 2014, pp. 961-990.

[6] Ídem.

[7] Ídem. El lector debe saber que la mayoría de la doctrina coincide con las limitantes que se señalan en este trabajo.

[8] Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, “Independencia de los magistrados y abogados”, A/HRC/41/48, Consejo de Derechos Humanos, 29 de abril de 2019.

[9] Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Lone y otros Vs. Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015; Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela, sentencia del 8 de febrero de 2018; Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso Baka vs. Hungría, sentencia de 27 de mayo de 2014.

[10] Ídem.

25 errores de la Ley general de abogacía mexicana

El ejercicio de la abogacía se debe llevar conforme a los más altos estándares de instrucción y comportamiento de los practicantes. Una legislación que incentive estandarizar la educación jurídica y describa modelos ideales de conducta sería en mérito para toda la sociedad. El proyecto de la Ley General de Abogacía es un ejemplo de estas medidas; sin embargo, contiene diversos errores que le impiden cumplir con los propósitos mencionados. Veamos:

1.- El título: el nombre de este cuerpo normativo debería ser: Ley General de Abogacía. Darle nacionalidad a la ley es un error, veamos: ¿Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano? ¿Ley General de Salud Mexicana? El hecho de tener un carácter general y de ser expedida por el Congreso de la Unión resulta suficiente para entender que la aplicación será dentro del territorio nacional, lo cual hace redundante al adjetivo en mención.

2.- Abogacía (artículo 7°).  La definición no es la óptima para los objetivos que busca la Ley. Una mejor estructura y con un referente de derecho comprado nos diría: la abogacía es la representación en cualquier controversia judicial o procedimiento administrativo en materia familiar, civil, administrativa, laboral o penal. Esto puede abarcar desde la elaboración de una demanda, su contestación, la solicitud de una decisión, la determinación sobre un contrato, controversia, investigación, imputación, o hasta el arbitraje o incluso la mediación. En general, puede significar cualquier representación jurídica que involucre partes específicas con un interés jurídico cualificado para acudir ante una autoridad. [1] Más adelante se debería definir asistencia, consultoría, arbitraje y medios alternativos a la solución de conflictos. Asimismo, se debe señalar porqué los defensores públicos no están obligados por esta propuesta de ley; la discriminación hacía la defensoría pública se tiene que explicitar y justificar.

3.- Competencia en persecución de los delitos. El artículo 10 de este proyecto nos dice que debe ser PGR y los jueces federales quienes perseguirán los delitos. En este caso, lo correcto es una propuesta de reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde de manera general y especial se señalan los delitos que son de competencia federal.

4.- Obligar a la creación de tipos penales (artículo 10). La Corte ha señalado que cada órgano legislativo tiene un ámbito de libre configuración normativa, y resulta muy delicado que desde una legislación regulatoria se mandaten tipos penales. Es decir, no se puede obligar a los estados a tipificar conductas desde una Ley General sin una motivación reforzada[2].

5.- Una decena de artículos mencionan la palabra ética sin un contenido mínimo. Si bien la ética y el derecho no se encuentran divorciados[3], existen distinciones entre los dos conceptos. La expectativa sería que la propuesta de ley nos diera una serie de notas distintivas de la ética de la abogacía. Lo anterior, con el objetivo reducir el riesgo en la interpretación, ya que conforme a la ley cada colegio establecerá su propio código de ética y, en este sentido, podría haber tantos matices en la ética del abogado como colegios existan.

6.- Colegios de abogados en las entidades federativas. El artículo 39, fracción IV, nos refiere que cada colegio no podrá tener más de 300 agremiados. El artículo 41 señala que cada entidad federativa solo podrá tener cinco colegios ¿es violatorio del derecho de asociación?  Es decir, solo podrían existir 1500 litigantes certificados por cada estado. Con una población nacional de más de 300 mil abogados[4], la propuesta nos resulta ilógica.

7.- Colegios de Abogados Nacionales. El artículo 46 nos señala que un colegio nacional deberá tener un mínimo de quinientos agremiados. Más adelante la ley indica que existirán hasta cinco colegios nacionales. Dada la restricción numérica a los colegios estatales, es fácil predecir que los abogados de las entidades estarían obligados a colegiarse en los nacionales. Lo anterior, sin que exista una razón constitucionalmente válida para ello. Por tanto, se insiste en la posible violación al derecho de asociación.[5]

8.- De la abogacía. Los artículos 52 a 55 regulan de la abogacía, lo cual podría parecer el corazón de la ley. Sin embargo, dichos numerales sólo regulan el trámite de ingreso a los colegios. Aquí hay una omisión importante, sobre todo en contenidos del examen. No existen criterios establecidos sobre cómo se evaluará, una puntuación mínima requerida, o el método por el medio del cual se determine quién cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía.

9.- El servicio social profesional. El artículo 63 -entre otrosseñala la necesidad de un servicio social profesional. Sin embargo, no marcan el número de horas, días o cuestiones que permitan tener un indicador fiable de dicha obligación. Sin un piso y techo normativo de la expectativa de conducta, ésta solo es una buena intención.

10.- Obligaciones difusas de los abogados. El artículo 63, fracción XIX, señala que el colegio puede aprobar e imponer obligaciones, no definidas en la ley, para sus agremiados. Dado que el cuerpo normativo es muy amplio y tiene 5 leyes supletorias, el número de hipótesis de cargas extraordinarias es infinito, en agravio de la seguridad jurídica de los abogados colegiados.

11.- Pago de cuotas. En esta hipótesis debe existir una regla de equidad para abogados sin recursos económicos, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos. La colegiación no puede ser un negocio y, en este sentido, deben existir normas que faciliten el acceso de todas y todos los practicantes a la certificación. La práctica del derecho no puede vincularse a un criterio de poder adquisitivo, debido a que existiría una segregación en agravio de abogados en circunstancias socioeconómicas bajas. Por lo tanto, si un abogado recién egresado no tiene dinero para pagar su cuota ¿no podrá ofrecer sus servicios en el mercado laboral?

12.- Incompatibilidades.- El artículo 68, fracción I, señala que el ejercicio de la profesión es incompatible con el desempeño de cualquier cargo público. La propuesta de norma no tiene lógica constitucional ¿Qué valor protege en ese mandato tan general? Por ejemplo, un secretario de acuerdos de un juzgado penal local ¿está impedido para llevar la defensa de su hermano en un delito federal? El encargado de la unidad de acceso a la información de la delegación Milpa Alta ¿está impedido para defender un asunto de propiedad intelectual? ¿La lógica del artículo es evitar un conflicto de intereses? La incompatibilidad se debería dirigir a un universo delimitado de servidores públicos o ex servidores públicos para impedir el conflicto de intereses o el tráfico de influencias. [6]

13.- Prohibición de compartir locales o actividades. El artículo 69 nos ordena no compartir un local o servicios con profesionistas cuya actividad sea incompatible, y el bien jurídico tutelado es el secreto profesional. Éste último se viola a través de un acto de habla o escritura. Por tanto, el domicilio u otras actividades no están estrictamente vinculadas con una comunicación irregular. Por ejemplo, un abogado es consultado por dos imputados en la misma causa penal ¿cómo viola el secreto profesional? ¿Por recibir a ambos en la misma ofician? ¿O por otorgar información, obtenida bajo secreto profesional, a uno de ellos?

14.- La autorización de prácticas decimonónicas. El artículo 70, fracción II, menciona que en ningún caso un abogado podrá autorizar la firma como si fuera propia de un documento realizado por quien no esté autorizado para ejercer, si no hay antes un análisis y evaluación de éste. Los estudiantes de derecho deben desarrollar habilidades de análisis, razonamiento legal, investigación jurídica, resolución de problemas y escritura legal.[7] Aquí no basta un análisis y evaluación del documento, es necesaria la retroalimentación, guía, crítica y diálogo del cómo se crea un texto jurídico. En contraste, se cae en la vieja práctica del papel del pasante en derecho cuya labor se reduce a la visita de tribunales.

15.- Del proceso de certificación. El capítulo II de la ley no menciona aprobar un examen como parte del proceso de certificación. La ley lo menciona en otros apartados, pero en este punto es fundamental mandatar sobre éste y establecer bases claras sobre los contenidos que trate, con el objetivo de mantener un estándar claro y equitativo en todos los ámbitos de aplicación.

16.- La libertad de cada colegio para instrumentar los procesos de educación continua y especialización. El artículo 85 faculta a los colegios para instrumentar la actualización y especialización de manera libre. Es necesario que la ley señale los contenidos mínimos de estos procedimientos para homogeneizar, en cierta medida, el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo: un colegio podría decidir que tomar una clase de tres horas al semestre es suficiente, y otro colegio podría ordenar un mínimo de 50 horas al semestre. Así las cosas, no se lograría estandarizar el ejercicio de la abogacía en los términos planteados en la propuesta.

17.- El ejercicio unipersonal de la abogacía. El artículo 92, fracción V, nos dice que el abogado constituirá una asociación unipersonal para el ejercicio de la abogacía. La asociación unipersonal es una figura jurídica que no está reconocida por el derecho mexicano, como se desprende de los artículos 25, 2670 del Código Civil Federal, et. al. de la Ley General de Sociedad Mercantiles. En todos los ámbitos, es conocido en el derecho mexicano que para formar una persona moral o una “asociación”, es una condición necesaria la presencia de dos o más individuos. Como su nombre hace referencia, una asociación implica que dos o más personas se conviertan en socios para cumplir un mismo objetivo, y por reglas de la lógica acuñadas por el derecho mexicano, no puedes asociarte contigo mismo. En otras latitudes, sí se ha permitido generar esta ficción jurídica (la asociación unipersonal) por cuestiones fiscales en apoyo a empresas emergentes o pequeñas; no obstante, éste no es el caso en México.

18.- El despacho colectivo y la práctica individual. El artículo 99 ordena que el abogado que pertenezca a un despacho colectivo no puede ejercer la abogacía por cuenta propia. Lo anterior no tiene un propósito o un fin constitucionalmente válido, sino que por el contrario limita las libertades de ejercicio de la profesión.

19.- Relación cliente abogado. El artículo 110 nos indica que el abogado es libre e independiente de sus clientes. Lo anterior  rompe con el núcleo del ejercicio de la abogacía. El abogado siempre debe obrar en el mejor beneficio del cliente y con lealtad al tribunal.[8]  Asimismo, el abogado siempre debe consultar al cliente y está vinculado por las decisiones de éste.[9] Es indubitable que el cliente o usuario será el beneficiado o agraviado por la decisión jurisdiccional o administrativa, por ello la deferencia a su decisión es inevitable.

20.- Secreto profesional con relación a otros abogados. El artículo 120 indica que el abogado tiene un deber de secreto profesional respecto de las comunicaciones con abogados que representen intereses opuestos. Esta idea rompe con el principio de lealtad al cliente y presupone un modelo ideal de abogado que jamás caerá en la tentación de mala praxis. Por ejemplo, hay un caso público de propuestas presuntamente ilícitas que se hicieron por dos abogados a los abogados de María Asunción Aramburuzabala[10]. En este caso real, las propuestas estarían resguardadas por el proyecto de ley. Aquí la realidad da cuenta de lo desafortunado del articulado.

21.- Protección de datos personales.  Los artículos 131 y 132 no se ajustan a la Ley General de Transparencia y a los lineamientos del INAI en la especificidad. Por otro lado, la divulgación de ciertos datos podría ser perjudicial respecto de despachos colectivos (velo corporativo).

22.- Representación de la abogacía mexicana. El artículo 138 faculta a una persona como representante de la abogacía mexicana, incluso en el extranjero ¿Qué relación guarda esto con los objetivos de la ley? Más adelante se observa que el Consejo General de la Abogacía puede proponer reformas legislativas ¿a nivel federal?, ¿a nivel local? Y qué artículo constitucional facultaría esto.

23.- Las faltas administrativas. El artículo 160 sanciona a las instituciones educativas que no se registren. Ahora bien, conforme al artículo 20 de la propuesta, toda escuela de derecho privada o pública debe estar registrada. Tomando en consideración que las escuelas de derecho ya están registradas ante la SEP ¿cuál es el propósito de esto? Se sanciona de manera administrativa la presentación de documentación falsa, cuando en realidad esto es un delito, y nada se dice de la vista al ministerio público.

24.- De los delitos. La única conducta típica remite al Código Penal Federal, en el cual no existe el delito. Sin embargo, en el apartado correspondiente se ordena a las entidades a tipificar la conducta. Este problema competencial no tiene sentido. Asimismo, los márgenes de punibilidad no guardan proporcionalidad ni congruencia con los criterios de la Primera Sala de la Corte.[11]

25.- Cánones estandarizados. No se estandariza el examen, la educación, ni se habla de revisar la calidad de las miles de escuelas de derecho que existen. Por último, solo la autoridad jurisdiccional puede vedar el ejercicio de la profesión y no un grupo de particulares.

Conclusiones generales:

  1. Los temas más importantes para ejercer la abogacía deberían ser tres: el examen, los mínimos de la educación continua y las definiciones de ética del abogado. Estos no son atendidos de manera debida
  2. Los temas clásicos del ejercicio de la abogacía como secreto profesional y relación cliente abogado son mal abordados.
  3. La propuesta de ley se centra en la creación de órganos con amplias facultades regulativas, docentes, académicas y vigilantes.
  4. La propuesta de ley debe responder a la realidad mexicana, por ejemplo: no existen asociaciones unipersonales, el pago de cuotas con reglas y atender los criterios de la Corte en diversos aspectos.

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Véase en http://www.nycourts.gov/rules/jointappellate/ny-rules-prof-conduct-1200.pdf (consultado el 15 de octubre de 2016) el siguiente concepto: “..includes any litigation, judicial or administrative proceeding, case, claim, application, request for a ruling or other determination, contract, controversy, investigation, charge, accusation, arrest, negotiation, arbitration, mediation or any other representation involving a specific party or parties..”  (Traducción y adaptación libre del autor)

[2] Visible en SCJN, Pleno, Acción de inconstitucionalidad 146/ 2007 y su acumulada, p. 179. “…Lo anterior no significa que legislador sea absolutamente libre para despenalizar conductas, existen claros límites constitucionales, como el establecimiento de una descriminalización discriminatoria en términos del artículo 1º de la Constitución Federal o que la o criminalización de la conducta se haga mediante ley privativa; además debe satisfacer los requisitos procedimentales y orgánicos y obedeciendo a un facultamiento previo…”

[3]Cf.  Kaufmann, Arthur. Filosofía del Derecho. Universidad del Externado, Bogotá, 1999, p 387. Ética y moral se pueden entender como sinonimias con excepción explícita en el pensamiento de Hegel.

[4] https://canaljudicial.wordpress.com/tag/inegi/page/4/ Consultada el 14 de octubre de 2015)

[5] Época: Novena Época, Registro: 189779, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001 , Materia(s):, Constitucional, Laboral, Tesis: 2a. LIX/2001, Página: 443 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN POR SEPARACIÓN. LOS ARTÍCULOS 395 Y 413 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE AUTORIZAN, RESPECTIVAMENTE, SU INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS, COLECTIVOS DE TRABAJO Y EN LOS CONTRATOS-LEY, SON VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 5o.,9o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Se podría contener una exclusión implícita o una incorporación forzosa a los colegios nacionales.

[6] Se debe generar una regla de tiempo, por ejemplo dos años después de dejar el encargo público.

[7] Roy Stuckey and Others, Best Practices for Legal Education, First Edition, 2007, University of Souht Carolina, p. 77. (traducción libre del autor)

[8] Cf. Steven I. Friedland, Evidence Law and Practice, Third Edition, 2007, Lexis Nexis, p. 37.

[9]  Regla 1.2 visible en http://www.nycourts.gov/rules/jointappellate/ny-rules-prof-conduct-1200.pdf (consultado el 16 de octubre de 2015) traducción libre del autor.

[10] http://www.animalpolitico.com/2015/08/empresaria-aramburuzabala-denuncia-por-extorsion-a-esposa-de-lopez-doriga-el-niega-la-acusacion/ (consultado el 16 de octubre de 2015)

[11] Época: Décima Época, Registro: 2005042, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 80/2013 (10a.), Página: 353 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD.

El abc del procedimiento de extradición

El torbellino mediático que ha desatado la recaptura de Joaquín “el Chapo” Guzmán alcanzó inclusive los diferentes escenarios respecto su eventualmente extradición hacia los Estados Unidos de América. En este sentido, en el siguiente texto, de manera breve y clara, el abogado Javier Ángulo ofrece un abc del proceso extradición. ¿Cuándo es viable? ¿Qué exigencias debe cumplir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se debe llevar acabo? Las respuestas a éstas y otras interrogantes se encuentran en las siguientes líneas. Aquí una reciente entrevista que Carlos Puig le hizo a Ángulo donde aborda más aristas alrededor de la extradición.

I.- La extradición tiene como propósito que una persona sea sometida ante un tribunal competente -fuera de territorio nacional – para que se le juzgue y sentencie conforme a las “formalidades del derecho”. Mencionar los fines de la extradición parecería una obviedad, sin embargo el requisito de ser juzgado con las formalidades del derecho implica que nadie podría ser extraditado a un Estado donde exista una franca incompatibilidad con nuestro entendimiento del debido proceso.

II.- El procedimiento de extradición se divide en tres etapas. Primero, un Estado hace una solicitud con fines de extradición, la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien verifica ciertas formalidades y la transmite a la Procuraduría General de la República para que ésta, a su vez, la haga llegar a un juez federal para que libre una orden de captura. En este momento comienza a correr un plazo de hasta 60 días para que se formalice la petición de extradición; es decir, el Estado que hizo la petición tiene que aportar pruebas que acrediten el cuerpo del delito y una probable responsabilidad. Por último, el juez emite una opinión respecto del cumplimiento de los requisitos y la Secretaría de Relaciones Exteriores con la opinión del juez concede o niega la extradición, en caso de mexicanos el titular del Ejecutivo federal decide si se concede o no la extradición. Es decir, la extradición es un acto soberano del poder ejecutivo federal, la intervención del juez es solo para emitir una opinión. Así las cosas, es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que verifica la legalidad de las constancias, traducción y demás requisitos. Si bien la ley hace alusión a que se acredite cuerpo del delito y probable responsabilidad, la reforma constitucional del 2008 en materia penal reduce este estándar conforme al artículo 19 constitucional, a saber: una conducta que encuadre en un hecho señalado en una ley como delito y la posibilidad de que el imputado lo cometió. El concepto de cuerpo del delito y probable responsabilidad se han extinguido de nuestro lenguaje constitucional.

III.- El procedimiento ante el juez tiene una etapa de excepciones y un lapso para el desahogo de pruebas. Sin embargo, es preciso señalar que el resultado del procedimiento judicial desemboca en una opinión jurídica no vinculante. Es importante destacar que el proceso de extradición no puede violar derechos humanos, por ello la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de extraditar admite juicio de amparo indirecto y la extradición no se puede realizar hasta que el amparo indirecto esté resuelto en definitiva.

Nota al calce: no hay extradición en delitos del fuero militar, en principio la captura debería dar lugar a arraigo, el delito debe merecer por lo menos una pena de un año de prisión y el gobierno mexicano debe ser notificado de la sentencia que recaiga al extraditado, lo cual debería de incluir los posibles acuerdos con las fiscalías que realicen las personas extraditadas.

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Guía para unas comparecencias serias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte

La novena y la décima época de la producción jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se caracterizan por ser periodos en donde ha existido una intensa actividad reformadora de la Constitución y una alta producción jurisdiccional de la Suprema Corte. Las reformas constitucionales publicadas de 1995 a la fecha suman 91 decretos. En cuanto a la producción jurisprudencial, la Corte ha publicado más de 15 mil criterios. Simplemente en lo que va del año la Corte ha dado a conocer más de 2400 tesis aisladas y de jurisprudencia.

Los anteriores datos dan cuenta no sólo de una ferviente actividad sino también del peso de las decisiones de la Suprema Corte en múltiples ámbitos de la vida nacional. Desde luego que el impacto más inmediato es en los impartidores de justicia del país. Sin embargo, las decisiones trascienden en muchos otros ámbitos. Así, por ejemplo, es posible apreciar una estrecha relación entre las reformas constitucionales y las interpretaciones judiciales. En ocasiones, las reformas generan nuevas interpretaciones; en otros casos, por su parte, son las interpretaciones las que inspiran reformas. De esta manera, se aprecia la existencia de una especie de diálogo entre el órgano reformador de la Constitución y las decisiones de la Suprema Corte. Esto es particularmente visible en casos relacionados con la distribución de competencias entre los poderes federales, estatales y municipales.

Una clasificación básica del trabajo jurisdiccional de la Corte puede plantearse a través de tres grandes categorías. Primero, los debates en relación con la interpretación y alcances de las cláusulas constitucionales que distribuyen competencias entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Segundo, casos relacionados con los derechos de las personas. Tercero, decisiones en donde el objeto del debate se centra en aspectos de derecho procesal constitucional.

La problematización que optamos por seguir en el presente documento, sigue precisamente el mecanismo de clasificación antes referido. En la parte final del documento, se incluyen una cuarta sección: cuestiones relacionadas con la función de la Suprema Corte como tribunal constitucional y como cabeza del Poder Judicial Federal.

Una aclaración: el presente documento no pretende hacer una revisión exhaustiva del trabajo reciente de la Suprema Corte ni mucho menos. Nuestro propósito es identificar algunos temas que parecen particularmente relevantes a la luz de los debates constitucionales existentes en nuestro país. Con ello, esperamos aportar algunas ideas para el diálogo que Senadores de la República sostendrán con los aspirantes a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Federalismo

En 1993, el municipio de Delicias presentó la controversia constitucional 1/93 en contra del gobierno del estado de Chihuahua. El municipio alegaba que el gobierno del estado invadía sus competencias originarias. El tema debatido era a qué orden correspondía la prestación del servicio de registro civil. Eventualmente, la Corte fallaría a favor del municipio. Al margen del resultado, este asunto y la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, dieron inicio a una larga línea de debate constitucional relacionada con la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. El debate dista mucho de estar acabado. Al contrario, cada año se observa la publicación de reformas constitucionales que modifican el arreglo existente y que, a su vez, generan una relevante litigiosidad en la materia.

La interpretación constitucional en la materia plantea diversos retos. El primero tiene que ver con las características del federalismo mexicano cuya regulación es muy distinta en función de la materia de que se trate. Así encontramos que el establecimiento de cláusulas que distribuyen competencias no se limita a los artículos 73, 115, 116, 117, 122 y 124. Por ejemplo, los artículos 2º y 3º refieren temas de distribución de competencias. Otra variante es el establecimiento de sistemas nacionales. La Constitución reconoce expresamente siete sistemas nacionales a los que se les atribuyen ciertas funciones de distribución de competencias o de coordinación entre los distintos órdenes.[1] Sin embargo, desde el ámbito legislativo federal también se ha empleado la noción de sistema nacional con el objeto de incidir en la distribución de competencias. Tal es el caso del nuevo sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Aquí el debate constitucional tiene que ver con la conveniencia de generar principios generales de interpretación en materia federal o mantener un desarrollo casuístico.

El segundo tiene que ver con la aparición de los organismos constitucionales autónomos (OCA) y su función en el sistema de distribución de competencias. Los OCAs han entrado en el debate de la distribución de competencias y los debates sobre su impacto en el orden constitucional son inminentes.

El tercero se relaciona con los operadores normativos empleados para distribuir competencias en el sistema federal. Aquí destacan conceptos como los de concurrencia, colaboración, coordinación, federalismo cooperativo y ley general. El empleo y los alcances de cada uno de estos conceptos difiere en función de los casos y las materias de que se trate. Si bien las diferencias pueden ser sutiles, la realidad es que no existen definiciones claras y consensuadas al interior de la Corte sobre la forma en la que cada uno de estos conceptos debe entenderse.

La cláusula del artículo 124 establece que las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación corresponden a los estados. A partir de esta disposición surgen diversos cuestionamientos no menores.

¿Qué temas de orden constitucional, nacional o general quedan por encima de reparto de competencias entre los órdenes federal y local? ¿En caso de duda en los alcances de esta cláusula se debe favorecer a los estados o a la federación? ¿En caso de incertidumbre entre atribuciones del distrito federal y de la federación a quién debe favorecerse? ¿En caso de no claridad entre atribuciones de los municipios y los estados y la federación qué herramientas de interpretación puede emplear la Corte para resolverlas?

La Constitución contiene en forma implícita y explícita facultades concurrentes. Un tema es la seguridad pública en donde los artículos 21, párrafos noveno y décimo, 73, fracción XXIII y 115 fracción III inciso h), refieren el tema de las competencias. ¿A partir de estos tres artículos cómo debe interpretarse la distribución de funciones en materia de seguridad pública?

La Suprema Corte ha establecido que es posible distribuir competencias mediante una ley general. ¿Qué opinión le merece este criterio? ¿Es posible crear un sistema nacional diseñado para regular la distribución de competencias en una materia determinada por vía legislativa? La coordinación y la colaboración son conceptos que refieren a la manera en la que los órdenes pueden operar en áreas en donde existen competencias concurrentes. ¿Cómo se puede incidir en propiciar la coordinación y la colaboración mediante resoluciones jurisdiccionales?

Derechos humanos

En materia de derechos humanos la actividad interpretativa de la Suprema Corte también mostró una importante transformación con la llegada de la novena época. Las reformas constitucionales en materia de derechos y, en particular, la reforma de derechos humanos de 2011, han contribuido en el fortalecimiento de este proceso. El resultado es que existe amplia actividad jurisprudencial en la materia. A pesar de ello, cuando se analizan los temas debatidos se perciben desequilibrios tanto en las materias que son tratadas como en el contenido y alcances de las decisiones. Por ejemplo, los temas relacionados con derechos económicos, sociales y culturales suelen ser escasos. A diferencia de estos casos, la Corte se muestra muy activa en materias como la penal y la fiscal. En ambos casos, existen criterios muy variados.

Desde el punto de vista de la interpretación constitucional, la Corte ha dedicado muchos debates para discutir la posición de los derechos humanos de fuente convencional en el ámbito constitucional mexicano. Las posturas incluyen posiciones que analizan el problema desde el punto de vista de la jerarquía constitucional, pero también hay quienes se inclinan por aproximaciones en donde se privilegian los criterios de interpretación. A pesar de los esfuerzos por fijar una postura clara en la materia (contradicción de tesis 293/2011), el tema todavía no parece ser pacífico.

Un tema adicional en materia de interpretación tiene que ver con la introducción de mecanismos de interpretación que permitan el desarrollo de criterios de optimización de los principios contenidos en los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos.

La reforma constitucional de 2008 en materia penal introdujo diversos derechos a favor de inculpados y de víctimas en el proceso penal. El debate se centra en establecer si los derechos de víctimas e imputados deben ser considerados iguales en el proceso penal. ¿Cómo debemos balancear los derechos de las víctimas y de las personas imputadas? ¿El proceso penal es un litigio que confronta a las víctimas con los imputados? La jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que en el derecho administrativo sancionador se deben tomar en consideración las garantías penales, aunque no deben irradiar con la misma intensidad. ¿Cómo debe entenderse el principio de presunción de inocencia en la materia administrativa sancionadora?

La Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el derecho al debido proceso no sólo irradia al proceso penal sino que también a cualquier otra actividad jurisdiccional del Estado, incluso a la actividad administrativa. ¿De qué manera se puede establecer el parámetro sobre el que puede irradiar el derecho al debido proceso en el derecho administrativo?

Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana se han ocupado de los derechos sexuales y reproductivos en diversas resoluciones. ¿En su opinión qué preguntas constitucionales subsisten en la materia? ¿Cómo se puede resolver la tensión entre acceso a la información pública y seguridad pública y seguridad nacional?

La Primera Sala ha reconocido la eficacia horizontal de los derechos humanos. ¿En su opinión, cuáles deben ser los alcances de la protección de las personas mediante este mecanismo? ¿Cuál es su opinión sobre las tesis emitidas con motivo de la contradicción de tesis 293/2011?

La Suprema Corte se ha pronunciado en casos sustantivos en materia de ejecución penal, tanto en lo relativo a traslados de personas privadas de la libertad, como en lo relacionado con el alcance y sentido de la prisión.

¿Cuál es el alcance de la judicialización de la ejecución penal en cuanto a las condiciones de vida digna y segura en reclusión? ¿Cómo sustituir el sistema progresivo de la readaptación social por un sistema de incentivos para el buen comportamiento acorde con la reinserción social? ¿Considera que el nuevo sistema adversarial-acusatorio cambiará a la justicia penal en México? ¿Qué puede hacer la Suprema Corte en el proceso de implementación?

Con frecuencia se pone de manifiesto la tensión existente entre el debido proceso y la seguridad pública. Algunas voces sostienen que el debido proceso obstaculiza la eficacia de las acciones en seguridad pública y procuración de justicia. ¿Cuál es su postura en relación con esta tensión?

Los derechos económicos, sociales y culturales suelen tener múltiples complicaciones para ser reivindicados. ¿Cómo se puede favorecer la justiciabilidad de este tipo de derechos? El acceso de los pueblos indígenas a la justicia plantea múltiples retos. ¿Cuáles son los más importantes en su opinión y cómo se pueden resolver?

La Constitución federal del país no prohíbe que los estados generen, materialicen o amplíen los derechos humanos. Al respecto, solo se señala que la interpretación se haga conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia. ¿Considera posible que una una Constitución local amplié los derechos humanos de la federal? En caso de que la ampliación genere una aparente colisión, ¿se aplica, por extensión, el criterio de la contradicción de tesis 293/2011? O, por el contrario, ¿es posible reconocer que un estado tenga un orden jurídico más amplio en derechos humanos que el existente en la Constitución?

 Derecho procesal constitucional

Las reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y la nueva ley de amparo son sólo dos ejemplos de cómo se han generado muchos cambios en la forma en la que se tramitan y protegen los derechos de las personas en México. Criterios de interpretación que se entendían sólidamente cimentados en la tradición procesal constitucional han cambiado. Así, tenemos la introducción de una vía de control difuso o la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la ley de amparo como ejemplos claros de las nuevas tendencias interpretativas.

En el tema de la función jurisdiccional también destacan varias cuestiones. Por una parte, se debate sobre la conveniencia de aumentar las jurisdicciones especializadas. Por otro lado, se discute el tema del amparo directo y el federalismo judicial.

En cuestiones relacionadas con derecho cautelar, se debaten los alcances de la suspensión en controversias constitucionales y en amparo. La nueva regulación del amparo obliga a revisar los criterios existente en materia de suspensión y determinar los alcances de dicha medida.

En amparo también es importante revisar los alcances del amparo colectivo reconocido en el artículo 107 constitucional.

Por lo que respecta a las controversias constitucionales, los temas de legitimación activa y pasiva tendrán que ser debatidos a la luz de la aparición de los órganos constitucionales autónomos y de las continuas modificaciones a los esquemas de distribución de competencias en la Constitución.

La ley de amparo no regula el amparo colectivo. ¿De qué manera se puede hacer efectivo este derecho?

Una decisión dividida del Pleno de la Suprema Corte estableció que en el amparo directo el control ex officio debe limitarse a cuestiones relacionadas con la competencia del Tribunal Colegiado (ADR 1046/2012). El efecto de la decisión es que el Tribunal Colegiado no puede realizar un control ex officio en el amparo directo respecto de la constitucionalidad de las leyes aplicadas en el proceso natural. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Un problema que enfrentan los juzgadores de todas las jurisdiccionales del país es la falta de cumplimiento de sus mandatos. En otra decisión dividida, el Pleno de la Corte estableció que a pesar de que se había violado una suspensión, no procedía sanción al funcionario responsable porque después de ocurrida la violación, el propio funcionario había modificado el acto violatorio de la misma. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Una decisión dividida de la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que la información sobre operaciones que deben enviar los contribuyentes al SAT con motivo de la obligación que se desprende del artículo 31 A del Código Fiscal de la Federación es considerada de orden público para efectos de negar la suspensión en el amparo (artículo 128 de la Ley de Amparo). ¿Qué opinión le merece el criterio?

Mediante el alegato de oído se permite que una de las partes en el litigio se reúna a solas con el juez para exponer su visión sobre el asunto en cuestión. En el nuevo proceso penal dicha figura ya está expresamente prohibida. ¿Qué opina de la costumbre del alegato de oído?

¿En su opinión cuáles son los principales obstáculos para acceder al amparo?

 La Suprema Corte como tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación

En relación con la Suprema Corte como tribunal constitucional conviene introducir cuestiones que se ocupen de la manera en la que la Corte atrae casos para su conocimiento. También parece necesario revisar la operación de la Corte como tribunal. Aquí destacan cuestiones como la organización del trabajo, la regulación del flujo de asuntos y los mecanismos empleados para el debate de los asuntos.

Por lo que respecta al papel de la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial Federal los temas relevantes aparecen con motivo de las relaciones entre el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal. Un rápido vistazo a las decisiones de la Corte en recursos de revisión administrativa puede ilustrar la complejidad del tema.

La Suprema Corte suele modificar las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de carrera judicial. ¿En su opinión, la Corte debe ser deferente al Consejo o debe mantener el escrutinio empleado hasta ahora a las resoluciones del Consejo?

La Suprema Corte tiene un presupuesto para el 2016 de más de 5000 millones de pesos. La Corte realiza funciones adicionales a las de impartición de justicia. Una de ellas son las Casas de la Cultura Jurídica a través de las que se ha dado un impulso fundamental a la cultura jurídica en el país. ¿Considera que la Corte debe realizar funciones extrajudiciales o que debe concentrarse en las funciones jurisdiccionales? ¿La recursos que recibe la Corte para cumplir con sus funciones son suficientes, insuficientes o excesivos?

A diferencia de la mayor parte de los tribunales en el mundo, los debates del Pleno de la Suprema Corte son públicos. ¿Qué ventajas o desventajas ve en esta práctica?

En los asuntos que conoce la Suprema Corte de Justicia es frecuente que se analicen decisiones de órganos regulatorios especializados. ¿En su opinión la Corte debe ser deferente a las decisiones de los órganos autónomos?

En ocasiones los ministros dejan de conocer un asunto en particular por considerar que están impedidos. ¿Debe regularse con más amplitud la cuestión de posible conflicto de interés entre los ministros?

En temas de supervisión del trabajo judicial es frecuente encontrar que existen límites para conocer sobre la función jurisdiccional de los jueces. La existencia de límites alude a la protección de la autonomía. Sin embargo, los propios límites también constituyen barreras que ocultan negligencia o corrupción. ¿Cómo se puede asegurar la existencia de probidad en la función judicial en una forma que resulte compatible con la autonomía que debe garantizarse a toda juzgadora?

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador del CIDE.

José Luis Caballero. Profesor, investigador y director del Departamento de Derecho de la UIA.

José Antonio Caballero. Profesor e investigador del CIDE.

Mónica González. Investigadora del IIJ-UNAM.

Francisca Pou. Profesora e investigadora del Departamento de Derecho del ITAM.

Pedro Salazar.  Investigador y director del IIJ-UNAM.

Miguel Sarre. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Evaluación Educativa, Sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Archivos. Si bien se alude a otros sistemas en el texto de la Constitución, los mismos no se incluyen por estimarse que no involucran cuestiones de distribución de competencias.