La opresión que no cuenta o la resistencia a los derechos de los animales

Hace algunas semanas, me encontraba en una reunión organizada con motivo de la celebración del cumpleaños de una amiga de la universidad. Salí al balcón, donde se encontraban otros invitados congregados, algunos fumando, otros conversando. Entonces, me integré a la charla, que pronto se convirtió en un debate. Se trataba del movimiento social dedicado a exigir el respeto y la defensa de los derechos de los animales. Comenzamos a hablar del abuso tan espeluznante que sufren los perros y gatos callejeros, sobre todo en las periferias y comunidades más pobres de la Cuidad de México (dónde abundan). Los partícipes del debate se escalofriaban ante las escenas que se contaban, como parte de este abuso. En ese momento -y como buena promotora de un Estado y una sociedad responsable ante todos quienes la integran, incluyendo a los animales- lamenté la manera en que actúa el gobierno mexicano –sobre todo, aquellas en donde gobierna “la izquierda”[1]– en torno al problema de la sobrepoblación canina y felina y, en muchos sentidos, a la protección de los animales.

Mencioné que siendo éste un problema de salud pública, además, el gobierno se limita a enviar a las perreras o antirrábicos a atrapar, de la manera más violenta e indigna, a los animales que se encuentran en situación de calle. A patadas, múltiples golpes, jaloneos e insultos suben a los perros (en su mayoría) al camión para llevarlos a los centros de control canino y fauna nociva, su nombre oficial. En general, todo esto se lleva a cabo a plena luz del día y a la vista de niñas y niños.

Asimismo, comenté a los invitados de la fiesta que participaban en el diálogo, lo mucho que me indigna que en esto gasten recursos públicos y no en campañas masivas de esterilización. A saber que la mayoría de las campañas que sí se organizan, son realizadas por diversas asociaciones comprometidas con el tema, así como por los habitantes de las zonas más desfavorecidas, por lo menos, de esta Ciudad. Como consecuencia de mi comentario, uno de los interlocutores saltó en desacuerdo y afirmó que el bienestar de los animales era mucho menos relevante que las necesidades humanas. Siguió diciendo que, primero teníamos que ver por nuestra especie y, una vez, completamente cubiertas nuestras necesidades, podríamos entonces preocuparnos por un animal.

La anterior, es una aseveración a la que están acostumbrados escuchar los activistas que defienden la idea de que los animales tienen derechos que se deben de respetar y proteger. Mi principal reacción ante ella es preguntarme lo siguiente: ¿qué justifica que los humanos sientan una superioridad incuestionable frente a las demás especies conscientes que comparten este planeta con nosotros? ¿Estos prejuicios se basan en el pensamiento de que las personas sufrimos más? Si es así, ¿qué hacemos frente a los estudios científicos que nos dicen que los animales no humanos, como los cerdos, las vacas y los perros (entre otros), tienen la inteligencia y consciencia de sí mismos de una niña o niño de dos a tres años? ¿Por ende, si un ser humano nacido tiene menores capacidades, implica que es meritorio de una menor protección de sus derechos? Si esto fuera así, el marco de los derechos humanos desprotegería a los niños, a los adolescentes y a las personas que sufren de alguna discapacidad mental o física. Sería una verdadera aberración.

Lo cierto es que el movimiento abolicionista de los derechos de los animales implica, invariablemente, un sacrificio en los hábitos más normalizados -en su mayoría mundanos- de los humanos. Es decir, los costos al beneficio propio son altos. El movimiento abolicionista y, por ende, el reconocimiento de los derechos de los animales, requiere que los dejemos de reducir como sirvientes de nuestra diversión, de nuestros placeres culinarios, de nuestra vestimenta, entre muchos otros. Los seres humanos hemos pasado los últimos siglos luchando por nuestros derechos, por la igualdad, por la justicia social y nos resistimos a reconocer que no nos encontramos solos en este planeta. Que lo compartimos con especies capaces de sufrir a causa de nuestras acciones.

En un artículo reciente, Mauricio García Villegas conmemora el trabajo de Michel de Montaigne, el gran pensador del renacimiento francés.[2] Montaigne decía “que los humanos no somos superiores a los animales y que la idea de evadirnos de la condición animal es un orgullo estúpido y terco”.[3] En este sentido, García Villegas cuestiona la supuesta superioridad del ser humano al resto de los animales en virtud de la destrucción que, como especie, hemos causado al planeta. Pues dice, si el ser humano fuera tan inteligente y capaz, ya habría reconocido la existencia de una hermandad con el reino animal. No sólo como una convicción moral necesaria, sino como una forma de prevenir la constante destrucción del planeta. García Villegas recuerda los motivos que Montaigne expresó detrás de la frase mencionada: los esfuerzos del humano por distinguirse como ser superior reflejan y profundizan la enorme desigualdad que prevalece entre nuestra misma especie.

La raza, el género, la nacionalidad y la clase socioeconómica –entre otras– son algunas de las principales fuentes de desigualdad que nacen a partir de esta creencia de que algunos deben gozar de alguna posición privilegiada. Los intereses de los que son superiores deben prevalecer, con motivo de cualquiera que sea la característica “sobresaliente” que poseen –como ser blancos, varones, de cierta nacionalidad y de un estrato socioeconómico elevado–, mientras que otros deben servirlos y cumplir con funciones construidas por aquellos en poder, que denigran y despojan de voluntad y capacidad a cualquiera que posee una característica arbitraria, menos valorada.

¿Por qué algunos están tan convencidos que el sufrimiento, maltrato y destrucción de los animales no tiene relevancia, o bien, es secundario a las exigencias humanas? En una de sus obras, la destacada feminista, Angela Harris, hace un análisis brillante sobre la conexión que existe entre el razonamiento racista y el especismo que somete a los animales no humanos como inferiores a las personas. Harris explica que olvidamos que los arreglos sociales que hoy subestimamos como naturales, normales y necesarios, han sido construidos histórica y socialmente. Los propietarios de los esclavos algún día pensaron que las personas negras superarían la separación de sus hijos, ya que no tenían la misma capacidad de sentir que los blancos. De esta forma, Harris urge que los grupos identitarios que fueron creados por prácticas represivas –como las personas negras– y los grupos dedicados a su defensa, se encuentren entre aquellos a quienes importa, con particular pasión, erradicar las formas de opresión que existen, sin importar contra quién o qué se dirigen.

Por su parte, Rodríguez Garavito finaliza un artículo[4] sobre la falta de atención de las corrientes ideológicas de izquierda a los problemas que atañen a los animales, con una conversación que tuvo con el filósofo canadiense, Will Kymlicka. Los animales son “los grandes huérfanos de la izquierda”, dijo Kymlicka a Rodríguez Garavito. Sin embargo, me atrevo a reformular las palabras de este brillante filósofo para incorporar la actitud que he presenciado por parte de grupos defensores de los derechos humanos, de aquellos que proclaman la igualdad y la justicia. En particular, me parece que los animales son los grandes huérfanos del movimiento por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Jeremy Bentham reconocía la compasión como un atributo necesario de todos los seres humanos, no como miembros de grupos sociales específicos –o de alguna especie–, sino como entes con almas. Ojalá que pronto los grupos de la sociedad civil y de la academia dedicados a los derechos humanos logren derribar las fronteras obsoletas que nos hacen pensar que somos superiores.

Jimena Suárez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, es investigadora en el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @jimesuarezst

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Recomiendo leer a César Rodríguez Garavito, Los animales y la Izquierda, El Espectador, octubre 17 de 2014, disponible en: <http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2345>

[2] Mauricio García Villegas, Montaigne, 5 siglos después, El Espectador, Abril 18 de 2015,disponle en: <http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2573>

[3] Idem.

[4] Op. cit. 1

La minoría de las minorías o los derechos de las mujeres indígenas

Sean mujeres pertenecientes a pueblos nativos americanos[1], a comunidades de migrantes musulmanes en Europa o en Estados Unidos[2], o bien, aquellas que forman parte de las “unidad[es] social[es], económica[s] y culturale[s]”[3] que constituyen poblaciones indígenas en nuestro país, existe una conocida tensión entre sus derechos y aquellos otorgados a sus grupos, también denominados derechos colectivos o culturales. No obstante y, casi de manera general, las mujeres que integran dichas minorías representan miembros de segunda clase, cuya posición se encuentra determinada y subordinada a estructuras y prácticas tradicionales de carácter patriarcal predominantes en estas comunidades. Ellas son las minorías de los grupos minoritarios. Su función social es secundaria a la que poseen los hombres, a quienes, tradicionalmente, deben servir sexualmente y en el ámbito doméstico.[4]

La esencia del reconocimiento de los derechos de las minorías culturales y étnicas –los pueblos indígenas en México- nace de la desventaja que padecen las personas que se distinguen de las prácticas culturales, del lenguaje y de las normas impuestas por las mayorías.[5] La garantía y protección jurídica de la autonomía y de la libre determinación de las minorías culturales, étnicas, raciales o religiosas, son la columna vertebral de los derechos colectivos. El ordenamiento jurídico mexicano reconoce a los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional, mediante la reforma constitucional publicada el 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. El apartado A del artículo en cuestión otorga una serie de derechos, entre los que se encuentran el derecho a “decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural” y a “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno[…]”[6] Cabe mencionar, por cierto, que apenas el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial a la Federación una reforma a la fracción III, del apartado A, del artículo 2o constitucional para quedar de la siguiente manera: «Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.»

Ahora bien, garantizar y respetar el ejercicio de las costumbres, las tradiciones y las creencias de los pueblos indígenas en México, sin duda representa un avance en los derechos humanos de las personas indígenas en nuestro país.[7] Sin embargo, resulta igual de relevante tomar en cuenta las relaciones de poder diferenciadas que existen dentro de estos grupos, entre los que se encuentra una desigualdad de género, mencionada con anterioridad. Contrario a la descripción integrada por el segundo constitucional, la “cultura” y, como parte de ella, los usos y costumbres, no son siempre valores unificados que han sido delimitados de acuerdo a las preferencias y al consentimiento de todos los miembros de una comunidad. Desde una perspectiva constructivista, la cultura se concibe como un marco conceptual que puede formarse y reformarse por las palabras y las acciones de los miembros que la practican.[8]

La (re)construcción social de la identidad, basada en distintas categorías, no es limitativa de los grupos minoritarios, en este caso, de los pueblos indígenas. La membresía a toda  cultura y/o grupo social se basa y se reconoce, a través de atributos que son públicos y fáciles de reconocer para otros.[9] En este sentido, la visión más esencialista de la cultura –ya sea en su defensa o como una crítica a ella, traducida en el escepticismo de los derechos culturales- no ha sabido reconocer que el andamiaje jurídico que incorpora el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, arriesga perpetuar y naturalizar la exclusión y pobreza en la que viven los indígenas.

Aunque el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional nace como una manifestación en contra de la indiferencia y la opresión histórica del Estado[10], no se ha aleja suficientemente de una expresión de invisibilidad y depravación generalizadas. En este sentido, el arreglo institucional que facilita la autonomía y la libre determinación de estos pueblos basada en sus normas y tradiciones, se construye de una imagen estática de las culturas indígenas e insiste que esa es la versión que persiste a través del tiempo.[11] Esta visión de la cultura indígena no solo la comparten el Estado y sus instituciones, sino también otros sectores de la sociedad. Como dice Sally Engle Merry, en ocasiones, la cultura es romantizada e idealizada como una oposición a la globalización, encontrada en lo distintivo y en lo local.[12] Por otro lado, se encuentra un marco universal de los derechos humanos que defiende las ideas de autonomía individual, igualdad, libertad de decidir y secularismo.[13] Las últimas pueden encontrar obstáculos en comunidades que buscan defender su identidad ante un grupo que los ha dominado y discriminado, con base, precisamente, en las creencias y tradiciones que componen esa identidad.

Sin embargo, la defensa y promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en la población indígena debe alejarse de una postura universalista, por un lado, en la que los activistas y defensores de derechos humanos evangelizan a los “opresores de las mujeres”, y de una posición relativista de la cultura, que instaura una idea antitética de las tradiciones indígenas a los derechos de las mujeres, asentada en las raíces y en el pasado de un pueblo. Las tensiones deben tomarse como una proceso de intercambio entre las normas locales y globales.[14] Detrás de la propia historia de los derechos humanos subyacen luchas, pugnas y negociaciones en la que diversas voces, intereses y necesidades reclaman ser reconocidas ante distintos grupos de poder.

Asimismo, la cultura dominante en México, personificada por el Estado, ha creado un marco normativo plagado de leyes que discriminan directa o indirectamente por razones de género. Un marco jurídico estatal que no siempre es justo, ha moldeado y continúa informando las prácticas culturales que se han acomodado en la maquinaria institucional[15], como parte de la reforma constitucional al artículo segundo. Se trata de una aceptación práctica de los usos y costumbres indígenas que es injusta para las mujeres y sujetan sus necesidades a las de una jerarquía compuesta, casi en su totalidad, por hombres. En este sentido, los derechos de las mujeres indígenas son igualmente violados por un Estado que es omiso ante sus necesidades y la marginación en la que viven, mismas que se reproducen a causa de una insuficiente presencia institucional. Como resultado, las prácticas culturales deben analizarse desde el contexto en que se viven. La pésima o, en ocasiones, inexistente atención y protección institucional, ha propiciado un manejo más restrictivo y autoritario al interior de los grupos minoritarios.[16]

En suma, es erróneo sostener que cuando se avanzan los derechos colectivos o culturales de las comunidades indígenas, retroceden los derechos de las mujeres que pertenecen a ellas. La anterior afirmación sataniza a una cultura e infiere que se requiere salvar a las mujeres de los efectos represivos que surgen de los derechos colectivos.[17] La demanda por los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en las comunidades étnicas alrededor del país, forma parte de un esfuerzo y una lucha colectivas –que atañe a todos los géneros- en contra de la discriminación, la invisibilidad, la exclusión y la pobreza.

Jimena Suárez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, es investigadora en el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Ver Ayelet Shachar, Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights, Cambridge University Press (2001).

[2] Ver Susan Moller Okin, Feminism and Multiculturalism: Some Tensions, Ethics 108: 661-84 (1998).

[3] México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el  5 de febrero de 1917, artículo 2, párrafo tercero.

[4] Ver Susan Moller Okin, Is multiculturalism bad for women?, Princeton University Press (1999).

[5] Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship. Oxford: Oxford University Press (2001)

[6] CPEUM op. cit. 4.

[7] Estos derechos son consagrados por instrumentos internacionales ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 27) y el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo.

[8] Sarah Song, Majority Norms, Multiculturalism, and Gender Equality, 99 American Political Science Review 4: 473-489 (2005).

[9] Idem.

[10] Los debates legislativos que se dieron en torno al artículo segundo constitucional hicieron hincapié en la “sistemática explotación económica que data de la Colonia” de la que han sido víctimas los indígenas. Ver Decreto por se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, disponible aquí.

[11] Este argumento lo derive del ejemplo de Jeremy Waldron en Idem.

[12] Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence (2006) en Philip Alston and Ryan Goodman, International Human Rights (the successor to International Human Rights in Context),1st ed. 2012), pp. 539.

[13] Idem.

[14] Idem.

[15] Song op. cit. 8, pp. 475.

[16] Cabe mencionar que el 40 % de la totalidad de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas de México son analfabetas. Ver Federico Navarrete Linares, Los pueblos Indígenas de Mexico (Pueblos Indígenas del Mexico Contemporáneo), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1st. ed.  (2008).

[17] Merry op. cit. 13.