Caso Urrutia Vs. Chile: Cinco puntos acerca de la libertad de expresión de los jueces

La libertad de expresión es uno de los pocos derechos humanos que tiene diversas dimensiones según la persona que lo ejerce.  Un ciudadano, el gobernador de una entidad federativa, un juez y un reportero tienen el derecho humano a la libertad de expresión con distintos contornos y fronteras cada uno de ellos. La diversidad de niveles de protección o restricciones en el ejercicio de un derecho humano es una cuestión atípica, pero sucede en el caso de la libertad de expresión.[1]  En el presente texto nos centramos en la libertad de expresión de jueces en lo particular, a propósito de una sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los próximos días.

El Tribunal de San José acaba de deliberar el caso Daniel Urrutia Laubreaux Vs. Chile, el cual trata sobre el derecho humano ya mencionado. Sin duda, esta decisión judicial fortalecerá y expandirá los estándares existentes en libertad de expresión y jueces. Sin embargo, detrás de este caso hay una larga tradición jurídica que vale la pena recordar y tener presente cuando se plantea una discusión sobre este derecho humano. En este texto se encontrarán 5 puntos concretos sobre este tema que nos ayudarán a entender la sentencia que se emita en el caso Urrutia Vs. Chile.[2]

I.

En 1748, se escribió la siguiente frase: “…los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, son seres inanimados que ni pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes…”.[3] En estos párrafos no se pretende debatir esa cita, desde la perspectiva de la justicia constitucional, o el rol de los jueces en el Estado contemporáneo. Aquí, se retoma dicha idea para ilustrar cómo la falta de arbitrio judicial se insertaba como un elemento en el esquema clásico de la división de poderes. Así, la cita da la imagen de un juez sin voz propia, de jueces que solo pueden hablar para aplicar la norma jurídica en el caso concreto. Al parecer, ese cuadro del siglo XVIII irradiaría sobre la expectativa del comportamiento de los jueces en una democracia en los siglos que vendrían, hasta llegar a la imagen de un juez con un tipo de voto de silencio, un operador de la justicia que no podía alzar la voz en las cosas públicas. La doctrina más tradicional impone varios frenos al juez/ciudadano para poder expresarse sobre asuntos políticos y ciertos asuntos públicos.[4]

II.

En el centro del debate está que los jueces son servidores públicos del Estado y, por ello, son miembros del gobierno.[5] Los juzgadores tienen capacidad de decisión y poder sobre los ciudadanos e incluso con otros poderes del Estado. Así las cosas, cuando sus opiniones pueden adelantar el sentido de una sentencia que vinculará en el futuro a un ciudadano u órgano de gobierno es que se pide prudencia judicial en cuanto a las expresiones. Aquí, tenemos que distinguir entre: (i) el juez en el ejercicio de sus funciones que se expresa, (ii) el juez/ciudadano impartiendo clase en una universidad y (iii) el ciudadano/juez hablando de las cosas públicas en redes sociales o en un medio de comunicación.[6] Cada una de estas hipótesis tiene límites y ámbitos distintos, aunque la regla más tradicional es que el juez debe mantenerse con un voto de silencio.

En las restricciones específicas sobre jueces, se dice que el control del discurso judicial tutela la imparcialidad, la independencia judicial y el Estado de derecho, además de que preserva la legitimidad y la confianza en el sistema legal y la dignidad de la profesión[7]. Nótese que los valores antes enunciados son conceptos muy amplios, y que a la hora de su aplicación en casos concretos van a caer en zonas grises o en los llamados casos difíciles. Por ejemplo, ¿qué tipo de crítica de un juez hacia el poder judicial ofende la dignidad de ese poder? O bien, un juez que preside audiencia en pantalones cortos y en tenis, ¿por qué afectaría la confianza en el sistema de administración de justicia? Estas preguntas son algunos de los retos prácticos que surgen cuando los valores jurídicos tienen que aterrizar en la vida real.

La idea del juez monje o con un voto de silencio nos invita a pensar que a mayor solemnidad, será mayor el respeto por la judicatura o por la función judicial. La inercia de esta línea de pensamiento limitó por muchos años las libertades de los juzgadores. Sin embargo, las crisis constitucionales, los cambios sociales y las irregularidades en una democracia llaman a todos los ciudadanos a debatir. En efecto, las anomalías democráticas, las dictaduras, la simulación de ordenes democráticos hicieron que los jueces participaran en las cosas públicas desde su rol como quien protege al ciudadano de la arbitrariedad, y como ciudadanos dando crítica sobre el autoritarismo o la dictadura. En principio, el centro del debate estuvo en el juez como servidor público. Ahora está el juez como ciudadano frente a la arbitrariedad política o las irregularidades democráticas.

III.

En el año 2019, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló lo siguiente

“Se reconoce cada vez más que los jueces y fiscales están facultados para ejercer los derechos a la libertad de expresión […], así como los derechos políticos, en pie de igualdad con las demás personas. No obstante, también está claro que el ejercicio de esos derechos puede estar sujeto a restricciones concretas con el fin de salvaguardar la dignidad de su cargo y, en el caso de los jueces, la independencia e imparcialidad de los tribunales y cortes de justicia”.[8]

Como se puede ver, la regla que veía a los jueces como un tipo de monje está cambiando en estos días, por lo cual el ciudadano/juez debería estar más activo y participativo en cualquier sociedad donde el poder político se desborde. Como ya se dijo, la raíz del cambio vino de la participación de los jueces en contra de las irregularidades democráticas, lo cual generó un círculo extraño. Cuando el juez detiene la arbitrariedad es atacado por los políticos que no encuentran freno en sus actos y menos en sus expresiones[9]. Cuando el juez hace uso de su voz ciudadana es criticado o sancionado por ser miembro del gobierno.[10] Estos son algunos de los fenómenos que llevaron a cambiar la doctrina tradicional sobre libertad de expresión y jueces.

IV.

Por un lado, nadie quiere un juez que esté insultando a las partes en una audiencia, pues ello comprometería la imparcialidad judicial, y pondría en tela de juicio la confianza en el sistema de impartición de justicia. Asimismo, no es deseable un juez que fije postura en abstracto sobre el robo de famélico pues ya sabemos como fallara todos los casos de robo de hambre. Tampoco es deseable el juez que adelanta su postura sobre un asunto que todavía no recibe sentencia, incluso que lo use como ejercicio académico si el caso no está totalmente concluido. Estos son casos claros de los límites a la libertad de expresión.

Por otro lado, nadie desea que un juez no se manifieste contra la dictadura o el autoritarismo. La visión del poder judicial es un elemento que debe ser escuchado cuando se debaten asuntos públicos, sobretodo en una irregularidad democrática. Mientras la regularidad democrática se mantiene es más viable pedir prudencia judicial; cuando se dan ataques a los jueces por su labor y el respeto a los derechos humanos existe un deber moral de actuar de los jueces.

V.

El caso del juez Urrutia toca varios de los puntos antes mencionados y otros. Todos debemos de estar atentos a la sentencia que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre este asunto, para conocer cuáles son los cánones respecto de la libertad de expresión de los jueces, las fronteras entre el ciudadano y el servidor público, y en qué punto se rompe el voto de silencio del juez monje.

Javier Cruz Angulo. Profesor Asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

José Antonio Caballero. Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Tarkington, Margaret, “A Free Speech Right to Impugn Judicial Integrity in Court Proceedings”, Boston College Law Review, vol. 52, 2010, pp. 363-434.

[2]Para conocer más sobre el caso, se puede consultar: https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/urrutia_laubreaux.pdf.

[3] La cita corresponde a Montesquieu, en su célebre obra Del Espíritu de las Leyes (citado e interpretado en: Correa G., Rodrigo P., “El gobierno judicial ante la Constitución”, Revista de Estudios de Justicia, núm. 6, 2005, pp. 117-126.

[4] Tarkington, ob. cit.

[5] Smolla, Rodney A., “Regulating the Speech of Judges and Lawyers: The First Amendment and the Soul of the Profession”, Florida Law Review, vol. 66, núm. 3, 2014, pp. 961-990.

[6] Ídem.

[7] Ídem. El lector debe saber que la mayoría de la doctrina coincide con las limitantes que se señalan en este trabajo.

[8] Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, “Independencia de los magistrados y abogados”, A/HRC/41/48, Consejo de Derechos Humanos, 29 de abril de 2019.

[9] Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Lone y otros Vs. Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015; Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela, sentencia del 8 de febrero de 2018; Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso Baka vs. Hungría, sentencia de 27 de mayo de 2014.

[10] Ídem.

Guía para unas comparecencias serias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte

La novena y la décima época de la producción jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia se caracterizan por ser periodos en donde ha existido una intensa actividad reformadora de la Constitución y una alta producción jurisdiccional de la Suprema Corte. Las reformas constitucionales publicadas de 1995 a la fecha suman 91 decretos. En cuanto a la producción jurisprudencial, la Corte ha publicado más de 15 mil criterios. Simplemente en lo que va del año la Corte ha dado a conocer más de 2400 tesis aisladas y de jurisprudencia.

Los anteriores datos dan cuenta no sólo de una ferviente actividad sino también del peso de las decisiones de la Suprema Corte en múltiples ámbitos de la vida nacional. Desde luego que el impacto más inmediato es en los impartidores de justicia del país. Sin embargo, las decisiones trascienden en muchos otros ámbitos. Así, por ejemplo, es posible apreciar una estrecha relación entre las reformas constitucionales y las interpretaciones judiciales. En ocasiones, las reformas generan nuevas interpretaciones; en otros casos, por su parte, son las interpretaciones las que inspiran reformas. De esta manera, se aprecia la existencia de una especie de diálogo entre el órgano reformador de la Constitución y las decisiones de la Suprema Corte. Esto es particularmente visible en casos relacionados con la distribución de competencias entre los poderes federales, estatales y municipales.

Una clasificación básica del trabajo jurisdiccional de la Corte puede plantearse a través de tres grandes categorías. Primero, los debates en relación con la interpretación y alcances de las cláusulas constitucionales que distribuyen competencias entre la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Segundo, casos relacionados con los derechos de las personas. Tercero, decisiones en donde el objeto del debate se centra en aspectos de derecho procesal constitucional.

La problematización que optamos por seguir en el presente documento, sigue precisamente el mecanismo de clasificación antes referido. En la parte final del documento, se incluyen una cuarta sección: cuestiones relacionadas con la función de la Suprema Corte como tribunal constitucional y como cabeza del Poder Judicial Federal.

Una aclaración: el presente documento no pretende hacer una revisión exhaustiva del trabajo reciente de la Suprema Corte ni mucho menos. Nuestro propósito es identificar algunos temas que parecen particularmente relevantes a la luz de los debates constitucionales existentes en nuestro país. Con ello, esperamos aportar algunas ideas para el diálogo que Senadores de la República sostendrán con los aspirantes a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Federalismo

En 1993, el municipio de Delicias presentó la controversia constitucional 1/93 en contra del gobierno del estado de Chihuahua. El municipio alegaba que el gobierno del estado invadía sus competencias originarias. El tema debatido era a qué orden correspondía la prestación del servicio de registro civil. Eventualmente, la Corte fallaría a favor del municipio. Al margen del resultado, este asunto y la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, dieron inicio a una larga línea de debate constitucional relacionada con la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. El debate dista mucho de estar acabado. Al contrario, cada año se observa la publicación de reformas constitucionales que modifican el arreglo existente y que, a su vez, generan una relevante litigiosidad en la materia.

La interpretación constitucional en la materia plantea diversos retos. El primero tiene que ver con las características del federalismo mexicano cuya regulación es muy distinta en función de la materia de que se trate. Así encontramos que el establecimiento de cláusulas que distribuyen competencias no se limita a los artículos 73, 115, 116, 117, 122 y 124. Por ejemplo, los artículos 2º y 3º refieren temas de distribución de competencias. Otra variante es el establecimiento de sistemas nacionales. La Constitución reconoce expresamente siete sistemas nacionales a los que se les atribuyen ciertas funciones de distribución de competencias o de coordinación entre los distintos órdenes.[1] Sin embargo, desde el ámbito legislativo federal también se ha empleado la noción de sistema nacional con el objeto de incidir en la distribución de competencias. Tal es el caso del nuevo sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Aquí el debate constitucional tiene que ver con la conveniencia de generar principios generales de interpretación en materia federal o mantener un desarrollo casuístico.

El segundo tiene que ver con la aparición de los organismos constitucionales autónomos (OCA) y su función en el sistema de distribución de competencias. Los OCAs han entrado en el debate de la distribución de competencias y los debates sobre su impacto en el orden constitucional son inminentes.

El tercero se relaciona con los operadores normativos empleados para distribuir competencias en el sistema federal. Aquí destacan conceptos como los de concurrencia, colaboración, coordinación, federalismo cooperativo y ley general. El empleo y los alcances de cada uno de estos conceptos difiere en función de los casos y las materias de que se trate. Si bien las diferencias pueden ser sutiles, la realidad es que no existen definiciones claras y consensuadas al interior de la Corte sobre la forma en la que cada uno de estos conceptos debe entenderse.

La cláusula del artículo 124 establece que las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación corresponden a los estados. A partir de esta disposición surgen diversos cuestionamientos no menores.

¿Qué temas de orden constitucional, nacional o general quedan por encima de reparto de competencias entre los órdenes federal y local? ¿En caso de duda en los alcances de esta cláusula se debe favorecer a los estados o a la federación? ¿En caso de incertidumbre entre atribuciones del distrito federal y de la federación a quién debe favorecerse? ¿En caso de no claridad entre atribuciones de los municipios y los estados y la federación qué herramientas de interpretación puede emplear la Corte para resolverlas?

La Constitución contiene en forma implícita y explícita facultades concurrentes. Un tema es la seguridad pública en donde los artículos 21, párrafos noveno y décimo, 73, fracción XXIII y 115 fracción III inciso h), refieren el tema de las competencias. ¿A partir de estos tres artículos cómo debe interpretarse la distribución de funciones en materia de seguridad pública?

La Suprema Corte ha establecido que es posible distribuir competencias mediante una ley general. ¿Qué opinión le merece este criterio? ¿Es posible crear un sistema nacional diseñado para regular la distribución de competencias en una materia determinada por vía legislativa? La coordinación y la colaboración son conceptos que refieren a la manera en la que los órdenes pueden operar en áreas en donde existen competencias concurrentes. ¿Cómo se puede incidir en propiciar la coordinación y la colaboración mediante resoluciones jurisdiccionales?

Derechos humanos

En materia de derechos humanos la actividad interpretativa de la Suprema Corte también mostró una importante transformación con la llegada de la novena época. Las reformas constitucionales en materia de derechos y, en particular, la reforma de derechos humanos de 2011, han contribuido en el fortalecimiento de este proceso. El resultado es que existe amplia actividad jurisprudencial en la materia. A pesar de ello, cuando se analizan los temas debatidos se perciben desequilibrios tanto en las materias que son tratadas como en el contenido y alcances de las decisiones. Por ejemplo, los temas relacionados con derechos económicos, sociales y culturales suelen ser escasos. A diferencia de estos casos, la Corte se muestra muy activa en materias como la penal y la fiscal. En ambos casos, existen criterios muy variados.

Desde el punto de vista de la interpretación constitucional, la Corte ha dedicado muchos debates para discutir la posición de los derechos humanos de fuente convencional en el ámbito constitucional mexicano. Las posturas incluyen posiciones que analizan el problema desde el punto de vista de la jerarquía constitucional, pero también hay quienes se inclinan por aproximaciones en donde se privilegian los criterios de interpretación. A pesar de los esfuerzos por fijar una postura clara en la materia (contradicción de tesis 293/2011), el tema todavía no parece ser pacífico.

Un tema adicional en materia de interpretación tiene que ver con la introducción de mecanismos de interpretación que permitan el desarrollo de criterios de optimización de los principios contenidos en los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos.

La reforma constitucional de 2008 en materia penal introdujo diversos derechos a favor de inculpados y de víctimas en el proceso penal. El debate se centra en establecer si los derechos de víctimas e imputados deben ser considerados iguales en el proceso penal. ¿Cómo debemos balancear los derechos de las víctimas y de las personas imputadas? ¿El proceso penal es un litigio que confronta a las víctimas con los imputados? La jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que en el derecho administrativo sancionador se deben tomar en consideración las garantías penales, aunque no deben irradiar con la misma intensidad. ¿Cómo debe entenderse el principio de presunción de inocencia en la materia administrativa sancionadora?

La Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el derecho al debido proceso no sólo irradia al proceso penal sino que también a cualquier otra actividad jurisdiccional del Estado, incluso a la actividad administrativa. ¿De qué manera se puede establecer el parámetro sobre el que puede irradiar el derecho al debido proceso en el derecho administrativo?

Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana se han ocupado de los derechos sexuales y reproductivos en diversas resoluciones. ¿En su opinión qué preguntas constitucionales subsisten en la materia? ¿Cómo se puede resolver la tensión entre acceso a la información pública y seguridad pública y seguridad nacional?

La Primera Sala ha reconocido la eficacia horizontal de los derechos humanos. ¿En su opinión, cuáles deben ser los alcances de la protección de las personas mediante este mecanismo? ¿Cuál es su opinión sobre las tesis emitidas con motivo de la contradicción de tesis 293/2011?

La Suprema Corte se ha pronunciado en casos sustantivos en materia de ejecución penal, tanto en lo relativo a traslados de personas privadas de la libertad, como en lo relacionado con el alcance y sentido de la prisión.

¿Cuál es el alcance de la judicialización de la ejecución penal en cuanto a las condiciones de vida digna y segura en reclusión? ¿Cómo sustituir el sistema progresivo de la readaptación social por un sistema de incentivos para el buen comportamiento acorde con la reinserción social? ¿Considera que el nuevo sistema adversarial-acusatorio cambiará a la justicia penal en México? ¿Qué puede hacer la Suprema Corte en el proceso de implementación?

Con frecuencia se pone de manifiesto la tensión existente entre el debido proceso y la seguridad pública. Algunas voces sostienen que el debido proceso obstaculiza la eficacia de las acciones en seguridad pública y procuración de justicia. ¿Cuál es su postura en relación con esta tensión?

Los derechos económicos, sociales y culturales suelen tener múltiples complicaciones para ser reivindicados. ¿Cómo se puede favorecer la justiciabilidad de este tipo de derechos? El acceso de los pueblos indígenas a la justicia plantea múltiples retos. ¿Cuáles son los más importantes en su opinión y cómo se pueden resolver?

La Constitución federal del país no prohíbe que los estados generen, materialicen o amplíen los derechos humanos. Al respecto, solo se señala que la interpretación se haga conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia. ¿Considera posible que una una Constitución local amplié los derechos humanos de la federal? En caso de que la ampliación genere una aparente colisión, ¿se aplica, por extensión, el criterio de la contradicción de tesis 293/2011? O, por el contrario, ¿es posible reconocer que un estado tenga un orden jurídico más amplio en derechos humanos que el existente en la Constitución?

 Derecho procesal constitucional

Las reforma constitucional de 2011 en materia de amparo y la nueva ley de amparo son sólo dos ejemplos de cómo se han generado muchos cambios en la forma en la que se tramitan y protegen los derechos de las personas en México. Criterios de interpretación que se entendían sólidamente cimentados en la tradición procesal constitucional han cambiado. Así, tenemos la introducción de una vía de control difuso o la posibilidad de impugnar la constitucionalidad de la ley de amparo como ejemplos claros de las nuevas tendencias interpretativas.

En el tema de la función jurisdiccional también destacan varias cuestiones. Por una parte, se debate sobre la conveniencia de aumentar las jurisdicciones especializadas. Por otro lado, se discute el tema del amparo directo y el federalismo judicial.

En cuestiones relacionadas con derecho cautelar, se debaten los alcances de la suspensión en controversias constitucionales y en amparo. La nueva regulación del amparo obliga a revisar los criterios existente en materia de suspensión y determinar los alcances de dicha medida.

En amparo también es importante revisar los alcances del amparo colectivo reconocido en el artículo 107 constitucional.

Por lo que respecta a las controversias constitucionales, los temas de legitimación activa y pasiva tendrán que ser debatidos a la luz de la aparición de los órganos constitucionales autónomos y de las continuas modificaciones a los esquemas de distribución de competencias en la Constitución.

La ley de amparo no regula el amparo colectivo. ¿De qué manera se puede hacer efectivo este derecho?

Una decisión dividida del Pleno de la Suprema Corte estableció que en el amparo directo el control ex officio debe limitarse a cuestiones relacionadas con la competencia del Tribunal Colegiado (ADR 1046/2012). El efecto de la decisión es que el Tribunal Colegiado no puede realizar un control ex officio en el amparo directo respecto de la constitucionalidad de las leyes aplicadas en el proceso natural. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Un problema que enfrentan los juzgadores de todas las jurisdiccionales del país es la falta de cumplimiento de sus mandatos. En otra decisión dividida, el Pleno de la Corte estableció que a pesar de que se había violado una suspensión, no procedía sanción al funcionario responsable porque después de ocurrida la violación, el propio funcionario había modificado el acto violatorio de la misma. ¿Qué opinión le merece este criterio?

Una decisión dividida de la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que la información sobre operaciones que deben enviar los contribuyentes al SAT con motivo de la obligación que se desprende del artículo 31 A del Código Fiscal de la Federación es considerada de orden público para efectos de negar la suspensión en el amparo (artículo 128 de la Ley de Amparo). ¿Qué opinión le merece el criterio?

Mediante el alegato de oído se permite que una de las partes en el litigio se reúna a solas con el juez para exponer su visión sobre el asunto en cuestión. En el nuevo proceso penal dicha figura ya está expresamente prohibida. ¿Qué opina de la costumbre del alegato de oído?

¿En su opinión cuáles son los principales obstáculos para acceder al amparo?

 La Suprema Corte como tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación

En relación con la Suprema Corte como tribunal constitucional conviene introducir cuestiones que se ocupen de la manera en la que la Corte atrae casos para su conocimiento. También parece necesario revisar la operación de la Corte como tribunal. Aquí destacan cuestiones como la organización del trabajo, la regulación del flujo de asuntos y los mecanismos empleados para el debate de los asuntos.

Por lo que respecta al papel de la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial Federal los temas relevantes aparecen con motivo de las relaciones entre el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal. Un rápido vistazo a las decisiones de la Corte en recursos de revisión administrativa puede ilustrar la complejidad del tema.

La Suprema Corte suele modificar las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de carrera judicial. ¿En su opinión, la Corte debe ser deferente al Consejo o debe mantener el escrutinio empleado hasta ahora a las resoluciones del Consejo?

La Suprema Corte tiene un presupuesto para el 2016 de más de 5000 millones de pesos. La Corte realiza funciones adicionales a las de impartición de justicia. Una de ellas son las Casas de la Cultura Jurídica a través de las que se ha dado un impulso fundamental a la cultura jurídica en el país. ¿Considera que la Corte debe realizar funciones extrajudiciales o que debe concentrarse en las funciones jurisdiccionales? ¿La recursos que recibe la Corte para cumplir con sus funciones son suficientes, insuficientes o excesivos?

A diferencia de la mayor parte de los tribunales en el mundo, los debates del Pleno de la Suprema Corte son públicos. ¿Qué ventajas o desventajas ve en esta práctica?

En los asuntos que conoce la Suprema Corte de Justicia es frecuente que se analicen decisiones de órganos regulatorios especializados. ¿En su opinión la Corte debe ser deferente a las decisiones de los órganos autónomos?

En ocasiones los ministros dejan de conocer un asunto en particular por considerar que están impedidos. ¿Debe regularse con más amplitud la cuestión de posible conflicto de interés entre los ministros?

En temas de supervisión del trabajo judicial es frecuente encontrar que existen límites para conocer sobre la función jurisdiccional de los jueces. La existencia de límites alude a la protección de la autonomía. Sin embargo, los propios límites también constituyen barreras que ocultan negligencia o corrupción. ¿Cómo se puede asegurar la existencia de probidad en la función judicial en una forma que resulte compatible con la autonomía que debe garantizarse a toda juzgadora?

Javier Cruz Angulo. Profesor e investigador del CIDE.

José Luis Caballero. Profesor, investigador y director del Departamento de Derecho de la UIA.

José Antonio Caballero. Profesor e investigador del CIDE.

Mónica González. Investigadora del IIJ-UNAM.

Francisca Pou. Profesora e investigadora del Departamento de Derecho del ITAM.

Pedro Salazar.  Investigador y director del IIJ-UNAM.

Miguel Sarre. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Evaluación Educativa, Sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Archivos. Si bien se alude a otros sistemas en el texto de la Constitución, los mismos no se incluyen por estimarse que no involucran cuestiones de distribución de competencias.

La frivolidad como motor de reformas constitucionales

Hace unos días Andrés Manuel López Obrador declaraba que era necesario regresar al texto original de la Constitución de 1917 (nota de Héctor Raúl González en Reforma.com 11 de marzo de 2015). A primera vista, parece una idea claramente comprometida con rescatar el espíritu de la Revolución Mexicana. Pero una mirada más detenida nos debe llevar a pensar mejor esa afirmación. La Constitución de 1917 no establecía cuestiones como la igualdad entre mujeres y hombres, la explotación exclusiva a cargo del Estado de hidrocarburos y energía eléctrica o el derecho a la salud, entre muchas otras cosas. ¿De veras queremos eso? Al margen de la pertinencia del planteamiento, la referencia nos recuerda que el texto de la Constitución ha sufrido múltiples cambios desde su entrada en vigor y nos debe hacer pensar sobre la pertinencia de los mismos. Después de todo, el texto de 1917 se ha reformado en más de doscientas ocasiones (más de dos por año). De alguna manera, puede decirse que en el texto de la Constitución se sobreponen ideologías, planes de gobierno, textos de coyuntura e, incluso, ocurrencias.

¿Padecemos de incontinencia reformadora con nuestra Constitución? ¿Son necesarias tantas reformas a la Constitución? ¿Qué debe contener nuestra Constitución? ¿Qué impacto tienen las reformas constitucionales? ¿Hay coherencia en las reformas constitucionales? ¿Cómo explicar este conjunto de cambios a la Constitución de 1917? Las anteriores preguntas requieren un espacio mucho más amplio al aquí proporcionado para ser respondidas. Mi intención es resaltar un aspecto. Me refiero a la frivolidad como motor de muchas reformas constitucionales.

Un primer vistazo a las reformas constitucionales nos muestra que existen muchas diferencias entre ellas. Por una parte existen aquellas que involucran cambios que son de gran calado. Por la otra, las hay con objetivos muy concretos. Entre las primeras destacan reformas en donde se modifican diversos artículos como la reforma energética, la reforma penal o la reforma de derechos humanos. En otros casos, las reformas simplemente incluyen una frase o unas palabras en un artículo. Tal es el caso de dos reformas publicadas el 17 de junio de 2014. La primera modifica el artículo 123 para la utilización del trabajo de menores de 15 años y establecer una jornada laboral máxima para las personas que tengan más de 15 años y menos de 16. La segunda involucra al artículo 4º para establecer el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Incluye el derecho a la expedición gratuita de la primer copia certificada del acta de nacimiento.

La amplia variedad de clases y contenidos de las reformas tiene que llevarnos a revisar los procesos por los que se aprobaron. Al respecto existen discusiones muy conocidas. El caso de la reforma al artículo 3º constitucional por la que se suprimió la educación socialista en época de Ávila Camacho es particularmente ilustrativo. La supresión de la palabra socialista de la Constitución fue muy polémica y en el debate hubo amplia participación de la clase política y en general de la sociedad mexicana. La discusión se prolongó durante prácticamente todo el sexenio del presidente Ávila Camacho. Un caso contemporáneo es el de la reforma energética. El tema se ha debatido por muchos años. La reforma reciente es resultado de la visión de quienes ganaron la última votación, pero dudo mucho que el debate esté cerrado. No obstante, de dicha reforma se puede decir todo menos que no ha sido discutida. En otros casos, las reformas tienen una clara línea de impulso desde la sociedad civil. Tres casos recientes destacan: las reformas sobre transparencia, la reforma penal y la reforma en materia de derechos humanos. En los tres casos el impacto de los cambios y el calado de las transformaciones es muy visible. En todos estos casos, el cambio constitucional parece tener vida propia y el texto reformado es continuamente interpretado y reinterpretado.

Sin embargo, existen otras reformas que tienen un desarrollo más silencioso o incluso que resultan intrascendentes. Esto ocurre especialmente en el caso de las reformas que hacen cambios muy puntuales. Así tenemos el caso del derecho a la educación preescolar, la incorporación explícita de Estado laico al artículo 40 o las comentadas con anterioridad sobre regulación del trabajo de los menores de 16 y mayores de 15 y el derecho a la expedición gratuita de la primer copia certificada del acta de nacimiento.

Cuando se analiza el proceso legislativo de este tipo de reformas puntuales lo que se encuentra es que se trata de propuestas aisladas (como las hay muchas en cada legislatura) que por una u otra razón lograron colarse para convertirse en reformas constitucionales. Los motores de este tipo de reformas son menos visibles e involucran a muchos menos actores. Tal parece que muchos de estos casos son más producto de la ocurrencia, de la vanidad o del interés de los legisladores identificarse como los autores de una reforma constitucional.

Pero al margen de las vanidades, el problema de este tipo de reformas está en reconocer que cada cambio constitucional implica mucho más que un ajuste cosmético. En efecto, como lo muestra el caso de la educación preescolar, los cambios tienen abiertas implicaciones de política pública que distan mucho de ser satisfechos a golpe de mandatos de artículos constituciones o transitorios de decretos. En realidad, la falta de previsión de los efectos de las reformas constitucionales, característica de este tipo de reformas, contribuye a generar la idea de que el texto constitucional no sólo es altamente dúctil en su texto sino también en su aplicación. Lejos de incidir en la construcción de derechos, este tipo de reformas parecen frivolizar y reducir el valor jurídico de los derechos que se pretenden reivindicar por la vía de la reforma constitucional.

El tema también involucra al propio Congreso de la Unión. La dinámica de los procesos legislativos permite que se procesen tanto iniciativas que son producto de debates muy amplios como aquellas que son simples ocurrencias. El costo para los proponentes es prácticamente nulo. Por el contrario, la presentación de la iniciativa se torna en un elemento positivo de evaluación sobre el desempeño legislativo.

Las reformas también pueden leerse en función de el tipo de cambios que incorporan al texto constitucional. De esta manera, hay reformas en donde se modifica el equilibrio entre la federación, los Estados y los municipios. Este tipo de reformas típicamente se realizan mediante la introducción de adiciones o ajustes al artículo 73. En otros casos, las reformas se ocupan de derechos. Así hay reformas que tienen como objetivo el establecimiento de una agenda en materia de un derecho en particular. Por ejemplo, la reforma sobre transparencia. En otros casos, los cambios tienen un impacto más preciso. Se adicionan frases o palabras con el objeto de generar algún nuevo derecho (derecho a la educación preescolar, derecho al registro, fines muy precisos.

Tampoco quiero enfocarme en cuestiones normativas relacionadas con la necesidad de mantener el texto constitucional con el menor número posible de reformas. La pregunta que quiero destacar en este espacio tiene que ver con los efectos de las reformas constitucionales. Es decir, lo que cuestiono es qué reformas han tenido éxito y cuáles han pasado prácticamente desapercibidas. O, incluso, han tenido resultados negativos. La percepción inicial de una reforma es que la misma debe tener un objetivo claro y realizable.

Un rápido vistazo a las reformas constitucionales en los últimos 10 años da cuenta de una diversidad de planteamientos y resultados. Por ejemplo, las reformas sobre justicia penal, derechos humanos… han dejado una clara huella. Sus alcances se debaten ampliamente. Pero, por el otro lado, están reformas como la que prohíbe el trabajo de menores de 15 años (decreto publicado el 17 de junio de 2014) o la que hace obligatoria la educación media superior (publicada el 9 de febrero de 2012), cuyos alcances han sido menores. Si comparamos las reacciones generadas con un grupo de reformas y con otro el resultado es muy llamativo. Mientras que unas reformas no sólo tuvieron importantes reacciones sino también procesos complejos de implementación otras pasaron desapercibidas y sus procesos de implementación, si los hubo, generaron más problemas que soluciones.

Siendo así, qué genera estas diferencias. Aparentemente, detrás de muchas reformas constitucionales hay abierta frivolidad. Efectivamente, la frivolidad que impulsa a algún legislador para impulsar un reforma y vanagloriarse de ser autor de una reforma constitucional.

José Antonio Caballero. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.