Prostitución, lenocinio y trata: análisis jurídico

La prostitución voluntaria se da cuando una persona adulta decide dedicarse a prestar servicios sexuales para obtener un lucro. Si este lucro no es compartido con ninguna persona, entonces, es un ejercicio libre de la voluntad. Con la práctica libre de la prostitución vienen algunos problemas como extorsión de las autoridades, falta de servicios médicos, de prestaciones de tipo social, entre otros. Además, el mayor problema es que es un grupo vulnerable no reglamentado ni regulado.

Sin embargo, aquellas personas que son sometidas y obligadas a ejercer el oficio de prostitución mediante el lenocinio o trata están en una peor situación: son maltratadas física y psicológicamente, torturadas, amenazadas y no disponen de libertad. En el ámbito de la ciudad de México, la trata de personas es un delito previsto en el artículo 188 bis del código penal, que castiga con pena de prisión de 10 a 15 años a quien “promueva, facilite, solicite (…), o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual”.[1]

Por su parte, el lenocinio es un delito de menor penalidad, que castiga con prisión de 2 a 10 años a quien “[h]abitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual”,[2] a grandes rasgos.

Ambos delitos se asemejan y tienen en común que el delincuente se beneficia económicamente del intercambio sexual de otra persona con un tercero. Sin embargo, el delito de trata también incluye trabajos forzados, esclavitud y tráfico de órganos, por lo que es más grave.

La comisión del delito de trata es tan significativa que, en 2012, el Congreso de la Unión emitió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.[3]

De la lectura de los informes de la Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, de la Secretaría de Gobernación, se desprende que este delito es mucho más complejo que el de lenocinio. Puede estar integrado por una pluralidad de conductas y, además, tiene fines más amplios, incluyendo el tráfico de órganos y la esclavitud laboral, además de la sexual.[4]

Por otro lado, el lenocinio no involucra, necesariamente, el uso de la fuerza: solo se castiga al intermediario de la relación sexual.

De lo hasta aquí expuesto podemos concluir que existen tres tipos de ejercicio de la prostitución: a) la prostitución libre, en la que la persona decide voluntariamente ejercer la misma. Este ejercicio no constituye delito; b) la prostitución en la que participa un intermediario, quien lucra. En este caso se configura el delito de lenocinio, independientemente de que la prostituta trabaje en forma voluntaria para el lenón; finalmente, el peor de los escenarios es c) la prostitución obligada, en la que la prostituta es explotada por un tratante.

Si bien es cierto que existe una regulación que prevé la existencia de los delitos de lenocinio y trata de personas, no existe una ley que proteja de forma específica a este sector vulnerable de la población, ni que les reconozca sus derechos laborales.

Por eso, surge la pregunta ¿es la regulación de la prostitución, es decir, el reconocimiento de la misma como trabajo, una forma efectiva para mejorar la calidad de vida de las sexoservidoras/es?

La hipótesis de este ensayo es que sí. Ignorar el problema, ciertamente, no lo soluciona. La prostitución ha existido desde la concepción de la sociedad. Por eso, la ciudadanía mexicana, a través del Congreso de la Unión, debe dejar atrás los perjuicios y emitir una regulación que sirva de herramienta para mejorar substancialmente las condiciones de vida de las prostitutas.

Existen personas que ejercen la prostitución desde la libertad, sin estar vinculadas a nadie que las controle o maneje. Sin duda alguna, estas personas se encuentran en un problema, la legislación es omisa en regular la práctica libre de la prostitución.

De acuerdo con Claudia Verónica Torres Patiño, existen tres tipos de regímenes clásicos para regular la prostitución.[5] El primero es el prohibicionismo, en el cual la prostitución está establecida en los códigos penales.[6] El segundo es el modelo reglamentarista. En este modelo se busca controlar la prostitución por medio de medidas de zonificación, la evaluación médica periódica.[7] Por último, el régimen abolicionista sostiene que la prostitución no debe ser prohibida ni legitimada por el Estado.[8] Sobra mencionar que el régimen abolicionista es el que impera actualmente en nuestro país.

Contrario al régimen actual, en México se debe regular el ejercicio libre de la prostitución para que los sexoservidores puedan ser acreedores de derechos y obligaciones como cualquier ciudadano, además de hacerlo como método para controlar enfermedades de transmisión sexual.

El argumento central para sostener esto como mejor opción es que los sexoservidores, al igual que cualquier otro prestador de servicios, utilizan su cuerpo y sus habilidades para satisfacer las necesidades de cierto cliente a cambio de una remuneración monetaria: están ejerciendo su derecho a ejercer una profesión, en términos del artículo 5º de la Constitución de México.

Si los sexoservidores están dispuestas a intercambiar su cuerpo y sus habilidades como servicio a cambio una remuneración económica, entonces, no deberían recibir un trato diferente; deberán estar sometidas a la regulación de cualquier prestador de servicios.

En el mismo sentido, si los sexoservidores son empleados por un tercero en forma voluntaria, deberán ser acreedoras a los derechos laborales previstos en la Ley Federal del Trabajo.

Es probable que existan argumentos en contra. Por ejemplo, habrá quien mencione que el ejercicio de la prostitución no es lícito y, consecuentemente, no se actualiza en su beneficio el artículo 5º de la Carta Magna. Sin embargo, al no estar regulada la prostitución como ejercicio libre, es claro que esta actividad no es ilícita y, consecuentemente, puede ser objeto de un contrato laboral lícito

En primer término, es prudente establecer lo que debe entenderse por una actividad lícita. El concepto de licitud parte este artículo 5º, que prevé que es un derecho de los mexicanos dedicarse a la profesión, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.[9]

No obstante, la Constitución no define lo que debe entenderse por licitud. Por eso, la única opción posible es revisar este concepto desde un punto de vista intuitivo. Las personas, en general, saben que algo es lícito porque no está prohibido por la ley.

El mismo artículo 5º constitucional da indicios, ya que establece que el ejercicio de la libertad de trabajo se limitara cuando se ataquen los derechos de un tercero o se ofendan los derechos de la sociedad.

Al hablar de los derechos de la sociedad, en abstracto, la Constitución es ambigua y deja lugar a las interpretaciones. Lo anterior es así porque la sociedad es heterogénea. Entonces, el termino de derechos de la sociedad puede llegar a ser muy subjetivo.

Analicemos la legislación aplicable para determinar si el ejercicio libre de la prostitución está considerado como delito. Para tal efecto analizaremos la denominada Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Ley contra la trata).

De la lectura de los artículos 19 y 20 de la Ley contra la trata se desprende que se deja abierta la posibilidad de que existe un contrato lícito relativo a la prostitución, siempre y cuando este se celebre sin engaños y no implique coartar la libertad de la prostituta

El artículo 20 de la Ley contra la trata establece una penalidad de 5 a 10 años de prisión a quien contrate de forma lícita a una persona para prestar servicios sexuales y obtenga un lucro indebido.[10] Lo anterior parece una contradicción, ya que por un lado se habla de licitud y por otro se establece una penalidad muy alta.

La respuesta nos la da el mismo artículo, que prevé que la existencia de estos contratos lícitos solo serán constitutivos de delito cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en las fracciones II a VI del artículo 19 de la misma.

Es decir, la Ley contra la trata está aceptando el carácter lícito del lenocinio, siempre y cuando en este no se actualice alguno de los supuestos previstos en las fracciones II a VI del artículo 19 de la misma Ley[11].

De la lectura de la fracción I del artículo 19 de la Ley contra la Trata se desprende que se admite la posibilidad abierta de que existan contratos cuyo objetivo sea la prestación de servicios sexuales y si en estos contratos no se incurre en algunas de las conductas previstas en las fracciones II a VI del artículo 20 de la Ley contra la Trata, entonces, tampoco serán delitos.

De lo anterior puede interpretarse válidamente que el patrón de una empleada sexual, que hubiese dado su consentimiento libre y absoluto para prostituirse, no estará incurriendo en ningún delito, siempre y cuando el contrato laboral sea lícito.

Esta interpretación parece escandalosa. Y habrá quien manifieste que un contrato de este tipo no puede ser lícito, pero la Ley es clara; si la prostitución se ejerce con absoluta libertad y sin restricciones ni imposiciones de ningún tipo, es probable que se someta a un vínculo de trabajo y que la trabajadora sexual sea acreedora a todos los derechos laborales.

Sin duda alguna, de aceptar esta hipótesis, es decir, que la misma Ley de trata admite la existencia de contratos laborales lícitos para prestar servicios sexuales, estos casos representaran un problema, debido a que se podrá dar una gran ambigüedad respecto a la prostitución voluntaria y la prostitución forzada, y quedara siempre a la interpretación judicial o, lo que es peor, al arbitrio de la autoridad ministerial o policial.

Existen precedentes judiciales en nuestro país que niegan la existencia de derechos laborales cuando deriven de la prestación de un servicio que no sea lícito, incluyendo en el concepto las actividades que no afecten a terceros a la sociedad. [12]

Sin embargo, si el contrato es lícito y no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 19 de la Ley contra la Trata, no hay razón para que no deban reconocerse derechos laborales a las trabajadoras sexuales.

También se podrá oponer como excepción a este argumento que el lenocinio es un delito previsto en el Código penal de la ciudad de México y, consecuentemente, el objeto del contrato sería ilícito.

No se puede dejar de considerar que existe una clara contradicción de normas, ya que algo novedoso de la Ley contra la Trata es que intenta regular las relaciones laborales de tipo sexual, al sancionar a quien contrate laboralmente u oferte un trabajo distinto al sexual e induzca a desempeñar este tipo de labor bajo engaño o que condicione la libertad de la persona a la práctica de servicios sexuales.[13]

Lo anterior es contrario a la codificación en la ciudad de México, debido a que el Código Penal establece como delito el lenocinio, sin establecer mayor requisito que la obtención de un lucro por parte del lenón, lo que se desprende de la lectura del delito.[14]

La contradicción de normas se da porque la Ley contra la Trata regula el lenocinio de forma más especifica que la legislación penal en la ciudad de México y de forma más liberal, al prever pena únicamente a quien cause un daño a la sexo servidora y no a quien sea mero intermediario, como establece legislación de la Ciudad de México.

A este respecto cabe mencionar que este tipo penal se debe modificar para hacerlo acorde a la Ley contra la Trata, debiendo prever que se actualizara el delito únicamente en el caso de engaños o de que se ejerza la prostitución en contra de la voluntad del sexoservidor.

Finalmente, tocaremos el tema de los sexoservidores que actúan por su cuenta. Recordemos que hay personas que ejercen la prostitución desde la libertad y sin estar vinculadas a ninguna persona que las controle o maneje. Sin duda alguna, estos casos representan un problema, debido a que existe una gran ambigüedad respecto a la prostitución voluntaria y la prostitución forzada o trata.

Por lo anterior es que considero que se debe reglamentar el ejercicio libre de la prostitución y otorgar derechos y obligaciones a las sexoservidoras independientes, incluyendo acceso a la seguridad social y revisiones médicas periódicas.

Debido a la naturaleza del trabajo de la prostitución, los sexoservidores son víctimas constantes de enfermedades de transmisión sexual, por lo que esta práctica debe ser regulada con más efectividad.

El ejercicio de la prostitución libre y voluntaria, como ya vimos, no está prohibida ni permitida, lo que ocasiona diversos problemas, ya que el Estado es ciego, sordo y mudo frente a este fenómeno, lo que provoca que quienes los ejercen carezcan de cualquier tipo de derechos y obligaciones.

Juan Pablo Gutiérrez Rodríguez. Estudiante de la carrera de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Referencias

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Código penal para el distrito federal. (Distrito Federal: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2002).

Cámara de diputados del congreso de la Unión, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Diario Oficial de la Federación, 2012)

Fondevila, Gustavo. Costumbres sociales y moral judicial. n.p.: México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Estudios Jurídicos, ©2009., 2009. Catalogo CIDE, EBSCOhost. (Consultado el 29 de noviembre de 2016).

Lamas, Marta. 2014. «¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin prejuicios1.» Debate Feminista 50, 160-186. ScienceDirect, EBSCOhost (consultado el 29 de noviembre de 2016).

Lousada Arochena, José Fernando. Prostitución y Trabajo: La Legislación Española. AFESIP España. http://pmayobre.webs.uvigo.es/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf.

Redacción. “La historia completa de la esclava sexual más antigua de Sullivan.” El Universal. 27 de octubre de 2016. http://www.eluniversal.com.mx.

Reyes, Samuel Federico. «Trabajo sexual, una aproximación.» Debate Feminista 50, (January 1, 2014): 333-335. ScienceDirect, EBSCOhost (consultado el 29 de noviembre de 2016).

SEGOB. “Elementos de la Trata de Personas.” ultima modificación el 24 de abril de 2014. http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Elementos_de_la_Trata_de_Personas.

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Torres Patiño, Claudia Verónica. “El régimen abolicionista de la prostitución en el contexto mexicano: indefinición e ideología en el no reconocimiento del trabajo sexual.” Tesis licenciatura, CIDE, 2014.

UNODC. “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México.” 2014. http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/swbtrata_Accion/9/DIAGNOSTICO_TRATA_DE_PERSONAS.PDF

[1] Código Penal del Distrito Federal, Título 6º, Capitulo IV, Artículo 188 bis.

[2] Código Penal del Distrito Federal, Título 6º, Capitulo V, Artículo 189 bis.

[3] Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. http://www.diputados.gob.mx

[4] “Elementos de la Trata de Personas”, SEGOB, ultima modificación el 24 de abril de 2014, http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Elementos_de_la_Trata_de_Personas

[5] Claudia Verónica Torres Patiño, “El régimen abolicionista de la prostitución en el contexto mexicano: indefinición e ideología en el no reconocimiento del trabajo sexual” (tesis de licenciatura, CIDE, 2014), 12.

[6] Torres Patiño, “El régimen abolicionista,” 13-5.

[7] Torres Patiño, “El régimen abolicionista,” 15-7.

[8] Torres Patiño, “El régimen abolicionista,” 17-9.

[9] Const. Mex., articulo 5º, primer párrafo.

[10] Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Art. 20, Primer Párrafo.

[11] Cámara de diputados del congreso de la Unión, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Articulo 19, Primer Párrafo.

[12] Tesis: IV.2o.T.91 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, febrero de 2005.

[13] Cámara de diputados del congreso de la Unión, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Articulo 19, Primer Párrafo.

[14] Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Código Penal del Distrito Federal, Título Sexto, Cap. VI, artículo 189.