Paridad de género en los poderes judiciales locales: caso Nuevo León II/II

La ausencia de mujeres en los puestos de relevancia social es una patología de las democracias de este siglo. Los cambios necesarios para lograr una sociedad igualitaria se aceleran cuando las mujeres se incorporan en todos los ámbitos sociales, políticos, culturales o judiciales de forma equilibrada y justa, y especialmente en las altas jerarquías de la judicatura desde donde se toman las decisiones de mayor trascendencia para la ciudadanía.[1]

– Gloria Poyatos Matas (2012)

Parte II: Solución y justificación teórica

A) Introducción

El rol y la participación de las mujeres en México ha sido un tema constante en el nuevo milenio. Históricamente, este colectivo ha sido relegado al ámbito privado, pero ahora cada vez son más en los puestos de poder: partidos políticos, cargos de elección popular y por designación, líderes de opinión, etcétera.

Las mujeres son más visibles en la actualidad, en tanto que se ha constitucionalizado y legalizado la igualdad formal[2], es decir, se les han reconocido derechos; y la idea de esta igualdad formal ha permeado (algo) en el discurso social: hoy se habla más y con mayor naturalidad de los derechos de las mujeres.

No obstante, mayor visibilidad no necesariamente equivale a mayor participación y representación, ya que éstas van más allá que aquélla. Aún no ha cambiado la concepción que se tiene de “la mujer” en el imaginario colectivo, lo que ha significado un estanque del ejercicio de sus derechos. En otros términos, se podría decir que hay igualdad formal pero no sustantiva.

La carencia de igualdad sustantiva, a la que también se le refiere como igualdad real[3], se puede apreciar en todos los ámbitos: intrafamiliar, social, académico, laboral…

El campo jurídico no está exento de esta falta de igualdad real para las mujeres, aun y cuando en los últimos ocho años[4] se ha impregnado la cultura del reconocimiento de y respeto a los derechos humanos en la forma en la que se entiende y estudia el Derecho. Tanto las personas que ejercen la profesión jurídica en el medio privado como las que practican en la esfera pública, están sujetas al status quo, mismo que histórica, social, sistemática e institucionalmente ha sido uno de supremacía masculina.

Específicamente en el ámbito público, se puede analizar el rol y la participación de las mujeres en tres grandes bloques: aquellas dentro del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial[5]. En este texto se aborda el problema de la (falta de) representación de las mujeres únicamente desde la perspectiva del Poder Judicial, por dos razones principales:

i) Es el Poder que aplica el Derecho[6] y, por tanto, quien debe emplear el principio de igualdad formal en los casos concretos para garantizar a la ciudadanía una igualdad real, así como es quien vela por la adecuada protección de los derechos humanos de todas las personas frente a otras personas o frente a los actos de autoridad de cualquier Poder de la Unión o de las entidades federativas o municipios que pueden violentarlos o menoscabarlos. En otras palabras, la autoridad judicial es quien protege a la persona particular de los abusos de otros particulares y de sus gobernantes, mediante la interpretación del Derecho más favorable a los intereses de la persona en estado de indefensión.

ii) Ante un Ejecutivo parsimonioso y sumiso frente a las amenazas extranjeras[7] y domésticas[8], así como un Legislativo complaciente con el Jefe de Estado y comprometido con las carreras políticas personales de sus miembros, el Poder Judicial se ha convertido en el pilar más importante para el sostenimiento y la protección de nuestra democracia, por ser quien vigila el sistema de pesos y contrapesos, la observancia de nuestros derechos humanos, así como el cumplimiento de las normas constitucionales y legales del país. Dicho de otro modo, la persona Juzgadora vigila que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan sus funciones y deberes para con la ciudadanía, y es quien en determinado momento los sanciona si incurren en responsabilidad.

En ese sentido, vale la pena mencionar que en la judicatura, en toda la historia del Poder Judicial de la Federación, las mujeres han estado rezagadas. Este rezago se puede advertir, simple y sencillamente, al observar la composición de nuestro Máximo Tribunal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El hecho de que nuestro Alto Tribunal haya tenido en 195 años –de 1824, año en que se creó la hoy Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 2019– únicamente se hayan tenido 12 Ministras y 0 Ministras Presidentas, así como que la primera Ministra, María Cristina Salmorán[9], fue designada hasta 137 años después de la creación de la SCJN –en 1961– fue nombrada hasta nos muestra la falta de participación –y, por ende, de representación– de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, situación que como ya se demostró en la primera parte de este texto, se reproduce en el caso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJENL).

Como breve paréntesis, se señala que no sólo se necesitan más mujeres en el Poder Judicial. Como dijo el Juez[10] afroamericano Thurgood Marshall tras renunciar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América (SCOTUS), no sería suficiente que el hombre (sic)[11] que lo sucediera fuera de raza negra, sino que fuera “the right black man[12]. En ese sentido, necesitamos más mujeres Juezas, Magistradas y Ministras, pero que sean las mujeres correctas, que luchen por los derechos de ellas y de las demás mujeres. Necesitamos Juezas, Magistradas y Ministras feministas. Tener mujeres en el Poder Judicial que sean machistas, que reproduzcan estereotipos y roles de género, que resuelvan sus casos sin gafas violeta[13], no ayuda a las mujeres, sino que contribuye a fortalecer el sistema cis-heteropatriarcal que las oprime. Las mujeres machistas en el poder se convierten en las faldas del patriarcado[14]. Necesitamos personas, en general, que se pongan las gafas violeta al juzgar; es decir, que juzguen con perspectiva de género. Juzgar sin perspectiva de género provoca graves problemas, tanto jurídicos como socioculturales, aunque éste es un tema de discusión para otro artículo.

Volviendo al tema, éste es un problema multifactorial que no podrá erradicarse atacándolo desde una sola trinchera, pero sí puede asegurarse que una de las formas en la que puede mejorar este panorama es procurando que más mujeres participen en los órganos jurisdiccionales: que tomen decisiones, que juzguen casos. Sólo así puede imaginarse una solución: sin mujeres en la judicatura, no hay forma de que exista justicia para este gremio.

B) Igualdad

La existencia de estereotipos y roles de género ha encasillado y limitado a las mujeres desde que los seres humanos lo son y viven en sociedad. Estos roles y estereotipos persisten hoy en día; ¿qué hacer para cambiarlo?

Se ha construido una revolución que busca rendirle justicia a las mujeres: se llama “feminismo”. Hoy por hoy, la palabra “feminismo” es utilizada en el argot popular como sinónimo de “igualdad”, aunque realmente existen muy divrsos feminismos, en plurar. De acuerdo con Flores Garrido (2011), “una de las pocas cosas en las que todos los feminismos coinciden es que se trata siempre de una teoría crítica. Una teoría que trata de pensar desde los márgenes, de buscar alternativas, de transformar una realidad social que nos enoja e indigna[15]. Todos los feminismos comparten (por lo menos) dos puntos principales:

i) existe un sistema patriarcal que ha vulnerabilizado y oprimido a las mujeres histórica, institucional y sistemáticamente en todos los ámbitos –político, económico, cultural, social, intrafamiliar, etcétera;

ii) se tiene que hacer algo[16] para erradicar esa situación.

A lo que nos referimos en este documento cuando hablamos de feminismo es a un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, sociales y culturales que buscan el empoderamiento de las mujeres para alcanzar la igualdad de género.

En ese sentido, se deben tomar acciones feministas para solucionar el problema de la falta de mujeres en la judicatura, para solucionar que la mayoría se queden como Secretarias, Actuarias o Escribientes, pero apenas puedan aspirar a ser Juezas y no puedan soñar con ser Magistradas. Por ello, es importante tocar el concepto de la “igualdad”.

Básicamente, la igualdad implica que a todas las personas se les reconozcan los mismos derechos y que todas ellas puedan gozar efectivamente de los mismos, sin discriminación alguna. Así, la igualdad tiene dos grandes modalidades: i) la igualdad de iure; y ii) la igualdad de facto.

Por un lado, la igualdad de iure –formal o jurídica, como también se le conoce– puede conceptualizarse como una “promesa de consistencia[17] encaminada a abolir la discriminación y los privilegios.

Gerald Gunther sintetiza este concepto de la siguiente forma: “igualdad ante la ley significa igualdad de trato en igualdad de circunstancias[18]. La igualdad formal se violenta con conductas, actos y omisiones que transgreden normas jurídicas para discriminar directamente a una persona o a un grupo de personas que comparten ciertas características; también se vulnera con la legalización de tratos diferenciados[19]. Empero, como puntualiza Karla Pérez Portilla:

“Este tipo de igualdad tiene su origen en la revolución francesa, en donde la abolición de los privilegios reales y la garantía de igualdad ante la ley eran los objetivos principales. Sin embargo, en sociedades contemporáneas (en países democráticos), esta concepción de la igualdad es muy limitada. La igualdad formal no responde a los problemas contemporáneos relacionados con la desigualdad y sobre todo a sus causas y consecuencias.”[20]

Así, por otro lado, la igualdad de facto –real, sustantiva, sustancial o material, como también se le conoce– consiste en el efectivo goce y ejercicio de los derechos que están formalmente reconocidos, siendo necesario eliminar las barreras que de hecho provocan un goce y ejercicio diferenciados entre las personas. Roberto Pablo Saba menciona que la igualdad material:

Alude al compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho […]la igualdad sustancial revela un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo ante los fenómenos históricos de segregación y marginación.[21]

La igualdad material se ve truncada por obstáculos de hecho, como lo son las discriminaciones directas e indirectas que cometen particulares o autoridades.

Pero, ¿qué son discriminaciones directas e indirectas? Existe discriminación directa si, por razón de género o cualquier otra categoría sospechosa[22], una persona es tratada de una manera menos benigna de lo que otra fue, es o sería tratada en una situación comparable. Ésto último (la situación similar) es clave dentro de la igualdad formal.

Por su lado, existe discriminación indirecta cuando hay disposiciones o procedimientos neutrales que, por esa misma supuesta neutralidad, continúan dejando a ciertas personas (por motivo de cualquier categoría sospechosa) en desventaja particular respecto de otras personas con privilegio (las distinciones por sí mismas no necesariamente son discriminatorias, siempre y cuando estén objetivamente justificadas y los medios elegidos para la realización de dicho objetivo sean adecuados y necesarios)[23].

La Primera Sala de la Suprema Corte ha conceptualizado mejor estas dos modalidades de la igualdad en la tesis jurisprudencial con número de registro 2015678, apuntando que:

[la formal] es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios [y la sustantiva] radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos”.[24]

Ahora bien, la igualdad sustantiva, a su vez, se “subdivide” conceptualmente en igualdad de oportunidades e igualdad de resultados:

“La primera se relaciona con las medidas antidiscriminatorias, pues considera que las personas no cuentan con las mismas oportunidades, por lo que se hace necesario adoptar medidas que tiendan a reducir las brechas de desigualdad. Por su parte, la igualdad de resultado es vista como la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto.”[25]

Así, la igualdad de resultados busca que las personas disfruten de derechos en la realidad en proporciones iguales; se enfoca en la comprobación de los derechos de la ciudadanía y no en la potencialidad de la igualdad jurídica. Por su lado, la igualdad de oportunidades pretende erradicar –o por lo menos reducir– las desigualdades para que las personas puedan acceder en igualdad de circunstancias a las mismas cosas; contrario a la igualdad de resultados, se enfoca en las posibilidades de acceder a ciertas cosas y no en la constatación de resultados.

De forma similar a la relación entre igualdad jurídica y real, la igualdad de resultados y de oportunidades son conceptos interdependientes y complementarios, ya que sin igualdad de oportunidades no hay igualdad en resultados. La igualdad de oportunidades puede conllevar igualdad de resultados; la primera es un paso necesario para lograr la segunda[26].

C) Representación

Del concepto de igualdad de oportunidades surge lo que se conoce como acciones afirmativas o positivas[27]. Una acción afirmativa es una medida temporal que se implementa para tratar de igualar materialmente las diferencias en condiciones políticas, sociales, culturales y económicas entre un grupo vulnerabilizado[28] (las mujeres, en el tema que nos ocupa) y el respectivo grupo privilegiado (los hombres) que existen debido a la discriminación histórica, institucional y sistemática que ha sufrido dicho grupo vulnerabilizado.[29] Es decir, por medio de acciones afirmativas pueden igualarse las oportunidades para los grupos en desventaja particular respecto de grupos privilegiados.

Las acciones positivas toman en consideración la existencia de categorías sospechosas[30], en este caso la del género; en consecuencia, las acciones afirmativas ayudan a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el poder, permitiendo la representación de estas últimas[31]. Aquí es importante hacer un paréntesis para apuntar que, en el caso de los órganos jurisdiccionales, sí puede hablarse de representación, ya que ésta “jurídicamente, es la relación entre una comunidad humana jurídicamente organizada (representada) y una institución (representante)[32].

Tomando como base esta definición, se puede decir que, aun y cuando las(os) Juzgadoras(es) no son electas(os) por el pueblo[33], sí pueden considerarse representantes, puesto que la “comunidad humana jurídicamente organizada” son las(os) justiciables y la “institución representante” es el Poder Judicial. Así, siendo que en este caso se analiza la intersección del género y la judicatura, sí puede hablarse de que “las mujeres” (como colectivo) son las representadas y las Juezas y Magistradas son las representantes de aquellas. Dicho en otros términos, sí puede hablarse de un fenómeno de representación en el Poder Judicial.

Ahora bien, es importante puntualizar que la representación tiene dos dimensiones: la descriptiva y la sustantiva. Por un lado, la representación descriptiva consiste en la similitud de intereses y características físicas, culturales y/o socio-económicas entre las personas representadas y sus representantes; por otro lado, la representación sustantiva consiste en que las representantes efectivamente encaminen sus acciones a defender los intereses de sus representadas[34].

Así, la diferencia principal entre la representación descriptiva y la sustantiva es que en aquélla importa quién es la representante y en ésta importa qué hace esa representante[35]. Los conceptos de acción afirmativa y de representación descriptiva están íntimamente relacionados, puesto que una de las acciones afirmativas que típicamente sirven para garantizar ésta es la cuota de género.

D) Cuotas de género

Una cuota de género es la exigencia de un porcentaje obligatorio y temporal de mujeres para la integración de un determinado organismo. En otras palabras, las cuotas de género:

son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una medida de carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de candidaturas o en listas de resultados electorales, y transitorio, puesto que supone una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada representación de mujeres en los espacios de poder y representación política […]son actualmente el mecanismo por excelencia para promover una participación equitativa de las mujeres y hombres en las instancias de los partidos políticos y del Estado, a las cuales se accede por elecciones. La principal causa de ello es que se ha demostrado efectividad para el aumento de la participación femenina en cargos electivos, como no habían tenido otras maneras de fortalecimiento de la igualdad y equidad de género como la capacitación, la militancia política y las apelaciones a la buena voluntad o a la conciencia de la igualdad. Su carácter de mecanismo obligatorio y transitorio ha permitido por una parte hacer visible la discriminación de género, ya que generalmente se debe demostrar esa extendida situación antes de lograr su aprobación en las leyes electorales y estatutos partidarios. Por otra parte, exige que sus efectos sean evaluados manteniendo de esa manera en la agenda el tema de la participación femenina.”[36]

Al igual que con todas las acciones positivas, las cuotas de género son necesariamente temporales, ya que encuentran su justificación en la realidad desigual y dejan de tener sentido cuando se ha alcanzado una igualdad sustantiva. Las cuotas de género pueden ser paritarias o no paritarias.

Como puede observarse de la cita de Line Barreiro y Clyde Soto (2000), las cuotas de género fueron ideadas para los cargos de elección popular. Particularmente en México, se habían implementado dentro del Poder Legislativo, ya que derivado de la reforma constitucional del día 10 de febrero de 2014 al artículo 41, fracción I, segundo párrafo, de la CPEUM, se impuso la obligación a los partidos políticos de garantizar paridad de género (cuota de 50%) en las candidaturas a senadurías federales y diputaciones federales y locales. En otros países[37], se había extendido la aplicación de cuotas al Poder Ejecutivo, aunque en México no fuera el caso, hasta este mes. El día 06 de junio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que se incorpora el principio de paridad de género para los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las Entidades Federativas y los Municipios y Judicial de la Federación.

Así, todavía no se ha convertido en un tema el establecimiento de cuotas de género en los Poderes Judiciales locales, ni en México ni en el extranjero. Aunque pudiera tomarse la reciente reforma constitucional como una puerta abierta para implementar desde la legislación y acuerdos de los Consejos de la Judicatura Estatales una cuota de género paritaria para ser Juezas(ces) y Magistrados(as).[38]

Pero, ¿qué es mejor? ¿Una cuota paritaria o no paritaria? ¿Cuál es el porcentaje mínimo de mujeres que senecesitan? Varias(os) académicas(os), entre ellas(os) Drude Dahlerup[39] y Rosabeth Moss Kanter[40], han desarrollado la teoría de la masa crítica, fuera del campo de la física. En física nuclear, la masa crítica es la cantidad mínima necesaria para crear una reacción de fisiones en cadena[41]. Este concepto ha emigrado al campo de la sociología feminista, en el que se argumenta que una determinada proporción mujeres (por ejemplo, el 30%) es necesaria para desencadenar una serie de cambios reales al interior de un organismo[42].

Lamentablemente, el porcentaje exacto que constituye la masa crítica no puede determinarse a priori (y menos todavía en forma específica para el Poder Judicial local) éste tiene que encontrarse a base de prueba y error.

Por ello, es preferible ir directo por el ideal (o sea, la paridad) en lugar de conformarse solamente con lo estrictamente necesario (una cuota de 30% aproximadamente). Además, una verdadera igualdad significa, literalmente, 50%-50%, tomando en cuenta que las mujeres constituyen (poco más de) la mitad de la población; un porcentaje menor al 50% no tendría justificación a la luz del principio general de igualdad. Dicho en otros términos, la igualdad ‘a medias’ no es realmente igualdad.

Una integración paritaria del PJENL encuentra su justificación en los conceptos de igualdad de oportunidades, acción afirmativa y representación descriptiva. Para lograr paridad, es necesario implementar acciones positivas, ya que sería imposible pretender alcanzarla únicamente por inercia, siendo que la inercia histórica, sistemática e institucional es y ha sido (y –mientras no se haga algo para cambiarlo– será) excluir a las mujeres.

A pesar de que las cuotas de género ayudan a lograr igualdad mediante la obtención de representación descriptiva para las mujeres, lo cierto es que son una medida limitada precisamente porque no conllevan (necesariamente) representación sustantiva. Sin embargo, aun y cuando se necesitan “mujeres con gafas violeta” juzgandoy no sólo “mujeres”, un paso previo y necesario para obtener lo primero es haber logrado lo segundo. Para poder comenzar a preocuparse por una representación sustantiva, se necesita garantizar previamente una representación descriptiva. Y una cuota de género paritaria, precisamente, logra representación descriptiva.

 

Resumen: no es suficiente que hayan mujeres que funjan como Juezas y Magistradas en el PJENL, lo ideal sería que esas mujeres sean las correctas; sin embargo,debe reconocerse que para lograr integrar el PJENL con mujeres correctas, se necesita primero tener mujeres. Y para tener mujeres en el PJENL se necesitan las cuotas de género.

¿Cómo se materializaría en la práctica una cuota de género paritaria? Al abrirse una vacante para Juez(a) Menor o de Primera Instancia o Magistrado(a), deberá verificarse que exista paridad en la integración total de las titularidades de los Juzgados Menores, Juzgados de Primera Instancia o Magistraturas, según sea el caso. Cuando se advierta que no existe paridad, en el caso de los Juzgados, cuando se elaboren los concursos internos o libres de oposición, el Consejo de la Judicatura del Estado deberá convocar únicamente a mujeres; en el caso de las Magistraturas, el Consejo de la Judicatura del Estado deberá enviar al Congreso del Estado ternas compuestas únicamente por mujeres para que éste realice las designaciones correspondientes.

E) Constitucionalidad de la cuota de género paritaria en el Poder Judicial local

No faltará quien se oponga a la implementación de la política pública propuesta y a la aprobación del Decreto de reformas sugerido, por considerar que estas dos recomendaciones “discriminan a los hombres”; mas esta aseveración no sería suficiente para declarar inconstitucionales estas medidas afirmativas, puesto que superan el test de proporcionalidad (por cierto: no sería necesario que se reformen la CPENL y la LOPJENL puesto que el Consejo de la Judicatura y el Congreso del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrían implementar la paridad de género sin que esté en la ley y sería constitucional, puesto que se basarían en el principio constitucional de igualdad y no discriminación, mismo que sostiene la medida afirmativa sin necesidad de tener un fundamento legal específico, de acuerdo con el test mencionado).

El test de proporcionalidades un examen de constitucionalidad que ha construido la Suprema Corte de México y que tiene como predecesora a la llamada “ley de la ponderación” de Robert Alexy. Este test tiene cuatro fases, explicadas por la SCJN a partir de diversas tesis aisladas[43] que se emitieron con motivo del amparo en revisión 237/2014[44] resuelto por la Primera Sala. Las etapas del test son: i.) finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ii.) idoneidad de la medida, iii.) necesidad de la medida, y iv.) proporcionalidad en sentido estricto o racionalidad.

De esta forma, si la medida analizada supera las cuatro fases, entonces es constitucional; si no, se trata de una medida sin fin constitucionalmente válido, inadecuada, innecesaria y/o desproporcionada y, por lo tanto, inconstitucional. En el caso que nos ocupa, la implementación de una cuota de género paritaria supera el test de proporcionalidad:

i) Finalidad objetiva y constitucionalmente válida.- Lo sería el propósito de garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder a ser nombradas como Juezas y Magistradas, buscando igualar la situación de desventaja particular en la que se encuentran, protegiendo así el derecho a la igualdad de género y la no discriminación (indirecta) de las mujeres. Los fundamentos constitucionales y convencionales de esta finalidad son los artículos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 4, primer párrafo, y 133 de la CPEUM[45], así como los numerales 1, 2, incisos a), d) y f), 3, 4, inciso 1), 5, inciso a), y 7, inciso b), de la CEDAW[46].

ii) Idoneidad de la medida.- Es idónea porque está encaminada a erradicar la exclusión estructural de la que de facto son objeto las mujeres y logran en cierto grado la representación descriptiva, eliminando obstáculos que en la práctica impiden su equilibrada participación como Juzgadoras.

iii) Necesidad de la medida.- Seguramente existen otras medidas[47] que pueden contribuir a la realización del fin legítimo perseguido; no obstante, todas son complementarias y ninguna resolvería el problema por sí sola. Esta propuesta en particular no vulnera los derechos de los hombres, en virtud de que son medidas compensatorias, dadas las barreras que de forma estructural han padecido las mujeres para acceder a los puestos en cuestión. Además, no se imagina otra medida menos “restrictiva” (si es que alguien la considera así) que alcance al mismo nivel el fin perseguido. Por ello, es una medida necesaria.

iv) Proporcionalidad en sentido estricto.- Por un lado, la restricción (si se le puede considerar así) a los derechos de los hombres a concursar y ser designados como Juzgadores del PJENL es mínima, tomando en cuenta la ventaja histórica, sistemática e institucional que tienen con respecto a las mujeres y considerando que, además, seguirían pudiendo concursar y ser designados para la mitad de las vacantes. Por otro lado, el grado de realización del fin legítimo es alto, en virtud de que se garantiza que, por lo menos, haya 50% de los puestos destinados a mujeres, lo que invariablemente causa representación descriptiva. De esta forma, pesa más el nivel de realización de la finalidad constitucional perseguida que el grado (nulo o mínimo) de intervención en la esfera jurídica de los hombres.

En consecuencia, la solución propuesta tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida y es idónea, necesaria y racional, es decir, supera el test de proporcionalidad, por lo que no hay razón suficiente para no implementarla. Y es importante tener paridad en el PJENL porque es una institución fundamental para aplicar el Derecho y hacer justicia a la ciudadanía neoleonesa, siendo indispensable garantizar que dentro de ella se den las condiciones para que las mujeres (más de la mitad de la población[48]) obtengan justicia. Cabe citarse:

“[…] las prácticas, las políticas, la estructura y la organización judiciales, se ejecutan en un contexto social determinado y el conocimiento de su problemática y de las desigualdades que en él se producen, se convierten en factores determinantes para resolver de manera justa o injusta los conflictos, por tal razón, los Poderes Judiciales no pueden permanecer ajenos a los problemas de la población.[49]

El PJENL es cercano, tanto literal como figurativamente, a la ciudadanía neoleonesa, al tener sus Juzgadores(as) cercanía física y contextual con la misma: es decir, se desarrollan y conviven día con día en el lugar donde se llevan a cabo las disputas y conocen el contexto sociocultural de las mismas.

F) Conclusión de la segunda parte

Para poder comenzar a preocuparse por una representación sustantiva, para lograr integrar el PJENL con las mujeres correctas, se necesita primero tener representación descriptiva, es decir, tener mujeres –así, nada más. Y para tener suficientes mujeres en el PJENL se necesita la cuota paritaria, porque si se espera que el asunto se resuelva por inercia (que en toda la historia ha sido excluir mujeres), seguirán siendo excluidas.

La paridad de género en el Poder Judicial local es necesaria porque es una medida constitucionalmente justificada en los principios de igualdad de oportunidades, representación descriptiva y acción afirmativa; y es importante tener paridad en el PJENL debido a su función esencial de resolver problemas de la ciudadanía y en virtud de su cercanía física y contextual con la misma.

Cuando se habla de cuotas de género generalmente salen detractores que argumentan que “no deben haber cuotas de género porque deben llegar los mejores candidatos”; critican a quienes promueven cuotas paritarias por estar en contra de la igualdad y de la meritocracia; cuestionan por qué no se preocupan por que con la cuota paritaria lleguen personas que no son suficientemente capaces para desempeñar el cargo solamente por tener cierto género, lo cual sería injusto.

Y sí, en efecto sería injusto. Totalmente injusto. Pero precisamente por ello es que necesitamos cuotas paritarias, porque debido a la inercia institucional, histórica y sistemática, siempre han llegado personas que no son suficientemente capaces o que no son las mejores para el cargo solamente por su género (o raza y demás categorías sospechosas): siempre han sido hombres cisgénero, heterosexuales y blancos. Las cuotas paritarias buscan combatir justamente eso. Como lo ha señalado Laurie Penny (2017):

Haríamos bien en recordar que durante siglos existió una cuota para la representación de los hombres en la política y la prensa, a veces legalmente impuesta, a veces tan universalmente aceptada que no tenía que ser codificada en la ley. La cuota era del 100 por ciento.[50]

Concretamente, quienes están en contra de las cuotas de género paritarias argumentando que un entorno verdaderamente meritocrático no sería uno en el que las mujeres y los hombres estén representadas(os) en forma igualitaria, realmente piensan que los hombres son natural o fundamentalmente mejores que las mujeres. Nuevamente, como dice Laurie Penny, “Si verdaderamente crees en la meritocracia, debes creer en la diversidad. Cualquier otra postura está basada en prejuicios de lo más insidiosos.[51]

Sin embargo, lo cierto es que –al igual que todas las demás instituciones– el Poder Judicial está politizado. La recomendación aquí vertida para garantizar la paridad en el Poder Judicial local podrá ser constitucional y muy necesaria (en términos prácticos), pero la realidad es que si no existe voluntad política, no va a concretarse.

No se ignora que el panorama político en Nuevo León (si no es que en todo el país) es desfavorable para las mujeres. El Gobernador es conocido por sus dichos misóginos y discriminatorios en general[52], además de que ha sido acusado de violencia familiar[53]; el Legislativo es tacaño con la paridad de género en la legislación electoral[54]; el Poder Judicial tiene suscritos diversos compromisos con la igualdad de género[55], pero se han quedado en el aire.

Sinceramente, no se espera que los Poderes del Estado reciban con brazos abiertos estos comentarios; sobre todo tomando en cuenta que hace poco más de un mes el Consejo de la Judicatura del Estado presentó al Congreso sus cuatro ternas compuestas solamente por hombres.[56] Sin embargo, no por ello debe dejar de intentarse.

Así como están las cosas para las mujeres, la batalla lleva años perdida. Algo puede y debe hacerse para mejorar.

María Santos Villarreal. Abogada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Poyatos Matas, Gloria. Sin mujeres no hay justicia. España, Huffington Post, 2017. Disponible en línea: <http://www.lavozdelanzarote.com/opinion/gloria-poyatos/mujeres-no-justicia/20170118163029113544.html>.

[2] La igualdad formal no es más que la igualdad ante la ley en sentido amplio; ésto es que todas las personas son iguales a los ojos de nuestro sistema jurídico, independientemente de su género. Se ahonda en este concepto más adelante.

[3] En contraposición a la legal, que viene siendo la formal.

[4] Por lo menos; a raíz de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

[5] Tanto a nivel federal, estatal o local y municipal.

[6] Hay un debate doctrinal de si realmente el Poder Judicial crea Derecho o si sólo lo aplica. No es la intención abordar esa problemática en este documento, por no ser un elemento importante en el desarrollo del mismo; pero sí vale la pena mencionar brevemente que es opinión de la suscrita que el Poder Judicial sí crea Derecho, además de aplicarlo, ya que, en ocasiones, las interpretaciones del mismo, a la luz de los principios, terminan por transformar totalmente el significado original. Es de esta forma como, por ejemplo, se han concebido distintos derechos humanos; muchos han sido reconocidos por las autoridades jurisdiccionales antes que por la legislación y la Constitución Política Federal.

[7] Tales como: i.) la pretensión de imponer un muro que violenta derechos de las personas migrantes; y ii.) el insulto directo y sin preámbulos al pueblo mexicano.

[8] Tales como i.) la delincuencia organizada, en específico secuestro, extorsión y trata de blancas; ii.) el narcotráfico; y iii.) la corrupción del funcionariado.

[9] Se desconoce su segundo apellido, ya que se le nombra como Salmorán de Tamayo, por ser Tamayo el apellido de su cónyuge.

[10] Se les dice “Justices”.

[11] Sí, excluía a las mujeres.

[12] Bravo Regidor, Carlos, Vela Barba, Estefanía, et. al. Debate: ¿Por qué no garantizar la paridad de género en la Suprema Corte de Justicia? México, Revista Nexos, 2015. Disponible en línea: <http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4863>.

[13] Referencia al libro El diario violeta de Carlota (2001), de Gemma Lienas.

[14] Referencia al libro No se puede descolonizar sin despatriarcalizar (2013), de María Galindo.

[15] Flores Garrido, Natalia. Feminismos, en plural. América Latina, Portal Distintas Latitudes, 2011. Disponible en línea: <http://distintaslatitudes.net/feminismos-en-plural>.

[16] En este algo es donde comienza a heterogeneizarse el movimiento, a diversificarse.

[17] Pérez Portilla, Karla. Más allá de la igualdad formal: dignidad humana y combate a la desventaja, dentro del libro: Coord. Carpizo, Jorge. Homenaje al Dr. Emilio O. Rabasa, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. p. 656.

[18] Gunther, Gerald. Individual Rights in Constitutional Law. Estados Unidos de América, The Foundation Press, 1992. p. 279.

[19] Es decir, cuando se incorpora en el sistema jurídico alguna disposición normativa que distingue en situaciones iguales o que iguala en situaciones dispares.

[20] Pérez Portilla, Karla. Op. cit. p. 655-674.

[21] Saba, Roberto Pablo. Herramientas para una comprensión amplia de la igualdad sustancial y la no discriminación. México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2011. p. 17.

[22] El concepto de categoría sospechosa comenzó a utilizarse expresamente en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de casos como Atala Riffo e hijas v. Chile, en el que Karen Atala Riffo demandó al Estado de Chile por haberle dado la custodia de sus hijas a su ex-esposo, por considerar que el ambiente de crianza para las niñas era nocivo, al vivir su madre con una pareja del mismo sexo. La CIDH falló a favor de Karen Atala Riffo y sus hijas, por considerar que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile discriminaba a la madre de las niñas con base en la categoría sospechosa de orientación sexual, determinándose así esta categoría porque las minorías sexuales han sido históricamente objeto de un trato discriminatorio, e incluso vejatorio, tanto por parte de los individuos como del Estado.

Así, puede decirse que una categoría sospechosa es un criterio de valoración potencialmente discriminatorio que, a pesar de tener un fuerte componente histórico, institucional, social y cultural, es invariablemente contrario a los principios básicos de derechos humanos, mismos que pueden apreciarse en el artículo 1º de nuestra Carta Magna.

[23] Para determinar ésto, la SCJN ha construido a través de sus sentencias la metodología de un test que sirve para determinar si un trato diferenciado es válido o no, mismo que se aborda más adelante.

[24] Derecho humano a la igualdad jurídica. Diferencias entre sus modalidades conceptuales. Tesis jurisprudencial. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 1a./J.126/2017(10ª). SJF y su Gaceta: Décima Época, Diciembre de 2017. Número de registro: 2015678.

[25] Saba. Op. cit. p. 18.

[26] Ojo: la igualdad de oportunidades no significa que éstas deban ser idénticas para todas las personas en todas las situaciones, sino que deberán ser proporcionales. Ésto puede sonar contradictorio, pero no lo es si se entiende a la igualdad como trato igual a personas en situaciones iguales y trato desigual a personas en situaciones desiguales.

[27] También se le llama discriminación positiva en el argot popular, pero se considera incorrecto el uso de esta terminología, ya que toda discriminación implica un trato perjudicial que tiene por objeto menoscabar derechos; y en el caso de las acciones afirmativas es un trato benigno que tiene por objeto lograr igualdad real. Por ende, las palabras “discriminación” y “positiva” son antónimos, para efectos prácticos.

[28] Se utiliza esta palabra porque se considera que los grupos en situación de vulnerabilidad no son vulnerables, sino que están vulnerabilizados. Ésta es una distinción importante, porque el son viene del ser y el están viene del estar; el ser es inmutable, mientras que el estado es cambiante.

Así, decir que una persona es vulnerable es equivalente a decir que se encuentra en una situación inmutable por ser inherente a su ser, mientras que si se dice que una persona está vulnerabilizada se reconoce que su situación devino de factores externos al ser y, por ende, su situación puede cambiar.

Debe mencionarse que esta idea se obtuvo de una conversación informal con Silvina Ribotta, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, misma que se llevó a cabo el día 4 de noviembre de 2016, en un evento del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

[29] Definición de elaboración propia, tomando como base el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres (2016) de la Secretaría de Gobernación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Instituto Nacional de las Mujeres.

[30] Recapitulando lo mencionado al principio, una categoría sospechosa es un criterio de valoración potencialmente discriminatorio; verbigracia: género, raza, discapacidad, orientación sexual, etcétera.

[31] Las acciones positivas son feministas porque buscan empoderar a las mujeres para garantizar una igualdad real respecto de los hombres.

[32] Arnoletto, Eduardo Jorge. Glosario de conceptos políticos usuales. Argentina, Eumednet, 2007. p. 76.

[33] Ésto, siendo que la elección es un concepto que comúnmente se relaciona de forma íntima con el concepto de representación.

[34] Pero, ¿cuáles son “los intereses de las mujeres”? En el ámbito jurídico-político, podría decirse que, a grandes rasgos, consisten en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento a los derechos laborales de las madres, la configuración de legislación adecuada en materia de abusos sexuales, la erradicación de la revictimización y la cultura de la violación, entre otros temas.

El problema con la definición de “los intereses de las mujeres” es que quizá puede realizarse una aproximación a éstos (como con los ejemplos que en el párrafo anterior se enuncian), pero lo cierto es que “las mujeres” son un colectivo heterogéneo y, por tanto, sus intereses son diversos. No son los mismos intereses los de una mujer migrante indígena que los de una mujer blanca clase-mediera, por ejemplo. Este inconveniente constituye una traba más para  la consecución de la representación sustantiva.

[35] Según Celine Françoise Aramara González Schont, en su tesina de Maestría: De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Análisis de las cuotas de género en los congresos estatales en México (2016).

[36] Barreiro, Line y Soto, Clyde. Cuota de género. Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  2000. p. 1-5.

[37] Verbigracia: en Canadá, el gabinete del Primer Ministro Justin Trudeau está integrado de forma paritaria.

[38] En diciembre de 2017 se propuso esta cuestión para el caso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, aunque la iniciativa de ley fue presentada en el Congreso local hasta mayo de 2019. Sin embargo, se estableció comunicación y coordinación con mujeres de diversas entidades federativas, con el objeto de que se presente una iniciativa en el mismo sentido en las treinta y dos entidades de la República y se garantice que exista igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos jurisdiccionales locales.

[39] Politóloga y profesora danesa-sueca. Es especialista en la intersección de política y género y conocida por aplicar la teoría de la masa crítica a la sociología. Uno de sus libros más conocidos es Women, Quotas, and Politics (2006).

[40] Socióloga, consultora y profesora estadounidense. Conocida por desarrollar la teoría del “tokenismo”, que consiste en la práctica de hacer un esfuerzo superficial para ser incluyente con los miembros de grupos vulnerables, reclutando un pequeño número de personas integrantes de ciertas minorías para dar la apariencia de igualdad racial, de género, etcétera, dentro de un órgano. Uno de sus libros más conocidos es Commitment and Community: Communes and Utopias in Sociological Perspective (1972).

[41] Lederach, John Paul. La imaginación moral. Colombia, Editorial Norma, 2008. p. 140.

[42] Dahlerup, Drude. De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la ‘masa crítica’ aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava. México, Revista Debate Feminista aº4 vº8, 1993. p. 168.

[43] Tesis aisladas de la Primera Sala de la SCJN con números de registro: 2013156, 2013143, 2013152, 2013154 y 2013136.

[44] Desde antes de que se emitieran las tesis aisladas con motivo de este amparo en revisión 237/2014, ya la Corte había emitido diversas tesis en relación con el test de proporcionalidad, entre ellas la tesis jurisprudencial con número de registro 2006585, aprobada por el Pleno en mayo de 2014, así como la tesis aislada número de registro 2004712, aprobada por la Primera Sala en octubre de 2013. Además, el Máximo Tribunal ha resuelto muchos otros casos aplicando el test de proporcionalidad, aunque no se hayan emitido tesis en relación con dichos casos; por ejemplo: amparo en revisión 208/2016 (1ª Sala), amparo directo en revisión 2244/2014 (1ª Sala), amparo directo en revisión 2357/2010 (1ª Sala), amparo en revisión 75/2009 (1ª Sala) y acción de inconstitucionalidad 26/2006 (Pleno) (en estos últimos dos casos no se le llamaba todavía test de proporcionalidad, pero ya se estaba construyendo).

[45] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. P.O. Febrero 05, 1917/Abril 12, 2019.

[46] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. P.O. Septiembre 03, 1981.

[47] Por ejemplo: campañas de sensibilización, cursos de capacitación, elaboración de manuales de uso interno, becas para estudio continuo, facilidades para atender las responsabilidades familiares, otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad justas, etcétera. La creatividad es clave para el diseño de políticas públicas (acciones afirmativas y en general); el límite es la constitucionalidad (la cual que se determinará a través del mismo test de proporcionalidad).

[48] De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal de 2015, elaborada por el INEGI, en Nuevo León habían 5’119,504 de personas a ese año, de las cuales el 50.3% eran mujeres y 49.7% eran hombres.

[49] Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del estado de Nuevo León. Comunicación por la igualdad. México, PJENL, 2013. Disponible en línea: <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/NL/NL_MA15_UIG_PJ_TSJ_2012.pdf>.

[50] Traducción propia de un fragmento del libro “Bitch Doctrine” (2018, 2ª ed., pp. 146) de Laurie Penny.

[51] Traducción propia de un fragmento del libro “Bitch Doctrine” (2018, 2ª ed., pp. 148) de Laurie Penny.

[52]A las niñas gordas no las quiere nadie” (Carrizales, David. ‘El Bronco’: a las niñas gordas nadie las quiere. México, El Universal, 2016. Disponible en línea: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/14/el-bronco-las-ninas-gordas-nadie-las-quiere>.); “los indígenas son flojos” (Félix, Victoria. Exigen a Gobernador de NL no discriminar a indígenas. México, Grupo Milenio, 2017. Disponible en línea: <http://www.milenio.com/region/el_bronco-indigenas-discriminacion-conapred-milenio-noticias-monterrey_0_1042095966.html>.); “[los matrimonios entre personas del mismo sexo] son zonceras” (Daen, Arturo. Gobernador de Nuevo León rechaza matrimonios igualitarios, los califica como zonceras. México, Animal Político, 2017. Disponible en línea: <http://www.animalpolitico.com/2017/05/matrimonios-igualitarios-zonceras/>.).

[53] García, Luis. ‘El Bronco’ miente; a mí me golpeaba: ex esposa. México, Grupo Milenio, 2015. Disponible en línea: <http://www.milenio.com/monterrey/El_Bronco-Jaime_Rodriguez_Calderon-ex_esposa_el_Bronco-Bronco_golpea_ex_esposa_0_509349103.html>.

[54] García Martínez, Anayeli. Se resiste Congreso de Nuevo León a aceptar paridad horizontal. México, CIMAC Noticias, 2017. Disponible en línea: <http://cimacnoticias.com.mx/etiqueta/congreso-de-nuevo-le-n>.

[55] Tales como el “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”y la “Declaración Cancún”.

[56] Félix, Victoria. Ligados a partidos se cuelan en ternas para magistrados. Milenio Diario, Milenio.com, 2019. Disponible en línea: <https://www.milenio.com/politica/elegidos-ternas-magistrados-personas-ligadas-partidos>.

Paridad de género en los poderes judiciales locales: caso Nuevo León I/II

 Siempre que me preguntan cuándo habrán suficientes mujeres [en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América] y respondo “cuando hayan nueve[1]”, la gente se sorprende. Pero han habido nueve hombres y nadie lo ha cuestionado.[2]

– Ruth Bader Ginsburg (2012)

Parte I: Datos duros

A) Introducción

El techo de cristal continúa siendo inquebrantable para las mujeres en casi todos los sectores profesionales; sobre todo en las cúpulas de los poderíos desde los cuales se toman las decisiones que mueven el mundo.

Dentro del campo jurídico, los Poderes Judiciales son el ejemplo por antonomasia[3] de la opresión en el ámbito profesional que padecen las mujeres, quienes llegan con dedicación y esfuerzo, pero se quedan ancladas a la base. Así, el Poder Judicial no es otra cosa que “[u]na estampa judicial en blanco y negro propia de otros siglos en los que las mujeres tenían menos derechos que nuestros menores de hoy”[4].

La (falta de) representación de las mujeres en el ámbito público es un fenómeno innegable que repercute en la perpetuación de la desigualdad de género.

Específicamente en la judicatura mexicana, las mujeres han estado siempre excluidas de participar como Juzgadoras, tanto en el Poder Judicial de la Federación como en los de las entidades federativas.

En este texto se aborda específicamente la problemática de la falta de mujeres Juzgadoras dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJENL). Este tema trasciende en la praxis, porque se necesitan mujeres en la judicatura para que haya justicia para las mujeres.[5]

De ese modo, la paridad de género en el PJENL es un asunto de envergadura porque no sólo protege y beneficia a las mujeres Juzgadoras, sino que también favorece a las justiciables. En pocas palabras: más mujeres, más justicia.

B) Evidencia numérica

Se dice popularmente que “los datos hablan por sí solos”. No siempre es el caso; por lo menos en éste no lo es. Los datos que se presentan a continuación reflejan que, si bien en algunos puestos del PJENL sí existe una disparidad de género evidente, en la mayoría de ellos y en conjunto, hay más mujeres que hombres dentro de este órgano. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que si nos metemos al desglose de los datos, sí hay más mujeres en el PJENL que hombres, pero están como personal de apoyo, no como Juzgadoras.

Por ello, es importante en este caso particular de análisis tener en cuenta el contexto (el organigrama) para entender el significado de las cifras. De conformidad con los artículos 1º y 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (LOPJENL), el PJENL se conforma de la siguiente forma[6]:

i)   Tribunal Superior de Justicia (TSJ);

ii)   Juzgados de Primera Instancia; y

iii) Juzgados Menores.

El TSJ funciona en Pleno o en Salas, tanto Colegiadas como Unitarias. Las Salas Unitarias las preside, como su nombre lo indica, una sola Magistrada o Magistrado. A su vez, las Magistradas y Magistrados de tres Salas Unitarias constituyen una Sala Colegiada (aunque no todas las Salas Unitarias conforman una Colegiada)[7]. Todos los Magistrados y Magistradas de Salas, en conjunto con el Presidente(a) que no integra Sala, conforman el Pleno del Tribunal.

La competencia del Pleno y de las Salas Unitaria[8] y Colegiadas la determina la misma LOPJENL, con base en la materia de los asuntos. Por mencionar algunas de sus atribuciones, le corresponde al Pleno conocer de las acciones de inconstitucionalidad y controversias de inconstitucionalidad[9] locales, resolver contradicciones de tesis entre sus Salas y conocer de la responsabilidad de servidores(as) públicos(as)[10]. A las Salas les corresponde, entre otras cosas, fungir como tribunal de segunda instancia en los negocios del orden civil, familiar, penal, de adolescentes infractores(as) y de jurisdicción concurrente que hayan sido resueltos en primera instancia.

Imagen 1. Organigrama del TSJ de Nuevo León.

 

En cuanto a los Juzgados, éstos se dividen por Distrito Judicial, cuantía y materia (familiar, civil, penal, de adolescentes infractores(as) y de jurisdicción concurrente).

Además de las autoridades juzgadoras, el PJENL se conforma por el personal que apoya en las laborales jurídicas. De acuerdo con el artículo 125 de la LOPJENL, el ingreso, formación, permanencia, promoción, especialización, evaluación y reconocimiento del funcionariado del PJENL se da en el contexto de un sistema de carrera judicial[11]. Así, se ofrece una pirámide sencilla que ilustra los peldaños de la “escalera” o carrera judicial, con base en lo que dispone el artículo 126 de la LOPJENL:

Imagen 2. Niveles de puestos dentro del PJENL.

 

Cada Juzgado, Sala Unitaria y Colegiada, así como el Pleno del TSJ, tiene sus propios(as) Secretarios(as), Actuarios(as) y Escribientes, ya que los numerales 16, 27, 41 y 52 de la LOPJENL dispone que pueden contar con el personal que consideren necesario.

En cuanto a las funciones del personal que apoya en labores jurídicas, un Secretario(a), entre otras cosas, asiste a las sesiones, prepara los acuerdos de trámite y autoriza copias certificadas[12]; los(as) Actuarios(as) realizan notificaciones personales y practican los inventarios, embargos, requerimientos, secuestros y demás diligencias que se les encomienden; los(as) Escribientes, básicamente, transcriben oficios, acuerdos y sentencias.

Ahora que ha quedado más o menos clara la organización del PJENL, así como la jerarquía de puestos en la carrera judicial, resulta oportuno exponer los datos que reflejan cómo se vive la disparidad dentro del mismo.

Los datos más recientes a los que se tienen acceso son de octubre de 2017[13]. Primeramente, se tiene que el total de personal que realiza labores jurídicas (tanto jurisdiccionales como de apoyo) es de 1,119 personas, de las cuales 529 son hombres y 590 son mujeres, es decir, el 52.73% son mujeres.

Imagen 3. Proporción de mujeres y hombres como personal que realiza labores jurídicas (jurisdiccionales y no jurisdiccionales) en el PJENL (2017).

Esta cifra parece indicar que no sólo existe paridad de género[14], sino que hay ligeramente más mujeres que hombres en el PJENL. No obstante, si se deshilvana la cifra anterior por puestos, se evidencia que realmente no hay tal cosa como la paridad en los Juzgados y las Magistraturas (y son los puestos jurisdiccionales los que a esta Iniciativa ocupan).

Así, segmentando la cifra general de personal total que realiza labores jurídicas dentro del PJENL, se tiene que de las personas que realizan labores jurídicas no jurisdiccionales, una ligera mayoría son mujeres, pero de las personas que realizan labores jurisdiccionales, una mayoría considerable son hombres:

Imagen 4. Proporción de mujeres y hombres realizando labores jurídicas no jurisdiccionales (2017).

Imagen 5. Proporción de mujeres y hombres realizando labores jurisdiccionales (2017).

Por un lado, de las personas que realizan labores jurisdiccionales, se tiene que 12 hombres son Magistrados del TSJ, mientras que únicamente 3 mujeres son Magistradas; o sea, sólo el 20% son mujeres[15].

Imagen 6. Proporción de Magistrados y Magistradas (2017).

En los Juzgados de Primera Instancia, hay 42 Juezas y 69 Jueces, representando así aquellas el 37.84% en esa categoría[16]; en la categoría de los Juzgados Menores, hay más mujeres: 5 mujeres son Juezas Menores, mientras que 4 hombres lo son[17].

Imagen 7. Proporción de Jueces y Juezas de Primera Instancia (2017).

Imagen 8. Proporción de Jueces y Juezas Menores (2017).

Por otro lado, en cuanto al personal que realiza labores jurídicas no jurisdiccionales en el PJENL, se tiene que, en la categoría de Secretarías de la Presidencia del TSJ, hay dos mujeres y ningún hombre[18], y la Secretaría General de Acuerdos del Pleno del TSJ, la ocupa un hombre[19].

Imagen 9. Proporción de Secretarios y Secretarias de Presidencia del TSJ (2017).

 

Imagen 10. Secretaría General de Acuerdos del Pleno del TSJ (2017).

 

 

En la categoría de las Secretarías de Acuerdos de Salas Colegiadas del TSJ, se tiene a un hombre y a tres mujeres[20], mientras que en las Secretarías de Salas Unitarias hay 66 hombres y 61 mujeres[21].

Imagen 11. Proporción de Secretarios y Secretarias de Acuerdos de Sala Colegiada del TSJ (2017).

 

Imagen 12. Proporción de Secretarios y Secretarias de Sala Unitaria del TSJ (2017).

 

En las Secretarías en los Juzgados de Primera Instancia, 100 son mujeres y 82 son hombres; siendo así el 54.94% de esas Secretarías ocupadas por mujeres[22].

Imagen 13. Proporción de Secretarios(as) de Juzgados de Primera Instancia (2017).

En los Juzgados Menores, hay 16 Secretarias y 12 Secretarios; o sea, el 57.14% de las Secretarías Menores tienen de titulares a mujeres[23].

Imagen 14. Proporción de Secretarios y Secretarias de Juzgados Menores (2017).

De los datos anteriores, se obtiene que de las Secretarías de todo el PJENL, en general, 52.91% son ocupadas por mujeres y el 47.09% restante son ocupadas por hombres.

Imagen 15. Proporción de Secretarios y Secretarias en el PJENL (2017).

Ahora bien, en las Actuarías, se tienen a 72 mujeres y 133 hombres, ocupando las mujeres el 35.12% de esos puestos; y, por último, en el puesto de Escribiente, se tenían a 289 mujeres y 161 hombres, siendo aquellas el 64.22% en esta categoría[24].

Imagen 16. Proporción de mujeres y hombres como Actuarias o Actuarios (2017).

Imagen 17. Proporción de mujeres y hombres como Escribientes (2017).

C) Conclusión de la primera parte

Todos los datos anteriores reflejan que sí, efectivamente, hay muchas mujeres –incluso más que hombres– realizando labores jurídicas en el Poder Judicial de la entidad.

Sin embargo, a pesar de ello, no hay paridad de género como tal, puesto que las (muchas) mujeres que trabajan en el PJENL[25]:

i.) no lo hacen como Juzgadoras, sino como Escribientes, en un primer lugar (64.22% de Escribientes son mujeres), Secretarias, en segundo lugar (52.91% de las Secretarías son ocupadas por mujeres), y Actuarias, en un tercer lugar (35.12% de las Actuarías son ocupadas por mujeres); y

ii.) las que sí son Juzgadoras, son más titulares de Juzgados Menores (el único rubro de labor jurisdiccional donde hay más de la mitad de mujeres: 55%, ya que son 5 de 9) que de Juzgados de Primera Instancia (donde el porcentaje se reduce a 37.84%, al ser 42 de 111) y son todavía menos Magistradas (aquí la proporción baja a un 20%, al ser 3 de 15).

Las cifras de este apartado demuestran que no existe paridad en los puestos que ejercen labores jurisdiccionales en el PJENL, puesto que la mayoría de las mujeres que son parte del personal que realiza tareas jurídicas no son Juezas ni Magistradas (están destinadas a ser siempre Escribientes, Actuarias o Secretarias), además de que las que sí son Juzgadoras, son más Juezas Menores (el puesto jurisdiccional de menor jerarquía en el Estado) y su porcentaje de participación se reduce conforme aumenta el nivel del cargo jurisdiccional. Ello evidencia un problema de disparidad de género: no existen suficientes mujeres juzgando dentro del PJENL.

Pero, ¿por qué se considera un problema? ¿Por qué se necesita paridad de género en la judicatura local? ¿Cómo se soluciona este problema y cómo se justifica la solución? En la segunda parte de este texto, se da respuesta desde la teoría a las interrogantes anteriores.

María Santos Villarreal. Abogada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

___________________________________

[1] Contexto: en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América hay nueve “Justices”, o Jueces(zas) –en México hay once.

[2] Ruth Bader Ginsburg fue Jueza (“Justice”, en inglés) de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América de 1980 a 1993. (Traducción propia de la entrevista original, transcrita parcialmente en la página de internet: <http://washington.cbslocal.com/2012/11/27/ginsburg-wants-to-see-all-female-supreme-court/>).

[3] Junto con los Colegios, tales como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (sic) de México, A.C. y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (sic), A.C.

[4] Poyatos Matas, Gloria. Sin mujeres no hay justicia. España, Huffington Post, 2017. Disponible en línea: <http://www.lavozdelanzarote.com/opinion/gloria-poyatos/mujeres-no-justicia/20170118163029113544.html>.

[5] Se ahondará en esta afirmación en la segunda parte de este texto.

[6] Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. P.O. Febrero 8, 1999/Mayo 16, 2016.

[7] Ídem.

[8] Cabe mencionarse que actualmente no existe una Sexta Sala Unitaria, ya que en fecha 27 de mayo de 2016 ésta (que era de la materia Penal), concluyó sus funciones, así como también la Quinta Sala Colegiada Penal. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 4/2016 del Pleno del TSJ.

[9] La Constitución Política local, en su artículo 96, fracción I, le otorga el nombre de “controversia de inconstitucionalidad” a la figura que en el ámbito federal se le conoce como “controversia constitucional”, regulada en el numeral 105, fracción I, de la CPEUM y en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de dicho artículo constitucional.

[10] Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. P.O. Diciembre 16, 1917/Abril 26, 2017.

[11] Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Op. cit.

[12] Hay Primer(a) Secretario(a), Auxiliares, etcétera; pero aquí se aborda el tema en forma general.

[13] Datos obtenidos a partir de la respuesta que dio la Coordinación de Recursos Humanos del PJENL a la solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx), misma solicitud que se registró con el número de folio 01266417 y que la autoridad respondió en fecha 26 de octubre de 2017. Tanto el folio de la solicitud, como los documentos de respuesta que proporcionó la autoridad, se anexan a este documento en el Apéndice.

Además, en fecha 26 de octubre de 2017, se solicitó a los correos institucionales jose.gaytan@pjenl.gob.mx y rechumanos@pjenl.gob.mx una precisión de la información obtenida a través de la PNT referida en el párrafo anterior. El correo enviado, así como su respectiva respuesta de fecha 1 de noviembre de 2017, también se anexan al presente trabajo en el Apéndice.

[14] En esta ocasión, se utiliza la expresión de “paridad de género” simplemente como sinónimo de que hay mitad de mujeres y mitad de hombres. Más adelante se aborda este concepto como una acción afirmativa.

[15] Ídem.

[16] Ídem.

[17] Ídem.

[18] Ídem.

[19] Ídem.

[20] Ídem.

[21] Ídem.

[22] Ídem.

[23] Ídem.

[24] Ídem.

[25] Al mes de octubre de 2017.