¿Grupos terroristas mexicanos? Algunas consecuencias jurídicas

Las declaraciones públicas del presidente Donald J. Trump en torno a que los cárteles mexicanos deben ser catalogados como grupos terroristas, disparó los focos rojos del otro lado del río Bravo. En especulaciones de prensa y primeras declaraciones de la cancillería mexicana, flota la idea de que México pueda ser intervenido militarmente, así como la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense que vulneraría la soberanía nacional. No obstante, tal escenario no es jurídicamente posible sin violar el derecho internacional.

Al margen de las motivaciones del presidente norteamericano, la legislación estadounidense ha evolucionado con motivo de los ataques del 11 de septiembre de 2001, desde la Patriot act hasta las referencias federales, que sostienen que pueden coexistir el terrorismo internacional y el doméstico, que implica:

…actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que son violaciones a las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado, destinados a intimidar o coaccionar a la población civil, influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coerción o afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato, secuestro y que ocurren dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.[1]

Por su parte, la legislación mexicana recoge un régimen especial diferenciado como: i) terrorismo y ii) terrorismo Internacional[2]; además encuentra regulación en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada[3] y es considerado como una amenaza a la seguridad nacional[4]; de igual forma, se trata de un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Desde el punto de vista de la doctrina penal, un acto terrorista tiene muchas modalidades[5], pero se actualiza cuando una persona o grupo de personas, usa armas de fuego y realiza intencionalmente actos en contra de la integridad física o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome cierta determinación.

En segundo lugar, tanto México como los Estados Unidos son parte de instrumentos internacionales que combaten el fenómeno terrorista[6]; las Naciones Unidas cuentan con un catálogo de casi una veintena de instrumentos que versan con el tema, además de las resoluciones del Consejo de Seguridad que son vinculantes. Así, el terrorismo consiste en delitos que involucran actos de secuestro y sabotaje a aeronaves, la seguridad de la navegación marítima, toma de rehenes o el uso ilegal de material nuclear; en general, el delito de terrorismo es un acto que causa la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo[7].

Entonces, un elemento esencial consiste en que los actos terroristas se den “en una situación de conflicto armado”. Irónicamente, en este sentido, Estados Unidos ha planteado reservas e interpretaciones[8] en el sentido de que no debe entenderse por actos terroristas los disturbios internos o tensiones, actos de violencia aislados y esporádicos o de naturaleza similar; mientras que México se reserva su jurisdicción sobre actos vinculados con terrorismo si son cometidos contra mexicanos en territorios de un tercer estado; es decir, la situación inversa a la planteada por el presidente Trump.

Una cuestión interesante a considerar es que las organizaciones de delincuencia organizada no encajan en la tipología de las organizaciones terroristas[9], en las que mundiamente se conocen por ser de naturaleza: i) política, ii) de causas únicas, iii) de Estado o iv) religiosa -aunque las organizaciones delincuenciales pueden colaborar con éstas. Por lo que hace a la identificación de personas y entidades, el Consejo de Seguridad[10] se ha encargado de elaborar una lista que se conoce como: “lista consolidada” y se integra por personas físicas y morales.

A nivel internacional, se considera que las leyes que serán aplicables obedecen al principio Lex loci delicti commissi, es decir, los delitos de terrorismo habrán de investigarse y juzgarse bajo las leyes del lugar en donde se cometió y sólo será opcional la jurisdicción basada en la protección de los nacionales y de los intereses nacionales de terceros países, por ejemplo, en la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas se reconoce la jurisdicción del Estado de la víctima, cuando el delito se cometa en contra de un jefe de Estado o un representante, funcionario con personalidad oficial o agente de una organización intergubernamental.

En contraste, el combate al terrorismo siempre debe partir de la base de la cooperación internacional; Mexico ha tomado pasos sólidos cuando se trata de combatir su financiamiento. Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte interpretó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el sentido de que el bloqueo de cuentas bancarias debía ser leído de manera que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede llevar a cabo tal medida cuando se trate de procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, incluyendo el combate al terrorismo o la delincuencia organizada transnacional[11].

En conclusión, México como país soberano no tiene que dar cuentas a los Estados Unidos de América sobre el combate a grupos terroristas en el ámbito interno, si es que el gobierno del país vecino decidiera considerar a grupos de delincuencia organizada como tales. Lo que sí debemos reparar es en las obligaciones internacionales que nos exigen una actuación seria y diligente para combatir eventos delictivos que comienzan a tener efectos no solo en territorio nacional. La responsabilidad internacional de México tanto en el combate a los (eventuales) actos terroristas, como aquellos delitos de alto impacto realizados por la delincuencia organizada, deben sancionarse bajo nuestras leyes e instituciones.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

________________________

[1] U.S Code, Title 18, “Crimes and Criminal Procedure», Chapter 113 B- Terrorism, Sec. 2331-2339D.

[2] Artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal.

[3] Artículo 2 fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

[4] Artículo 5, fracción II de la Ley de Seguridad Nacional.

[5] Entre los medios materiales utilizados se encuentran: sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, incendio, inundación o por cualquier otro medio violento.

[6] Por ejemplo: La Convención Internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo, ratificado por USA el 26 de Junio de 2002 y ratificado por México el 20 de Enero de 2003; también la Convención Internacional sobre la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ratificado por México el 27 de Junio de 2006 y por USA el 30 de Septiembre de 2015.

[7] Artículo 2, numeral 1, inciso b) de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

[8] Véase: United Nations Treaty Collection, Chapter XVIII, Penal Matters, “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”, consultable en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&clang=_en#EndDec

[9] Buscaglia Eduardo, La capacidad de México en su combate a la Financiación del Terrorismo, en “Terrorismo y Delincuencia Organizada: Un Enfoque de Derecho y Economía”, Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia, Coords, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006,

[10] United Nations, Security Council, S/RES/1267 (1999), Resolution 1267(1999), Adopted by the Security Council at its 4051st meeting on 15 October 1999.

[11] Véanse los criterios jurisprudenciales: 2a./J. 87/2019 (10a.), de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.” Así como la diversa: 2a./J. 46 /2018 (10a.), de rubro: “ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).”

La renuncia constitucional de los ministros de la Suprema Corte

¿Puede renunciar a su cargo un ministro de la Suprema Corte? Técnicamente, sí. ¿Es válido aceptar la renuncia por cualquier causa? Teóricamente, no. El pasado 3 de octubre, el todavía ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde 2015. Hecho que más tarde se confirmó por parte del Senador Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter, en el sentido de que el presidente López Obrador había aceptado dicha renuncia.

Ahora, ¿qué pasos se deben dar para que tal renuncia constitucional tenga plenos efectos? ¿Cómo se reglamenta la renuncia de un ministro de la Suprema Corte? Hasta el momento poco se sabe sobre tan delicado procedimiento, pero el artículo 98, párrafo tercero, de la Constitución condiciona las renuncias a una calificación sustantiva, pues sólo procederán por causas graves, serán sometidas al ejecutivo federal y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Tal redacción obedece a una colaboración entre poderes de la Unión que se construyó en la reforma constitucional de agosto de 1996; en aquella reforma, el poder constituyente incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y adicionó los actuales párrafos tercero y cuarto del artículo 98 constitucional. Sin embargo, poco o nada se mencionó sobre el cambio de la estructura en el procedimiento de renuncia de los ministros, en donde se incorporó la aceptación por parte del poder ejecutivo federal para que posteriormente sea aprobada por el Senado.

Si se indaga en los textos históricos, la Constitución, original de 5 de Febrero de 1917, contenía una fórmula distinta, pues, la renuncia se encontraba en el artículo 99[[i]], también se mencionaba que ésta sólo procedía por causa grave, pero debía ser presentada y calificada ante el Congreso de la Unión y, en los recesos de ésta última, ante la Comisión Permanente. De tal manera que la aceptación de la renuncia correspondía al Congreso de la Unión en su conjunto (de composición bicameral) y no contemplaba la participación del presidente de la República.

Es curioso mencionar que la Constitución de 1857 también dispuso un proceder similar en su artículo 95, pues la causa grave debía ser “calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia”. Ésta redacción cambió el texto de la primera Constitución de 1824, en donde el artículo 126 establecía que además de ser vitalicios, los ministros sólo podrían ser removidos con arreglo a las leyes[[ii]]. Esto implicaba que, desde el primer texto constitucional del Estado mexicano, se exigía al menos una reserva de ley en el procedimiento de renuncia, al que más tarde se le incorporó el control político por parte del Congreso de la Unión, no del presidente de la República. ¿Cuál fue la razón para que se calificara la renuncia por parte de un órgano político colegiado? Quizás, la de evitar la intromisión y presiones del poder ejecutivo federal.

Entonces, para dar sentido a un acto de renuncia constitucional, ante la falta de una ley reglamentaria y con escasos antecedentes, el Senado de la República en su calidad de elector de un ministro, debe aplicar un procedimiento “reversible” del artículo 76, fracción VIII, en relación con el numeral 96 y el 98 párrafo tercero de la Constitución, pues la renuncia no funciona en automático.

La metodología reversible sería la siguiente. Una vez que se sometió a consideración del presidente de la República la renuncia de un Ministro y éste la ha aceptado, debe enviarla al Senado, el cual tendrá un plazo improrrogable de treinta días para pronunciarse, por lo que tampoco sería adecuado hacer una calificativa fast-track, las causas deben estudiarse. En segundo lugar, la sesión en la que se califique y, en su caso, se acepte la renuncia, debería tomarse por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes; también debe considerarse dar vista o audiencia al funcionario interesado bajo parámetros internacionales. Esto, pues, aunque la Constitución no lo menciona, para una eventual renuncia calificada, la separación de un cargo debe obedecer a las causales permitidas, además de que todo proceso jurídico o político seguido en contra de juzgadores constitucionales deberá resolverse mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley[[iii]].

Así, la decisión del Senado se ajustará a la fracción VIII del artículo 76, en la que sólo caben dos opciones: se otorga la renuncia o se niega la renuncia. En el escenario en donde se otorga la renuncia, el cargo de ministro queda vacante para los efectos de los artículos 95 y 96 de la Constitución. Lo curioso es que nada se dice sobre la negativa de renuncia, pues, implícitamente se entendería como una especie de “ratificación” en el cargo, cuando no se reúne la calificativa de gravedad y, en consecuencia, no habría lugar a aceptarla –sobra mencionar que no tenemos precedentes sobre ésta última hipótesis-.

Ahora, habrá quien considere que la causa grave tampoco tiene que ver con temas del Estado mexicano, que no es simplemente una coyuntura política o ataques personales, sino que también podrían abarcarse consideraciones subjetivas y/o personales como el tratamiento de una enfermedad o la atención de temas familiares, la Constitución es omisa ante situaciones como éstas pero tampoco pueden ser descartadas.

A manera de conclusión, tenemos que decir que una causa grave, en términos jurídicos, tiene que encontrarse probada de manera solida y no especularse con ella. Lo exige la Constitución y lo refrendan los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano; cierto es, que estamos en terreno nebuloso cuando la Constitución menciona las causas graves a diestra y siniestra, pero para determinados cargos se remite a las leyes[[iv]]. En cambio, en el caso de los ministros no resulta tan simple, por lo que se abre un ámbito de discrecionalidad por parte del Senado para desentrañar lo que ello significa, en consecuencia, su actuación deberá ser sumamente cuidadosa para acreditar si se surten o no las hipótesis que la Constitución exige.

Quizás es tiempo de que el Estado mexicano cuente con una legislación muy especializada que abarque este delicado tema. Lo que los ciudadanos necesitamos, para el bien de nuestras instituciones y de la democracia, es certeza jurídica; de forma tal, que en casos tan delicados como las renuncias de ministros de la Suprema Corte o del presidente de la República[[v]], sean las razones de orden constitucional las que primen.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

___________________________________________

[i] Art. 99.- El cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo es renunciable por causa grave, celificada (sic) por el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la Comisión Permanente.

[ii] “Artículo 126.- Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia, serán perpétuos en este destino, y solo podrán ser removidos con arreglo a las leyes”.

[iii] Corte IDH, Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373, párrafo: 69.

[iv] Por ejemplo, para el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el Fiscal General de la República, o los Magistrados Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

[v]“Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.”

Sobre la cultura de la legalidad

“Entonces creí de mi deber de hacer cumplir la ley…”

Apuntes para mis hijos

Benito Pablo Juárez García

 

¿La mayoría de los mexicanos cumplimos las leyes? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para mantener un nivel civilizatorio en el respeto de las reglas? La idea, noción o principio sobre el Estado de derecho y la cultura de la legalidad tienen que dejar de verse como algo complejo, con el fin de evitar su manipulación política. En un Estado de derecho todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual[i]; pero, sobre todo, permean y son aceptadadas en su significado social y cultural.

Existe literatura[ii] e información que sostiene que México es un país de leyes en la forma, pero con enormes niveles de impunidad e ineficacia para aplicarlas o, peor aún, para entenderlas. El cumplimiento es difícil y depende del grado o nivel de conveniencia social; por tanto, el hecho de que existan más de 3,000 leyes, reglamentos y bandos de gobierno a nivel federal, estatal, municipal y de alcaldías, no incentiva o disuade a la población a respetarlas o violentarlas; así, se antoja quimérico que la sociedad mexicana pueda dar cuenta del viejo aforismo: “La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

El tema de la cultura de la legalidad es frontera entre la sociología, el derecho, la ciencia política, la pedagogía e, inclusive, la psicología, por ende interdisciplinario; opera de manera transversal a los ámbitos democráticos e institucionales. En México su instrumentación es mínima, no es obligatoria y, por ello, no es tomada con la seriedad que requiere, porque a su vez, es considerada como un tema de “élites” o de “expertos”; cuando en realidad, el desprecio histórico por las reglas se encuentra muy arraigado en nuestra sociedad y ya forma parte de la cotidianeidad.

Algunos ejemplos: ante la pregunta expresa sobre ¿por qué respeta y obedece las leyes[iii]? Sólo un 38% de la población mexicana considera que las respeta porque nos benefician a todos; en contraste, un estimado de 37.2% sostiene que lo hace para no ser criticado por los demás, para evitar daños a su familia y amistades o, bien, para evitar castigos. Un 22.9% adujo que cumplía las leyes porque es un deber moral; este último porcentaje agrega un componente subjetivo, pues es probable que muchos ciudadanos sólo cumplan las reglas si lo consideran bueno en su fuero interno y, por tanto, en caso contrario, se justificaría su incumplimiento. A nivel internacional tampoco nos va muy bien, porque México se encuentra en el lugar 99 del Índice Global de Estado de Derecho[iv] y a nivel regional en el puesto 26 de 30, tomando en cuenta que el índice mide cuestiones como el orden y la seguridad, en los que nuestra nación aparece en el penúltimo lugar en el continente y a nivel planetario en el puesto 117 de 126.

Así, cuando hablamos de cultura de legalidad, nos referimos a todas aquellas medidas adoptadas por un gobierno nacional de carácter preventivo, en las que se fomenta el conocimiento de los derechos y libertades de la población. Pero, además, se explica cuáles son las obligaciones que tenemos y las formas de hacer armónicos los derechos con las obligaciones, cuáles son las atribuciones, funciones y límites de todas las autoridades y la comprensión legítima para respetar y hacer cumplir tanto derechos como obligaciones; el ámbito de participación del Estado es fundamental, pues tal cultura debe enseñarse, difundirse y concientizarse por la población a través sus diversas dependencias y favoreciendo un enfoque educativo; por lo tanto, una cultura de la legalidad se convierte en un estímulo muy poderoso de estabilidad y evolución social.

Una vez diagnosticado el problema, ¿qué puede hacer el Estado mexicano? El actual proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio 2019-2024, tan sólo realiza una mención en la vertiente institucional, pues de forma retórica sostiene que: “todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país”[v]; lo que nos parece insuficiente ante la tarea titánica de consolidar la importancia de la cultura de la legalidad en la población mexicana.

En contraste, las Naciones Unidas cuentan con un modelo de indicadores sobre Estado de derecho y cultura de la legalidad, de más de 135 criterios para el análisis de instituciones como la policía, el poder judicial, la administración de justicia o el sistema penitenciario[vi]; adicionalmente, la semilla del cambio social-transversal quizás debería comenzar por una reforma en el sistema educativo nacional, de manera tal que los futuros ciudadanos mexicanos cuenten con mayores elementos de comprensión, aceptación y respeto de las leyes; de ahí el enfoque preventivo desde la perspectiva educativa.

En el contexto actual, los enfoques preventivos se soslayan, no son tan espectaculares ni mediáticos como las medidas reactivas; pero, bien planteados, pueden ahorrar grandes sumas de dinero a los Estados y apalancar su desarrollo. A lo largo del mundo, encontramos ejemplos de que el respeto y reconocimiento de las leyes por autoridades y ciudadanos, ayuda a proteger derechos, impulsa la economía, dota de credibilidad a las autoridades políticas y evita la perdida de miles de vidas humanas.

Durante muchos años, se creyó que los procesos de democratización electoral traerían aparajeada la solución de todo la conflicta nacional, posteriormente se construyeron instituciones sólidas y descentralizadas[vii]; ahora deberíamos asumir un compromiso transexenal, serio, colectivo y personal, tanto por autoridades como por ciudadanos, para conocer, promover y hacer cumplir las reglas básicas que estructuran la formalización de las relaciones sociales mediante el derecho[viii].

La cultura de la legalidad y la primacía del Estado de derecho son los temas ausentes en las discusiones y coyunturas políticas, pero ya son de trascendencia intergeneracional e inevitables; si los mexicanos no somos capaces de fijarnos como prioridad el desarrollo de una cultura de la legalidad en el mediano y largo plazo, difícilmente podremos dejar atrás situaciones criminógenas y anómicas que arrastramos desde hace siglos; no escaparemos del séptimo círculo de infierno y tampoco será posible un crecimiento económico sostenido con derechos y libertades para todos. La construcción de la cultura de la legalidad es una alianza con México y su población, si el presidente de la República apuesta por ella, podría convertirse en una auténtica transformación, digna de recordarse en el futuro.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de Derechos Humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_______________________________

[i] Véase: Naciones Unidas, S/2004/616, “Informe del Secretario General”, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, 3 de Agosto de 2004.

[ii] Véase: Jonathan Alejandro Correa Ortiz, “Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Agosto, 2016.

[iii] Véase: “Los Mexicanos y su Constitución. Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Centenario de la Constitución de 1917., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Coordinadores: Héctor Fix Fierro, Julia Isabel Flores, Diego Valadés, Páginas 32 a 44, Año 2017.

[iv] World Justice Project, “Rule of Law Index 2019”, data.worldjusticeproject.org, pp. 108. Véase: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

[v] Véase: Gaceta Parlamentaria, Número 5266-XVIII, de 30 de abril de 2019, “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014”, página 15-17. Puede consultarse en la siguiente liga: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf

[vi] United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “The United Nations Rule of Law Indicators. Implementation Guide and Project Tools”, First Edition, 2011.

[vii] Diccionario de Justicia, Carlos Pereda (Editor), Siglo XXI Editores, 2016, voz:  Cultura de la Legalidad, Karina Ansolabehere, páginas: 112 a 117.

[viii] Véase: José Ramón Cossío Díaz, “El formalismo jurídico”, El País, 30 de abril de 2019, consultable en: https://elpais.com/internacional/2019/04/30/america/1556644096_743373.html

Reducción salarial al Poder Judicial de la Federación, ¿buena idea?

Una de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es la reducción de los salarios a miles de servidores públicos, de tal forma que ningun funcionario público pueda obtener un ingreso mayor que el percibe el presidente de la República. La incertidumbre es fuerte en varias dependencias. A nivel federal todos los órganos constitucionales autónomos y los poderes constitucionales están en la mira. ¿Es posible generalizar?

Mucho ha sido comentado en medios y redes sociales, pero poco ha sido escrito sobre las funciones constitucionales y legales del servicio público, la responsabilidad, la calidad del trabajo o del grado de especialización necesario para realizar estos trabajos, así como la “proporción” con el salario obtenido. Por lo tanto analicemos brevemente qué tan riesgoso es reducir el salario y demás remuneraciones a los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alrededor de 48 mil servidores públicos integran al PJF[1] en sus 892 órganos jurisdiccionales. El 85% de estos trabajadores son servidores públicos de “funciones sustantivas”. Se trata de ministros, magistrados, y jueces federales además de los secretarios, actuarios, oficiales judiciales o profesionales operativos y técnicos que participan en cada una de las etapas de un juicio constitucional. Es decir, todo el proceso desde la demanda hasta la sentencia y la difusión de ésta. Se trata de una “cadena productiva pública” cuyos resultados son sentencias que resuelven conflictos entre particulares y autoridades en donde entran en juego los derechos humanos de mexicanos y extranjeros.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación[2] para el ejercicio fiscal de 2018, el PJF obtuvo un presupuesto de 71,366,389,337 millones de pesos. Sin embargo, no todo ese dinero va destinado al pago de remuneraciones[3] y estas representan menos del 1.5% del presupuesto total en términos absolutos, el cual es de más de 5.2 billones de pesos (5,279,667,000,000). Con estos datos uno de los primeros argumentos sobre el supuesto ahorro cae por su propio peso, pues el estándar internacional de calidad de la justicia es del 2%. En ese sentido, poco se estaría ahorrando en comparación con los probables efectos adversos que podrían presentarse. Incluso, cuando se compara con otros países, la SCJN resuelve más casos que otros países como Estados Unidos[4] o Brasil[5] con el doble o el triple de la población de México. Entonces, ¿cuál es la carga de trabajo que enfrenta el PJF? En 2017, la SCJN resolvió 16,986 asuntos de 17,044 que ingresaron. De manera similar el Tribunal Electoral resolvió 9,544 asuntos y los Tribunales Colegiados y los Jueces de Distrito resolvieron un total de: 1,050,833 asuntos, por un millón de nuevos casos y recursos que ingresan cada año.[6]

Lejos de disminuir el gasto público para el poder judicial, éste debería mantenerse estable. Esto debido a México necesita de instituciones que consoliden el Estado de derecho, y la protección que brinda el PJF muchas veces significa la última garantía de acceso a la justicia. Ahora bien, si este tampoco es un argumento suficiente para atemperar las voces favorables por una reducción salarial en el poder judicial, ¿qué otro argumento se podría esgrimir? La respuesta se encuentra en sus funciones. El PJF es un poder que se debe mantener neutral de los vaivenes políticos. Su naturaleza es la de resolver problemas de terceros con intereses contrapuestos y las características que enmarcan su trabajo son los principios de independencia e imparcialidad. El primero significa que los jueces no serán objeto de presiones, chantajes, sobornos o amenazas internas o externas. El segundo implica que las razones para resolver tienen que apoyarse en argumentos jurídicos, sin decantarse previamente sobre alguna de las partes en conflicto. Es más, existe toda una teoría histórica de esto, a grado tal que se explica el uso de togas negras como símbolo de sobriedad, igualdad e imparcialidad. Esto es así, porque los tribunales no resuelven lo que quieren en nombre del pueblo, sino lo que hacen en nombre de la ley y la Constitución.[7]

Si los juzgadores obtienen una remuneración adecuada, es lógico que se encuentren “blindados” contra actos de soborno o de coacción. De esta manera se garantiza que el acceso a la justicia sea llevada a cabo únicamente por razones objetivas y no por intereses subjetivos. Por ejemplo, pensemos en un crédito fiscal inmenso que una empresa mexicana o extranjera se niegue a pagar o quiera disminuirlo: la empresa contratará a un despacho jurídico para ahorrar millones de pesos; por otro lado, la autoridad deseará el cobro de tal crédito sin arbitrariedad o ilegalidad, por lo que ambos intereses acabarán en los tribunales federales mexicanos. Si una de las partes sabe que el servicio público se encuentra pauperizado, ¿qué evitaría la tentativa de ofrecer al juez una parte de sus ganancias para garantizar el resultado favorable?, ¿el contra-argumento sería la vocación de servir al país y a la justicia?, ¿acaso son los servidores públicos máquinas sin proyectos de vida personales y profesionales?

Si lo dicho hasta aquí no es suficiente, debe recordarse que la independencia judicial también es salvaguardada con los recursos presupuestales adecuados[8]. Tal ha sido la posición de ciertas instituciones internacionales que[9], por ejemplo, como la Relatora para la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, ha recomendado a México que:

El Poder Judicial y de la administración de justicia deberían contar con un presupuesto autónomo, adecuado y suficiente para su efectivo funcionamiento, y (…)  considerarse y aprobarse las diversas iniciativas y propuestas sometidas a la consideración de diversos Congresos que plantean que un porcentaje no inferior al 2% de los presupuestos federal y estatal sea asignado a los poderes judiciales.[10]

Para los especialistas también hay argumentos puros y duros, pues la Constitución dispone que el presupuesto del PJF es autónomo y debe garantizarse por el Congreso de la Unión, entonces, ¿qué sucede si, por un lado, el artículo 127, fracción II[11], constitucional establece que nadie debe tener una remuneración mayor que el presidente de la República y, por otra parte, en el artículo 100, último párrafo[12], dispone que la SCJN y el PJF pueden elaborar su propio presupuesto para el proyecto del Presupuesto de Egresos? ¿Se sabe que el artículo 94, párrafo décimo primero[13], establece que la remuneración de los juzgadores no puede disminuirse durante su encargo? ¿Cómo resolver la contradicción entre estos preceptos de la Constitución? ¿A través de una interpretación armónica y sistemática que evite la subordinación entre órganos originarios del Estado[14]?

Aún más, los precedentes en el sistema interamericano de derechos humanos permiten concluir que los ataques hacia la independencia de los poderes judiciales, normalmente terminan en responsabilidad internacional del Estado en cuestión, pues la independencia consiste en: “… evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial…”.[15]

Asimismo, una reducción al presupuesto que afecte a los salarios y percepciones de sus integrantes requiere de un análisis muy serio sobre los supuestos beneficios y las enormes desventajas que acarrearía, incluyendo una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo cual el ahorro pretendido se traducirá en pérdidas de ingresos para el Estado Mexicano. Visto así, las declaraciones del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que tanto molestaron a algunos medios, se apoyan en razones plausibles, pues los juzgadores no gozan de privilegios.

Miguel Ángel Antemate Mendoza.  Defensor de Derechos Humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

_____________________________

[1] Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2018. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, INEGI, México, 6 de Julio de 2018. Puede consultarse en la siguiente liga: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2018/doc/resultado_2018.pdf

[2] Cfr.: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. Puede consultarse en la siguiente liga: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017

[3] Al cierre de 2017, se reportaron 50 mil 401 computadoras para toda la estructura del PJF, a lo cual deben sumarse los insumos utilizados como papelería y el mantenimiento de los 892 órganos jurisdiccionales. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, óp. cit., p. 14.

[4] La Corte Suprema de Estados Unidos recibe entre 7 mil y 8 mil peticiones de “Writ of Certiorari” cada periodo, pero sólo acepta 80. Véase: https://www.supremecourt.gov/about/faq_general.aspx

[5] En 2017, el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió 12,896 decisiones colegiadas, puede consultarse en: http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica

[6] Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, óp. cit., p. 19, 24 y 30.

[7] Rabasa Emilio, “La Constitución y la Dictadura”, Estudio sobre la organización política de México, 5ta, Edición, Porrúa, 1976, página: 188.

[8] VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, mayo de 2001; “Artículo 6. Condiciones materiales de la independencia. El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.”

[9] Naciones Unidas, CCPR/C/GC/32, Comité de Derechos Humanos, Observación General 32, “El Derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, 23 de agosto de 2007, párrafo 19.

[10] Naciones Unidas, A/HRC/17/30/Add.3, Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados”, Misión a México, 18 de abril de 2011, párrafo 94.

[11] “Art. 127.- (…)

[12] “Art. 100.- (…)

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.”

[13] “Art. 94.- (…)

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”

[14] Puede citarse de forma análoga el criterio jurisprudencial: P./J. 80/2004, de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.”

[15] Entre otros: Ecuador, Perú y Venezuela, véase: Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párrafo 188.

¿Amnistía para criminales? De qué estamos hablando

En el primer debate presidencial, realizado el pasado 22 de abril de 2018, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por sus rivales políticos en un tema al que mediáticamente ha sido llamado: amnistía para criminales. Lo anterior debido a que en la precampaña declaró, en Quechultenango, Guerrero, que en su gobierno se iba a “decretar una amnistía” para enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia. Pero, más allá de los dimes y diretes propios de una contienda política, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a una amnistía? La amnistía es una forma de perdón general que es otorgada por el poder legislativo. La última vez que fue otorgada en México fue para los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)[1] en 1994; la penúltima ocurrió en la época de José López Portillo en 1978 en el contexto de la persecución política y la guerra sucia durante su gobierno.

En términos técnicos, la amnistía es un atributo constitucional que el Congreso de la Unión concede para delitos que sean competencia de los tribunales de la federación.[2] En otras palabras, la amnistía constitucional solamente es aplicable para delitos federales. Sin embargo, y dado que la propuesta se refiere a las facultades del presidente, parecería que el candidato López Obrador habla de otra figura conocida como el indulto.[3] El cual permite que presidente conceda un perdón, conforme a la ley, a aquellas personas sentenciadas por delitos de competencia federal. En principio, existen diferencias, similitudes y condiciones, pues, para conceder el perdón debe tratarse de un delito federal y las hipótesis deben estar fijadas en leyes emitidas por el Poder Legislativo. Por ello, estas dos figuras no pueden ser aplicadas de manera automática, ni en todos los casos.

Ahora, al interpretar las intenciones del candidato de MORENA en un sentido más amplio, la propuesta parece girar en otro sentido, la cual ha sido reiterada en sus diversas entrevistas y posturas políticas.[4] La premisa sería la siguiente: debido a que México necesita gozar de “paz”, es necesario reducir la violencia y la comisión de delitos graves. Para ello, es necesario explorar y/o agotar toda una serie de medidas que pueden incluir el indulto o la amnistía. Quizás el candidato López Obrador pretende crear un modelo integral que busca reparar el tejido social de un gran sector de la población mexicana, el cual ha sufrido los estragos de la delincuencia (común u organizada) a lo largo de los últimos doce años, un modelo que reconcilie a víctimas y victimarios. Para lograr esto, buscará llevar a cabo foros, consultas con especialistas y víctimas, e incluso apoyarse en la gestión del jefe del Estado Vaticano.

De regreso al debate presidencial, la moderadora principal le preguntó al candidato de MORENA lo siguiente: “¿Quiénes serían los beneficiarios de esa posible amnistía, campesinos que siembran la amapola, los “halcones”, los sicarios que matan, los jefes de los grupos criminales, quiénes se podrían beneficiar de esa amnistía que propone?” La respuesta a esta pregunta está vinculada con el tipo de delito del que se trate (federal o local). Por ejemplo, corresponde a los estados el conocimiento y persecución de un homicidio o un feminicidio[5], pero estos delitos no serían susceptibles de regulación por la amnistía o el indulto constitucional al no ser considerados como delitos federales. En cambio, la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, la portación de armas de uso exclusivo del ejército, el narcotráfico, el robo de hidrocarburos (huachicoleo[6]) y ciertas modalidades de trata de personas o secuestros sí podrían “teóricamente” entrar bajo la figura de la amnistía –siempre y cuando los beneficiarios estuvieran sentenciados-.

¿Qué sucedería en el caso de un grupo criminal que, además de dedicarse al tráfico de drogas, hubiera incurrido en una pluralidad de delitos, como homicidio o en la desaparición de un grupo de estudiantes? Simplemente tendrían que separarse las condenas de cada delito, y técnicamente no tendrían garantizada su libertad ya que seguirían cumpliendo las penas sobre la privación de la vida y/o sobre la violación a la integridad personal de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, parecería que ésta tampoco es la pretensión del candidato de MORENA. Si bien su visión para devolver la paz y la estabilidad a México resulta más innovadora que un indulto o la amnistía, parece ser que la propuesta que busca está más cerca de la justicia transicional.

La justicia transicional es una disciplina afín con reparaciones en materia de derechos humanos en sociedades que han sufrido “conflictos”; no obstante, tales conflictos versan sobre la reconstrucción de un Estado tras pasar por dictaduras, guerras civiles, terrorismo, guerrillas armadas o conflictos armados internacionales.[7] Es decir, en principio, no se refieren al combate a la delincuencia organizada o de la delincuencia común. La aplicación de una justicia transicional ad hoc implicaría reconocer que hemos vivido un contexto de “guerra” y que ha habido un conflicto armado interno con una fuerte “desinstitucionalización” del Estado mexicano.

Esto implica admitir que hay violencia sistemática desorbitada en todo el territorio, así como matanzas, crímenes contra la humanidad, refugiados, desplazados, que los poderes estatales no funcionan y que se ha aplicado el derecho humanitario para reconocer con carácter de “insurgentes” o “beligerantes”[8] a actores ilegales que no buscan la implantación de una ideología política (libertaria, marxista-leninista o independentista), sino a grupos que pretenden el control territorial y económico de varias porciones del Estado mexicano a través de delitos de alto impacto. Si la propuesta en cuestión hace referencia a esto último, sin duda, es muy delicada, puesto que el Congreso y el presidente no han realizado ninguna declaración formal de guerra[9], no se ha aplicado el artículo 29 de la Constitución federal, y tampoco las reglas del ius in bello. Veamos, la justicia transicional busca una serie de mecanismos para que una sociedad pueda:

[…] resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos.[10]

Por lo tanto, la propuesta de una posible amnistía para criminales se aleja del modelo transicional aplicado en países como Perú o Colombia (este último con una oficina del alto comisionado para la paz) y, desde luego, vale mencionar que este modelo no implica que las personas que han cometido delitos o violaciones graves de derechos humanos gocen de impunidad. Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta ya con varios precedentes que declaran inválidas las amnistías para funcionarios que han violado la convención americana, como sucedió en casos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición forzada.[11] ¿Cómo reaccionaría la propia CIDH ante amnistías generales para la delincuencia común u organizada, en franca violación a los derechos de las víctimas?

Frente a estas y otras dudas que ha suscitado esta propuesta de amnistía, días después del primer debate presidencial, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero explicó que la propuesta de amnistía no será unilateral y deberá ser estudiada por el Congreso de la Unión. Por su parte, Alfonso Durazo[12], asesor en materia de seguridad de López Obrador, durante una conferencia en el Colegio de México (COLMEX), señaló que se construirá una “receta mexicana para la pacificación de nuestro país”, la cual incluirá medidas como: la amnistía, el indulto o el recurso de leyes especiales y de “justicia transicional”, con el objetivo de cerrar el ciclo de violencia por el que sufre México, sin pasar por la impunidad y sin decisiones unilaterales por parte del ejecutivo; es decir, los criterios que habrán de aplicarse en el tema de la amnistía derivarán de lo que se ha llamado como un “proceso de reflexión social.”

Ahora bien, existe otra cuestión delicada que los asesore jurídicos de López Obrador deberían corregir. Para hacer factible una amnistía, y sin conocer a los destinatarios de la misma, es probable que México violente o denuncie tratados y protocolos internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional[13] o  la Convención de Palermo, tratado en el cual se insta a los Estados parte a enjuiciar delitos relacionados con la participación en grupos delictivos, blanqueo de capitales, corrupción, obstrucción de la justicia, tráfico de migrantes[14], trata de personas[15], así como fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego.[16] Por lo tanto, este tipo de delitos (aunque federales) no podría ser objeto de la amnistía a menos que se viole tal tratado o que se renuncie a éste. Lo más delicado de este tema es que, en caso de conflicto sobre la aplicación de la Convención y de sus protocolos, está prevista la figura del arbitraje o incluso recurrir a la Corte Internacional de Justicia; con lo cual el Estado mexicano podría ser cuestionado por países terceros como los Estados Unidos de América[17].

En conclusión, en su caso, cualquiera que sea el mecanismo que pretenda llevarse a cabo, sin duda, se debe ponderar los costos y beneficios de la misma. Si la figura de la amnistía se refiere a un modelo de transición amplio para pacificar el país, entonces, son necesarias reformas constitucionales y legales,[18] además de denunciar (o violar) una serie de tratados internacionales en la materia. La apuesta es riesgosa. Si reparamos que el problema de violencia en México no gira en torno a la lucha entre grupos políticos disidentes o marginales que buscan el poder, sino entre grupos de delincuencia común y organizada en contra del Estado de derecho, es previsible que el reto de legitimar un proceso de amnistía, con independencia de sus características, será mayúsculo. De ahí que la prudencia y seriedad deban ser la brújula tanto para el planteamiento de amnistía como para las críticas que se esgriman en contra de éste.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

______________________________________

[1] El precedente más inmediato es el de la Ley Federal de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Enero de 1994. Sus primeros 2 artículos señalan:

“Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas. (…)

Artículo 2o.-  Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los mismos, en los términos que fije la Comisión.”

[2] “Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

(…) XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.”

[3] “Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(…) XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales;”

[4] Por ejemplo, en los famosos 10 puntos básicos para enfrentar la inseguridad en México, puede consultarse en la siguiente liga: https://lopezobrador.org.mx/temas/10-puntos-basicos/

[5] Por ejemplo, los Congresos y los Gobernadores pueden conceder amnistías e indultos por delitos del orden común de acuerdo con las respectivas Constituciones de sus Estados.

[6]En los términos de la Ley Federal Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

[7] Se suelen citar como ejemplo a países como: Afganistán, Rwanda, Colombia, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Uganda.

[8] Véase: Eibe H. Riedel, “Recognition of Insurgency”, en Rudolf Bernhardt (ed.), Encylopedia of Public International Law, vol. IV, Elsevier, Amsterdam, 2000.

[9] Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

(…)

«Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.”

[10] United Nations, Security Council, S/2004/616, 23 August 2004, “The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies”, prf: 8.

[11] Véase: Binde Cristina, ¿Hacia una corte constitucional de américa latina? la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un enfoque especial sobre las amnistías, consultable en: “La Justicia Constitucional y su Internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, t. II, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ferrer Mac-Gregor Eduardo, Coord. Páginas 159-188.

[12] Véase: Diálogo con Alfonso Durazo, “La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador”, 24 de abril de 2018, “Seminario sobre Violencia y Paz”, El Colegio de México, la referencia puede consultarse en el minuto: 44:50, en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=XgkHWIQVtZo

 

[13] Convención publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el viernes 11 de abril de 2003.

[14] Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes; publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial de la Federación, el jueves 10 de abril de 2003.

[15] Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños; publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves 10 de abril de 2003.

[16] Protocolo contra la Fabricación y el Trafico Ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 1 de julio de 2005.

[17] Los Estados Unidos de América han ratificado éste tratado desde el 3 de Noviembre de 2005, puede consultarse en la base de “Colección de Tratados de las Naciones Unidas” en la siguiente liga: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280050d3e&clang=_en

[18] Por ejemplo, el primer párrafo del artículo 10 de la Ley General dispone: “Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.”