Los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción (Parte II)

Sección II. Estados de excepción y derechos humanos de las juventudes en el Covid-19: la normalización de las restricciones arbitrarias

Aun cuando las medidas de excepción o suspensión de garantías se han convertido, por regla general, en un recurso de los Estados para proteger los derechos humanos de las juventudes, debe analizarse si estas medidas son objetivas y democráticas, o irrazonables y arbitrarias (A). Lo anterior posibilitará la identificación de responsabilidades nacionales e internacionales que tienen los Estados para contener la pandemia, y las repercusiones por la violación de los derechos de las juventudes (B).

A) Restricciones legales, legítimas y proporcionales: criterios objetivos para la suspensión de derechos humanos de las juventudes durante la pandemia

Con el fin de contener la pandemia ocasionada por el Covid-19, un gran porcentaje de naciones ha declarado estados de excepción, restringiendo derechos y libertades mediante el aislamiento obligatorio, los toques de queda, la apertura únicamente de negocios esenciales, la suspensión de clases presenciales y el cierre de fronteras. En México, el gobierno federal no ha declarado medidas tan extremas. Una posible explicación a lo anterior puede encontrarse en factores como la desigualdad económica y social, la extensión territorial, la densidad de población y la falta de organización política de los tres niveles de gobierno. Es bajo este panorama que, desde el 23 de marzo del 2020, fecha en la que comenzó oficialmente el confinamiento voluntario en México, hasta el 22 de febrero de 2021, aun no se tiene certeza jurídica sobre los derechos que pueden ser suspendidos o no para las juventudes. (Goal, 2021).

A este respecto, tanto el artículo 29 de la CPEUM como 27 de la CADH autorizan a los Estados a restringir ciertos derechos humanos de las juventudes, siempre y cuando esté prevista en ley, tenga un fin legítimo, sea proporcional y necesaria y, que se informen las medidas de manera inmediata al Secretario General de la OEA. La sanción a esta falta de información a la OEA quedó evidenciada cuando la Corte IDH condenó a Ecuador, ya que, en el marco de operativos contra la delincuencia, el Estado no informó inmediatamente la suspensión de derechos al Secretario General de la OEA (Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. §. 69 y119 (4 de julio 2007). En el caso concreto, México no ha declarado estado de emergencia formalmente, sin embargo, existe una situación extraordinaria que ha impedido el ejercicio de los derechos humanos de las juventudes.

Un ejemplo claro de lo anterior es la restricción adoptada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del derecho humano a la educación de las y los jóvenes. Mediante Acuerdo 02 de marzo de 2020, la SEP declaró la suspensión las clases, del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes dicha secretaría con el fin de “prevén[ir] y disminuir el impacto de propagación de la Covid-19 en territorio nacional”.  Posteriormente la SEP amplió la fecha de suspensión de clases para las y los estudiantes por tres periodos consecutivos (09/04/20 (2020) hasta el 30 de mayo de 2020. No obstante, mediante el Acuerdo número 10/05/20 (2020), la secretaría en mención decidió ampliar el plazo “hasta nuevo aviso”.

Por un lado, la SEP utilizó diversas normas que la autorizan para suspender clases en periodos no previstos, por causales extraordinarias; por otro lado, el Presidente no ha declarado un estado de excepción formal. De esta manera, para suspender el derecho a la educación de las juventudes el Ejecutivo Federal debió señalar los fundamentos legales, el fin legítimo (contener al Covid-19) y la proporcionalidad y estricta necesidad, esto es, que dentro de la gama de posibilidades las medidas establecidas sean las menos invasivas (por ejemplo, se podría alternar la presencia de alumnos por semana, como lo han hecho algunos países como Francia). Además, la restricción de derechos debe ser por tiempo limitado (en el caso de la SEP ni siquiera anunció por cuanto tiempo se suspendían las clases en el acuerdo número 10/05/20 (2020). Evidentemente, falta de declaración de estado de excepción ha provocado un incumplimiento a los artículos 29 de la CPEUM y 27 de la CADH, es decir, la obligación de informar la situación de suspensión de derechos al Secretario General de la OEA. Ahora bien, cabe resaltar, que la violación de este derecho humano no se limita al sector público, ya que las escuelas privadas también están obligadas a acatar las decisiones de la SEP.

Ante la crisis sanitaria, se han recolectado y creado bases de datos personales de las juventudes que han contraído Covid-19 o se han realizado la prueba. En este orden de ideas, la protección de datos personales es un derecho humano (CPEUM. Art. 16) en el que los datos de salud son considerados sensibles, de conformidad con el artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 3, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Hoy en día, las escuelas privadas planean regresar a clases en los próximos meses, en este sentido, en caso de que soliciten exámenes negativos del virus para poder asistir, podrían resultar en violaciones de derechos humanos de las juventudes a la vida privada y a la autodeterminación informativa, pues dichas bases no cubrirían las exigencias de legalidad, legitimidad, proporcionalidad, necesidad, debido a la falta de declaración formal, así como a los poderes arbitrarios y amplios que se auto atribuyen las autoridades.

En síntesis, los Estados pueden restringir los derechos humanos de las juventudes en casos extraordinarios, como el Covid-19, y bajo ciertos criterios de racionalidad que respeten el Estado de Derecho, la democracia y los derechos señalados. En particular, el acceso a la educación y la protección de datos personales de las juventudes se han visto vulnerados de manera arbitraria. A pesar de lo anterior, evitar las violaciones a derechos humanos de las juventudes con o sin pandemia es una obligación para México, por lo que en caso de no respetar los límites legales pueden llevar a la declaración de la responsabilidad internacional del Estado mexicano (B).

B) La responsabilidad nacional e internacional por violaciones a derechos humanos de las juventudes: límites a la soberanía estatal

En esta sección se analizará si el incumplimiento de los derechos humanos de las juventudes pertenece a la buena voluntad de los Estados o se trata de una cuestión más profunda y con responsabilidades que México no puede evadir debido a la ratificación de convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, México es parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual cuenta con el Comité PIDCP que permite interponer peticiones a las víctimas y sancionar a los Estados. En el SIDH, la Corte IDH puede declarar la responsabilidad internacional de México por la violación de los derechos humanos dentro de su territorio (CADH. Art. 1).

Por tanto, los órganos internacionales pueden obligar a México a velar por los derechos humanos de las juventudes. Así en el caso de Rosendo Radilla vs. México (2009), la Corte IDH obligó al Estado mexicano y a las autoridades judiciales a respetar el principio pro-persona. Es decir, en el caso de restringir un derecho para contener la pandemia, México debería adoptar la norma menos limitativa o la interpretación menos restrictiva (SCJN. Primera Sala, 1a./J. 37/2017 (10a.), mayo de 2017). En caso contrario, México podría ser juzgado en el ámbito internacional por la restricción arbitraria de derechos.

Aunado a lo anterior, es preciso hablar de las juventudes invisibles en el contexto del Covid-19, aquellas que intentan adentrase en el territorio mexicano o que ya lo están, pero de manera irregular. Durante los primeros meses del 2021 Guatemala, Estados Unidos y México han establecido una política antinmigrante, argumentando que no “permitirán su paso como prevención por la pandemia de Covid-19” (DW Made for Minds, 2021). Guatemala declaró estado de excepción el 5 de marzo de 2020 para contener la pandemia (Decreto Gubernativo 5-2020, 5 de marzo de 2021), y ha realizado diversas declaraciones de suspensión de garantías ante el Secretario General de la OEA (Declaración, no. NV-OEA-M4-054-2021, 19 de enero de 2021). Por su parte, Estados Unidos ha emitido una serie de declaraciones de estado de excepción para combatir la crisis sanitaria (The Council State Govenrments, 2020). No obstante, a pesar de que México no ha declarado un estado de emergencia, ha aprovechado la crisis sanitaria para justificar la negativa a la entrada de migrantes, el uso de la fuerza en la frontera y su deportación. En este sentido, la política de migración adoptada por las autoridades mexicanas no sólo resulta contraria a los criterios de legalidad, legitimidad, proporcionalidad y estricta necesidad, sino que el actuar del Estado mexicano podría contravenir el artículo 27 de la CADH. Por ello, en estos casos, las cortes nacionales y la Corte IDH deberían adoptar una actitud similar a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Hirsi Jamaa vs. Italia. No. 27765/09, §. 219 (23 de febrero de 2012); y Z.A. vs Rusia, No. 61411/15, §. 207 (21 de noviembre de 2019), en los que se condenó a los Estados por violar los derechos humanos de migrantes irregulares, al impedir que pidieran asilo en sus fronteras. En otras palabras, los derechos humanos son reconocidos a todas las juventudes y constituyen un límite que va más allá de la voluntad estatal.

Conclusión

Los derechos humanos de las juventudes son garantizados por la legislación nacional e internacional adoptada por México. No obstante, su ejercicio es obstaculizado por problemas estructurales de la región que se han exacerbado por la pandemia. De modo que las juventudes deben movilizarse jurídica y políticamente para hacer respetar sus derechos. Ahora bien, los derechos humanos de asociación, libre circulación y expresión no son absolutos, su ejercicio conlleva responsabilidades para proteger a todas las personas de la sociedad. (Lacatus vs. Suiza, No. 14065/15. §. 55 y 59 (19 de enero de 2019).  Por tanto, el abuso de su ejercicio no puede quedar impune.

Para proteger los derechos humanos de las juventudes en el marco del Covid-19, las restricciones adoptadas por los Estados deben obedecer a criterios objetivos y democráticos. Sin embargo, en México la restricción de derechos de facto comienza a normalizarse y con ello un estado de excepción que podría derivar en la incursión de un Estado autoritario. Frente a estas amenazas surge la necesidad de acudir ante los órganos internacionales, pues la violación de derechos humanos de las juventudes en el territorio y las fronteras es inaceptable. A pesar de lo anterior, los mecanismos jurídicos sólo son una opción, los movimientos sociales son otra herramienta que las juventudes tienen a su alcance. Por tanto, si de lo que se trata es de proteger a las juventudes, es prudente comenzar a escucharlas.

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


Bibliografía

Legislación y normativa mexicana

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 5 de febrero de 1917;

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, DOF, 5 de julio de 2010;

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, DOF, 26 de enero de 2017;

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, 1 de febrero de 2007;

SEP. Acuerdo número 09/04/20, DOF, 17 de abril de 2020;

SEP. Acuerdo número 10/05/20, DOF, 30 de abril de 2020;

 

Jurisprudencia nacional

SCJN. Pleno, P./J. 43/99, Tomo IX, mayo de 1999;

SCJN. Primera Sala, 1a./J. 37/2017 (10a.), mayo de 2017;

 

Legislación de Guatemala

Declaración, no. NV-OEA-M4-054-2021, Secretaría de la OEA, 19 de enero de 2021;

Decreto Gubernativo 5-2020, Diario de Centroamérica, Guatemala, 5 de marzo de 2020;

 

Tratados y documentos de la OEA

Convención Americana de Derechos Humanos. 18 de julio de 1978;

Convención de Belém do Pará. 3 de marzo de 1995;

Protocolo de San Salvador. 17 de noviembre de 1988;

Declaración 1/20, Covid-19 y Derechos Humanos: los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones Internacionales. Corte IDH. 9 de abril 2020.

Resolución 4/20, DH de las Personas con COVID-19, CIDH. 27 de julio de 2020.

 

Jurisprudencia Interamericana y Soft Law

CIDH. Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020;

CIDH. DH de las Personas con COVID-19, Resolución 4/20, 27 de julio de 2020;

Corte IDH. Artavia Murillo vs. Costa Rica. (28 de noviembre de 2012);

Corte IDH. Cuscul Piraval vs. Guatemala, (23 de agosto de 2018);

Corte IDH. Herrera Ulloa vs. Costa Rica, (2 de julio de 2004);

Corte IDH. Operación Génesis vs. Colombia. (20 de noviembre de 2013);

Corte IDH. Rosendo Radilla vs. México, (23 noviembre de 2009);

Corte IDH. Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. (4 de julio 2007);

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal EDH. Airey vs. Irlanda. No. 6289/73. (9 de octubre de 1979);

Tribunal EDH. GC. Hirsi Jamaa vs. Italia. No. 27765/09, (23 de febrero de 2012);

Tribunal EDH. GC. Lacatus vs Suiza. No. 14065/15. (19 de enero de 2019);

Tribunal EDH. GC. Z.A. vs Rusia, No. 61411/15, §. 207, (21 de noviembre de 2019);

 

Tratados de la ONU y del Derecho Internacional General

Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo, 10 de diciembre de 1948;

Organización Mundial de la Salud. (2019). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). https://cutt.ly/flnILPM;

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 3 de enero 1976;

Resolución A/RES/36/28, 13 de noviembre de 1981;

 

Comités ONU

Comité CEDAW, Call for joint action in the times of the COVID-19 (21 abril 2020);

Comité PIDCP. OG. 36, 30 de octubre. (2 de noviembre de 2018);

 

Obras generales y artículos

Asis, Rafaél, (2014). Concepto y fundamento de los Derechos Humanos. En José Tamayo, 10 Palabras sobre Derechos Humanos, (pp. 24, 25 y 41). Navarra, España, EVD;

Chauvin Juan P. et al, (15 de diciembre de 2020) A los jóvenes les va mejor con la COVID-19. Pero en América Latina la realidad es más compleja, [Blog]. Recuperado de https://cutt.ly/WlbVVho;

De Sousa Santos, B, (2014), Derechos Humanos, democracia y Desarrollo, (p. 33) Bogotá, Colombia, Dejusticia;

Equis Justicia para Mujeres. (2020). Las dos pandemias, Recuperado de: https://cutt.ly/ulmsglX;

García, F, (14 de octubre de 2011). ¿Cuál es el primer signo de civilización y cómo la respuesta se hizo viral?, La Vanguardia, Recuperado de: https://cutt.ly/ylmgSMJ ;

Kánter Coronel, Irma. (2020), Muertes por Covid-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/);

Popper, K, (1959), La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Madrid, España, Paidos;

 

Enlaces de internet

DW Made for Minds. (23 enero de 202). EE.UU., México y Guatemala cercan fronteras a caravanas migrantes, Recuperado de: https://cutt.ly/nlcon7R;

Etimologías de Chile. (2021). Diccionario, Recuperado de: https://cutt.ly/ylE1Y0Y;

Goal, En México, (22 de febrero de 2021). ¿cuántos días llevamos de cuarentena?. Recuperado de: https://cutt.ly/Alces9a;

Gobierno de México, (2021), Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/dln4KMK;

INEGI. (2020). Estadísticas a Propósito del Día Mundial del Internet. Recuperad de: https://cutt.ly/Slmel35 ;

Informador. (3 de junio de 2020). Detienen a hombre en Ixtlahuacán por no usar cubrebocas y lo regresan muerto. Recuperado de: https://cutt.ly/BlW6nBU;

Mendoza, J., (21 de enero de 2021). Número de estudiantes que abandonaron la escuela como resultado de la pandemia por COVID-19 en México de abril a agosto de 2020, por nivel educativo, Statista. (Gráfica). Recuperado de: https://cutt.ly/JlxLIbj;

The Council State Govenrments. (2020), Estados Unidos: Executive Orders—By State, https://cutt.ly/elxL478

Los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción (Parte I)

El Covid-19 ha asediado a la población mundial por más de un año. En los países en desarrollo, las personas de 20 a 39 años representan una proporción de muertes por COVID-19 que está 5 puntos porcentuales por encima de las de los países de altos ingresos” (Chauvin Juan, 15 de diciembre de 2020). Es decir, las juventudes de América Latina se enfrentan a las medidas de restricción de derechos impuestas por los Estados al mismo tiempo que las fallas estructurales ponen en riesgo su vida.

Para efectos de este ensayo se entenderán por juventudes los grupos integrados por personas en el rango de edad señalado por la ONU y que, con base en el desarrollo progresivo de su personalidad, cuentan con un nivel de madurez amplio. Por lo que hace a los derechos, se abordará desde el punto de vista de los derechos subjetivos. En otros términos, la posibilidad de exigir al Estado o a los privados un hacer, no hacer o abstenerse de continuar haciendo algo (Asis, Rafaél, 2014). En concreto, se hablará de los derechos humanos de las juventudes reconocidos por el sistema jurídico mexicano. Es decir, derechos inherentes a la dignidad humana y que todas las personas poseen por el simple hecho de existir (Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo. 10 de diciembre de 1948).

Se entiende por marco de la pandemia la crisis sanitaria que se extiende hasta nuestros días, provocada por un virus conocido como SARS-CoV-2, (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). A pesar de que la OMS reporta que el 80% de las personas que padecen el Covid-19 se recuperan solas, uno de cada cinco presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar, afectando de manera particular a los adultos mayores, así como a las personas con problemas cardiacos, pulmonares, diabetes o cáncer (OMS, 2019). Así, a primera vista, la relación entre juventud, derechos y Covid-19 podría no resultar tan evidente. Aun cuando en general los jóvenes son menos propensos a padecer cuadros graves provocados por el Covid-19, en los países del sur global (De Sousa Santos, 2014), la juventud enfrenta mayores probabilidades de morir, a la par que experimenta una cruenta restricción a sus derechos humanos, producto de las medidas de contención contra el virus. (Declaración 1/20. Corte IDH. 9 de abril 2020).

Éste es el contexto al que se enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos. En el caso mexicano, del cual se ocupará este trabajo, se analizarán las decisiones políticas y legales adoptadas por las autoridades nacionales para contener la pandemia y sus repercusiones en los derechos de las juventudes. Con el fin de proporcionar un panorama integral de la situación, se compararán las decisiones del Estado mexicano con aquellas tomadas por otros países de la región y con lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Este ensayo pretende ser también una propuesta que, en la práctica, aporte a la solución de los problemas que derivan de las restricciones excesivas a los derechos de las juventudes en el marco del Covid-19 en México. Así, este trabajo puede contribuir en la identificación de medidas inconstitucionales o no convencionales, a partir de parámetros de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad en materia de derechos humanos. En suma, este ensayo tratará sobre: los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción.

 

Sección I. Derechos humanos de los jóvenes en cuarentena

Si bien es cierto que los jóvenes deben gozar de sus derechos humanos en el marco del Covid-19 (A), también es verdad que este sector de la población debe observar responsabilidades y obligaciones con la finalidad de protegerse y proteger a los más vulnerables durante la crisis sanitaria (B).

A) Derechos humanos de los jóvenes y el Covid-19: un reconocimiento indiscutible

Es preciso comenzar por el primero de los derechos; la vida. Este derecho es garantizado por el artículo 4 de la CADH que establece que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida” (Artavia Murillo vs Costa Rica. §. 247, 262 y 311 (28 de noviembre de 2012). Así, el derecho a la vida de las juventudes puede ser visto desde dos ángulos: 1) el derecho a no a no ser privados de la vida y a conservarla; y 2) el derecho de exigir a los Estados una vida digna. De este modo, la Corte IDH ha condenado a algunos Estados por no respetar el derecho a la vida digna de las juventudes, aun durante los estados de excepción (Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. §. 118, 119 y 157 (4 de julio 2007). En el caso mexicano, las juventudes han sido gravemente afectadas por el Covid-19. Por ejemplo, en una tabla comparativa de julio de 2020 sobre las muertes de jóvenes entre 10 a 19 y 20 a 29 años, en Italia, China y México, el país europeo había tenido 0% de decesos en ambos rangos de edad; el gigante de Asia sufrió el fallecimiento del 0.1% y el 0.7%, de sus jóvenes, respectivamente; y para el caso de México, el 1.1 y el 1.2% de la juventud contagiada falleció en los primeros cuatro meses del inicio de la pandemia (Kánter Coronel, I., 2020). Es decir, los jóvenes mexicanos son más propensos a morir, en comparación con otros países, debido, probablemente, a la falta de adopción de medidas estatales.

En virtud de lo anterior, un derecho primordial para “disfrutar una vida digna” (OG. 36, 30 de octubre. §. 26 (2 de noviembre de 2018) es el derecho a la salud. Este último consiste en el “derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (Resolución No. 1/2020. CIDH. 10 de abril de 2020). De conformidad con la CorteIDH “el derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética […] disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad” (Resolución 1/2020. Corte IDH. 9 de abril 2020). En el caso de la juventud mexicana, el acceso a la salud ya era bastante limitado debido al contexto de desigualdad de la región, sin embargo, la pandemia ha exacerbado las violaciones de este derecho (Resolución 4/20. CIDH. 27 de julio de 2020). A pesar de ello, la juventud no se considera como población vulnerable y por tanto se encuentra todavía más desprotegida. Un ejemplo reciente es el plan de vacunación del Estado mexicano contra el Covid-19, en el que los jóvenes de entre 18 y 29 serán los últimos en ser vacunados (Gobierno de México, 2021). Ahora bien, de ningún modo esto quiere decir que las personas en riesgo o vulnerables no deban tener prioridad para ser vacunadas, sino que la falta de organización, planeación y apoyo del Estado pone en riesgo la salud de las juventudes, pues se deja a merced de su fortaleza física sobrevivir a un contagio, lo cual es contrario al SIDH (Cuscul Piraval vs Guatemala. §. 215 (23 de agosto de 2018).

Para evitar contagios y garantizar el derecho a la salud, el Estado mexicano ha tomado medidas de restricción de otros derechos, a saber, la educación. Hoy en día, la mayoría de las clases son por televisión para los niveles básicos, al menos de escuelas públicas. También las clases suelen ser vía internet para los niveles medio superior o superior. Sin embargo, con relación a lo anterior, llama la atención que sólo “20.1 millones de hogares, (56.4% del total nacional) disponen de conexión a Internet” (INEGI, 2020). Así, además de la carga emocional y los retos pedagógicos que implican las clases en línea, la falta de acceso a internet es un factor determinante que revela la desigualdad de oportunidades entre los propios estudiantes. Conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los Estados deben prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos” (Resolución 4/20. CIDH. 27 de julio de 2020). No obstante, se calcula que 3 millones de jóvenes abandonaron sus estudios en México (Mendoza, J. 2021, Gráfica). Por tanto, la falta de apoyos para la adquisición de equipos de cómputo, televisiones y servicios de internet son un obstáculo infranqueable para que las juventudes continúen sus estudios.

Asimismo, la igualdad entre los géneros y el derecho a una vida libre de violencia deben ser ejercidos en todo momento, principalmente cuando los individuos están obligados a permanecer en casa por el confinamiento (CPEUM. Art. 4; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Art. 1; y Convención Belém do Pará. Art. 1). Sin embargo, Equis Justicia para Mujeres (2020) denunció que se registró un aumento considerable de los “asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia [143 diarios] y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria […] el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 […] por día”. Como se observa, en el marco de la pandemia la violencia estructural y sistemática es ejercida, sobre todo, contra las mujeres. Por tanto, México debe garantizar el acceso a la justicia mediante órdenes de protección, asistencia pisco-social, albergues y programas de rehabilitación en el marco del Covid-19 (Call for joint action in the times of the COVID-19, 21 abril 2020). Hasta aquí se ha analizado que la legislación nacional e internacional, la jurisprudencia y el Soft Law garantizan indiscutiblemente los derechos humanos de las juventudes. Aun así, es evidente que los problemas estructurales de la región, sumados a la crisis sanitaria, impiden su goce efectivo. Sin embargo, esto no significa que en tiempos de Covid-19, las juventudes no tienen obligaciones para proteger a los más vulnerables (B).

B) Las obligaciones de los jóvenes en el marco de la pandemia: proteger y respetar a los más vulnerables

Las juventudes tienen responsabilidades y obligaciones con o sin pandemia, por ejemplo, el acceso a la educación o a un trabajo comprenden una doble dimensión, ya que ambos son derechos y deberes al mismo tiempo (art. 3 de la CPEUM, y art. 3 de la LFT). Sin embargo, en la actualidad se exige a las juventudes responsabilidades suplementarias, con la finalidad de contener al Covid-19 y proteger a los más vulnerables. Consideremos, por ejemplo, la libertad de asociación, que es un derecho que pueden ejercer responsablemente las juventudes durante la pandemia (CPEUM. Arts. 9 y 123; CADH. Art. 16; y Protocolo de San Salvador. Art. 8). Es decir, las juventudes pueden seguir constituyendo asociaciones aun cuando no es necesario que se reúnan de manera presencial (libertad positiva); pueden decidir no pertenecer a una agrupación (libertad negativa); o dejar de pertenecer voluntariamente en tiempos de Covid-19 a una organización sin ningún perjuicio (libertad de separación) (SCJN. Pleno, P./J. 43/99, Tomo IX, mayo de 1999). Así, aunque existen ciertas restricciones con la finalidad de atender al interés de la seguridad nacional, orden público y la salud pública, así como a derechos de terceros, las juventudes pueden seguir ejerciendo su derecho de libre asociación. Del mismo modo, la libertad de circulación y al domicilio son consagrados en los artículos 11 de la CPEUM y 22 de la CADH. Durante la pandemia, el gobierno federal mexicano no ha impedido la libertad de asociación ni de circulación de manera formal (a través de un decreto). No obstante, el mayor problema del ejercicio de estas libertades es un impedimento de facto (Operación Génesis vs. Colombia. §. 315 (20 de noviembre de 2013). Ejemplo de esto es que a inicios de la pandemia un joven jalisciense que transitaba por la vía pública fue detenido y golpeado, hasta privarlo de la vida, por policías municipales debido a que no llevaba cubre bocas. (Informador, 2020).

Durante la crisis ocasionada por el Covid-19, las juventudes deberían poder ejercer el derecho de asociación y circulación cumpliendo responsablemente con las limitaciones legales, proporcionales y adecuadas para proteger a la población en general. Por ello, a pesar de que estas libertades no han sido jurídicamente restringidas, las juventudes no están exentas de ejercerlas responsablemente.

Otras responsabilidades de las juventudes se dan al momento de ejercer la libertad de expresión. Este derecho es reconocido por los artículos 6 de la CPEUM y 13 de la CADH, que contemplan que toda persona tiene derecho a la libre manifestación de sus ideas y al acceso a la información. Para la Corte IDH, la libertad de expresión es un derecho de carácter individual ya que comprende la libertad de escribir, hablar, expresarse y a difundir ideas, pero también es un derecho colectivo pues comprende “el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros” (Herrera Ulloa vs. Costa Rica. §. 110 y 113 (2 de julio de 2004). Sin embargo, este derecho puede ser limitado cuando atenta a la reputación de los demás, al orden o la salud públicas, etc. (CADH. Art. 10). En el caso de las juventudes, el reciente crecimiento y fortalecimiento de las redes sociales ha facilitado que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en estas plataformas. Así, es necesario que al momento de emitir su opinión en torno a la pandemia lo hagan sin ejercer discriminación contra otros grupos vulnerables (por ejemplo, al promover la no vacunación de extranjeros). Además de que les obliga a verificar la información que comparten sobre el virus con la finalidad de evitar la propagación de Fake news. En ese sentido, la CorteIDH ha instado a los Estados a establecer medidas pertinentes para “combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación […] durante la pandemia” (Declaración 1/20. 9 de abril 2020) con el fin de que nadie promueva noticias falsas o incitaciones a la violencia. En resumen, las juventudes tienen el derecho a ejercer la libertad de expresión, pero con las responsabilidades que comprende, ya que un Estado democrático no puede ser tolerante con los intolerantes (Popper, K., 1959).

En este orden de ideas, se ha expuesto que las juventudes tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos, aún en época de crisis sanitaria. Sin embargo, en México existen limitaciones que obstaculizan el goce y ejercicio de estos derechos. Asimismo, se analizó la otra cara de los derechos, es decir las responsabilidades que tienen las juventudes durante el Covid-19, con la finalidad de protegerse y proteger a los más vulnerables. Así, se presenta necesario analizar si las medidas de excepción tomadas por México para contener la pandemia protegen los derechos de las juventudes, o se tratan de restricciones arbitrarias (II).

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


Bibliografía

Legislación y normativa mexicana

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 5 de febrero de 1917;

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, DOF, 5 de julio de 2010;

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, DOF, 26 de enero de 2017;

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, 1 de febrero de 2007;

SEP. Acuerdo número 09/04/20, DOF, 17 de abril de 2020;

SEP. Acuerdo número 10/05/20, DOF, 30 de abril de 2020;

 

Jurisprudencia nacional

SCJN. Pleno, P./J. 43/99, Tomo IX, mayo de 1999;

SCJN. Primera Sala, 1a./J. 37/2017 (10a.), mayo de 2017;

 

Legislación de Guatemala

Declaración, no. NV-OEA-M4-054-2021, Secretaría de la OEA, 19 de enero de 2021;

Decreto Gubernativo 5-2020, Diario de Centroamérica, Guatemala, 5 de marzo de 2020;

 

Tratados y documentos de la OEA

Convención Americana de Derechos Humanos. 18 de julio de 1978;

Convención de Belém do Pará. 3 de marzo de 1995;

Protocolo de San Salvador. 17 de noviembre de 1988;

Declaración 1/20, Covid-19 y Derechos Humanos: los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones Internacionales. Corte IDH. 9 de abril 2020.

Resolución 4/20, DH de las Personas con COVID-19, CIDH. 27 de julio de 2020.

 

Jurisprudencia Interamericana y Soft Law

CIDH. Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020;

CIDH. DH de las Personas con COVID-19, Resolución 4/20, 27 de julio de 2020;

Corte IDH. Artavia Murillo vs. Costa Rica. (28 de noviembre de 2012);

Corte IDH. Cuscul Piraval vs. Guatemala, (23 de agosto de 2018);

Corte IDH. Herrera Ulloa vs. Costa Rica, (2 de julio de 2004);

Corte IDH. Operación Génesis vs. Colombia. (20 de noviembre de 2013);

Corte IDH. Rosendo Radilla vs. México, (23 noviembre de 2009);

Corte IDH. Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. (4 de julio 2007);

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal EDH. Airey vs. Irlanda. No. 6289/73. (9 de octubre de 1979);

Tribunal EDH. GC. Hirsi Jamaa vs. Italia. No. 27765/09, (23 de febrero de 2012);

Tribunal EDH. GC. Lacatus vs Suiza. No. 14065/15. (19 de enero de 2019);

Tribunal EDH. GC. Z.A. vs Rusia, No. 61411/15, §. 207, (21 de noviembre de 2019);

 

Tratados de la ONU y del Derecho Internacional General

Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo, 10 de diciembre de 1948;

Organización Mundial de la Salud. (2019). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). https://cutt.ly/flnILPM;

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 3 de enero 1976;

Resolución A/RES/36/28, 13 de noviembre de 1981;

 

Comités ONU

Comité CEDAW, Call for joint action in the times of the COVID-19 (21 abril 2020);

Comité PIDCP. OG. 36, 30 de octubre. (2 de noviembre de 2018);

 

Obras generales y artículos

Asis, Rafaél, (2014). Concepto y fundamento de los Derechos Humanos. En José Tamayo, 10 Palabras sobre Derechos Humanos, (pp. 24, 25 y 41). Navarra, España, EVD;

Chauvin Juan P. et al, (15 de diciembre de 2020) A los jóvenes les va mejor con la COVID-19. Pero en América Latina la realidad es más compleja, [Blog]. Recuperado de https://cutt.ly/WlbVVho;

De Sousa Santos, B, (2014), Derechos Humanos, democracia y Desarrollo, (p. 33) Bogotá, Colombia, Dejusticia;

Equis Justicia para Mujeres. (2020). Las dos pandemias, Recuperado de: https://cutt.ly/ulmsglX;

García, F, (14 de octubre de 2011). ¿Cuál es el primer signo de civilización y cómo la respuesta se hizo viral?, La Vanguardia, Recuperado de: https://cutt.ly/ylmgSMJ ;

Kánter Coronel, Irma. (2020), Muertes por Covid-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/);

Popper, K, (1959), La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Madrid, España, Paidos;

 

Enlaces de internet

DW Made for Minds. (23 enero de 202). EE.UU., México y Guatemala cercan fronteras a caravanas migrantes, Recuperado de: https://cutt.ly/nlcon7R;

Etimologías de Chile. (2021). Diccionario, Recuperado de: https://cutt.ly/ylE1Y0Y;

Goal, En México, (22 de febrero de 2021). ¿cuántos días llevamos de cuarentena?. Recuperado de: https://cutt.ly/Alces9a;

Gobierno de México, (2021), Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/dln4KMK;

INEGI. (2020). Estadísticas a Propósito del Día Mundial del Internet. Recuperad de: https://cutt.ly/Slmel35 ;

Informador. (3 de junio de 2020). Detienen a hombre en Ixtlahuacán por no usar cubrebocas y lo regresan muerto. Recuperado de: https://cutt.ly/BlW6nBU;

Mendoza, J., (21 de enero de 2021). Número de estudiantes que abandonaron la escuela como resultado de la pandemia por COVID-19 en México de abril a agosto de 2020, por nivel educativo, Statista. (Gráfica). Recuperado de: https://cutt.ly/JlxLIbj;

The Council State Govenrments. (2020), Estados Unidos: Executive Orders—By State, https://cutt.ly/elxL478