Caso Iguala: los claroscuros de una polémica sentencia de amparo

En días recientes, se emitió la primera sentencia relacionada con el caso Igual y la desaparición de los 43 jóvenes. La discusión pública se ha centrado, en buena medida, en tan sólo un aspecto de esta resolución: la creación de una comisión para la verdad la justicia. Sin embargo, en las casi mil páginas de esta decisión jurisdiccional, existen muchos otros aspectos de enorme relevancia que es indispensable explicar y analizar. El siguiente texto es el primero de una serie tres entregas cuyo propósito es hacer un balance objetivo de los aciertos y desaciertos de esta polémica sentencia. 

No es común que una sentencia de un tribunal colegiado de circuito capture el debate público en distintos sectores sociales; más aún en medio de un intenso período de campañas electorales. Sin embargo, este es el caso del amparo en revisión 203/2017 y sus acumulados, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito (TCC), con sede en Tamaulipas, el 31 de mayo de 2018.

La sentencia del llamado caso Iguala ha llamado la atención, particularmente, porque se ordena la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al mismo tiempo que resuelve que las personas representantes de las víctimas, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y “con la posible opinión o sugerencia, en su caso, de el o los organismos nacionales o internacionales que se hayan sumado [a la comisión de investigación], [serán] quienes de común acuerdo decidirán las líneas de investigación que deben explorarse [y] las pruebas a practicarse [en el procedimiento penal  respectivo].”[1] Cada uno de estos resolutivos merece, indiscutiblemente, una reflexión puntual, la cual propondré en este texto.

Sin embargo, antes de entrar en aspectos especialmente pantanosos de la sentencia, es importante abordar también otras aristas que han pasado hasta cierto punto desapercibidas, ante el frenesí –a favor o en contra- por la creación de la comisión de investigación. La sentencia tiene importantes fortalezas que, en el debate de sus claroscuros, no se han analizado con el cuidado suficiente. Este es por ende el propósito de este primer comentario: examinar algunos aspectos de la resolución, particularmente aquéllos relacionados con los derechos al debido proceso de las personas indiciadas, que bien enfocados pueden aportar novedosas e importantes luces para el trabajo judicial, en el contexto de debilidad estructural de los procedimientos penales en México.

Iniciemos, entonces, la tarea de desmenuzar la sentencia de manera más cuidadosa.

1) En primer lugar, hay que destacar que este juicio de amparo indirecto fue promovido por la defensa de dos personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad penal por la comisión del delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud. De manera muy sintética, los conceptos de violación que estudió el TCC fueron (i) la demora injustificada en la presentación de las personas detenidas ante el Ministerio Público; (ii) la presunción de que actores estatales son responsable de la alteración a la salud de distintos declarantes en el marco de la averiguación previa, así como (iii) la inexistencia en autos de datos suficientes sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los quejosos.

¿En dónde está, entonces, la conexión con el caso Iguala? ¿Cómo llega el TCC a discutir los derechos de las víctimas, incluidas las familias de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en septiembre de 2014? ¿Dónde se establece el vínculo que conduce a que se ordene la creación de una comisión de investigación? El punto de contacto inicial es que algunas de las personas indiciadas en la causa penal por delincuencia organizada, “espontáneamente” reconocieron ante distintas autoridades ser miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como haber participado en la presunta ejecución y disposición de los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Este punto, por tenue que parezca, fue la puerta de entrada para que el TCC no solo analizara de manera amplia las declaraciones relacionadas con los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala y sus alrededores, en septiembre de 2014, sino para concluir que otras autoridades judiciales erraron al no valorar la afectación que las irregularidades en la investigación podían haber generado en los derechos de las víctimas.

Como señalé antes, el examen específico de estos aspectos de la sentencia serán materia de otro comentario. Sin embargo, estas primeras consideraciones sobre la causa permiten apreciar la importancia de un aspecto constantemente destacado en la sentencia, i.e., el efecto pernicioso de la fragmentación de las investigaciones penales.

En la práctica procesal penal mexicana, la investigación de hechos intrínsecamente vinculados suele dividirse o separarse en múltiples causas penales, las cuales se promueven en distintas jurisdicciones dentro de la República. Esto no es ni una casualidad, ni una ocurrencia, ni un tema menor. Más allá la probable adecuación de esta práctica a ciertas normas procesales vigentes, la misma ha generado una palpable dificultad no solo la actuación de la defensa de los acusados, sino también de la representación legal de las víctimas. Los propios órganos judiciales pueden, incluso, perder una visión más integral de la secuencia tanto de los hechos delictivos como de la actuación de las autoridades, con consecuencia importantes su función de control en los procedimientos penales.

En contraste con esta aproximación, el TCC reiteradamente enfatiza la importancia de considerar, de manera más integral, tanto los hechos como la conducta de las personas servidoras públicas, dentro de una perspectiva centrada en los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente. Puede ser que esta visión no corresponda cien por ciento a los criterios internacionales que advierten el riesgo que implica la fragmentación de las investigaciones; sin embargo, la posición del TCC resulta indiscutiblemente relevante para la práctica procedimental en México.

2) En un sentido similar, me parece importante rescatar también otra dimensión de la narrativa integradora de la sentencia, a través de la cual se desarticula un discurso comúnmente utilizado que confronta los derechos de las personas acusadas y de las víctimas, como si se tratara de un ejercicio de suma cero. Aunque con algunos problemas no menores, el TCC busca argumentar que las graves irregularidades identificadas en el desarrollo de la averiguación previa violan tanto los derechos de los indiciados como los de las propias víctimas. En ese sentido, queda claro que la actuación judicial no puede aferrarse a la falsa paradoja de la “elección” entre la protección de unos u otras. Tal como parece apuntar el TCC, la conducta irregular o ilícita de las autoridades no beneficia, en ningún sentido o extremo, a ninguna de las partes involucradas en el procedimiento.

Así, el mensaje implícito en la sentencia del TCC parece claro: los procesos de justicia y verdad para las víctimas no pueden construirse desde la violación de los derechos fundamentales de las personas acusadas. Este mismo mensaje ha sido enfatizado, una y otra vez, tanto por mecanismos internacionales que han dado seguimiento al caso Iguala, como por las personas representantes de algunas de las víctimas.

Sin embargo, el hecho de que esa narrativa sea una de las columnas vertebrales implícitas de una sentencia judicial nacional tiene, me parece, un potencial transformador que no puede pasarse de largo. En medio de un debate social cada vez más polarizado, respecto a la protección de los derechos humanos en un contexto de violencia generalizada en el país, la voz firme de la judicatura, en pro del respeto irrestricto de los mismo, sin discursos falaces, maniqueos o polarizantes, es una novedad gratamente bienvenida.

3) Como un tercer elemento de análisis, considero que la sentencia hace un esfuerzo particularmente notable por visibilizar los problemas que conlleva un modelo de investigación sustentado, fundamentalmente, en las declaraciones de personas (co)indiciadas o testigos de ciertos. Para quienes estés familiarizados con las deficiencias estructurales de los procedimientos penales en México, ésta no es ninguna revelación o novedad. De hecho, no es ni por mucho la primera vez que una sentencia judicial pone en entredicho la actuación de los cuerpos de seguridad pública, las fuerzas armadas o las instancias de procuración de justicia, en el marco de un procedimiento penal de alto impacto político, social o mediático.

Desde esta perspectiva, gran parte de la sentencia podrá parecer un catálogo bien conocido de omisiones, irregularidades o, directamente, ilegalidades cometidas por personas servidoras públicas a cargo de la investigación de los hechos del caso Iguala. Me atrevo a proponer, sin embargo, que la sentencia va mucho más allá de la mera identificación de este catálogo.

¿Qué aporta la sentencia para casos futuros? Es decir, ¿existe algún potencial transformador para la actuación judicial en causas distintas? De inicio, la sentencia establece (aunque tal vez no con toda la claridad deseable) que las distintas acciones de las autoridades –incluidas la detención, presentación o declaración de los indiciados– se dan dentro de un contexto de debilidad estructural de las instituciones, lo que pone en grave riesgo los derechos a la integridad o libertad personal, así como el debido proceso de las personas indiciadas. En otras palabras, las graves irregularidades que imperan en el sistema de procuración y administración de justicia en México deben tenerse siempre como telón de fondo para el examen, evaluación o control de toda la actuación de las autoridades policiales, militares o ministeriales.

¿Cómo se construye este contexto? La sentencia utiliza tanto resoluciones de la CorteIDH en casos contra México, como informes de organismos internacionales, con el fin de establecer que en nuestro país las violaciones al debido proceso o a la integridad personal han caracterizado la actuación de las autoridades de seguridad o de procuración de justicia. En este sentido, el TCC expresamente establece que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado con base en un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano, “debe ser tomado en cuenta […] al momento de resolver el presente asunto, como en su oportunidad, por el juez de la causa.”[2] Esta posición es coincidente con una práctica judicial extendida en distintos países de América Latina, en virtud de la cual los tribunales nacionales han utilizado, de manera estratégica, resoluciones, informes o reportes internos o internacionales, para identificar el contexto desde el cual se debe analizar jurídicamente un tema o asunto particular.

Sin duda, la aproximación del TCC en este punto es una novedad que se debe promover y reforzar en la argumentación judicial. La correcta operación del marco constitucional en derechos humanos no implica solo la recepción o incorporación de fuentes convencionales o de criterios internacionales para la interpretación del contenido del derecho, sino que requiere dar un peso real, concreto y adecuado a los mecanismos de protección internacional de derechos humanos. La labor judicial tiene, por naturaleza, esa finalidad integradora, la cual puede y debe extenderse también a otros mecanismos ordinarios o extraordinarios que se puedan establecer a nivel nacional.

¿Cuál es el efecto de validar la existencia de este contexto para la argumentación del caso? Según se desprende de una lectura detallada de esta sentencia, la existencia de un contexto de violaciones recurrentes al debido proceso de las personas indiciadas o acusadas, unido a la ineficacia en las tareas de investigación, requiere que los órganos jurisdiccionales realicen un análisis judicial estricto de todos y cada uno de los medios de prueba con los que se pretende sustentar un acto procesal (incluido, pero no limitado a un auto de formal prisión). Este ejercicio va más allá de la tarea ordinariamente asignada a los órganos jurisdiccionales, en relación con la admisión o valoración de pruebas para alcanzar el estándar de convicción correspondiente a cada etapa procesal.

En otras palabras, tal como parce argumentar el TCC, ante la existencia de un contexto específico se genera un riesgo tan latente –por no decir real y concreto– de violación a los derechos de las personas, que los tribunales deberán realizar una labor de control aún más cuidadosa, detallada o reforzada de los medios de prueba presentados por las autoridades.

Esta lógica se explica mejor con algunos ejemplos concretos que brinda la propia sentencia. De manera explícita, el TCC sostiene, entre otros argumentos, que no es suficiente que un informe policial argumente el tráfico excesivo o la presencia de manifestaciones en Ciudad de México, para justificar una demora en la presentación de una persona ante el Ministerio Público. Nuevamente, dado el contexto en que se desarrolla este traslado, así como la vulnerabilidad y riesgo cierto en que se sitúa la persona detenida, el informe correspondiente debe contener detalles precisos sobre las condiciones viales o las medidas específicas adoptadas para solicitar apoyo vehicular, a fin de agilizar el trayecto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un informe que alega la pinchadura de una llanta de uno de los vehículos del convoy en que se trasladaba a los detenidos como justificación para la demora en la presentación o el reporte en que se alega que ciertas lesiones fueron causadas por una caída, consecuencia del estado de embriaguez de la persona indiciada.

En la lógica propuesta por el tribunal, estos informes o dictámenes generales, posiblemente adecuados o suficientes en otros escenarios, deben ser acompañados por otros medios de prueba que corroboren la versión de las autoridades. De la misma forma, los reportes de los cuerpos de seguridad deben elaborarse de forma mucho más detallada. De lo contrario, en caso de existir retrasos en la presentación o lesiones físicas en las personas detenidas, se presumirá el incumplimiento del marco normativo que establece las obligaciones estatales correspondientes, al menos para determinar, por ejemplo, la exclusión de una declaración, testimonio o confesión.

¿Qué es lo que no puede obviarse a pesar de haber validado la existencia de un contexto? No obstante lo anterior, en su sentencia, el TCC también deja claro que la existencia de un contexto no releva al órgano judicial de su responsabilidad de hacer una valoración propia y sustentada, sobre cada uno de los argumentos y los medios de prueba disponibles. En este sentido, el mismo TCC se embarca en la tarea de cotejar, por ejemplo, las distintas declaraciones que obran en el expediente, a fin de identificar las contradicciones o alteraciones que puedan afectar su valor probatorio. Lo mismo sucede con los informes policiales o dictámenes focenses.

Sobra decir que estas consideraciones no tienen ninguna expectativa de exhaustividad. El análisis pormenorizado de una sentencia de más de 700 fojas debería comprender otros temas como las consideraciones realizadas por el TCC acerca de las detenciones en “flagrancia”, los efectos colaterales para otras personas indiciadas que no comparecieron como quejosos en el juicio de amparo, las reglas procesales de una confesión versus un testimonio, los elementos del tipo de delincuencia organizada, entre otros.

Sin restar importancia a estos aspectos, me parece que los puntos que he planteado en este comentario engloban elementos particularmente novedosos y, por ende, con potencial transformador, de la sentencia. Más aún, estos elementos, como la visión integrada de los derechos de las víctimas y los acusados o la construcción del contexto como un aspecto relevante para la argumentación, son prácticas que han caracterizado la labor de otros tribunales latinoamericanos, en el paulatino camino hacia la construcción de un nuevo paradigma de judicialización de graves violaciones a derechos humanos o delitos atroces.

No todo es, sin embargo, positivo en la sentencia. Como señale al inicio, existen también aspectos pantanosos en la misma, los cuales también pueden implicar una transformación del discurso de los derechos, pero en detrimento de un proceso de verdad y justicia más amplia. Sobre estos puntos, regresaré en un siguiente comentario.

Ximena Medellín Urquiaga. Profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Experta en derecho internacional de los derechos humanos. Twitter: @xmedellin

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

______________________

[1] Amparo en Revisión 203/2017 y sus acumulados, párr. 1139.

[2] Amparo en Revisión 203/2017 y sus acumulados, párr. 515.

(Visitado 2.580 veces, 1 visitas hoy)