¿Por qué la reforma en Baja California debe ser declarada inconstitucional?

El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso local, mismo que ha encendido las alarmas respecto los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma para ampliar el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma fue avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local en respuesta a la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a esta reforma como inconstitucional; sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo es inconstitucional?

Si bien la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que hubiese resultado en la ampliación del mandato del gobernador a 5 años[1]; no obstante, dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal.

Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”[2] y; también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y, de esta manera, lograr una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, lo cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos y, en ese sentido, se está violentado la voluntad popular.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “…para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad…”[3]. Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones[4]. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN, en el año 2007, estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.[5]

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de estos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”[6]. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali[7], por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual aún no es derecho positivo impugnable.

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la Constitución federal y, ello, no  vulnera el pacto federal. Al contrario, estipulando límites se fortalece y, al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal.

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison[8]. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda, se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la Constitución.

René Ramírez Benítez. Egresado de la Licenciatura de la Universidad Marista de Mérida.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] Rubio Francisco (2019), Caso Baja California: jugar con fuego, recuperado de: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9998

[2] Strategia Electoral, Inconstitucionalidad de la #LeyBonilla (29 de julio de 2019) recuperado de https://www.animalpolitico.com/candidata/inconstitucionalidad-de-la-leybonilla/?fbclid=IwAR3lI1RooxQkSKXNBOnTrj2mgoTC5731s1OWUOQzutYQUyAl_opzLnTrEZc

[3] Acción de Inconstitucionalidad 13/2015, (11 de junio de 2015), Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[4] Sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006, promovida por el partido político Convergencia en contra del Congreso y Gobernador ambos del Estado de Chihuahua.

[5] Resolución No.  J.82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 5072006 y 51/2006. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[6] Montesquieu, Charles Louis (1748) El Espíritu de las Leyes, Francia.

[7] Expediente de Controversia Constitucional 269/2019 y 271/2019

[8] Levitsky Steven y Ziblatt Daniel (2018) How Democracies Die, EEUU.

La reforma a la extinción de dominio: la tormenta que viene

Ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad de ninguna persona están seguras mientras los legisladores estén en sesión.

Mark Twain.

Conforme pasan los sexenios, el marco jurídico del país se ve envuelto en una serie de reformas que van desde lo simple hasta lo muy complejo. En algunas ocasiones, las modificaciones no tienen mayores efectos que aspectos cosméticos; sin embargo, en otras, las modificaciones traen consigo una serie de acciones que se deben de emprender desde todos los ámbitos del poder público para lograr tener una eficacia plena.

En México, ya tenemos experiencia en este tipo de reformas. Incluso, hoy en día se encuentran en la antesala de la implementación, aquella relacionada a la justicia en materia laboral y de seguridad social, mientras que también está pendiente el que el Congreso emita un código nacional que regule los procedimientos civiles y familiares.

Ante este panorama, en fechas recientes, el Congreso de la Unión ha añadido a la lista de reformas de implementación jurídica pendiente, las relativas a la extinción de dominio. Apenas, el pasado 25 de julio del 2019 terminó la labor del Congreso de la Unión y se encuentra en circulación el dictamen ya aprobado por ambas cámaras, relativo a la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como reformas a diversas leyes administrativas y orgánicas, así como al propio Código Nacional de Procedimientos Penales.

En primer término, debe recordarse que apenas el pasado 14 de marzo del 2019, se  publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, donde se establecieron nuevos parámetros para su ejercicio, se amplió el catálogo de delitos donde sería procedente y, además, se centralizó la función legislativa en favor del Congreso de la Unión.

Ante ello, este dictamen busca cumplir con la ordenanza de la expedir la norma que regule dicha figura. Bajo estos parámetros, en primer término, conviene definir algunos aspectos esenciales que contiene dicho dictamen en referencia:

– Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente a los artículos 230, 231, 240, 245, 246, 247, 248 y 250, los cuales se enfocan en establecer lineamientos legales para el aseguramiento y la devolución de los bienes.

– Reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con una gran cantidad de modificaciones de índole administrativo, orgánico y financiero.

– Reformas a la Ley de Concursos Mercantiles, en aspectos que no tienen relación con la Extinción de Dominio.

– Expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con 251 artículos y con disposiciones sustantivas, procesales, orgánicas y financieras.

Partiendo de lo anterior, es que podemos encontrar que dicho dictamen abarca varios campos que tendrán trascendencia próxima y directa, en la labor que se realiza día a día en las procuradurías y fiscalías, principalmente, en aquellos delitos cuyo aseguramiento de bienes pudiese ser susceptible de la extinción de dominio.

Cabe recordar, que la extinción de dominio es una figura que tiene una incorporación relativamente reciente al marco jurídico mexicano, puesto que nació con la reforma constitucional de seguridad y justicia de junio del 2008;1 por lo cual, se ha venido moldeando de acuerdo con las necesidades que han ido apareciendo. No obstante, de manera específica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ha definido como: “La acción que tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona, respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.”2

De esta forma, podemos entender que la extinción de dominio se constituye en una especie de régimen de excepción, en el cual se establece una excepción esencial a los artículos 14 y 22 de la Constitución federal, en lo que respecta al procedimiento penal. En esa tesitura, es que, con esta nueva normativa, se pretende que haya un procedimiento más dinámico para que las procuradurías y fiscalías comiencen a explotar el procedimiento.

Para efectos descriptivos, una vez analizada en lo general lo que sería la Ley Nacional de Extinción de Dominio, conviene destacar algunos de los aspectos que se plasman dentro de esta:

Armonización convencional

El primer artículo habla de la armonía que habrá entre dicha ley, el texto constitucional que regula, así como con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, sin descartar algún otro que regule el decomiso, en la vertiente civil y con vinculatoriedad hacia México.

Autonomía al proceso penal

Desde la creación de la extinción de dominio, ha sido materia de diversas interpretaciones el alcance que puede llegar a tener la autonomía del proceso penal con respecto al procedimiento relativo a la extinción de dominio. Sobre este punto, ya existe pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte; en efecto, en el amparo directo 22/2013, la Corte se autocuestionó de qué forma había un impacto entre lo resuelto en el juicio penal con respecto a la extinción de dominio, deduciendo que:

214. Con fundamento en esas disposiciones es evidente que el juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente al juez ante quien se siga la causa penal, las constancias del juicio a fin de estar en posibilidad de resolver de manera congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza intra procesal en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito, o bien la no demostración del delito tratándose se sentencia definitiva.

216. En esas circunstancias, se concluye que la autonomía que prescribe la norma constitucional no es absoluta sino relativa, porque la calificación del cuerpo del delito en el proceso penal debe impactar en el proceso de extinción de dominio, al grado tal que si no se acreditan sus elementos, no hay posibilidad alguna de que el juez civil continúe con el proceso de extinción de dominio, tal como lo consideró el legislador federal, según consta en el contenido de los artículos 10 y 50 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que impiden la contradicción de criterios en aras de respetar el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de Derecho pues, en el caso en que se trate de una contradicción de criterios injustificada, el afectado estaría en aptitud de hacerlo valer ante el juez de extinción y reclamar la devolución del bien cuyo dominio ha quedado extinto o, en su defecto, la indemnización por daños y perjuicios.

Incluso, la anterior afirmación, se encuentra contenida en la jurisprudencia 1a./J. 21/2015 (10a.), con número de registro 2008879, la cual señala lo siguiente:

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.

De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de materia penal (…) sin embargo, tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, generalmente, el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró. (…)

De esta manera, aun y cuando en su momento dicha resolución y criterio fueron emitidos al interpretar la legislación anterior en materia de extinción de dominio, claramente esta nueva normativa se debe apegar a los mismos parámetros para efectos de que haya mayor seguridad jurídica. Sobre este punto, la Ley Nacional contradice lo resuelto por la Corte, puesto que el artículo 219 hace referencia a que las resoluciones del juez penal no tendrán influencia sobre la determinación de la extinción de dominio. Sin embargo, claramente, este precepto legal podría ser materia de análisis constitucional.

Catálogo de delitos

En este mismo precepto legal, se hace referencia a la serie de delitos en los que será procedente la extinción de dominio; sin embargo, aquí viene una primera incógnita sobre la constitucionalidad de dicha norma y la adecuada operatividad que debiera tener, puesto que si bien la Constitución enlista una serie de delitos en los que será procedente, y pese a que no se señala de forma tajante que el legislador deba delimitar los tipos penales específicos en los cuales será procedente, la forma en la que se realiza en esta ley tiene ciertos vicios prácticos.

Lo anterior, se asevera puesto que el mandato del artículo 73 de la Constitución se encaminó en establecer que hubiera una legislación nacional única en materia de extinción de dominio, sin que se concediera en precepto legal alguno, ni siquiera de carácter transitorio, un mandato para que el legislador local estableciera, como ocurre en el caso de la prisión preventiva oficiosa, un catálogo de delitos locales que sean susceptibles de extinción de dominio.

Es así como, en la normativa de referencia, enlista los delitos en los cuales habrá de proceder la extinción de dominio; sin embargo, en el caso de los delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y robo de vehículos, pese a que muchas legislaciones locales contienen conductas delictivas que pudiesen encuadrar, habrá un impedimento material directo para aplicar dicha normativa, en razón de que al enunciar los tipos penales, solo se habla del código penal federal, pero no de los equivalentes o similares en las legislaciones locales.

Caso contrario, acontece en el caso de la extorsión, donde literalmente la ley aprobada refiere lo siguiente: Los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las Entidades Federativas”. Es decir, en este caso se establece como hipótesis de procedencia el solicitar la extinción de dominio al haber un delito de extorsión, conforme a la normativa local; sin embargo, se reitera, esto no podrá acontecer en el resto de los delitos mencionados en el párrafo que antecede.

Sobre este punto, cabe recordar que, en su momento el pleno de la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 18/2010, en la cual se cuestionaba si la hoy Ciudad de México podía legislar sobre extinción de dominio, planteamiento ante el cual la Corte consideró que sí podía hacerlo, pero sin contrariar lo establecido por el propio artículo 22 de la Constitución federal.3

De esta manera, si con la regulación anterior, la Corte llegó a concluir que las entidades federativas podían legislar sobre extinción de dominio, claramente en el presente caso, al haberse reformado el artículo 73 constitucional para hacerla materia exclusiva de la federación, hay una limitación expresa hacia los estados. Esto, como ya señalé, hará que los estados no puedan aplicar la extinción de dominio en los delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y robo de vehículos.4

Incluso, debe entenderse que no cabría aplicar una interpretación extensiva, porque pese a la autonomía de la extinción de dominio y su carácter civil, esto no implica que no deba respetarse la exacta aplicación de la ley penal, materia directa del artículo 14 constitucional.

Supletoriedad legislativa

Este punto es muy relevante, porque en el se encuentran algunas inconsistencias que también pudieran llegar a ser relevantes y que denotan cierto desconocimiento del propio legislador.

En primer término, se señala que, respecto al procedimiento, será aplicable la legislación procesal aplicable en materia civil federal y en su falta o ausencia la legislación civil aplicable del fuero común. No obstante, contrario a esta aseveración, existe un mandato constitucional para que el Congreso de la Unión establezca una legislación procedimental única en materia civil y familiar ¿Cómo se va aplicar una legislación local si ya no son competentes los estados para legislar al respecto?

Por otro lado, como un segundo punto, se habla de que, en la preparación del ejercicio de la acción, las actuaciones que estén a cargo del Ministerio Público deberán realizarse conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se pudiera entender con ello, a las propias labores de investigación que llegaren a realizarse para efectos del posible ejercicio de esta acción; sin embargo, hay un error práctico que llegaría a ser relevante en diversas circunstancias: la investigación en materia penal tiene un carácter desformalizado, por la propia naturaleza del procedimiento y del sistema de valoración probatoria, mientras que en la extinción de dominio se busca que haya semejanza con el procedimiento civil, donde el desahogo de las pruebas rige distintas formalidades y combina la apreciación de medios de prueba desahogados bajo la inmediación y datos de prueba analizados como prueba pre constituida.

Con este segundo aspecto habrá muchos problemas que aparecerán en la práctica; peor aún, si en 11 años que lleva la implementación del sistema acusatorio, aún se ven errores elementales de las partes. ¿Qué pasará con este procedimiento que tendrá un carácter aún más técnico?

Características del procedimiento

Como ya se adelantaba en el punto anterior, con la extinción de dominio habrá convergencia entre aspectos del proceso penal aplicados en un proceso donde predomina la naturaleza civil, siendo así que ya en el contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se definen y delimitan diferentes aspectos en torno al mismo.

  • El artículo 8 prevé que sea un proceso de naturaleza civil, con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial, cuyo ejercicio corresponde al Ministerio Público.
  • El artículo 22 reconoce a la parte demandada el derecho a contar con asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares, el Instituto Federal de la Defensoría Público o los respectivos en las entidades federativas.
  • El artículo 23 hace referencia a que se registrarán por escrito resoluciones y promociones, solo cuando sean emitidas fuera de audiencia, así como las sentencias que se emitan.
  • El artículo 61 exige que las audiencias se observen los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, con las modalidades establecidas en la propia ley.
  • El artículo 62 moldea el principio de inmediación, exigiendo que el juez reciba, por sí, todas las declaraciones y presida todos los actos de prueba, bajo pena de nulidad de las actuaciones.
  • Los artículos 64 y 65 señalan que en el desarrollo de la oralidad las partes podrán auxiliarse de documentos y apoyarse de medios electrónicos, pero evitando que se abstengan de leer documentos íntegros.
  • Al igual que el proceso penal, el artículo 65 prevé el uso de técnicas como el apoyo de memoria, superar o evidenciar contradicción y la solicitud de aclaraciones pertinentes.
  • Los artículos 99 y 100 posibilitan que el órgano jurisdiccional pueda ordenar la aportación de las pruebas que juzgue indispensables, así como decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.
  • El artículo 115 reconoce como medios de prueba a la declaración de parte, los documentos públicos y privados, las periciales, la inspección judicial, los testigos, los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones.
  • El artículo 126 prevé que los datos de prueba o medios de prueba provenientes del procedimiento penal serán considerados como prueba legalmente preconstituida, que no debe repetirse en juicio; dicho aspecto, claramente va en contra del principio de inmediación previsto también para este procedimiento.
  • El artículo 172 reconoce la existencia de dos etapas en el procedimiento de extinción: una preparatoria a cargo del ministerio público y otra judicial a cargo del órgano jurisdiccional.
  • Los artículos 173, 174 y 175 prevén la posibilidad del dictado de medidas cautelares, consistentes en el aseguramiento de los bienes, en cualquier parte del procedimiento y con la debida autorización judicial. Sin embargo, la parte demandada no podrá ofrecer garantía para que se levante el aseguramiento.

Juzgados en materia de extinción de dominio

De acuerdo con lo abordado en puntos anteriores, el procedimiento de extinción de dominio exige que haya jueces que tengan competencia y/o especialización en la materia; sin embargo, un aspecto relevante, es lo establecido en el artículo 17, puesto que dispone que la competencia recaiga en el juzgado competente materia de extinción de dominio, ya sea de la federación o local.

Este último aspecto deviene relevante, debido a lo que señalan los artículos transitorios relativos al decreto en mención, específicamente el artículo noveno, el cual refiere:

Artículo Noveno. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un plazo que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, para crear los juzgados competentes en materia de extinción de dominio a que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mientras tanto, serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que no tengan jurisdicción especial, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura Federal, aplicando similares términos para el fuero común; debiendo utilizarse para el desahogo de las audiencias a que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio las salas existentes en los Centros de Justicia Federales y en los centros de justicia respectivos de las entidades federativas, en las que actualmente se desahogan las audiencias con la característica de oralidad.

De esta manera, se puede advertir que la exigencia normativa concretamente se dirige hacia el Consejo de la Judicatura Federal, pero en las entidades federativas se deberá de hacer lo conducente para contar con jueces especializados y que se haga uso de las propias salas de oralidad existentes para los efectos de darle trámite a tales procedimientos.

Aquí lo que resulta interesante, es que habrá de recordarse que en este momento diversas entidades federativas como en Nuevo León y Ciudad de México, actualmente existen procedimientos orales en materia civil y familiar, por lo cual, eventualmente, los Consejos / Tribunales Superiores, habrán de darle competencia a tales jueces para conocer de la extinción de dominio o, incluso, otorgar nuevos nombramientos para tal materia. Sin embargo, de manera operativa esto no podrá ocurrir con los casos en donde ni siquiera existe la oralidad en materia civil y familiar, puesto que como lo exige dicho precepto legal, los jueces de extinción de dominio tendrán que compartir las salas con sus homólogos de materia penal, lo cual no necesariamente es un aspecto negativo pero si se convierte en un reto administrativo.6

¿Y las víctimas?

En un análisis preliminar de la ley, en toda su redacción apenas se menciona en una ocasión a las víctimas y esto es en el artículo 3 que describe una serie de conceptos para efectos de la ley nacional de extinción de dominio; de esta forma, dentro de la ley brilla la ausencia de un mandato directo para que al presentar la demanda el ministerio público señale datos para identificación de la víctima, tampoco hay una obligación para emplazar a la víctima u ofendido del delito cuando se inicie dicho procedimiento; peor aún, ni siquiera se le reconoce el carácter de parte procesal.

Lo anterior, es sumamente grave a la luz del criterio asumido por el pleno de la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 18/2010. En la cual se pronunció sobre si existía necesidad de que, en la legislación en la materia, hubiese un emplazamiento en favor de la víctima.

En relación con lo anterior debe señalarse, en primer término, que el principio de igualdad procesal implica que las partes en el procedimiento tengan un mismo trato, es decir, que se otorguen las mismas oportunidades de hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas y excepciones; sin embargo atendiendo a la naturaleza propia de la acción de extinción de dominio, el equilibrio procesal se preserva en las normas impugnadas; la sustancia del procedimiento lo constituye el derecho de propiedad que, en caso de acreditarse su procedencia o utilización ilícita, saldrá de la esfera jurídica del particular (afectado); además de que a los terceros, víctimas u ofendidos se les debe notificar personalmente la admisión de la acción de extinción con lo cual se les da la oportunidad de apersonarse en el juicio para deducir sus derechos.7

¿Por qué es relevante que la víctima u ofendido tenga un carácter reconocido dentro del presente procedimiento? Es una pregunta que fácilmente se responde a la luz del marco jurídico vigente, puesto que pese a que esta ley aparentemente reconoce en la víctima su derecho a la reparación del daño, establece una serie de supuestos en los cuales se le da preferencia a la utilización del bien por la administración pública, por encima del deber de reparar el daño. Lo anterior, es contrario a lo que señala el artículo 20, apartado C de la norma constitucional, así como la propia Ley General de Víctimas. Incluso, la propia norma genera un conflicto de interés en su artículo 236, puesto que señala que el ministerio público deberá representar los intereses de la víctima u ofendido. ¿Pero como los va a representar cuando el objetivo ministerial es acrecentar las arcas del Estado, mientras que la necesidad de la víctima es que se le repare el daño?

Venta anticipada de bienes

Durante el proceso legislativo, diversos medios retratan el debate suscitado en el Congreso con motivo de los artículos 228 y 229 de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Incluso, en medios de comunicación ya abundan diversas columnas sobre el tema.5 El contenido de tales preceptos legales medularmente posibilita a la autoridad administradora correspondiente para efectos de realizar la venta anticipada de los bienes en cuestión. Aspecto que sería motivo de un análisis constitucional muy interesante, por la trascendencia que puede tener con respecto a otros preceptos legales constitucionales como lo son el 14 y 16.

No obstante, sería aventurado y materia de un análisis minucioso y profundo el abordar con detenimiento tales aspectos de posible inconstitucionalidad en este texto,8 por lo cual, sólo conviene enunciar los supuestos en los cuales podría la autoridad en mención, poner a la venta los bienes materia de un procedimiento de esta naturaleza, aun cuando no se haya emitido resolución firme. Siendo así que la norma menciona los siguientes supuestos:

  1. Cuando la enajenación sea necesaria dada la naturaleza de los bienes;
  2. Cuando los bienes representen un peligro para el medio ambiente o para la salud;
  3. Cuando por el transcurso del tiempo pueda haber pérdida, merma o deterioro; así como, cuando se pueda afectar gravemente su funcionamiento;
  4. Cuando su administración o custodia sean incosteables o causen perjuicios al erario;
  5. Cuando se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros animales; o
  6. Cuando se trate de bienes que se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo.

Así también, el legislador prevé en el artículo 238 de la citada norma que si llegaré a ordenarse la restitución del bien sujeto al proceso de extinción, cuando este haya sido vendido de forma anticipada, deberá pagarse el producto de la venta más los productos, rendimientos, frutos o accesorios, menos los gastos de administración que correspondan. Mientras que si este fue donado, destruido o prevalece condición que imposibilite la devolución, se pagará el valor del avalúo del bien al momento del aseguramiento. En cualquiera de los dos casos, parece ser que el ciudadano que sea sujeto a un procedimiento de extinción de dominio, si llegare a obtener una sentencia favorable, aun así, saldrá perdiendo con lo cual habría una seria vulneración a diversos artículos como el 1, 14, 16 y 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal, así como diversas disposiciones internacionales.

No obstante, también debe precisarse que sobre el caso ya se ha pronunciado la Corte en el aspecto de este tipo de situaciones donde ocurre una especie de disposición sobre el bien materia del procedimiento de extinción, pronunciándose favorablemente al señalar que el derecho de propiedad -por sí mismo- no se he vulnerado, porque se mantiene incólume. Esto ha sido reseñado en la Tesis 1a. CXXXVII/2015 (10a.), con número de registro 2008938, la cual señala esencialmente lo siguiente:

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Ahora bien, pueden existir situaciones concretas en las que los efectos de una medida cautelar pudieran parecer, en la práctica, idénticos que los derivados de la propia extinción de dominio, por ejemplo, cuando el objeto del juicio es un bien consumible, o de tal naturaleza que si no se usa o administra de manera muy precisa, sufre un menoscabo en su valor o incluso puede perderse, o cuando, en términos de la legislación aplicable, la entidad en cuya custodia se encuentra el bien (Secretaría de Finanzas u Oficialía Mayor del Distrito Federal) deba disponer de éste en pública subasta, de inmediato o tras un corto lapso anterior a la resolución de la sentencia, en ciertos casos contemplados por la ley, que haga suponer que la simple desposesión o aseguramiento del bien, o la suspensión de actos de disposición, implican fácticamente una desapropiación material. Sin embargo, ello no es así, pues aun cuando desde el punto de vista fáctico puede parecer que la ejecución de ciertas medidas cautelares equivale a la propia sustracción de bienes, jurídicamente ello no ocurre, porque si a resultas del juicio, el dueño conserva su derecho de propiedad, éste no se afecta en esencia por las medidas cautelares.Así, con base en ese derecho de propiedad incólume, el dueño podrá exigir la devolución del bien con sus frutos y accesorios, o el valor del bien y una indemnización por daños y perjuicios en caso de pérdida o menoscabo por dolo o negligencia de la entidad que mantuvo la cosa bajo su cuidado o administración, o bien, el valor de adquisición del bien, con sus réditos, en caso de que éste se hubiere enajenado.

Ante esto, resulta lógico advertir que aun y cuando se presume la naturaleza civil del procedimiento e independencia con el penal, este debiese seguir en lo medular, la lógica proteccionista de la materia penal, para que al menos la venta anticipada fuese sujeta a aprobación del órgano jurisdiccional, puesto que, con dichos parámetros, resulta completamente discrecional la figura, quedando muchas dudas: ¿Habrá algún mecanismo ordinario para que el demandado pueda evitar la venta? ¿En qué forma una enajenación puede ser necesaria y cuando no lo será? ¿Cuáles elementos relativos a la naturaleza de los bienes habrán de ser tomados en cuenta para su venta? ¿Qué grado de peligro debe tener un bien con respecto al medio ambiente y la salud para ser susceptible de venta? ¿Un cigarro que tiene un peligro comprobado será susceptible de este presupuesto o se requiere algo como el ántrax para tal efecto? ¿Qué grado de pérdida, merma o deterioro será suficiente para que la autoridad plantee la venta? Para efectos financieros, ¿qué es lo incosteable y qué resulta costeable? ¿Será el mismo costo para la autoridad jalisciense que para la autoridad capitalina? ¿Le costará lo mismo la administración a la autoridad federal que a la autoridad colimense? ¿Qué aspectos se considerarán para determinar que se puede causar perjuicio al erario? ¿Quién puede definir cuando en lugar de perjuicio hay beneficio al erario? ¿Será incosteable la administración de un departamento o solo la de un rancho de varias hectáreas? ¿Puede perjudicar al erario solo la administración de aviones o también la de automóviles sedán?

Ante todo, podemos establecer un ejemplo muy básico que ilustra mejor la trascendencia de estas disposiciones. Un sujeto adquiere en enero del 2017 un departamento con valor catastral de dos millones de pesos, renta dicho departamento, pero a los meses tiene conocimiento del inicio de este procedimiento. Tras haber sido utilizado el inmueble para actividades ilícitas, sufre un grave deterioro y cuando es asegurado se le valora por un millón de pesos. Es vendido anticipadamente (tres meses después del aseguramiento), pues la autoridad aduce que le resulta incosteable su mantenimiento y no cuenta con personal que lo pueda administrar y obtener frutos de éste. Una vez finalizado el procedimiento, el propietario obtiene una resolución favorable y se le ordena que se le remunere con el precio de valoración al momento del aseguramiento, pero, además, la autoridad le resta por concepto de administración una fuerte suma, restándole el 10%. Aquí técnicamente, la persona recuperó lo que la autoridad le quitó, pero realmente, no hay ningún acto de justicia luego de la devolución, que si bien, por diversas vías se pudiesen obtener aspectos complementarios, ciertamente la ley no tendría porque orillar a las personas a explotar todas las encrucijadas legales existentes.

De esta forma, una vez analizados diversos puntos centrales sobre dicha normativa,9 se puede advertir que esta tiene ciertos tintes draconianos y no sólo tiene graves inconsistencias de técnica jurídica con desconocimiento elemental de teoría general del proceso y razonamiento probatorio, sino que incluso atenta contra derechos fundamentales tanto de los imputados, como de terceros afectados y de las propias víctimas u ofendidos del delito. Eventualmente, será casi obligatorio que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la presente norma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos siga pasos ya dados en otros casos e interponga la respectiva acción de inconstitucionalidad, con independencia de que cualquier interesado la pueda controvertir en el momento oportuno.

Joseph Irwing Olid Aranda. Abogado por la Universidad de Guadalajara. Defensor Público Local en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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  1. La reforma del 18 de junio del 2008, es conocida como de Seguridad y Justicia, y trajo modificaciones de fondo a todo el Sistema de Procuración, Administración e Impartición de Justicia en Materia Penal, reformando diversos preceptos constitucionales. En el presente caso, destaca el 22 constitucional, siendo la ocasión en que se incluye dentro del ordenamiento mexicano la extinción de dominio.
  2. Jurisprudencia 1a./J. 15/2015 (10a.), con número de registro 2008877, cuyo rubro señala: EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
  3. En el Engrose publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del 2014, se puede advertir lo siguiente: “En ese sentido, se puede concluir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene competencia para emitir la Ley de Extinción de Dominio, siempre y cuando los procesos a los que se refiere se encuentren relacionados con el delito de robo de vehículos, o bien, aquéllos que si bien su regulación corresponde al Congreso de la Unión, su aplicación u operatividad puede ser llevada a cabo por autoridades locales de manera concurrente, tal como en el caso del narcomenudeo, trata de personas y secuestro”.
  4. En la resolución de referencia, el hoy Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hace referencia a lo siguiente: “En este sentido, lo primero que debió establecerse atendiendo a la regla genérica del artículo 124 constitucional, es si la materia de extinción de dominio está expresamente conferida a la Federación. En este punto cabe aclarar que dicho precepto es el punto de partida para el análisis competencial aún en el caso del Distrito Federal, en el entendido de que, una vez identificada la competencia local, el artículo 122 constitucional cobra aplicación para efectos de determinar a cuál de los órganos legislativos de dicha entidad corresponde ejercer la competencia respectiva. Establecido lo anterior, se advierte que ningún precepto de la Constitución le otorga a la Federación competencia para legislar en materia de extinción de dominio, sino que, por el contrario, establece un catálogo de delitos en los que procede esa medida, siendo éstos: delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas”.Es decir, a contrario sensu, el otorgar a la federación la facultad exclusiva para legislar impide que ahora los Congresos locales, puedan siquiera señalar los delitos donde se aplicará la extinción de dominio.
  5. En este punto, destaca especialmente la columna de la Diputada Tatiana Clouthier en el Periódico Reforma, en la edición del 27 de julio del 2019, donde apunta la preocupación por dos de los temas abordados en la ley, como lo es el caso de lo que acontecería con los terceros de buena fe, así como con la posibilidad de que la autoridad pueda disponer de los bienes antes de la obtención de la resolución favorable al órgano ministerial. Cfr. https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=161273

Por su parte, el Periodista Sergio Sarmiento, también hizo lo propio en la edición del 30 de julio del 2019, donde hace acotaciones sobre preocupaciones ante dicha norma. Cfr. https://www.reforma.com/extinguir-propiedades-2019-07-30/op161432

  1. Como ejemplo de lo anterior, en el Estado de Jalisco en el Área Metropolitana de Guadalajara hay 40 juzgados que no conocen de procedimientos orales (civil, familiar y mercantil), 9 juzgados mercantiles orales, 25 jueces de control y oralidad (cuatro están especializados en violencia contra la mujer) y 3 juzgados de ejecución oral. De todos los mencionados, solo hay dos lugares donde hay salas de oralidad con sistema de videograbación (puente grande y ciudad judicial). Lo más idóneo, será que el o los jueces de extinción de dominio residan en Puente Grande, al ser el lugar donde hay mayor número de salas, y también donde tiene espacio físico el Agente del Ministerio Público.
  2. Al igual que en la resolución que se mencionó previamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un criterio jurisprudencial que hace más entendible este tema, siendo la Tesis I.3o.C.897 C, de la Novena Época, con Número de Registro 162837, la cual establece como rubro: EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA LEY RELATIVA CUMPLE CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
  3. No obstante, si conviene apuntar que, en su momento se llegaron a emitir criterios que contrarían esta nueva redacción normativa, como lo es el caso de la Tesis I.3o.C. 894 C, de la Novena Época, con Número de Registro 162850, la cual señala en su rubro: EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA.Siendo así que, en su contenido, señala medularmente lo siguiente: “En el entendido de que si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario, pero en ningún caso se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la procedencia o no de la extinción de dominio”.
  4. Puede consultarse dicho dictamen en la sección de la Gaceta de la Cámara de Diputados: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/jul/20190725-I.pdf

La Corte Suprema de los Estados Unidos cierra la puerta a asuntos relacionados con el “gerrymandering”

Hace unos días la Corte Suprema de los Estados Unidos se declaró incompetente y sin la facultad  para resolver asuntos relacionados con el gerrymandering. Con una votación de 5 a 4, el bloque conservador se sobrepuso al liberal y resolvió que los tribunales federales carecían de las facultades para legislar en un tema político y para juzgar en las relaciones de poder entre los dos principales partidos políticos estadounidenses. Esta sentencia invalidó –por falta de jurisdicción- dos sentencias de tribunales de distrito de los estados de Carolina del Norte y de Maryland que resolvían dos casos de gerrymandering. Para poder comprender la magnitud de lo que esta resolución implica es necesario analizar el sustento que la Corte dio a su argumentación, así como explicar elementos clave de la política estadounidense.

En primer lugar es fundamental saber cómo funciona la práctica del gerrymandering[1] en el sistema de redistribución de distritos electorales estadounidense. Este sistema consiste en la manipulación de circunscripciones electorales para obtener un fin determinado en las elecciones. Los mapas territoriales de los estados, que determinarán los escaños en el Congreso, son dibujados –en la mayoría de las ocasiones- por los propios legisladores. De acuerdo a la composición de las legislaturas estatales de ese momento, el dibujo de los mapas suele tener una composición que beneficia al partido de la mayoría. Ahora bien, esta facultad es otorgada por medio del primer apartado de la cuarta sección del artículo 1° de la Constitución estadounidense, conocida como la cláusula de elecciones, que dicta lo siguiente:

Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley, excepto en lo tocante a los lugares de elección de los senadores.[2]

La Corte resolvió su falta de jurisdicción con los casos resueltos este jueves: Rucho v. Common Cause, No. 18-422, y Lamone v. Benisek, No. 18-726. En ambos, la Corte analizó dos sentencias de tribunales de distrito en las que tanto votantes del estado de Maryland como de Carolina del Norte presentaron demandas en contra de la redistribución de los distritos congresionales de sus estados por tener un sesgo y vidente uso del gerrymandering partidista. En el caso del “viejo estado del norte” (Carolina del Norte) los demandantes alegaron que se discriminaba a las minorías demócratas. Mientras que en el caso de Maryland los demandantes aseguraban que se discriminaba a los republicanos. En ambos casos fue alegada una violación a la primera enmienda y a la cláusula de elecciones.

De igual manera, en ambas demandas por gerrymandering los tribunales de primera instancia les dieron la razón a los demandados. Por lo anterior, los demandados apelaron a la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense tuvo un problema para resolver el caso, el cual fue el cómo determinar cuando los agentes políticos han ido demasiado lejos en su facultad de determinar distritos y si los tribunales federales tienen competencia para resolver sobre casos “políticos injustos” que no están explícitamente contenidos dentro de la Constitución. Más allá de la cláusula de elecciones no hay una norma legal que determine como solucionar un problema de gerrymandering partidista para los tribunales federales, en todo caso la resolución tendría que ser resuelta de acuerdo a un criterio político, que fue lo realizado por los tribunales de distrito.

En la sentencia del tribunal de distrito de Carolina del Norte ocurrió lo siguiente: el tribunal dictó que en 2016 la legislatura estatal diluyó intencionalmente la fuerza demócrata en un distrito con base en una prueba de tres partes. La prueba consistió en lo siguiente: demostrar la intención de los que realizaron el mapeo, los efectos que tuvo y la causalidad. Los legisladores republicanos, de acuerdo a la sentencia, instruyeron al cartógrafo a manejar una delegación congresional de 10 a 3 (republicanos vs demócratas) con base en la modificación de los mapas y la redistribución de votantes cuya tendencia electoral tendía a votar por un determinado partido de acuerdo a resultados anteriores. Además de lo anterior, el cartógrafo justificó su actuar en su creencia personal de que el gobierno republicano era más favorable a los “intereses nacionales”. En la demanda realizada por los demócratas, organizaciones civiles y votantes individuales, se alegó que el plan de redistribución de 2016, violentaba además de la cláusula de elecciones y la primera enmienda, la cláusula de Igual protección de la 14 enmienda que  establece que: “Los Representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados de acuerdo con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada Estado”[3].

El tribunal de distrito resolvió que el plan de 2016 diluía intencionalmente la fuerza electoral de los demócratas, que también violentó la primera enmienda por discriminación por tendencias políticas que impidieron la libre expresión y que el plan también impidió el derecho de la gente a elegir a sus candidatos preferidos para el Congreso -en contravención del artículo 1, sección segunda de la constitución-. Además el tribunal también estableció que existió un incumplimiento de la cláusula de elecciones al proponer que el Congreso estatal había excedido su autoridad para prescribir los tiempos, lugares y maneras de celebrar elecciones. Así el plan de 2016 había ido en contra de la cláusula de igual protección del artículo primero constitucional y de la primera enmienda, la cláusula de elecciones y la catorceava enmienda. El tribunal de distrito alegó que la intención predominante de la asamblea fue discriminar a los votantes que apoyaron o probablemente apoyarían a candidatos no republicanos y la resolución dictó una prohibición para usar el plan de 2016 y mandó a realizar la elaboración de una nueva redistribución. En su defensa los demandados apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, caso que será analizado posteriormente.

En el caso de Maryland, el gobernador demócrata Martin O´Malley designó a un comité para volver a dibujar el mapa de distritos de su Estado. En este caso cerca de 350,000 votantes fueron redistribuidos para poder ganar un sexto distrito que había sido mayoritariamente republicano durante 30 años. El plan aprobado en 2012 logró que los demócratas ganaran este distrito y que hasta la fecha el representante siga siendo demócrata. Al igual que sucedió en Carolina del Norte, fueron presentados recursos legales en contra de esta acción de gerrymandering, en este caso tres votantes de Maryland presentaron una demanda alegando violaciones ala primera enmienda, a la cláusula de elecciones y al artículo primero, sección segunda, de la Constitución. El tribunal de distrito de Maryland también falló a favor de los demandados. Argumentó que el plan violaba la primera enmienda al disminuir la capacidad de elegir al candidato de preferencia de los votantes debido a su afiliación política. El tribunal ordenó un nuevo plan de redistribución para 2020. Así como en el caso de Carolina del Norte los demandados también acudieron a la Corte Suprema.

Ante ambos casos la Corte primero determinó si los casos de gerrymandering son resolubles de acuerdo a principios legales y de derecho, o si deben encontrar su resolución, al ser casos políticos, en otra institución. Históricamente, el gerrymandering había existido desde antes de la independencia estadounidense. La práctica de redistribución de distritos con fines electorales siempre ha sido un tema de debate, sin embargo, nunca fue sugerido que un tribunal federal pudiera intervenir. Lo anterior cual planteó una duda razonable en máximo tribunal sobre la competencia de los tribunales federales para resolver estas cuestiones.

La Corte estimó que los tribunales locales llevaron a cabo su intervención con base en que el gerrymandering había ido demasiado lejos y que en el caso de que ellos resolvieran, también tenía que ser cumplido este criterio. Es allí donde se encontró el primer obstáculo, los precedentes al caso de gerrymandering, que fue resuelto hace unos días, siempre habían tenido diferencias entre los jueces. En estas diferencias, el “estándar” a partir del cual los jueces podían actuar de manera judicialmente discernible y manejable variaba de acuerdo al criterio de cada uno. Por ejemplo: de acuerdo a un razonamiento del juez Kennedy, para que un caso sea justiciable debe tener un razonamiento limitado y preciso,  ser claro, manejable y políticamente neutral. Sin embargo El problema radica en que un criterio de equidad no es judicializable ni existe norma legal que lo determine y por lo tanto existe una dificultad extrema para determinar cuando el gerrymandering ha ido “demasiado lejos”.

Ahora bien, si fuera el caso que los jueces debieran que juzgar de manera discrecional, la Corte estimó que los demandantes no proporcionaron pruebas suficientes para la evaluación de un criterio de equidad, o un algún requisito judicialmente discernible y manejable. Por lo tanto no hay un criterio o base sólida para que los jueces puedan discernir o definir un criterio para reasignar poder o influencia entre partidos políticos. Las pruebas con las que contó el juzgador eran las que fueron exigidas por los tribunales de distrito a los demandantes para poder interferir que fueron tres: que los demandantes probaran que en el mapeo legislativo existió un criterio de definición que buscara afianzar a un partido en el poder. Posteriormente requirió demostrar que esta redistribución favorecería un partido permanentemente de tal manera que el representante electo no sentiría la necesidad de responder ante los votantes desfavorecidos. Finalmente, que los efectos discriminatorios no tenían un interés estatal legitimo o alguna otra explicación neutral.

Aunque las pruebas fueron suficientes para el tribunal de distrito y justificar su injerencia sobre un asunto político, para la Corte Suprema las pruebas exigidas por el tribunal no fueron suficientes, ni mutuamente excluyentes a otros casos, ni necesariamente definitorias para justificar la intervención en el gerrymandering. La Corte determinó que una predicción sobre cómo van a ser las preferencias de los votantes es bastante ambigua, para hacerlo citó un ejemplo de las votaciones en el estado de Indiana donde a lo largo del tiempo ocurrieron variaciones importantes entre escaños distritales y la composición del congreso. Por lo cual la Corte concluyó que los votantes cambian de preferencias de una manera difícilmente predecible. Con relación a esto, determinar si un resultado electoral puede favorecer o no inequitativamente a una parte, la Corte estimó que esta clase de predicciones para responder a si una redistribución es inequitativa o injusta está fuera de los alcances constitucionales del tribunal e implicaría un ejercicio de suposición no neutral.

Ahora bien, con relación a la violación de la primera enmienda, el tribunal de distrito encontró que tanto en el caso de Carolina del norte como en el caso de Maryland, los votantes habían sentido una privación de derechos, que existió una mayor dificultad para el ejercicio de derechos políticos (recaudación de fondos, atraer candidatos y movilización y falta de entusiasmo). Este argumento de los demandantes sugiere discriminación contra partidos de una base política opuesta. Sin embargo, para la Corte en esta teoría cualquier nivel de partidismo en cualquier distrito implicaría una limitación a su contraparte por lo que implica el ejercicio mismo de las campañas, política y preferencias individuales. Además de lo anterior, la primera enmienda no establece un “estándar” que codifique cuando esta actividad partidista va demasiado lejos. Por ambas razones la Corte también consideró el argumento de la limitación de derechos como un caso en donde no tenía capacidad de intervención.

Para resolver lo anterior los demandantes propusieron un modelo de distrito que estableciera criterios de base neutral para medir los extremos de gerrymandering. Sin embargo, este mapa neutral de acuerdo a la Corte presentaría varios problemas, el primero es que tendría criterios que cambiarían año con año por las modificaciones poblacionales y de preferencias y también que se diferenciarían en cada estado. Además de lo anterior, este “modelo de distrito neutral” sería de igual manera arbitrario con relación a cómo sería determinado y presentaría nuevamente la incógnita sobre ¿qué es lo justo durante la distribución? Otro punto relevante es que los demandantes citaron precedentes o jurisprudencia relacionada con una discrecionalidad judicial para la resolución de casos. El problema radicó en que una vez analizadas las sentencias de una aparente discrecionalidad, la misma tenía una base legal a partir de la cual el juez estaba facultado para realizar este ejercicio.

Con relación a la cláusula de elecciones, el tribunal de distrito concluyó que el plan de 2016 de Carolina del Norte superó la cláusula de elecciones porque el tribunal no tenía autoridad para desfavorecer los intereses partidarios de un candidato o partido en particular. Ahora bien para la Corte Suprema este principio de garantía no necesariamente proporciona una base para un reclamo justiciable de acuerdo a su jurisprudencia. Si bien el partidismo excesivo puede llevar a resultados que parecen injustos, los mimos no necesariamente son excluyentes de los principios democráticos. Por ello para la Corte estadounidense, los jueces federales no tienen un alcance más allá de lo dictado por la Constitución ni injerencia en reasignar pode entre los dos principales partidos políticos. Para la Corte los demandantes sugerían una expansión del poder y las facultades judiciales puesto que el tribunal nunca ha invalidado el gerrymandering por ser “inconstitucional”. Para la Corte no existe una forma de establecer distritos justos, más bien establece que los mecanismos están involucrados y deben ser resueltos dentro de las legislaciones locales (los asuntos políticos deben ser resueltos en la arena política), por ejemplo: comisiones independientes de redistribución. Otras legislaciones prohíben, por ejemplo, el favoritismo partidista. Además existen, para la Corte, otros múltiples proyectos relacionados con mantener equidad en las elecciones distritales como criterios de contigüidad o igualdad poblacional. Aunque la Corte no se decanta por alguno de los anteriores mecanismos, si los menciona como vías de reforma establecidas en la constitución y que son parte de las facultades del congreso que siguen vigentes.

Por todo lo anterior y la invalidación de los argumentos presentados por los demandantes es que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no tienen comisión para asignar poder o influencia política y que de la misma manera su ejercicio debe ser meramente acorde a la legislación. La Corte dictaminó que no es su facultad decir lo que es o no ley. Por lo tanto, para el máximo tribunal estadounidense las sentencias de los tribunales fueron declaradas vacías y, por ello, ordenó que fuesen descartadas por falta de jurisdicción.

José Miguel González Serrano. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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Bibliografía

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El gerrymandering y la supresión del voto en Estados Unidos: Nota Informativa (México: Senado de la República, 2018)

LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_005_16

LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. 2/7/2019. http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_006_30

[1] Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El gerrymandering y la supresión del voto en Estados Unidos: Nota Informativa (México: Senado de la República, 2018), 3 – 7.

[2] LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_005_16 (Consultada el 2 de Julio de 2019).

[3] LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. 2/7/2019. http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_006_30 (Consultado el 1 de Julio de 2019).

¿El gasto hecho en representantes de casilla constituye un gasto de campaña?

Uno de los mecanismos garantes de la democracia es la figura de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, figura cuya existencia se justifica por la necesidad de asegurar que la jornada electoral se desarrolle en óptimas condiciones.

Sin embargo, con base en las últimas modificaciones normativas, el gasto realizado en representantes ante las mesas directivas de casilla se clasifica como gasto de campaña, por lo que, en última instancia, la suma de gastos derivados de la contratación de representantes podría ser la causa de la anulación de una elección. Lo cual, en mi opinión, resulta un contrasentido a la finalidad de dichos representantes.

Existe una larga tradición en la legislación mexicana respecto de considerar la existencia de representantes de partidos políticos y, ahora, de candidatos independientes en las mesas de casilla el día de la jornada electoral. En todos los casos esta figura se consideró una herramienta para garantizar el correcto desarrollo de los comicios a partir de la vigilancia mutua del proceso de emisión del voto.

Lo anterior es congruente con lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la cual señala que los partidos políticos, coaliciones y candidatos tienen el derecho de designar representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes generales. Por otra parte, se puede concluir que la figura de la representación general ante las mesas directivas de casilla se encuentra diseñada como una herramienta de vigilancia en favor del interés general, para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, constituyéndose, entonces,en una garantía del sistema electoral tendente a proteger la legitimidad de los comicios.

Dicho lo anterior, es importante analizar la naturaleza del gasto. Al respecto, el Reglamento de Fiscalización establece que los gastos que se hayan realizado como contraprestación a los representantes generales y de las mesas directivas de casilla, serán considerados gastos de campaña para efecto de su debido reporte. Lo anterior se derivó de una incorrecta interpretación que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumulados, resolución en la que se pronunció sobre la inconstitucionalidad de considerar ciertos gastos de estructura partidista erogados durante los procesos electorales, como gastos ordinarios.

En efecto, la autoridad electoral administrativa determinó que, debido a que los gastos relacionados con los representantes generales y de casilla no son de carácter permanente, sino que son realizados de forma intermitente —precisamente por aplicara la jornada electoral— no pueden ser considerados como de carácter ordinario. Además, en virtud de que los gastos de carácter específico se encuentran descritos en la normatividad de forma limitativa, entonces, a manera de exclusión,deben ser considerados como gastos de campaña.

Sin embargo, con el objeto de determinar la naturaleza de los gastos de campaña, cabe atender a lo dispuesto por la LGIPE, la cual establece que una campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, y que la propaganda electoral tiene como propósito promover, ante el electorado, las candidaturas registradas.

Asimismo, precisa los gastos que deberán considerarse como gastos de campaña, los cuales pueden reconocerse por la confluencia de tres elementos fundamentales:

a) El temporal, que corresponde al momento en que el elemento propagandístico o el acto que se relaciona directamente con estos gastos se desarrolla dentro de la etapa de campaña;

b) El personal, relacionado con el sujeto que lleva a cabo los actos, así como a los elementos que lo identifican en la propaganda respectiva; y

c) El subjetivo, vinculado con la intencionalidad de los actos y propaganda con la finalidad de lograr la obtención del voto o de posicionar al candidato o partido político frente a los demás contendientes.

En este sentido, no basta con cumplir uno o dos de los elementos principales. Si bien es cierto que la temporalidad de un gasto resulta ser una condición necesaria para definir si es o no de campaña, es insuficiente, ya que el elemento subjetivo pone de manifiesto la intencionalidad de la acción y el personal permite identificar la identidad de quien la comete o se beneficia con ella.

Por lo tanto, una interpretación simplista, basada únicamente en la temporalidad, podría resultar en una incongruencia del sistema de fiscalización, clasificando incorrectamente gastos que, si bien fueron realizados en un ámbito temporal de campaña o de forma intermitente, no se encuentran relacionados ni directa ni indirectamente con el fin propagandístico o proselitista que los caracteriza.

Así, la conceptualización realizada por la autoridad administrativa electoral y ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación con los gastos por representantes partidistas (de casilla o generales), parece contraponerse a la existencia de los tres elementos antes referidos.

Lo anterior, como ya se dijo, deriva de una lectura incorrecta de las consideraciones y razonamientos de la SCJN en el expediente 22/2014, pues dicho órgano jurisdiccional hizo hincapié en que los gastos intermitentes deben ser tendientes a la obtención del voto.

Por ello, es posible concluir que para la SCJN los gastos de campaña son aquellos que se realizan durante la etapa de campañas electorales para el sostenimiento de la “estructura partidista” y/o de “estructuras electorales”, y solo en la medida en que se encuentren dirigidos a reforzar una estructura operativa que tenga por objetivo la obtención de voto.

Dicho esto, en cuanto a los gastos de representantes ante mesas directivas de casilla, no solo no estamos ante una función propagandística o proselitista de los representantes de mesas de casilla, sino que nos encontramos ante una actividad que es contraria a dicha función, puesto que presupone un ejercicio de vigilancia a efecto de que no se realicen actos propagandísticos o proselitistas, aunado a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de las jornadas electorales.

Sin embargo, el TEPJF determinó que los gastos que erogan los partidos políticos por concepto de remuneración por las actividades realizadas por sus representantes generales y de casilla el día de la jornada electoral se deben considerar como gastos de campaña, “con el objeto de llevar su control, contabilidad, fiscalización y vigilancia”, a fin de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Quizá la lectura de la Sala Superior no es del todo acertada, puesto que omite un elemento identificado por la Suprema Corte, necesario para determinar la existencia de gastos de campaña: la finalidad del gasto. Por lo que, si bien la existencia de representantes ante las mesas de casilla significa el reforzamiento de la estructura de un partido político, en realidad no se relaciona con las actividades de campaña, y mucho menos con la necesidad de obtener el voto.

Las consideraciones de la autoridad administrativa y de la Sala Superior cobran relevancia si se atiende a que, de conformidad con la normativa existente, en el caso de que exista un rebase al tope de gastos de campaña superior a un 5 % del monto total autorizado y que la violación resulte determinante, resultaría procedente la nulidad de la elección.

Así, en una estricta aplicación de lo dispuesto por la Constitución federal y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en el caso de que se verifique un rebase del tope de gastos de campaña —entre los cuales se encuentran los realizados con relación a los representantes partidarios— es posible que una elección resulte anulada.

En efecto, en el caso de que el rebase respectivo sea una consecuencia de la suma de los gastos de los representantes referidos, la nulidad en las elecciones podría sustentarse en una determinación que, en el mejor de los casos, es dudosa, pues no se relaciona directamente con una actividad propagandística inequitativa por parte del ganador, ni un posicionamiento indebido frente a los demás competidores.Por el contrario, se relacionaría con el gasto realizado por dicho contendiente con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el debido ejercicio de su voto, mediante una vigilancia a los funcionarios de casilla, por lo que la posible determinación de nulidad de las elecciones resultaría contraria al principio de equidad en la contienda e implicaría una violación al voto debidamente expresado en las urnas.

En resumen, se puede concluir que el beneficio derivado del ejercicio de la función de representante general o ante mesas de casilla no debería considerarse gasto de campaña, puesto que únicamente se materializa en una herramienta para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, que beneficia a la ciudadanía al proteger el ejercicio de su voto.

Rodrigo Sánchez Gracia. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Electoral por el TEPJF.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Caso fideicomiso Morena: el papel de la política en la sentencia del TEPJF

Introducción

Ante los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y en ese entonces candidato a la presidencia de la República, propuso la creación de un fideicomiso para dar apoyo a los damnificados de dichos desastres naturales. El 27 abril del mismo año, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), del Instituto Nacional Electoral (INE), recibió una queja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por violaciones a la normativa electoral por parte de miembros de MORENA. La acción por la que el PRI acusaba a MORENA era la supuesta creación de un esquema paralelo de financiamiento ilegal por medio de un fideicomiso llamado “Por Los Demás.” Esta acusación estaba fundada en el hecho de que los fideicomisarios y fideicomitentes de éste eran, en gran medida, los mismos y; a su vez, eran miembros del partido MORENA. Además, la mayoría de los depósitos hechos al fideicomiso eran de origen desconocido.

El INE, con 10 votos a favor y uno en contra, concluyó que el partido había violado la ley y le impuso una multa de 250% el monto del supuesto fraude, es decir, 197 millones de pesos. Ante esta sentencia, MORENA y el comité técnico de este mismo partido en el INE decidieron impugnar la decisión. Esta impugnación llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, con una votación unánime, decidió revocar lisa y llanamente la decisión del INE por faltas al debido proceso.

Análisis de la decisión del Tribunal Electoral

De manera más específica, como el INE no encontró pruebas contundentes –posiblemente por falta de investigación– de que MORENA estaba lucrando con dinero público, limitó su acusación al “financiamiento paralelo.” En otras palabras, el INE denunció que MORENA violó la normativa electoral, pues, además de que 44 de los 78 millones depósitos en la Banca Afirme fueron en efectivo, 59 de las 70 personas que retiraron el efectivo del fideicomiso eran miembros de MORENA. En contraparte, la impugnación de MORENA y de Austreberta Maldonado —miembro del comité técnico— consistió, básicamente, en la vulneración de derechos de garantía de audiencia, la incompetencia del INE para ordenar estas operaciones y la indebida fundamentación y motivación.

La Sala Superior, entonces, encontró la acusación del INE infundada. Además de que el INE no les garantizó audiencia a las personas involucradas, las pruebas que emitieron no fueron suficientes para minar la presunción de inocencia. Asimismo, la Sala Superior determinó que era irrelevante seguir analizando el caso por falta de evidencia. De esta manera, si bien la Sala Superior aceptó que caben dudas racionales sobre la legalidad del origen y los objetivos del fideicomiso “Por los demás”, también determinó, en última instancia, que el INE infringió el principio de debido proceso y presunción de inocencia. Por estas razones, en la sentencia —específicamente en el apartado de “efectos”— la Sala Superior, por votación unánime, revocó lisa y llanamente la impugnación del INE.[1]

A pesar de que el INE cometió faltas al debido proceso, existen motivos por los cuales creemos que la Sala Superior no debió revocar el caso lisa y llanamente, sino por efectos. Pues si se hubiese optado por esta opción, la investigación pudo haber continuado siempre y cuando estuviera apegada a las observaciones y los comentarios efectuados por el TEPJF con el objetivo de subsanar la irregularidad procesal. Si bien el INE no realizó una investigación adecuada según sus facultades y es justo reprocharle esa falta, la evidencia presentada por esta institución levanta grandes sospechas con relación a la finalidad y el uso que MORENA le dio al fideicomiso. Por ello, sostenemos que el TEPJF debió haber resuelto por efectos el caso, pues así hubiese permitido una correcta y profunda investigación.

En este sentido, consideramos que la sentencia pone DE manifiesto las tensiones existentes entre resoluciones pragmáticas-judiciales como ésta y el proceso democrático de nuestro país. Dado que el caso investigado por el INE mencionaba a miembros directos de MORENA, cuyas acciones resultaban sospechosas y poco transparentes, esto fácilmente puede asociarse con prácticas de clientelismo y demagogia. La calidad y vigencia de los procesos democráticos no están reflejados únicamente en su existencia, sino en el buen funcionamiento de los mismos. Dado el contexto mexicano, donde estas prácticas son recurrentes, es sumamente preocupante que el TEPJF haya pasado por alto las sospechas que surgían a partir de la evidencia presentada.

Asimismo, uno de los factores explicativos —y extrajurídicos— que podrían guiar la decisión del TEPJF es la coyuntura política que estaba tomando forma en el momento. El contexto en el cual se llevó a cabo la sentencia fue en medio de la campaña presidencial del 2018, donde AMLO y la mayoría de las candidaturas por MORENA llevaban ya una clara y contundente ventaja electoral sobre sus contendientes. La victoria del partido estaba prácticamente asegurada en distintos escaños del Congreso y en la presidencia del país. De este modo, dada la coyuntura política del momento, pensamos que la decisión de la Sala Superior del TEPJF estuvo fuertemente influida por intereses políticos. A final de cuentas, y a pesar de ser parte de un entramado institucional que pretende delimitar las consideraciones personales en la toma de decisiones, el TEPJF es, inevitablemente, otro actor político. Como tal, sus miembros están preocupados por garantizar su permanencia en el campo del cual son parte. En este sentido, es posible que, para evitarse enemigos en MORENA, la sala haya decidido no sancionar a los encargados de este fideicomiso. Por esta razón estamos de acuerdo con Marco Antonio Zavala —jefe de oficina de la secretaría ejecutiva en el INE —, quien declaró: “esta sentencia es un claro ejemplo del esfuerzo de adaptar la realidad al derecho en papel y no al revés.” Y es que si el TEPJF realmente velara por la democracia —misión que sostiene expresamente[2]— seguramente este caso hubiese tenido un resultado distinto.

A su vez, en su resolución el INE impuso a MORENA castigos desproporcionados a sus faltas: una multa del 250% del fideicomiso. Esta resolución resulta aún más desproporcionada, con relación a las faltas, si se considera que el INE no agotó los recursos del debido proceso en la investigación contra MORENA. Además, el organismo constitucional autónomo en cuestión no pudo demostrar que los fondos del fideicomiso beneficiaran al partido. No obstante, contaban con pruebas suficientes para continuar con una investigación más escrupulosa, en la que citaran a comparecer a los fideicomisarios (quienes a la vez eran fideicomitentes). Por este motivo, también resulta imprudente por parte del TEPJF que haya revocado la sentencia del INE lisa y llanamente, ya que existían pruebas suficientes para permitir que el INE continuara con la investigación que podría vincular el origen del fideicomiso directamente a una falta de financiamiento paralelo del partido político impugnado. Esto es necesario al considerar el poder político de los partidos, específicamente el de MORENA. El tribunal falló a favor de MORENA sin considerar su deber de exigir una fiscalización transparente de sus recursos. Pues como es bien sabido, México tiene un amplio abanico de episodios de partidos políticos que cooptan el poder político e institucional[3] para su beneficio. Órganos como el INE y el TEPJF tienen la finalidad expresa de evitar la puesta en práctica de actos como esos. Por ello, es importante exigir, además de transparencia en los procesos, resoluciones, sentencias e investigaciones que sean materialmente congruentes con las finalidades que les dieron origen.

De esta forma, con las acciones del INE y del TEPJF, es posible notar la debilidad de las instituciones políticas para cumplir su labor. Por un lado, la del INE por no haber presentado un caso lo suficientemente sólido y riguroso dada la importancia del tema. Por otro lado, la del TEPJF por no haber fallado para efectos dada la abundancia de evidencia recopilada por el INE y su propia jurisprudencia. En este sentido, pese a que el TEPJF es un órgano de última instancia y procura la garantía del debido proceso y al derecho de asociación, pensamos que el trasfondo histórico de los partidos políticos en México (sobre todo en cuanto su financiamiento y a sus prácticas electorales), le otorga también una responsabilidad con la democracia mexicana. Esta responsabilidad de procuración democrática implica necesariamente que se asegure que se lleve a cabo una seria y profunda investigación acerca de los orígenes y destinos de los financiamientos. Debido a que los recursos de los partidos políticos provienen del gravamen de las y los ciudadanos, tanto el INE como el TEPJF deben asegurar que éstos sean usados según el fin estipulado por la ley. Más concretamente, a luz del artículo 99 de la Constitución, la decisión del TEPJF de revocar lisa y llanamente la sentencia del INE, podría implicar que un partido político pueda hacer uso discrecional de sus recursos sin rendir las debidas cuentas por la falta de rigor en el control de los recursos de los partidos políticos. De esta manera, el principio democrático se debió haber visto reflejado en la sentencia del TEPJF al permitir que se llevará a cabo una investigación futura, lo cual no ocurrió.

Conclusión

Como se expuso en este texto, el caso Fideicomiso Morena trajo a la luz dos realidades del sistema mexicano de justicia en materia electoral. En primer lugar, resultan evidentes las carencias de las instituciones mexicanas para la resolución de conflictos electorales. Hubo vicios tanto en el proceso de investigación del INE como en el proceso de decisión del TEPJF. En segundo lugar, el caso permite cuestionar el verdadero papel del TEPJF: si es sólo una institución de última instancia garante del debido proceso o si debe regirse y actuar principalmente por el propósito para el que fue creado, salvaguardar la democracia. A partir de estas dos cuestiones expuestas, es pertinente cuestionar y, quizá replantear, las funciones y competencias de ambos órganos involucrados en el caso —el INE y el TEPJF. Ambas instituciones deberían aprender de los errores ocurridos a lo largo de este caso para evitar que se repitan en futuros procesos electorales.

Irékani Alarcón Acosta; André de Lachica Torres; Miranda Espínola Gutiérrez; Pablo Morales López; Ana Pascoe Rodríguez; Nina Tabuchi; Natalia Sánchez Carranza. Alumnos de la licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Referencias

Fideicomiso Por los demás. SUP-RAP-209-2018 y acumulado.

Langston, Joy. Democratization and Authoritarian Party Survival, Mexico’s PRI. New York: Oxford UniversityPress, 2017.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  https://www.te.gob.mx/front/contents/index/2. Fecha de consulta: 13 de marzo del 2019).

[1] SUP-RAP-209-2018 y acumulado, “Fideicomiso Por los demás”, 62.

[2] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  https://www.te.gob.mx/front/contents/index/2 (Fecha de consulta: 13 de marzo del 2019).

[3] El ejemplo más claro de ello lo desarrolla la doctora Langston en su libro Democratization and AuthoritarianPartySurvival, Mexico’s PRI (New York: Oxford UniversityPress, 2017).