Mobike vs. SEMOVI: las fallas legales de la regulación de los vehículos de movilidad individual

El transporte de personas es una necesidad colectiva, cuya satisfacción resulta indispensable para el crecimiento y proliferación de las ciudades. Los sistemas de transporte público han resultado insuficientes y deficientes para las necesidades de las grandes metrópolis y, como suele suceder, el mercado ha venido presentando nuevas alternativas para solventar la demanda.

Quizás la irrupción de los teléfonos inteligentes (smartphones) con acceso a Internet, en los últimos años, ha resultado en el mayor facilitador de nuevas opciones de transporte. Primero, naturalmente, con plataformas como Uber, que introdujeron competidores directos a los taxis, como servicio de transporte privado. Cualquier persona con automóvil propio, cumpliendo ciertas características, podría registrarse como conductor en la aplicación y transportar a los usuarios (clientes) por un precio que se determina por la distancia y tiempo del traslado (que además puede aumentar en ciertos momentos de mayor demanda, denominados tarifas dinámicas), mientras que la plataforma a su vez recibe un porcentaje del precio. Capitalismo en estado puro: un mercado (digital), una persona que demanda un servicio y una persona que lo proporciona, a un precio fijado precisamente por la oferta y demanda.

El mercado no se ha detenido ahí, desde luego. Han venido apareciendo empresas que ofrecen alternativas adicionales a los usuarios: plataformas digitales de renta de vehículos de movilidad individual. Aunque existe un parecido evidente -el uso de una aplicación digital para teléfonos inteligentes- lo cierto es que, por su funcionamiento, legalmente son actividades bastante diferentes.

Por una parte, como vehículos de movilidad individual -bicicletas o patines eléctricos (scooters)-, sólo son aptos para transportar una persona a la vez, de manera que no existe un conductor sino que el usuario se traslada a sí mismo libremente. Por esa simple razón, en realidad, estas empresas no prestan un servicio de transporte, como sí sucede con Uber, Cabify y demás, donde se contrata al conductor para que traslade a la persona o personas, sino solamente se arrienda un vehículo por el tiempo que el usuario necesite y decida usarlo. En un extremo, el usuario podría simplemente rentar uno de estos vehículos para no usarlo. Ejercer el uso y goce del bien, al final, es su decisión, mientras que para el arrendador es obligación permitirlo.

Para las plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte privado la inversión es mínima pues se limitan precisamente a crear y mantener esta plataforma (y los costos de operación y legales que puedan tener), pero son los conductores quienes invierten o proporcionan el vehículo; por otro lado, las plataformas digitales de renta de vehículos para la movilidad individual naturalmente tienen costos de operación mayores, en tanto que son éstas las que invierten en los vehículos respectivos para ponerlos a disposición de los usuarios (de la misma manera que hacen, por ejemplo, las arrendadoras de automóviles como Hertz, Europcar, Avis, etcétera).

¿Cuál es, entonces, la particularidad que hace que empresas como Mobike, Lime, Grin, etc., se encuentren hoy en la mira de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI)? Que gran parte (que no todos) de los vehículos que estas empresas rentan a sus usuarios son depositados en las banquetas, es decir, en vías públicas, de donde los usuarios los toman directamente y donde suelen depositarlos cuando concluyen su trayecto.

En este texto se hará un análisis de la normatividad expedida por la SEMOVI con el objeto de regular los servicios que prestan estas empresas.

Gramaticalmente, como cualquier palabra con el sufijo dad, movilidad entraña una cualidad: la de movible. Según la Real Academia de la Lengua Española, movible significa “que por sí puede moverse, o es capaz de recibir movimiento por impulso ajeno”. En primer lugar, debe decirse que la materia de movilidad simplemente no se encuentra prevista en la Constitución federal. En los artículos 122, apartado C, -y antes en el apartado C, base primera, fracción V, inciso j)- y 115, fracción III, inciso h), y fracción V, inciso h), se establecen facultades en materia de tránsito y de transporte para municipios y para el Consejo de Desarrollo Metropolitano, acaso las más próximas gramaticalmente por su relación con movimiento.

La Constitución de Ciudad de México establece distintas facultades para el gobierno central y para las alcaldías pero no la define. ¿Qué comprende, entonces, la materia de movilidad? Según el artículo 5 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (que no ha sido reformada para adecuarse a la Constitución de Ciudad de México) movilidad “es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona, mientras que en el artículo 9, fracción LVI, lo define como el “conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la Ciudad.

Como puede apreciarse, tanto gramatical como legalmente, la movilidad parte de un concepto evidente e innegable: el movimiento o desplazamiento. Así, como ámbito material de validez, la movilidad tiene por objeto el movimiento o la capacidad de llevarlo a cabo.

En la propia Ley de Movilidad se prevén distintas clases de transporte con definiciones técnicamente deficientes y ambiguas que parecen desconocer dicho ámbito material de validez. En el artículo 9, fracciones LXXXI a LXXXVI, la ley define los “servicios de transporte” mercantil, metropolitano, particular, privado, privado de transporte de seguridad privada y público, pero lo hace usando enunciados oscuros como “actividad mediante la cual previa la obtención del permiso otorgado por la Secretaría… las personas… proporcionan servicios de transporte, siempre y cuando no esté considerado como público” (servicio mercantil de transporte); “actividad por virtud de la cual, mediante el registro correspondiente ante la Administración Pública, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de carga, siempre que tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial” (servicio particular de transporte); “la actividad por virtud de la cual, mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en general” (servicio privado de transporte) o “actividad a través de la cual, la Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios” (servicio de transporte público).

¿Y si las necesidades no quedan satisfechas con esas “actividades”? ¿Definir una actividad a partir de su realización previa obtención de un permiso sujeta la actividad a un régimen de habilitación administrativa o simplemente implica que quien lleva a cabo esa actividad sin permiso no se encuentra dentro del ámbito personal de validez de la norma? Más allá de la falta de técnica legislativa, sí parece claro que, conforme a la Ley de Movilidad, dentro de las actividades reguladas (en su acepción más amplia), sólo quedan comprendidos servicios que impliquen, precisamente, el movimiento o desplazamiento de personas o bienes por un tercero.

Dentro de las definiciones previstas en la ley no existe un servicio de arrendamiento de vehículos para el transporte de personas de ninguna clase y no es casualidad, parece claro que si una persona arrienda un vehículo para utilizarlo para sí misma, no se le está prestando un servicio de transporte.

¿Requieren hoy Hertz, Europcar, Avis de un permiso de la SEMOVI? La respuesta es contundente: no. ¿Podría el legislador local comprenderlo dentro de alguna definición? Si es congruente con el ámbito material de validez que comprende la materia de movilidad, tampoco. Algo similar sucede con Mobike, Lime y Grin. Como se adelantaba, su particularidad es que una parte importante de sus vehículos son depositados en banquetas.

Declaraciones públicas y distintos actos jurídicos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) han generado una confusión en cuanto a la materia jurídica aplicable a estas actividades, así como de las autoridades competentes para regular respecto de ella, pues se ha intentado encasillarla dentro de “movilidad” y, con ello, se ha pretendido ejercer facultades sobre dichos servicios. El 24 de marzo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto de reformas al reglamento de la Ley de Movilidad local, en el que, entre otras, se agregaron las siguientes disposiciones:

Artículo 2.-:

XXV BIS. Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS). El conjunto de servicios prestados a través de vehículos no motorizados que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 km/h y que incluyen de manera enunciativa más no limitativa a bicicletas, monopatines, patinetas o ruedas eléctricas que prescindan de estaciones con soporte para asegurarlas.

Artículo 246.- Las personas morales interesadas en prestar el servicio de Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) deberán contar con el permiso correspondiente que para tal efecto otorgue la Secretaría, previo pago correspondiente y el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se establezcan en el presente Reglamento, así como en los lineamientos y/o procedimientos que para tal efecto ésta emita.

Artículo 247.- El procedimiento para obtener el permiso a que se refiere el artículo 246 de este Reglamento se determinará mediante acuerdo de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 249.- Las unidades de transporte dedicadas al servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) deben contar con las características técnicas establecidas por los lineamientos emitidos por la Secretaría.

Conforme al nuevo texto del reglamento de la Ley de Movilidad de Ciudad de México, la jefa de gobierno de esta ciudad estableció que se requerirá un permiso para la prestación del “servicio de Sistemas de Transporte Individual Sustentable”. Es decir, la norma indicada condiciona la prestación del servicio SiTIS a la obtención previa de un permiso, que sería otorgado conforme al procedimiento (es decir, conjunto de pasos) que al efecto previera la SEMOVI.

Por otra parte, antes y después de la modificación reglamentaria indicada, la SEMOVI expidió tres actos administrativos de carácter general que contienen la “regulación” en materia de SiTIS:

a) AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR PERSONAS MORALES.

b) AVISO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTALE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

c) AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO QUE LAS PERSONAS MORALES DEBERÁN SEGUIR PARA OBTENER UN PERMISO ANUAL[1].

En términos generales, los distintos actos administrativos de carácter general que expidió la SEMOVI tienen los siguientes efectos:

1) Sujeta los SiTIS a un régimen de habilitación administrativa más estricto, al no solo requerir una autorización previa, sino al limitar la cantidad de bicicletas (4,800) totales que pueden colocarse en la ciudad.

2) Establece un máximo de unidades por empresa autorizada (2,400).

3) Prevé un mecanismo de asignación de permisos en función de una oferta económica por unidad y del número de unidades solicitadas.

4) Establece una contraprestación económica mínima por unidad para la asignación del permiso.

6) Establece características determinadas para las unidades que se coloquen en el mercado.

7) Establece un área exclusiva de operación, excluyendo la mayor parte de la superficie y de la población de la Ciudad de México (al día de hoy solo se autoriza la operación parcial en tres alcaldías).

¿Son válidas, legal y constitucionalmente, las disposiciones indicadas? En mi opinión, no. Por varias razones, entre ellas:

1) En primer lugar, porque tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México como el titular de la SEMOVI pretenden encuadrar dentro de la materia de movilidad una actividad económica y jurídica que simplemente no se encuentra dentro del ámbito material de validez previsto por el legislador pues, como se ha explicado, estas empresas sólo se dedican a arrendar vehículos a usuarios, no a transportarlos. Aunado a que al no estar definidas en la ley, la jefa de gobierno violó el principio de subordinación jerárquica de los reglamentos, al crear una norma nueva y no reglamentar una previa.

La ambigüedad en las disposiciones reglamentarias lo demuestra: se define SiTIS como el conjunto de servicios prestados a través de vehículos no motorizados que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica pero a la vez se dice que para “prestar el servicio” de Sitis se requiere un permiso. Es decir, se pretende pedir un permiso para prestar el servicio consistente en el conjunto de servicios que en realidad no define.

Dicha insuficiencia no es casualidad sino que es resultado de la imposibilidad de encuadrar la actividad de Mobike, Lime, etc., en los servicios de transporte que prevé la ley y, en general, en la materia de movilidad. ¿Mobike presta un servicio a través de sus bicicletas o su servicio es la renta de sus bicicletas? La respuesta es evidente.

¿Para qué es lo que estaría expidiendo un permiso la SEMOVI, entonces? Para el uso de las banquetas donde son depositadas las bicicletas y los scooters de estas empresas, para lo cual la SEMOVI carece de competencia legal, pues, conforme a la Constitución de Ciudad de México (artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXVI) y la Ley Orgánica de las Alcaldías (artículo 34, fracción IV), las demarcaciones territoriales (alcaldías) tienen facultades exclusivas para otorgar permisos para el uso de la vía pública.

La falta de competencia legal de la SEMOVI es tal que, habiendo otorgado permiso a alguna empresa, una alcaldía podría retirar de las banquetas sus vehículos por no tener permiso otorgado por ella. Inclusive, las alcaldías están en aptitud de plantear una controversia constitucional por la invasión de su esfera competencial.

2) Además, debe también recordarse que la Ley de Movilidad no ha sido adecuada a la nueva Constitución de la Ciudad de México, donde se prevé para las propias alcaldías facultades, también exclusivas, para diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al “fomento y protección del transporte no motorizado” (artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXVI), así como se prevé que tendrán competencia “dentro de sus respectivas jurisdicciones” en materia de movilidad (artículo 53, apartado A, numeral 12, fracción IV).

Es decir, aun si se considerara que la actividad de estas empresas encuadra en el ámbito material de validez de la norma, parecería que la facultad específica en relación con bicicletas no corresponde ya al gobierno central, es decir, a la SEMOVI.

3) Al limitar el número de unidades totales que pueden colocarse en la ciudad (4,800), limitar el número de permisos por empresa (2,400) y prever un mecanismo de asignación de permisos por subasta, la SEMOVI modificó el régimen de permiso previsto en el reglamento a uno materialmente de concesión.

La doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación diferencian la concesión de la autorización o permiso al catalogar a aquélla como el acto por el cual se concede a un particular el derecho a prestar un servicio público o explotar y aprovechar un bien del dominio público de la federación, esto es, la concesión crea un derecho a favor del particular concesionario que antes no tenía, mientras que a través de la autorización o permiso sólo se permite el ejercicio de un derecho preexistente del particular en virtud de que no corresponde al Estado la facultad de realizar la actividad, esto es, sólo se retira el obstáculo que impedía a aquél ejercer su derecho.

Así, al limitar el número de permisos totales automáticamente lo vuelve un bien escaso y cada permiso que una empresa obtiene es un permiso que otra empresa (incluso esa misma) ya no puede obtener. Con ello, la SEMOVI fue más allá del régimen de permiso que previó la jefa de gobierno y lo volvió de concesión (sin mencionar, además, que solo se le facultó para establecer el procedimiento para su asignación, no las condiciones ni las modalidades).

4) Al autorizar a la SEMOVI para imponer determinadas características a las bicicletas y patines eléctricos, el reglamento invade facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio pues pretende autorizar a la SEMOVI para determinar las características de un producto que se usa en una actividad comercial; además, invade la facultad federal en materia de normalización, prevista en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; es decir, la facultad de las dependencias federales de emitir normas mexicanas y normas oficiales mexicanas (definidas como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación).

Si en México la regla general es la libertad de comercio, también lo es la libertad de las empresas de determinar las características de sus productos e insumos, que si acaso solo pueden ser limitadas mediante una ley formal y material.

5) Tanto el reglamento como las reglas de la SEMOVI, al prever que se requiere un permiso “para prestar el servicio” de SiTIS, crean una barrera a la libre competencia y concurrencia, al constituir un obstáculo legal para la entrada al mercado, lo que viola el artículo 28 constitucional.

6) Al limitar el número de unidades totales que pueden colocarse en la ciudad, la SEMOVI creó una restricción al abastecimiento del mercado, que viola el proceso de libre competencia y concurrencia y que perjudica a los consumidores, a menor oferta con una misma demanda, el precio tiende a aumentar (aunado a que el solo costo del permiso encarece el proceso de producción).

7) La autorización que el reglamento dio a la SEMOVI para establecer requisitos de los vehículos viola también el principio de legalidad y de reserva y preferencias reglamentarias, pues solo el legislador puede establecer cláusulas habilitantes que facultan a una autoridad administrativa para la emisión de regulación técnica.

Todas las empresas promovieron sendos juicios de amparo contra el intento de regulación, pendientes a la fecha de ser resueltos. Por su parte, la SEMOVI ha ordenado el “retiro”de las banquetas de los vehículos de Mobike y Lime, a través de oficiales de tránsito, lo que a su vez conlleva nuevos vicios de ilegalidad. A todo ello subyace otra posibilidad: la eventual responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular. Los tribunales tendrán la última palabra.

Jesús M. Soledad Terrazas. Socio del despacho Facha y Soledad, S.C., y abogado patrono de Mobike México, S.A. de C.V.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo, 16 de abril y 28 de mayo de 2019, respectivamente.

Inteligencia artificial: ¿cómo piensan las máquinas?

Esta colaboración es la segunda entrega de una serie de textos relacionados con la llamada cuarta revolución industrial (revolución 4.0) que atraviesa la sociedad moderna (inteligencia artificial, internet de las cosas, smart cities, impresión 3D, machine learning, data mining, entre otros). El objetivo es explicar y ofrecer reflexiones sobre sus  posibles implicaciones en un amplio abanico de ámbitos de la sociedad, tales como la economía, el derecho, las telecomunicaciones, la ética y la educación. 

“La pregunta de si una computadora puede pensar
no es más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar”.

—Edsger Dijkstra, científico de la computación.

El concepto de inteligencia artificial (I.A.) y los intentos por crear un ente capaz de asemejar o superar la capacidad de razonamiento humano no son nada nuevos. Los primeros desarrollos de algoritmos capaces de resolver problemas datan de los años cuarenta, y fue en 1950 cuando el matemático inglés Alan Turing, considerado uno de los padres de la computación e informática moderna, planteó en su artículo Computing Machinery and Intelligence una prueba para determinar si una máquina era inteligente o no. ¿Pueden pensar las máquinas?, es la pregunta que Turing planteó y posteriormente se le reconoció como la “prueba de Turing”.

Turing diseñó la prueba basado en un juego de imitación,de tal forma que el objetivo era comprobar la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano. Así pues, una persona jugando el papel de evaluador sin posibilidad de observar o escuchar a sus interlocutores,mantiene comunicación escrita con otra persona y con una computadora programada para imitar el lenguaje humano.Si el evaluador no lograba distinguir entre el humano y la máquina, ésta  habría superado la prueba.[1]

Si bien la prueba no prosperó como una aplicación práctica, las discusiones y planteamientos teóricos generados a partir dela misma han sido numerosos y todavía hoy nos da pie a diversas preguntas: ¿debemos entender a la I.A. como una imitación del comportamiento humano o como el resultado de una serie de cálculos matemáticos?,¿cuál es el proceso que sigue para tomar una decisión?, ¿puede una máquina distinguir entre el bien y el mal? En la medida que la tecnología continúa avanzando, estas reflexiones se vuelven cada vez más profundas.

Cuando los datos sustituyen a los expertos

Los primeros desarrollos de I.A. estaban basados en programación determinista, es decir, a través de una serie de instrucciones condicionales que representaban el conocimiento de los expertos en una determinada materia; si sucede determinado evento, entonces realiza determinada acción (en lenguaje de programación: if,then, else…). Sin embargo, este tipo de programación está limitado por la rigidez de una estructura con entradas y salidas definidas y acotado a un proceso de decisiones también previamente definido y programado. Lo anterior implica que cualquier elemento que no haya sido considerado durante la escritura del código, no sería procesado y/o generaría un error en el programa.

El enfoque anterior resulta limitado cuando se trata de abordar escenarios complejos, como la decisión que un vehículo autónomo debe tomar ante la presencia de obstáculos indeterminados e incluso compartiendo el entorno con seres vivos que se están moviendo constantemente. Escribir en el código del algoritmo la infinidad de posibilidades y variables a las que se enfrentaría un auto en la realidad es una tarea prácticamente imposible y a veces con serias implicaciones éticas. Respecto a este último, consideremos por ejemplo el dilema en el que, debido a un evento inesperado, un vehículo autónomo solamente tiene dos opciones: i) atropellar a varios peatones o, ii) colisionar el vehículo con riesgo de que el pasajero resulte seriamente afectado. ¿Debería preestablecerse técnica y normativamente una alternativa?[2].

Ante la limitación de modelar escenarios complejos del mundo real a través de lenguaje “if, then, else”, surgió una categoría de la I.A que se enfoca en el desarrollo de sistemas que aprenden a partir de la información recabada: Machine Learning. En lugar de indicar explícitamente cómo resolver un problema, un enfoque de Machine Learning puede crear soluciones aprendiendo de ejemplos y tomando decisiones mediante predicciones basadas en el uso de métodos de inferencia lógica y estadística[3].

En la historia The Last Question, Issac Asimov plantea en el año 2061 una computadora dotada de I.A. conocida como Multivac cuya tarea es ayudar a la humanidad a resolver los problemas que enfrenta para su desarrollo, como el uso de la energía solar en viajes espaciales. Multivaces cuestionada sobre si algún día la humanidad podrá revertir la entropía del universo y con ello su inevitable final. Ante tal cuestionamiento la computadora responde: “Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora”. Al igual que en esta historia, los actuales desarrollos de I.A. dependen en gran medida de la información con la que son alimentados; los datos son la base.

Gracias a los avances tecnológicos, Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) que promete conectar prácticamente cualquier objeto y generar grandes cantidades de información,  así como el desarrollo de procesadores de cómputo cada vez más poderosos capaces de realizar una gran cantidad de tareas modeladas a través de algoritmos, el campo de I.A avanza rápidamente y han podido llevarse a la práctica la construcción de sistemas de I.A. no deterministas y hasta cierto punto, impredecibles.

Un ejemplo de I.A. desarrollada a partir de grandes volúmenes de datos lo encontramos en las redes neuronales artificiales, las cuales, de manera similar al funcionamiento del cerebro humano, están diseñadas a partir de una serie de capas de nodos que procesan información individualmente, pero que se encuentran interconectados para retroalimentarse y encontrar patrones -a veces no evidentes para los humanos- a partir de los datos. Veamos el siguiente ejemplo que ilustra el empleo de una red neuronal artificial para estimar el precio de un inmueble.

Las variables de entrada son solamente ilustrativas, no exhaustivas. La manera en que se desarrollaría un sistema como el anterior es contando con una amplia base datos, no necesariamente normalizados, que contenga las variables y los precios que resultan, es decir, contiene ejemplos a partir de los cuales podrá aprender la red neuronal artificial. Para desarrollar este sistema de pronósticos, el conjunto de datos se deberá dividir en dos:  i) en datos para “entrenar” la red neuronal y ii) en datos para “comprobar” el nivel de aprendizaje que logró la red y, en su caso, el nivel de precisión que pudiera tenerse. Una vez que se realiza lo anterior (note que se trata de información conocida), la red neuronal artificial puede utilizarse para pronosticar el precio de cualquier inmueble (no conocido) proporcionándole las variables de entrada.

Una de las características de este tipo de desarrollos, que pueden identificar patrones no necesariamente evidentes para los humanos, es que se trata de “cajas negras”. En efecto, de manera similar al funcionamiento del cerebro, no sabemos lo que está pasando en la red neuronal artificial por lo que, más que responder a la pregunta de si las máquinas pueden pensar, lo que pudiera no ser tan relevante si consideramos la cita inicial de Edsger Dijkstra, lo que se quiere ilustrar con estos ejemplos es que los datos, y ya no tanto los expertos, son el insumo más relevante para el entrenamiento de sistemas de I.A. En ese sentido, las telecomunicaciones (el IoT por ejemplo) están permitiendo generar grandes volúmenes de datos y se puede tener acceso a ellos prácticamente en tiempo real. ¿Cuántos vehículos están circulando en este preciso momento en la Ciudad de México? ¿Qué productos se consumieron la última hora en todos los supermercados del país?

Los datos se están generando permanentemente, ¿cómo se deben tratar esos datos?, ¿quién es el propietario?, ¿quién o quiénes pueden tener acceso? son algunas de las preguntas que debemos respondernos y generar condiciones propicias para el desarrollo de la I.A. en México

Javier Juárez Mojica. Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Miembro honorario de la Comisión de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Formó parte del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial (OEGAI) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Twitter: @juarezmojica

Nota: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE o del IFT como instituciones.

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[1]Véase, por ejemplo, la película Ex Machina, del director Alex Garland, del 2014.

[2] Basado en el “dilemma del tranvía”. Para leer más visite http://www.trolleydilemma.com.

[3] OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018: Adapting to Technological and Societal Disruption.https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2018_sti_in_outlook-2018-en

Los 10 textos más leídos de Derecho en Acción en el 2018

Como cada año, Derecho en Acción presenta los 10 textos más leídos en este espacio.

 


1. Reducción salarial al Poder Judicial de la Federación, ¿buena idea? Miguel Ángel Antemate Mendoza

Una de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es la reducción de los salarios a miles de servidores públicos, de tal forma que ningun funcionario público pueda obtener un ingreso mayor que el percibe el presidente de la República. La incertidumbre es fuerte en varias dependencias. A nivel federal todos los órganos constitucionales autónomos y los poderes constitucionales están en la mira. ¿Es posible generalizar?


2. ¿Por qué debe prohibirse el uso de unicel en la industria alimenticia en México? I/II Ixchel Daniel Martínez

Todos los días vemos pasar a cientos o miles de personas que suelen llevar un vaso de café en la mano. Esta bebida tiende a ser depositada en ligeros vasos de unicel, tan comunes para nosotros que no es usual pensar en el daño que este producto ocasiona al planeta. La (sobre) utilización del unicel no solo es apreciable dentro de la industria del café, sino que es un problema sistemático dentro del país. La industria alimenticia en México ha tendido a utilizar contenedores compuestos por poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, los cuales presentan bajos costos y una vida útil corta (de un solo uso).


3. Sobre el proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Víctor López Velarde Santibáñez

En 2008, fue creada la reforma en materia penal que introdujo la figura de los mecanismos alternos de solución de controversias (MASC) al ordenamiento constitucional en su artículo 17. Los beneficios de los MASC son depurar la impartición de justicia, crear un procedimiento donde las partes son las únicas involucradas y respetar las voluntades de los interesados.


4. ¿Por qué debe prohibirse el uso de unicel en la industria alimenticia en México? II/II Ixchel Daniel Martínez

Una vez comparado el ámbito internacional, es necesario analizar el impacto y regulación con el que cuenta el unicel en México. Si bien la prohibición dentro del país puede parecer un tema complejo y debatible, es innegable la situación crítica que el país atraviesa debido al incorrecto manejo de desechos. El tema de unicel cobra relevancia en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, lugares con el mayor deshecho de residuos sólidos del país. Después de analizar el problema que implica el reciclaje de este material es clara la solución: la prohibición total del unicel.


5. El servicio público como valor social. Ulises Gómez Nolasco

El servicio público es considerado en México como una actividad indigna, sinónimo no sólo de corrupción e incompetencia, sino también de abuso, de desconfianza, de irresponsabilidad y de impunidad. Desafortunadamente existe una larga lista de personajes infames que confirman esa percepción.


6. México y el sistema nacional anticorrupción. Oscar Leonardo Ríos García

Algo tienen en común la mayoría de los países que integran América Latina. Son ciertas características pertenecientes al gobierno, a la política, al poder y al mando que nos une de alguna u otra forma. Estas características a las que me refiero se llaman: burocracia y corrupción. La corrupción es uno de los peores males que le ha ocurrido a las sociedades a lo largo de la historia. Es un fenómeno que tiene infinitas consecuencias a través de las instituciones públicas y desde luego, dentro del sector privado.


7. Las legislaciones en materia de aborto y sus implicaciones sociales. Casos ciudad de México y Guanajuato I/II Sofía del Carmen Aguiar Reynoso

La despenalización del aborto es una decisión legislativa que tiene la posibilidad de afectar la vida de millones de mujeres. Este debate se concentra en dos grupos de interés: el sector conservador y el sector liberal. El primer grupo rechaza la propuesta que hace del aborto un servicio accesible a las mujeres, puesto que considera que es un ataque hacia la vida de aquellos humanos en gestación. En contraparte, el sector liberal y feminista busca que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo para que éstas tengan una mayor autonomía sobre sus cuerpos.


8. Breve explicación de la Ley de Seguridad Interior. Rubén Martínez Juárez

El presente trabajo tiene como propósito estudiar el contenido de la recién publicada Ley de Seguridad Interior. No busca opinar a favor o en contra de dicha ley, lo que se pretende es dar a conocer su contenido y los posibles alcances que esta pueda tener al momento de su aplicación. Por lo tanto, todo lo que aquí se exponga será con usos únicamente didácticos para todo aquel que quiera hacerse un juicio más razonado acerca de la aplicación de dicho ordenamiento legal.


9. ¿Amnistía para criminales? De qué estamos hablando. Miguel Ángel Antemate Mendoza

En el primer debate presidencial, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por sus rivales políticos en un tema al que mediáticamente ha sido llamado: amnistía para criminales. Lo anterior debido a que en la precampaña declaró, en Quechultenango, Guerrero, que en su gobierno se iba a “decretar una amnistía” para enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia. Pero, más allá de los dimes y diretes propios de una contienda política, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a una amnistía?


10. Las legislaciones en materia de aborto y sus implicaciones sociales. Casos ciudad de México y Guanajuato II/II. Sofía del Carmen Aguiar Reynoso

Debido a que el aborto en Guanajuato está penado prácticamente en todas las circunstancias, el procedimiento para hacerlo puede llegar a ser largo y complicado. Únicamente es posible interrumpir legalmente el embarazo si éste fuera provocado por una violación. Para esto, es necesario que la mujer presente una solicitud al Ministerio Público con las evidencias de la violación. De ahí, un agente del Ministerio, especializado en delitos sexuales, debe aprobar la orden judicial para interrumpir el embarazo.

El ABC del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses; y las normas e instructivo para su llenado y presentación.

1) ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses? Todos los servidores públicos. El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) dispone que: Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.”

2) ¿Quiénes son servidores públicos? Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución.[1]

A mayor detalle, el artículo 108 de nuestra Constitución establece que para los efectos de responsabilidades se reputan como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la administración pública federal y en los organismos constitucionales autónomos.

De igual manera, se reputan como servidores públicos los equivalentes a los antes mencionados en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los términos precisados por sus Constituciones.

3) ¿Quiénes no son servidores públicos? No se considerarán servidores públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos, en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.

Tampoco tendrán el carácter de servidores públicos los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la administración pública federal que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.[2]

4) ¿Cuándo entra en vigor el formato? Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, en virtud de que el “Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación” (ACUERDO), entra en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el 16 de noviembre del 2018.

No obstante, el artículo Segundo Transitorio del citado Acuerdo, señala que el formato será utilizado por los servidores públicos que de manera obligatoria una vez que se encuentre técnicamente operable, lo que no podrá exceder del 30 de abril de 2019.

5) En lo que el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses se encuentra operable, ¿qué formato se utilizará? Los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno que, a la entrada en vigor del acuerdo deban presentar sus declaraciones de situación patrimonial, inicial o de conclusión, utilizarán los formatos y la normatividad que se encuentren vigente, utilizables y a través de las plataformas o medios operables al día en que se genere la obligación de presentar la declaración que corresponda.

6) ¿Cuántos formatos son? Sólo uno. Pero el mismo se llena de diferentes maneras, dependiendo al grupo de servidores públicos al que se pertenezca.

En este sentido, tanto el grupo 1 como el grupo 2 llenarán en su totalidad el formato conforme al capítulo segundo de las “Normas e Instructivo para el llenado y presentación del Formato de Declaraciones: De Situación Patrimonial y de Intereses”.

Por otra parte, respecto del grupo 3, el área de recursos humanos y homólogas de cada ente público o entidad durante los procedimientos de alta y baja de dichos servidores públicos, generará una declaración patrimonial y de intereses simplificada para la presentación de la declaración inicial y de conclusión, respecto de la cual se deberá consentir explícitamente para que dicha área ingrese la información en los sistemas electrónicos que la secretaría de la función pública, órgano interno de control u homóloga haya implementado para la presentación de la declaración patrimonial. El formato simplificado se conforma con la siguiente información:

  1. La contenida en la fracción I de la norma novena del capítulo segundo de las normas. (Información general)
  2. La contenida en la fracción III de la norma novena del capítulo segundo de las normas. (Datos del encargo actual)
  3. La contenida en la fracción I de la norma undécima del capítulo segundo de las normas. (Sueldos y salarios públicos)

Para efecto de la presentación de la declaración de modificación de los servidores públicos obligados del grupo 3, si no hay cambio en la información del formato simplificado, se tendrá por presentada sin necesidad de mayor formalidad, para lo cual se reportará la misma información de la declaración inicial.

7) ¿Cómo están segmentados los grupos de servidores públicos? Los servidores públicos están segmentados en tres grupos.  

Grupo 1. Servidores públicos que ocupen cargos de elección popular; servidores públicos ratificados o designados por el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras; los congresos locales, y todos los servidores públicos de confianza, conforme a la legislación aplicable.

Grupo 2. Servidores públicos de base, que ocupen los siguientes cargos o desempeñen las siguientes funciones:

  • Participación en administración financiera (recaudación de ingresos, desembolso de fondos, presupuestos, contabilidad)
  • Participación en adquisiciones, servicios y obra pública (contrataciones, selección de proveedores, administración de contratos)
  • Participación en otorgamiento de permisos, beneficios, subsidios, concesiones, licencias, derechos de uso inmobiliario, recursos naturales o propiedad, etc.
  • Aprobación de normatividad y políticas públicas
  • Nombramiento de personal
  • Participación en funciones de auditoría, control (interno y externo), fiscalización, vigilancia, etc.
  • Emisión y proyección de resoluciones
  • Legislar a nivel federal, estatal y cabildo municipal
  • Participación en desarrollo de legislación
  • Emisión de sentencia (de cualquier instancia)
  • Proyección de sentencia
  • Secretarios
  • Gestión y acceso de: información de inteligencia clasificada, información de seguridad nacional clasificada)
  • Procuración de justicia (por ejemplo, ministerios públicos, fiscales, policías de investigación, auxiliares ministeriales)

Grupo 3. Todos aquellos servidores públicos que no formen parte del grupo 1 o del grupo 2. Por ejemplo: personal de base que no ocupe los cargos o desempeñe las funciones del grupo 2 y personal contratado por honorarios.

 8) Toda la información contenida en el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses, ¿es pública? No.

Las “Normas e Instructivo para el llenado y presentación del Formato de Declaraciones: De Situación Patrimonial y de Intereses”, establecen la información que deberá ser catalogada como confidencial o reservada, respecto de cada grupo de servidores públicos. Por ejemplo:

Información confidencial: Datos personales, información de terceros (datos de cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos), sueldos y salarios por otros empleos, entre otros.

Información reservada: La establecida en algunas leyes como excepción a la publicidad, en razón a la naturaleza de las actividades que realicen ciertos servidores públicos.[3]

Ricardo Salgado Perrilliat. Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Rigoberto Martínez Becerril. Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Artículo 3, fracción XXV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

[2] Artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

[3] Norma Vigésima Sexta de las “Normas e Instructivo para el llenado y presentación del Formato de Declaraciones: De Situación Patrimonial y de Intereses”

Entre la utopía y la distopía de la inteligencia artificial

 

Con esta colaboración se inicia una serie de textos relacionados con la llamada cuarta revolución industrial (revolución 4.0) que atraviesa la sociedad moderna (inteligencia artificial, internet de las cosas, smart cities, impresión 3D, machine learning, data mining, entre otros). El objetivo es explicar y ofrecer reflexiones sobre sus  posibles implicaciones en un amplio abanico de ámbitos de la sociedad, tales como la economía, el derecho, las telecomunicaciones, la ética y la educación. 

Finalmente, somos testigos del despunte de la Inteligencia Artificial (IA), basta con ver las publicaciones más importantes en economía y tecnología para observar la prevalencia y frecuencia con que aparece este apasionante tema. No se trata de un fenómeno mediático, destacados investigadores de varias disciplinas han dedicado textos a la IA; están surgiendo debates internacionales en escenarios como el Foro Económico Mundial 2018, la UNESCO y la OCDE. Se están llevando a cabo análisis, foros, comités y todo tipo de iniciativas para informar y advertir sobre los beneficios y desafíos de la IA. Incluso, hoy en día, varios países y empresas están impulsando estrategias para el desarrollo de la IA.

Para algunos, se trata de la cuarta revolución industrial, una progresión natural del cambio tecnológico. Para otros, de una revolución cognitiva, ya que no sólo desplaza la fuerza física sino también podría reemplazar nuestras capacidades, habilidades y toma de decisiones.

Lo cierto es que todo parece indicar que está por llegar una transformación de nuestra organización social sin precedentes. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos 2018, el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que la IA tendrá un impacto más profundo en el mundo que algunas de las invenciones más ubicuas de la historia como el fuego y la electricidad. Es un cambio tecnológico que promete una gran cantidad de beneficios en todos los aspectos de la vida: en la medicina, la seguridad, el transporte, la administración de la energía, el surgimiento de Smart Cities, e incluso la mejora de las capacidades humanas.

Aunque la innovación ha mejorado nuestras vidas desde la edad de piedra, nuestra relación con la tecnología no ha estado exenta de temores y resistencias. Ya en el año 350 a.C. Aristóteles dijo que, con las autómatas de Hefestos[1], los humanos podríamos volvernos redundantes en el mundo. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, durante la primera revolución industrial, los trabajadores preocupados por el desplazamiento laboral debido a la introducción de la maquinaria, saboteaban a sus empleadores introduciendo zapatos o zuecos[2] en los engranes.

Dado el potencial de la IA de reproducir y probablemente de rebasar nuestras capacidades, a diferencia de las transformaciones anteriores, esta vez confluyen todos los miedos que la tecnología produce sobre nosotros: preocupaciones económicas, éticas e incluso biológicas. Por ejemplo, el temor a vivir bajo una vigilancia orwelliana, el desplazamiento laboral, la pérdida de nuestra autonomía y libertades e incluso la profundización de la desigualdad y la discriminación, o el temor al transhumanismo.

Así, una parte de la narrativa sobre la IA se construye sobre la posibilidad de alcanzar un futuro utópico, donde la tecnología facilitará nuestras vidas y el progreso económico y, por otro lado, un futuro distópico en el que seremos presa de nuestra creación. Como lo describe recientemente Yuval Harari en su libro Homo Deus, habrá un escenario en el que el futuro de la humanidad se dividirá en una súper élite de seres humanos mejorados, equivalente a dioses, y una masa de personas inútiles[3].

Pero la historia económica nos ha dado lecciones que vale la pena recordar. En la primera Revolución Industrial se suscitó la debacle del gran mercado indio de textiles a manos del imperio británico, quien se vio beneficiado por la invención de la máquina de vapor, con consecuencias económicas muy conocidas para ambas partes[4]. La disyuntiva es clara, tenemos mucho que ganar si la IA trabaja para el bienestar de todos y mucho que perder si no somos competentes en adoptar y desarrollar estas nuevas tecnologías.

Para ser exitosos en la adopción de IA necesitamos fomentar a su vez otras tecnologías relacionadas, por ejemplo, el Internet de las Cosas (IoT). La conexión de dispositivos tales como cámaras, micrófonos y sensores diversos genera información del mundo y sirve como una suerte de input para la IA. Es una especia de Qualia, las propiedades de las experiencias sensoriales que nos permiten aprender.

De la misma manera, para que el IoT se extienda hay otros prerrequisitos tecnológicos que debemos satisfacer, como generación de big data, la adopción del 5G, impulsar el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, la asignación eficiente y suficiente de espectro y la transición al protocolo de Internet IPv6, por mencionar algunos.

La agenda es larga, los desafíos son muchos, el futuro siempre provoca incertidumbre, pero el reto es claro… Como diría el matemático y biólogo Alan Kay “la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo”.

Javier Juárez Mojica. Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Miembro honorario de la Comisión de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y miembro del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial (OEGAI) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Twitter: @juarezmojica

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Hefestos, dios del fuego y la forja en la mitología griega; creó doncellas doradas de apariencia humana que tenían inteligencia y la capacidad de hablar y de moverse de manera independiente.

[2] Los sabots eran zapatos elaborados por artesanos, en madera y de una sola pieza.

[3] Hernández, Esteban, Entrevista con Yuval Noval Harari, El Confidencial, 14 de octubre del 2016. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-10-14/harari-poder-control-algoritmo-elite-salud_1274660/

[4] Broadberry, Stephen and Gupta, Bishnupriya, Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 2005. Disponible en: http://wrap.warwick.ac.uk/1708/1/WRAP_Broadberry_CEPR-DP5183%5B1%5D.pdf