La complicidad de escuelas de leyes con el racismo

Corporaciones, salas de redacción e instituciones políticas se han enfrentado a la presión pública para denunciar y combatir el racismo, mientras activistas en todo Estados Unidos impulsan una reforma policial. Sin embargo, hay una institución culpable de perpetuar la desigualdad racial que todavía no ha sido sometida al escrutinio: las escuelas de leyes estadounidenses.

Estas instituciones forman a los profesionales legales en los que confiamos para interpretar y hacer cumplir la ley, entre ellos los fiscales de distrito encargados de enjuiciar a la policía. A menudo, estos profesionales están abrumadoramente equivocados y mal informados sobre los efectos del racismo en la ley. No es del todo su culpa.

Las escuelas de leyes son cómplices. Como estudiantes de color, en la Facultad de Derecho de Harvard, somos muy conscientes de nuestro privilegio. Mientras Estados Unidos está envuelto en un movimiento popular por una justicia largamente negada, reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad de enfrentar un plan de estudios que ignora los problemas raciales en las escuelas de leyes.

No podemos permitir que estas instituciones continúen produciendo abogados sin conocimiento de los problemas raciales; las consecuencias de esta ignorancia no son hipotéticas. Son los policías que matan a la población negra con impunidad, las sentencias más duras para personas de color, sin importar si son hombres, mujeres o niños. Son los jueces que venden el futuro de niños negros a cárceles con fines de lucro. Son los manifestantes que han marchado por semanas en medio de una pandemia. Las escuelas de leyes no pueden rechazar la necesidad de cambiar el statu quo si pretenden afirmar que apoyan el movimiento de Black Lives Matter.

A los estudiantes de derecho se les inculca que son la siguiente generación de grandes líderes, que sus compañeros y compañeras de clase serán futuros fiscales de distrito, fiscales generales, senadores y jueces de la Corte Suprema. Esto es cierto, pero también nos parece francamente aterrador. Las clases de primer año de la facultad de derecho establecen los fundamentos de su conocimiento legal. Sin embargo, muchos estudiantes se gradúan sin participar nunca en una discusión guiada en el aula sobre brutalidad policiaca, racismo sistémico, la industria de las prisiones, la vigilancia de ventanas rotas o el encarcelamiento masivo. Cuando los estudiantes de color —quienes usualmente identifican estos problemas— los plantean en clase se les dice que estas conversaciones pueden esperar un foro más apropiado y deben reservarse para cursos electivos posteriores.

Las escuelas de derecho son los guardianes de la profesión jurídica. Las decisiones curriculares que toman los profesores dan un mensaje a los futuros abogados sobre qué conocimiento es necesario y valioso en la práctica del derecho. Relegar las discusiones sobre el racismo en la ley a cursos opcionales indica que entender el racismo en la ley es opcional; pero no lo es.

Los y las profesoras de leyes disfrutan de una inmensa discreción para definir su plan de estudios. Sin duda, tienen el derecho de elegir los materiales y los marcos legales que usan en su enseñanza. Nosotros afirmamos y respetamos esta libertad académica, nuestra duda no es sobre la existencia de este principio. En cambio, nuestro cuestionamiento busca indagar porqué los profesores eligen usar su discrecionalidad para ver la raza como un factor secundario con tanta frecuencia, en lugar de una perspectiva legítima para entender la ley. Entonces, ¿qué implica incorporar adecuadamente los problemas raciales en el plan de estudios de derecho, específicamente en materia penal?

Podemos comenzar con honestidad intelectual. Los y las profesoras de derecho penal deberían enseñar que la policía estadounidense desciende de las patrullas de esclavos y de alguaciles indios, de tal forma necesita ser examinado cómo estos orígenes influyen en la policía moderna. Asimismo, la abolición de la prisión y las policías deben ser tratadas como alternativas legítimas y practicables al sistema actual. Las y los maestros deberían interrogar cómo se han manipulado las estadísticas sobre delincuencia para alimentar el mito de la criminalidad de la población negra. También deberían abstenerse de declarar las experiencias personales de los estudiantes con el sistema legal penal como inferiores a la doctrina legal—o al menos dejar de prohibirlas en el aula. Estas narrativas ilustran las limitaciones de la pura teoría académica. Las anécdotas también son datos.

Podemos pedir auténtica diversidad en las facultades de Derecho. Que las y los administradores de las escuelas de leyes contraten más profesoras de color. Hagamos que los opacos procesos de contratación de profesores sean transparentes e incluyan a los estudiantes al proceso. Institucionalicemos grupos de trabajo entre académicos, estudiantes y activistas que trabajen para combatir el racismo y puedan apoyar a los y las profesoras con comentarios sobre sus planes de estudios. Incorporemos preguntas sobre competencia cultural a las evaluaciones de los cursos. Hagamos de la diversidad algo más que una palabra de moda. Comprometámonos con el arduo trabajo de hacer que las escuelas de leyes sean más incluyentes.

Podemos extender la conversación a otros cursos. Las consecuencias legales del racismo existen más allá del derecho penal. Por ejemplo, las y los profesores pueden debatir problemas como el redlining en el derecho de propiedad o el trabajo forzoso en el derecho de contratos. Como Nikole Hannah-Jones ilustra magistralmente en su Proyecto 1619, el racismo es anterior a nuestra Constitución y está inextricablemente ligado a la ley estadounidense. Las escuelas de leyes deben preparar a los y las estudiantes para ser capaces de identificar y trabajar en contra del racismo legal.

Hagamos lo que hagamos, no podemos dejar pasar el problema. Como país, debemos exigir más de la profesión legal. Los y las abogadas no pueden ser ingenieras sociales o administradoras del progreso si los estudiantes de leyes tienen permiso de ignorar el racismo en nuestra ley y en nuestras comunidades. Si las escuelas de leyes quieren estar a la altura de este momento histórico, deben enviar un mensaje claro sobre su compromiso de educar sobre las diversas formas del racismo en la ley. Es fundamental para cualquier educación legal que valga la pena.

 

Esta es una traducción hecha por Miguel Torhton del texto original “Law Schools’ Complicity On Racism Must Be Challenged” de los autores Tyler Ambrose, Zarinah Mustafa, y Sherin Nassar son estudiantes de Harvard Law School, quienes han aprobado esta versión, como su publicación en el blog Derecho en Acción.

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

El Consejo Asesor de Contenido de Facebook, ¿verdadera garantía para la libertad de expresión?

Para proteger la libertad de expresión, Facebook ha creado un Consejo moderador de contenido.[i] Este órgano de expertos independientes se encargará de determinar qué publicaciones pueden permanecer en la red social. Del acta constitutiva[ii] que da vida al Consejo se desprenden distintos rasgos que vale la pena analizar para establecer si este órgano cuasi-jurisdiccional realmente garantizará la libertad de expresión.

La estructura del Consejo

En el acta constitutiva se señala que el Consejo se integrará por 40 miembros.[iii] Estos ostentarán el cargo por tres años.[iv] En cuanto a su remuneración, no dependerá del sentido de sus resoluciones.[v] Además, los integrantes del Consejo sesionarán en paneles,[vi] aunque hasta el momento no se sabe con certeza el número de miembros que integrarán los paneles o si estos tendrán alguna especialización. Finalmente, si bien los nombres de los consejeros serán públicos, cuando sesionen en paneles se mantendrán en reserva por cuestiones de seguridad personal y para garantizar la independencia de las determinaciones que se emitan.[vii]

Un primer acercamiento nos permite observar que 40 miembros podrían parecer pocos para moderar el contenido que generan millones de personas, no obstante, así funcionan muchos tribunales internacionales. Por citar un ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuenta con 47 jueces, número muy análogo al de los integrantes de este Consejo Asesor. Además, como veremos enseguida, éste se dedicará a resolver problemáticas de manera selectiva y no todos los asuntos llegarán a su conocimiento.

Por otro lado, resulta bastante cuestionable que los nombres de los consejeros se mantengan en reserva cuando sesionan en paneles, bajo el argumento de evitar presiones en contra. Al respecto, la Corte Interamericana ha resuelto que los jueces sin rostro o de identidad reservada infringen la Convención Americana, ya que impiden “conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configura[n] causales de recusación […]”.[viii] Es claro que esta situación podría vulnerar la independencia e imparcialidad del Consejo Asesor.

El proceso ante el Consejo

Para acceder al Consejo, lo primero que se necesita es agotar un recurso de apelación ante Facebook,[ix] es decir, existe un principio de definitividad para escalar hasta el órgano materialmente jurisdiccional. Por otro lado, del acta constitutiva se desprende que, una vez agotado el recurso de apelación, los usuarios de la plataforma podrán solicitar al Consejo que revise su caso.[x] Algo que falta, desde mi punto de vista, es otorgarle al Consejo el poder de ejercer alguna facultad de atracción, ya que de esta manera no tendría que estar esperando la llegada de casos emblemáticos, sino que podría ser más proactivo para resolver problemáticas de gran trascendencia.

Ahora bien, como lo mencioné, los usuarios podrán solicitar que su caso sea revisado por el Consejo, no obstante, éste es el que determinará discrecionalmente qué casos resolverá.[xi] Como podemos ver, el Consejo de la red social con más usuarios en el mundo resolverá los asuntos como si se tratara de certioraris, al estilo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por otro lado, cuando empezó a surgir la idea de crear un órgano para moderar contenido en Facebook se presentaron dudas en cuanto a si se permitiría ofrecer pruebas, así como cuáles serían las normas que se tomarían en cuenta para resolver los asunto. Pues bien, en el acta constitutiva se establece que los usuarios podrán presentar alegatos por escrito ante el Consejo.[xii]

Al respecto, por ejemplo, la Suprema Corte mexicana ha establecido que las formalidades esenciales del procedimiento se garantizan cuando se reúnen los siguientes requisitos: “1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas”.[xiii] Si bien el proceso ante el Consejo no reúne expresamente todos estos elementos, tenemos que esperar para ver qué tan amplio es el derecho de formular alegatos por escrito. Me parece que esta oportunidad de manifestarse ante el órgano materialmente jurisdiccional garantiza de buena forma que los usuarios sean escuchados en los procesos.

En cuanto a las normas que servirán de base a las decisiones del Consejo, el acta constitutiva señala que serán las Normas Comunitarias de Facebook, así como los valores de la propia red social.[xiv] No obstante, en el acta se establece que se decidirán los asuntos a la luz de los derechos humanos.[xv] Con esto se disipan muchas dudas, ya que el Consejo de la red social, para resolver los casos, estará obligado a acudir a los estándares sobre la libertad de expresión.

Finalmente, un rasgo importante del Consejo es que podrá recibir amici curiae,[xvi] los cuales han sido definidos por el Poder Judicial de la Federación mexicano como una institución jurídica “mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social”.[xvii] En el acta constitutiva se señala que el Consejo determinará cuándo le dará entrada a estos escritos, tomando en cuenta si quien los presenta se podría ver afectado por la resolución del caso.[xviii]

¿Recomendaciones o resoluciones vinculatorias?

Para determinar si un órgano jurisdiccional o materialmente jurisdiccional realmente actúa como tal, es necesario establecer si sus resoluciones son obligatorias. Al respecto, la dichosa acta constitutiva señala que las determinaciones del Consejo serán vinculatorias y que Facebook deberá acatarlas de manera inmediata.[xix] En pocas palabras, el Consejo Asesor resolverá en última instancia si el contenido debe permanecer.

Un aspecto importante de las resoluciones que emita el Consejo se refiere a su publicidad y lenguaje llano. El acta constitutiva establece que el Consejo deberá hacer públicas sus resoluciones, para lo cual tendrá una base de datos en su sitio Web.[xx] Las resoluciones deberán indicar si determinado contenido puede permanecer, lo que debe ser motivado de manera clara.[xxi]

Por otro lado, además de los procesos contenciosos que conocerá este órgano cuasi-jurisdiccional en ciernes, tendrá una facultad consultiva,[xxii] al más puro estilo de la Corte Interamericana. En efecto, el Consejo podrá emitir opiniones consultivas sobre temas específicos que Facebook le solicite. Esta facultad consultiva es una buena forma para determinar, ex ante, si cierto contenido debe permanecer publicado.

¿El Consejo garantizará la libertad de expresión?

Ciertamente, el Consejo Asesor es un gran paso para proteger la libertad de expresión, no obstante, habrá que ver cómo opera en la realidad. Me parece que Facebook quiere darle legitimidad a las resoluciones que toma, muchas de las cuales han generado gran controversia –la última, por ejemplo, censurar los memes relativos al 9/11–.[xxiii]

Ahora bien, deben quedar atrás esas visiones de que internet no debe ser regulado o moderado. La realidad nos muestra que plataformas como Facebook pueden actuar de manera muy discrecional. Contrario a lo que se piensa, las empresas de redes sociales deben respetar los derechos humanos, ya que ahora la libertad de expresión no sólo se da entre el Estado y la ciudadanía, sino que también intervienen estas plataformas digitales que deciden de qué se puede hablar.

Finalmente, sobra mencionar que el Consejo Asesor de Contenido una vez que entre en operación, sin duda, generará mucho debate en torno a sus decisiones y argumentaciones. Y es que a pesar de las reglas que comentamos, no queda muy claro cómo es que funcionará, además de que todavía no sabemos quiénes serán sus miembros. Algunas respuestas las encontraremos pronto, ya que el órgano cuasi-jurisdiccional comenzará a resolver casos a principios del próximo año.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

_____________________________________

[i] Facebook (17 sep. 2019). Estructura y Gobernanza del Consejo Asesor de Contenido. Facebook Newsroom. Recuperado de: https://bit.ly/2kWJxRJ

[ii] Facebook (17 sep. 2019). Acta Constitutiva del Consejo Asesor de Contenido. Facebook Newsroom. Recuperado de: https://bit.ly/2kVvTyj

[iii] Ibídem, art. 1, secc. 1.

[iv] Ibídem, art. 1, secc. 3, párr. 1.

[v] Ibídem, art. 1, secc. 5.

[vi] Ibídem, art. 3, secc. 2, párr. 1.

[vii] Ibídem, arts. 1, párr. 1 y 3, secc. 2, párr. 2.

[viii] Corte Interamericana de Derechos Humanos (27 nov. 2013). Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 184. Recuperado de: https://bit.ly/1eARQSX

[ix] Supra nota 2, art. 2, secc. 1, párr. 1.

[x] Ibídem, art. 2, párr. 1.

[xi] Ibídem, art. 2, secc. 1, párr. 2.

[xii] Ibídem, art. 3, secc. 3, párr. 1.

[xiii] Tesis P./J. 47/95, de rubro Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Reg. digital 200234. Disponible en: https://bit.ly/2mtRDBN

[xiv] Supra nota 2, art. 2, secc. 2, párr. 1.

[xv] Ibídem, art. 2, secc. 2, párr. 3.

[xvi] Ibídem, art. 3, secc. 3, párr. 2.

[xvii] Tesis I.10o.A.8 K (10a.), de rubro Amicus curiae. Sustento normativo del análisis y consideración de las manifestaciones relativas en el sistema jurídico mexicano. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. digital 2016906. Disponible en: https://bit.ly/2kX0bAA

[xviii] Supra nota 2, art. 3, secc. 3, párr. 2.

[xix] Ibídem, art. 4.

[xx] Ibídem, art. 3, secc. 6.

[xxi] Ibídem, art. 3, secc. 4, párr 2.

[xxii] Ibídem, art. 3, secc. 7.3.

[xxiii] Excélsior (18 sep. 2019). Facebook está censurando todos los memes del 9/11. Recuperado de: https://bit.ly/2m4vqtN

Nuevo Tratado de Medellín: la tecnología de la información al servicio de la cooperación internacional

En el mundo actual, fuertemente globalizado, resulta cada vez más frecuente que las relaciones jurídicas estén vinculadas con el derecho de más de un Estado. Por lo tanto, cuando se presentan controversias ante la autoridad judicial –o, incluso, administrativa- de cierto país, es posible que, para arribar a la solución del caso, o para lograr que dicha solución se haga efectiva con el auxilio de la fuerza pública, se requiera llevar a cabo actos de autoridad en otro u otros Estados, con cuyos sistemas jurídicos el caso se conecta. No obstante, es sabido que la potestad de las autoridades estatales está limitada al territorio del Estado que las inviste como tales. Esto comprende especialmente la posibilidad de echar mano de la coerción a fin de obtener el cumplimiento de sentencias o decisiones, en ausencia de cumplimiento voluntario.

Lo que corresponde en tales situaciones es apelar a la cooperación internacional entre autoridades, con respecto a la cual, la tecnología puede ser una gran aliada. Un nuevo instrumento iberoamericano así lo reconoce de manera expresa: el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, hecho en la ciudad colombiana de Medellín, el 24 y el 25 de julio de 2019 (Tratado de Medellín).

A continuación, se hará un análisis crítico de las principales disposiciones del Tratado de Medellín; pero previamente se contextualizará el tema mediante algunas referencias generales a la cooperación internacional entre autoridades, a la figura de la Autoridad Central (AC), así como a los antecedentes y a ciertos aspectos formales del instrumento de muy reciente creación.

Cooperación internacional entre autoridades

La cooperación internacional entre autoridades es parte del objeto de estudio del  derecho internacional privado (DIPr). Ésta es la disciplina que se ocupa de las relaciones de derecho privado que presentan elementos internacionales o de extranjería relevantes. Los tres sectores de los que se ocupa la materia son: la jurisdicción internacional, es decir, la indagación acerca de los tribunales de qué país serán los internacionalmente competentes para resolver el caso; en segundo lugar, el sector de la ley aplicable, que se encarga de la determinación de qué derecho aplicarán las autoridades jurisdiccionales competentes al acto jurídico materia del juicio y; en tercer lugar, el de la cooperación jurídica internacional, que viene a ocupar el clásico espacio del reconocimiento extraterritorial de sentencias.

El fundamento de la cooperación internacional

La cooperación internacional entre autoridades se ha fundado, tradicionalmente, en la reciprocidad o, al menos, en una expectativa razonable de reciprocidad. Esta manera de concebirla implica que el juez de un Estado A sólo debería acceder a auxiliar al juez extranjero de un Estado B, en la medida en que le fuese demostrado que, en situaciones similares, los jueces del Estado B colaborarían con sus homólogos del Estado A, o que existe una expectativa razonable de que lo harían. Se trata de una concepción de mera colaboración ante solicitudes de auxilio jurisdiccional por las autoridades de otros Estados, que venía acompañada -cual rémora- con una exigencia de reciprocidad o cortesía internacional o la otrora expresión de actitudes estatales realizadas con una cierta espontaneidad.[1]

Por el contrario, una concepción más moderna de la cooperación internacional entre autoridades nos permite entenderla como una obligación que atiende a la necesidad de garantizar que los justiciables tengan un efectivo acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia engloba todo el proceso: desde el hecho de que haya un tribunal disponible para entablar una demanda, pasando por el respeto del derecho de defensa en juicio y la garantía de debido proceso, hasta la ejecución, en la práctica, de lo dispuesto en la sentencia. Así, la cooperación ya no se funda en la noción de reciprocidad entre Estados, sino en el reconocimiento de que, en casos de DIPr, hay un particular, justiciable, en cuyo interés las autoridades de un Estado solicitan la cooperación de las autoridades de otro. Bajo esta óptica, no sería justo negarse a colaborar en un proceso que se lleva a cabo en un foro extranjero por la sola razón de que anteriormente el Estado solicitante haya sido renuente a cooperar con el Estado cuya asistencia ahora requiere.

En la actualidad, la cooperación jurídica internacional cumple con un rol mucho más importante en la búsqueda de soluciones para los casos de DIPr, ya que su idea y su fundamento, es la obligatoriedad. Transitamos una época en la que se hace imperativo a los Estados prestar cooperación en distintas materias. Ello es así cuando existen tratados internacionales que vinculan a los países en cuestión, pero también cuando la asistencia queda regulada por las normas de dimensión autónoma de fuente interna de DIPr o por la costumbre internacional o los principios generales del derecho[2].

Materias y vías de la cooperación internacional

Las materias que se encuentran comprendidas en el actual concepto de cooperación jurídica internacional son: el reconocimiento de documentos extranjeros; las notificaciones en el extranjero y otras diligencias de mero trámite; la obtención de pruebas en el extranjero; las medidas cautelares extraterritoriales; el reconocimiento y ejecución de decisiones, ya sean sentencias judiciales o laudos arbitrales; la prueba e información del derecho extranjero y temas de cooperación específicos en materias de niñas y niños o de insolvencia transfronteriza.

En la mayoría de los pedidos de cooperación el instrumento clásico para efectivizar la solicitud es el exhorto o carta rogatoria[3], a través del cual los jueces con competencia en un asunto le solicitan a un par en el extranjero asistencia y cooperación para concretar las necesidades procesales de la disputa. Las vías de transmisión transfronteriza de los exhortos suelen ser la privada, es decir, por las partes interesadas que asumen los costos y gastos de la transmisión; la vía judicial, que es aquélla que se da directamente entre los órganos judiciales, por lo general, de zonas fronterizas; por vía consular o diplomática y, por último, a través de las ACs de los Estados involucrados.

La figura de la Autoridad Central

Las ACs son órganos administrativos especializados en la transmisión de exhortos al extranjero, ya sea enviando los exhortos emitidos por los tribunales de su país, o bien recibiendo los exhortos provenientes del extranjero para luego distribuirlos entre los órganos judiciales pertinentes.

Este sistema es aquél en el que se basan tanto los convenios celebrados en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado (entre ellos el Convenio de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial o el Convenio 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial por mencionar algunos) como así también las convenciones  interamericanas elaboradas por las Conferencias interamericanas de Derecho internacional privado (CIDIP), en el marco de la Organización de los Estados Americanos.

Los Estados contratantes en dichos instrumentos tienen la obligación de designar una AC y comunicar la decisión a los demás países, a los fines de facilitar las comunicaciones con sus homólogas en otros Estados, para efectos de la transmisión de los exhortos[4]. Cabe señalar que el rol de esta institución administrativa ha crecido de tal forma que en muchos casos ha dejado de ser un mero transmisor de solicitudes de cooperación, para llevar adelante funciones que en algunos casos -sobre todo en casos que involucran a niños y niñas- son equiparables a las de las autoridades del proceso o de verdadero asesoramiento a los justiciables.

El Tratado de Medellín

Antecedentes y aspectos formales

El Tratado de Medellín surgió en el marco de las actividades de un organismo internacional, institucionalizado en 1992, que agrupa a los Ministros de Justicia e instituciones homólogas de veintidós Estados iberoamericanos: la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos). Además de Estados de América Latina, participan en esta organización Andorra, España, Portugal y Puerto Rico -a pesar del régimen singular de este último con respecto a los Estados Unidos de América-. El objeto de COMJIB es el estudio y la promoción de diversas formas de cooperación jurídica internacional entre sus Estados miembros.

La sede de la COMJIB se localiza en Madrid y, actualmente, la Secretaría General  es ejercida por Colombia. La designación de un representante de Colombia como Secretario General fue acordada en la XXI Asamblea Plenaria recientemente llevada a cabo en Medellín, justamente en territorio colombiano, del 23 al 25 de julio de 2019. El mandato del Secretario General tiene una duración de cuatro años.

En ocasión de dicha asamblea también fue aprobado el Tratado de Medellín, que desde un inicio cuenta ya con las firmas de ocho Estados: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Paraguay, Portugal y Uruguay[5]. Todavía no se encuentra en vigor. Para que eso suceda, entre otros requisitos que el mismo tratado establece, y que serán referidos en el siguiente apartado, es preciso que se depositen al menos tres instrumentos de ratificación o adhesión y que transcurran 90 días naturales desde el depósito del último de ellos (artículo 11.5).

Antes de presentar el contenido del Tratado de Medellín, es conveniente señalar que, en el año 2004, los miembros de la COMJIB constituyeron una red de cooperación denominada Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). IberRed está integrada por puntos de contacto, ACs y otras autoridades con responsabilidad en materia de cooperación jurídica internacional. Dicha red generó un sistema de comunicación segura entre sus miembros, llamado Iber@.

Contenido y análisis crítico

El Tratado de Medellín pretende impulsar la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) a las actividades cotidianas de cooperación jurídica internacional entre ACs. En particular, incentiva a que las ACs utilicen medios electrónicos para la transmisión de solicitudes de cooperación.

Este instrumento internacional vinculante está estructurado en tres títulos, precedidos de una serie de Considerandos. El Título I contiene disposiciones generales, el Título II se enfoca en la transmisión de solicitudes en el ámbito de la cooperación jurídica internacional y el Título III establece disposiciones finales, varias de las cuales, a pesar de estar ubicadas al final, son especialmente relevantes para la implementación del tratado.

Uno de los puntos que caracteriza a este nuevo instrumento de cooperación es que no tiene pretensión regulatoria. Es decir, no intenta establecer requisitos formales, procesales o sustanciales de los exhortos, sino que complementa los tratados que se encuentren vigentes en materia de cooperación a fin de facilitar la transmisión de los exhortos a través de la plataforma Iber@ (artículo 1). De esta forma, el pedido de cooperación será efectuado por las autoridades judiciales en virtud de los tratados internacionales o de las normas de dimensión autónoma en materia de cooperación.

Al contemplar únicamente la transmisión preferente de pedidos de cooperación por parte de y hacia ACs, el Tratado de Medellín no se aplica a los casos en que las partes interesadas se encarguen del trámite de las solicitudes, ya sean exhortos o, en su caso, pedidos de informes.

El objetivo central del Tratado de Medellín es impulsar la plataforma electrónica  Iber@ como método preferente de transmisión de los pedidos de cooperación por parte de las ACs, eliminando el requisito de transmisión en soporte papel. Este aspecto es uno de los más relevantes del tratado: ya no se requerirá dedicar esfuerzos, emplear tiempo ni destinar recursos para replicar lo que se envió electrónicamente, mediante un envío en soporte físico. Consideramos que, en efecto, éste es el camino que permite aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las TICs.

La simple recepción automática en la cuenta de usuario creada a tal efecto por la AC del Estado requerido, da por cumplida la obligación de la transmisión del exhorto y éste será considerado original y auténtico.

Sin embargo, en el artículo 4 del tratado se establece que el uso de la plataforma Iber@ no será obligatorio para los Estados contratantes. Esta disposición resulta algo decepcionante ya que la posibilidad de dejar de lado este método de transmisión instantáneo puede llevar a casos que presenten demora, ya sea porque un determinado país evite utilizar la plataforma o porque en algunos casos la AC de un Estado opte por la transmisión del exhorto en soporte papel. Quizá una solución más satisfactoria hubiese sido el establecimiento de Iber@ como único medio de transmisión para las ACs y la introducción de causales taxativas por las cuales los Estados involucrados podrían rehusarse a la transmisión digital.

Otro aspecto criticable es la posibilidad prevista en el artículo 7.2 de que la prestación de los servicios de la plataforma Iber@ sea efectuada  por terceros mediante un contrato con la Secretaría General. Esto implica abrir la puerta a la participación de empresas privadas que operarían como proveedoras del servicio de administración de la plataforma. Estimamos que, teniendo en cuenta que se lleva a cabo el tratamiento de datos que pueden ser sensibles para las partes y para los Estados, lo más adecuado sería dotar a la Secretaría General de los medios técnicos y financieros destinados cumplir por sí misma su cometido, sin necesidad de recurrir a terceros.

Finalmente, tal como se mencionó en el apartado previo, para que el Tratado de Medellín pueda entrar en vigor se establecen algunas restricciones adicionales al número de instrumentos de ratificación o adhesión exigido. Están previstas en las disposiciones finales y consisten en tres condiciones:

  • la previa aprobación del Reglamento de financiación de la plataforma Iber@;
  • la puesta en conocimiento de las Partes de un Manual técnico de Iber@, que defina parámetros, especificaciones y requisitos técnicos y de seguridad, encriptación y protección de datos, que la plataforma deberá respetar;
  • que la plataforma Ibe@ se encuentre funcionando completamente y que, además, lo haga de conformidad con lo establecido en el Manual técnico.

A pesar de que las mencionadas limitaciones a la entrada en vigor del Tratado de Medellín podrían ser vistas como obstáculos en el camino, consideramos que su presencia se justifica para lograr la meta de que el instrumento internacional sea apropiadamente aplicado y para que la plataforma Iber@ se desarrolle y funcione de manera correcta y segura, de conformidad con lo previsto.

A modo de cierre

Para finalizar, creemos que la existencia de un instrumento de este tipo resulta un gran aporte y representa una invaluable oportunidad para dar un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza en los Estados iberoamericanos. En primer lugar, consideramos positivo que el Tratado de Medellín no introduzca nuevas regulaciones de cooperación que vengan a superponerse con las de las convenciones interamericanas, las de la de los convenios de La Haya, las de MERCOSUR, las bilaterales y otras tantas -con el riesgo de provocar intrincados conflictos entre convenciones-, sino que apunte específicamente a dinamizar un rol tan importante como es el de las ACs, que exige mayor celeridad.

La incorporación de las TICs a todas las actividades humanas es indetenible y por supuesto que el DIPr y la cooperación internacional no son la excepción. En el Tratado de Medellín, la concepción del sistema Iber@ es ambiciosa y apunta a una nueva cultura, la digital, que en este tema se traduce en menos costos para los justiciables y mayor aprovechamiento del tiempo, a fin de lograr un efectivo acceso a la justicia.

Más allá de las condiciones necesarias para la entrada en vigor del nuevo instrumento, lo cierto es que la puesta en marcha de este sistema depende de la voluntad de los Estados de incorporar las TICs a la cooperación transfronteriza. Las críticas efectuadas al Tratado de Medellín pueden ser sorteadas con facilidad a través de la decisión política de gobiernos, funcionarios, operadores del derecho y demás actores de la vida pública que tienen el deber de garantizar el acceso a la justicia.

Hacemos votos para que los Estados firmantes lo ratifiquen pronto y para que el resto de los Estados iberoamericanos no sólo lo firme, sino que también lo ratifique, permitiendo que entre en vigor. Por nuestra parte, además de desear que esto suceda, esperamos haber contribuido desde la Academia a alertar acerca de los valores que se encuentran en juego y qué derechos deben ser protegidos y garantizados en esta materia.

María Mercedes Albornoz. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @mmalborn

Sebastián Paredes. Profesor de derecho internacional privado e investigador adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

______________________________

[1] FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., “Conceptos y problemas básicos del derecho internacional privado” en: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (coord.), Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 70 ss.

[2] NOODT TAQUELA, María Blanca, “El principio de la aplicación de las normas más favorables a la cooperación judicial internacional” IX Anuário Brasileiro de Direito Internacional Brazilian Yearbook of International Law, Belo Horizonte, CEDIN, Vol. 1, 2014, pp. 228 ss., especialmente p. 241-42.

[3] Decimos “clásico” porque es el método más utilizado. También es posible que las solicitudes de cooperación sean canalizadas a través de comunicaciones directas, como las que se llevan a cabo a por videoconferencias, correos electrónicos y otros métodos comunicación, que suelen utilizarse en la mayoría de los casos que se dan en el marco del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Desde luego que el exhorto es utilizado en los casos en que el pedido de cooperación así lo exige. No suele ser utilizado desde luego en los requerimientos de información del derecho extranjero que, generalmente, son suelen ser contestados por los medios de prueba idóneos, como son los previstos en el artículo 3 de laConvención interamericana sobre prueba e información del derecho extranjero firmada en el marco de la CIDIP II,

[4] Por ejemplo, en Argentina para la mayoría de los asuntos es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en Brasil, dependen del Ministerio de Justicia, en México, es un área de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Uruguay es el Ministerio de Educación y Cultura.

[5] Nótese que México todavía no lo ha firmado.

La sombra del Brexit en la Suprema Corte británica: Boris Johnson y la prórroga del Parlamento

Este texto explica por qué la sentencia pronunciada, el pasado 24 de septiembre, por la Suprema Corte británica (Cherry/Miller 2; [2019] UKSC 41) es tan importante para la Constitución del Reino Unido y, a su vez, tan dañina para el primer ministro, Boris Johnson.

La queja que examinaron los ministros cuestionaba la constitucionalidad (lawfulness) de la reciente prórroga del Parlamento (del 9 de septiembre  al 14 de octubre de 2019).[1] Los quejosos argumentaban que las acciones de Johnson iban en contra de la Constitución. En su opinión, prorrogar el Parlamento impedía a los legisladores realizar sus principales funciones: legislar y supervisar los actos del gobierno. Y, a su vez, alegaron que el gobierno quería cerrar el Parlamento para frenar sus debates sobre el Brexit y, en este sentido, para obstaculizar el trabajo de las comisiones.

Vale subrayar, en este contexto, que la prórroga del Parlamento es una facultad executiva exclusiva. Pertenece, por lo tanto, a la Corona. Es decir, para prorrogar el Parlamento, Johnson requería el permiso de la Reina. Los quejosos alegaron, entonces, que Johnson obtuvo el permiso de la Reina con argumentos falsos; es decir, que mintió. El argumento del gobierno, en este sentido, es que cerraba el Parlamento para dar paso a la apertura de una nueva sesión parlamentaria, un acto que inaugura siempre la Reina con un discurso que explica los planes legislativos del gobierno en turno.

En respuesta, el gobierno afirmaba que el acto de prorrogar no se podía cuestionar en los tribunales, al tratarse de una prerrogativa real no era “justiciable”. Así, bajo la lógica del gobierno de Boris Johnson, no importaban, por ende, los motivos de la prórroga ni sus consecuencias.

Para entender este argumento, hay que recordar que la Constitución británica no es una pieza legal identificable en un sólo texto como es el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana o estadunidense. Más bien, se trata de un cúmulo de instrumentos legales, que se integran por leyes escritas (statutes o estatutos), convenciones (acuerdos políticos acerca de cómo funciona el gobierno) y, por supuesto, el common law (ley común).

Un estatuto, por ejemplo, como el famoso Fixed Term Parliaments Act (2011) establece la forma en la que el gobierno puede usar la prerrogativa ejecutiva para disolver el Parlamento. Antes de 2011 y de la promulgación de esta ley, el Primer Ministro (PM) podía disolver el Parlamento y convocar a elecciones a su antojo. Esta ley de 2011, en respuesta, limita y establece las condiciones en las que el ejecutivo puede usar esta prerrogativa; de tal manera, que cada Parlamento tiene que durar en principio cinco años y sólo puede haber elecciones extemporáneas en situaciones específicas, v.g. si el gobierno pierde un voto de censura.

A estas alturas, vale mencionar que una convención es una regla de costumbre. Un ejemplo muy importante es la convención que establece que la Corona siempre debe actuar de acuerdo con lo aconsejado por el PM. De ahí que la Reina, por ejemplo, siguiendo esta convención, otorgó u permiso para la mencionada prórroga.

El common law, por su parte, en una definición muy sencilla, es el cuerpo de precedentes legales (similar a la jurisprudencia, aquí en México) establecido por los tribunales a través de sus sentencias. En este sentido, estas decisiones forman la arquitectura invisible de la Constitución, pues también son la base del razonamiento jurídico de ésta.

Dicho esto, hay que apuntar que las prerrogativas de los tres poderes de gobierno en el Reino Unido no se encuentran en los estatutos, ni las convenciones… sino en el common law.

En este contexto, hasta este año nadie había cuestionado nunca la prerrogativa para prorrogar el Parlamento. Por lo tanto, se suponía que esta prerrogativa se encontraba entre las funciones del gobierno que no podía ser cuestionada ante los tribunales. En breve: no había precedente, así que no procedía la presente queja en cuestión, argumento que presentaron los abogado del gobierno.

Asimismo, los abogados del gobierno arguyeron que esta regla de prórroga del Parlamento no estaba limitada ni regulada por un estatuto. De ahí que, a su entender, los tribunales no podían referirse a ninguna ley para juzgar y, en su caso, determinar si cierta prórroga era o no lawful. En términos muy sencillos, esto significa que el gobierno de Boris Johnson sostenía que el diseño legal de la prerrogativa real, respecto la prórroga del Parlamento, implicaba que podía prorrogar el Parlamento por los motivos que quisiera, cuándo considerara pertinente y por el tiempo que a su juicio fuese oportuno. Tal interpretación legal, sobra mencionar, no es menor. Pues equivale a declarar que el gobierno no simplemente existe con independencia del Parlamento, sino que tiene autoridad constitucional sobre el Parlamento, al grado de dictar los horarios y las sesiones de éste.

Es este cúmulo de argumentos la razón por la que este juicio era (y es) tan importante y, a su vez, el motivo por el cual el gobierno perdió al caso. Pues si bien argumentar que no era justiciable el acto de prórroga del Parlamento, era razonable en cuanto al common law,  insistir que el gobierno tenía facultades constitucionales sobre el Parlamento y, en consecuencia, respecto el poder para prorrogar, atacaba tres principios fundamentales del common law:

  1. La soberanía parlamentaria: es decir que la autoridad última en la Constitución británica se encuentra en el Parlamento. Ni los tribunales pueden invalidar las leyes que promulga el Parlamento: sólo las puede interpretar. De acuerdo a A. V. Dicey, significa que “[e]l Parlamento puede legislar acerca de cualquier tema que, a juicio del Parlamento, es tema que requiere legislar. No hay poder que, de acuerdo a la Constitución inglesa, pueda entrar en conflicto con la soberanía legislativa del Parlamento. […] Esta doctrina de la soberanía legislativa es la piedra angular del orden constitucional.”[2]
  2. El Parlamento citado en “la soberanía parlamentaria” no se compone exclusivamente de las dos cámaras legislativas. El Parlamento es en efecto “the Crown-in-Parliament” (La Corona-en-el Parlamento). En su conjunto, el monarca y el Parlamento son soberanos; pero no separadamente.[3]
  3. De ahí que de esta mancuerna, el Parlamento es el elemento más importante. El gobierno en nombre de la Corona puede proponer, pero las cámaras siempre disponen.

El punto tres casi nunca es problemático porque el Primer Ministro suele ser el jefe del partido mayoritario en el Parlamento. Margaret Thatcher o Tony Blair podían actuar, como si el Parlamento fuera subordinado a sus deseos, precisamente porque traían mayorías contundentes en el Parlamento. Pero, el actual Primer Ministro, Boris Johnson, no tiene mayoría en la cámara de diputados (ni en la de los Lores). Su gobierno existe todavía porque el Parlamento se ha negado votar para derrumbarlo. No es un presidente como el mexicano o el estadounidense, cuyo encargo se derive del voto popular directo. Johnson ocupa el gobierno gracias al Parlamento, de ahí que, en sentido estricto, dependa de lo que determine éste último. Por ello, y de ahí la importancia de esta decisión judicial, prorrogar el Parlamento para impedir que los legisladores le instruyan y le vigilen significaría minar o destruir los tres principios básicos de la Constitución.

En su sentencia, de manera unánime, los ministros de la Suprema Corte se negaron a sancionar tal acto. Simplemente declararon “nula y sin efecto” la prórroga por ser unlawful. Es decir, por ir en contra del common law. “El Parlamento no se encuentra prorrogado”, dice la sentencia; por lo que puede reunirse a la brevedad (como en efecto hizo el día siguiente).

Para armar esta sentencia, los ministros citaron los precedentes más relevantes sobre el tema en cuestión, específicamente aquellos relacionados con la revisión judicial de actos gubernamentales, ejercidos a partir de prerrogativas distintas, con el objetivo de establecer que tenían la facultad de ejercer la revisión judicial en este caso. En otras palabras, se apoyaron en varios precedentes para crear uno nuevo de enorme importancia y que, a partir de ahora, regirá la prerrogativa real para prorrogar el Parlamento. Por ende, tendrá consecuencias muy importantes al largo plazo. La sentencia no simplemente representa una reafirmación de la constitucionalidad frente a los ataques de Johnson, sino significa que los futuros usos de la prórroga ahora pueden ser juzgados de acuerdo a los lineamientos establecidos en este juicio. La prórroga es de aquí en adelante “justiciable.”

En respuesta a esta decisión jurisdiccional, el gobierno de Johnson intenta argumentar que dicha sentencia es inusitada de acuerdo a la Constitución británica, porque representa una invasión de los jueces al campo de lo político. Pero, al final, lo cierto es que la Suprema Corte sólo reitera y reafirma la supremacía del common law. Al respecto, vale mencionar que esta sentencia cita varias veces The Case of Proclaimations, el más famoso precedente de todo el common law, una sentencia dictada por el magistrado Sir Edward Coke en 1610 y que subrayaba: “El rey sólo tiene la prerrogativa que la ley le permite.”[4]

Catherine Andrews. Profesora titular de la División de Historia del CIDE. Twitter: @andrews_cath

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

______________________________

[1] La prórroga del Parlamento es la suspensión definitiva de todas las actividades legislativas (los debates en el pleno, el trabajo de comisiones etc.). Al menos que ha un acuerdo especial, todo acto legislativo que no haya logrado el acuerdo de ambas cámaras está perdido; el proyecto de ley tiene que volver a iniciarse al reunirse nuevamente el Parlamento. Una nueva sesión de Parlamento inicia con un discurso del monarca. En el siglo XX el periodo entre la suspensión de sesión y la apertura de Parlamento era de 4 a 6 días en promedio. Véanse https://www.parliament.uk/about/how/occasions/prorogation/

[2] A. V. Dicey, Introduction to the Study of Law of the Constitution (Indianapolis: Liberty Fund, 1ª ed, 1888, 8ª ed., 1915 reeditado en 1982), 24-25. Todas las traducciones en este artículo son mías.

[3] Para másinformaciónsobreeste punto, véase,M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers. 2nd ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1998: 23-130.

[4] Para entender el contexto de esta declaración, véase,Alan Cromartie. “The Constitutionalist Revolution: The Transformation of Political Culture in Early Stuart England”. Past & Present 163 (1999): 76–120.

La Corte Suprema de los Estados Unidos cierra la puerta a asuntos relacionados con el “gerrymandering”

Hace unos días la Corte Suprema de los Estados Unidos se declaró incompetente y sin la facultad  para resolver asuntos relacionados con el gerrymandering. Con una votación de 5 a 4, el bloque conservador se sobrepuso al liberal y resolvió que los tribunales federales carecían de las facultades para legislar en un tema político y para juzgar en las relaciones de poder entre los dos principales partidos políticos estadounidenses. Esta sentencia invalidó –por falta de jurisdicción- dos sentencias de tribunales de distrito de los estados de Carolina del Norte y de Maryland que resolvían dos casos de gerrymandering. Para poder comprender la magnitud de lo que esta resolución implica es necesario analizar el sustento que la Corte dio a su argumentación, así como explicar elementos clave de la política estadounidense.

En primer lugar es fundamental saber cómo funciona la práctica del gerrymandering[1] en el sistema de redistribución de distritos electorales estadounidense. Este sistema consiste en la manipulación de circunscripciones electorales para obtener un fin determinado en las elecciones. Los mapas territoriales de los estados, que determinarán los escaños en el Congreso, son dibujados –en la mayoría de las ocasiones- por los propios legisladores. De acuerdo a la composición de las legislaturas estatales de ese momento, el dibujo de los mapas suele tener una composición que beneficia al partido de la mayoría. Ahora bien, esta facultad es otorgada por medio del primer apartado de la cuarta sección del artículo 1° de la Constitución estadounidense, conocida como la cláusula de elecciones, que dicta lo siguiente:

Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley, excepto en lo tocante a los lugares de elección de los senadores.[2]

La Corte resolvió su falta de jurisdicción con los casos resueltos este jueves: Rucho v. Common Cause, No. 18-422, y Lamone v. Benisek, No. 18-726. En ambos, la Corte analizó dos sentencias de tribunales de distrito en las que tanto votantes del estado de Maryland como de Carolina del Norte presentaron demandas en contra de la redistribución de los distritos congresionales de sus estados por tener un sesgo y vidente uso del gerrymandering partidista. En el caso del “viejo estado del norte” (Carolina del Norte) los demandantes alegaron que se discriminaba a las minorías demócratas. Mientras que en el caso de Maryland los demandantes aseguraban que se discriminaba a los republicanos. En ambos casos fue alegada una violación a la primera enmienda y a la cláusula de elecciones.

De igual manera, en ambas demandas por gerrymandering los tribunales de primera instancia les dieron la razón a los demandados. Por lo anterior, los demandados apelaron a la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense tuvo un problema para resolver el caso, el cual fue el cómo determinar cuando los agentes políticos han ido demasiado lejos en su facultad de determinar distritos y si los tribunales federales tienen competencia para resolver sobre casos “políticos injustos” que no están explícitamente contenidos dentro de la Constitución. Más allá de la cláusula de elecciones no hay una norma legal que determine como solucionar un problema de gerrymandering partidista para los tribunales federales, en todo caso la resolución tendría que ser resuelta de acuerdo a un criterio político, que fue lo realizado por los tribunales de distrito.

En la sentencia del tribunal de distrito de Carolina del Norte ocurrió lo siguiente: el tribunal dictó que en 2016 la legislatura estatal diluyó intencionalmente la fuerza demócrata en un distrito con base en una prueba de tres partes. La prueba consistió en lo siguiente: demostrar la intención de los que realizaron el mapeo, los efectos que tuvo y la causalidad. Los legisladores republicanos, de acuerdo a la sentencia, instruyeron al cartógrafo a manejar una delegación congresional de 10 a 3 (republicanos vs demócratas) con base en la modificación de los mapas y la redistribución de votantes cuya tendencia electoral tendía a votar por un determinado partido de acuerdo a resultados anteriores. Además de lo anterior, el cartógrafo justificó su actuar en su creencia personal de que el gobierno republicano era más favorable a los “intereses nacionales”. En la demanda realizada por los demócratas, organizaciones civiles y votantes individuales, se alegó que el plan de redistribución de 2016, violentaba además de la cláusula de elecciones y la primera enmienda, la cláusula de Igual protección de la 14 enmienda que  establece que: “Los Representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados de acuerdo con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada Estado”[3].

El tribunal de distrito resolvió que el plan de 2016 diluía intencionalmente la fuerza electoral de los demócratas, que también violentó la primera enmienda por discriminación por tendencias políticas que impidieron la libre expresión y que el plan también impidió el derecho de la gente a elegir a sus candidatos preferidos para el Congreso -en contravención del artículo 1, sección segunda de la constitución-. Además el tribunal también estableció que existió un incumplimiento de la cláusula de elecciones al proponer que el Congreso estatal había excedido su autoridad para prescribir los tiempos, lugares y maneras de celebrar elecciones. Así el plan de 2016 había ido en contra de la cláusula de igual protección del artículo primero constitucional y de la primera enmienda, la cláusula de elecciones y la catorceava enmienda. El tribunal de distrito alegó que la intención predominante de la asamblea fue discriminar a los votantes que apoyaron o probablemente apoyarían a candidatos no republicanos y la resolución dictó una prohibición para usar el plan de 2016 y mandó a realizar la elaboración de una nueva redistribución. En su defensa los demandados apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos, caso que será analizado posteriormente.

En el caso de Maryland, el gobernador demócrata Martin O´Malley designó a un comité para volver a dibujar el mapa de distritos de su Estado. En este caso cerca de 350,000 votantes fueron redistribuidos para poder ganar un sexto distrito que había sido mayoritariamente republicano durante 30 años. El plan aprobado en 2012 logró que los demócratas ganaran este distrito y que hasta la fecha el representante siga siendo demócrata. Al igual que sucedió en Carolina del Norte, fueron presentados recursos legales en contra de esta acción de gerrymandering, en este caso tres votantes de Maryland presentaron una demanda alegando violaciones ala primera enmienda, a la cláusula de elecciones y al artículo primero, sección segunda, de la Constitución. El tribunal de distrito de Maryland también falló a favor de los demandados. Argumentó que el plan violaba la primera enmienda al disminuir la capacidad de elegir al candidato de preferencia de los votantes debido a su afiliación política. El tribunal ordenó un nuevo plan de redistribución para 2020. Así como en el caso de Carolina del Norte los demandados también acudieron a la Corte Suprema.

Ante ambos casos la Corte primero determinó si los casos de gerrymandering son resolubles de acuerdo a principios legales y de derecho, o si deben encontrar su resolución, al ser casos políticos, en otra institución. Históricamente, el gerrymandering había existido desde antes de la independencia estadounidense. La práctica de redistribución de distritos con fines electorales siempre ha sido un tema de debate, sin embargo, nunca fue sugerido que un tribunal federal pudiera intervenir. Lo anterior cual planteó una duda razonable en máximo tribunal sobre la competencia de los tribunales federales para resolver estas cuestiones.

La Corte estimó que los tribunales locales llevaron a cabo su intervención con base en que el gerrymandering había ido demasiado lejos y que en el caso de que ellos resolvieran, también tenía que ser cumplido este criterio. Es allí donde se encontró el primer obstáculo, los precedentes al caso de gerrymandering, que fue resuelto hace unos días, siempre habían tenido diferencias entre los jueces. En estas diferencias, el “estándar” a partir del cual los jueces podían actuar de manera judicialmente discernible y manejable variaba de acuerdo al criterio de cada uno. Por ejemplo: de acuerdo a un razonamiento del juez Kennedy, para que un caso sea justiciable debe tener un razonamiento limitado y preciso,  ser claro, manejable y políticamente neutral. Sin embargo El problema radica en que un criterio de equidad no es judicializable ni existe norma legal que lo determine y por lo tanto existe una dificultad extrema para determinar cuando el gerrymandering ha ido “demasiado lejos”.

Ahora bien, si fuera el caso que los jueces debieran que juzgar de manera discrecional, la Corte estimó que los demandantes no proporcionaron pruebas suficientes para la evaluación de un criterio de equidad, o un algún requisito judicialmente discernible y manejable. Por lo tanto no hay un criterio o base sólida para que los jueces puedan discernir o definir un criterio para reasignar poder o influencia entre partidos políticos. Las pruebas con las que contó el juzgador eran las que fueron exigidas por los tribunales de distrito a los demandantes para poder interferir que fueron tres: que los demandantes probaran que en el mapeo legislativo existió un criterio de definición que buscara afianzar a un partido en el poder. Posteriormente requirió demostrar que esta redistribución favorecería un partido permanentemente de tal manera que el representante electo no sentiría la necesidad de responder ante los votantes desfavorecidos. Finalmente, que los efectos discriminatorios no tenían un interés estatal legitimo o alguna otra explicación neutral.

Aunque las pruebas fueron suficientes para el tribunal de distrito y justificar su injerencia sobre un asunto político, para la Corte Suprema las pruebas exigidas por el tribunal no fueron suficientes, ni mutuamente excluyentes a otros casos, ni necesariamente definitorias para justificar la intervención en el gerrymandering. La Corte determinó que una predicción sobre cómo van a ser las preferencias de los votantes es bastante ambigua, para hacerlo citó un ejemplo de las votaciones en el estado de Indiana donde a lo largo del tiempo ocurrieron variaciones importantes entre escaños distritales y la composición del congreso. Por lo cual la Corte concluyó que los votantes cambian de preferencias de una manera difícilmente predecible. Con relación a esto, determinar si un resultado electoral puede favorecer o no inequitativamente a una parte, la Corte estimó que esta clase de predicciones para responder a si una redistribución es inequitativa o injusta está fuera de los alcances constitucionales del tribunal e implicaría un ejercicio de suposición no neutral.

Ahora bien, con relación a la violación de la primera enmienda, el tribunal de distrito encontró que tanto en el caso de Carolina del norte como en el caso de Maryland, los votantes habían sentido una privación de derechos, que existió una mayor dificultad para el ejercicio de derechos políticos (recaudación de fondos, atraer candidatos y movilización y falta de entusiasmo). Este argumento de los demandantes sugiere discriminación contra partidos de una base política opuesta. Sin embargo, para la Corte en esta teoría cualquier nivel de partidismo en cualquier distrito implicaría una limitación a su contraparte por lo que implica el ejercicio mismo de las campañas, política y preferencias individuales. Además de lo anterior, la primera enmienda no establece un “estándar” que codifique cuando esta actividad partidista va demasiado lejos. Por ambas razones la Corte también consideró el argumento de la limitación de derechos como un caso en donde no tenía capacidad de intervención.

Para resolver lo anterior los demandantes propusieron un modelo de distrito que estableciera criterios de base neutral para medir los extremos de gerrymandering. Sin embargo, este mapa neutral de acuerdo a la Corte presentaría varios problemas, el primero es que tendría criterios que cambiarían año con año por las modificaciones poblacionales y de preferencias y también que se diferenciarían en cada estado. Además de lo anterior, este “modelo de distrito neutral” sería de igual manera arbitrario con relación a cómo sería determinado y presentaría nuevamente la incógnita sobre ¿qué es lo justo durante la distribución? Otro punto relevante es que los demandantes citaron precedentes o jurisprudencia relacionada con una discrecionalidad judicial para la resolución de casos. El problema radicó en que una vez analizadas las sentencias de una aparente discrecionalidad, la misma tenía una base legal a partir de la cual el juez estaba facultado para realizar este ejercicio.

Con relación a la cláusula de elecciones, el tribunal de distrito concluyó que el plan de 2016 de Carolina del Norte superó la cláusula de elecciones porque el tribunal no tenía autoridad para desfavorecer los intereses partidarios de un candidato o partido en particular. Ahora bien para la Corte Suprema este principio de garantía no necesariamente proporciona una base para un reclamo justiciable de acuerdo a su jurisprudencia. Si bien el partidismo excesivo puede llevar a resultados que parecen injustos, los mimos no necesariamente son excluyentes de los principios democráticos. Por ello para la Corte estadounidense, los jueces federales no tienen un alcance más allá de lo dictado por la Constitución ni injerencia en reasignar pode entre los dos principales partidos políticos. Para la Corte los demandantes sugerían una expansión del poder y las facultades judiciales puesto que el tribunal nunca ha invalidado el gerrymandering por ser “inconstitucional”. Para la Corte no existe una forma de establecer distritos justos, más bien establece que los mecanismos están involucrados y deben ser resueltos dentro de las legislaciones locales (los asuntos políticos deben ser resueltos en la arena política), por ejemplo: comisiones independientes de redistribución. Otras legislaciones prohíben, por ejemplo, el favoritismo partidista. Además existen, para la Corte, otros múltiples proyectos relacionados con mantener equidad en las elecciones distritales como criterios de contigüidad o igualdad poblacional. Aunque la Corte no se decanta por alguno de los anteriores mecanismos, si los menciona como vías de reforma establecidas en la constitución y que son parte de las facultades del congreso que siguen vigentes.

Por todo lo anterior y la invalidación de los argumentos presentados por los demandantes es que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no tienen comisión para asignar poder o influencia política y que de la misma manera su ejercicio debe ser meramente acorde a la legislación. La Corte dictaminó que no es su facultad decir lo que es o no ley. Por lo tanto, para el máximo tribunal estadounidense las sentencias de los tribunales fueron declaradas vacías y, por ello, ordenó que fuesen descartadas por falta de jurisdicción.

José Miguel González Serrano. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

 ________________________________________

Bibliografía

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El gerrymandering y la supresión del voto en Estados Unidos: Nota Informativa (México: Senado de la República, 2018)

LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_005_16

LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. 2/7/2019. http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_006_30

[1] Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El gerrymandering y la supresión del voto en Estados Unidos: Nota Informativa (México: Senado de la República, 2018), 3 – 7.

[2] LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_005_16 (Consultada el 2 de Julio de 2019).

[3] LibertyFund, “La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”,  Cato Institute, La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. 2/7/2019. http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia-html#lf06_div_006_30 (Consultado el 1 de Julio de 2019).