Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de personas en su jurisprudencia.

Introducción.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han manifestado dentro de su jurisprudencia criterios similares en materia de desaparición forzada.  El análisis y pronunciamientos de ambas cortes con relación a este ilícito es relevante para el derecho internacional de los derechos humanos ya que estas cortes crean criterios que constituyen nuevas líneas teóricas de la materia.

Para iniciar con el análisis de criterios, corresponde establecer el concepto de desaparición forzada de personas. Este lo define la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF) en el artículo 2 como:

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.[1]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para abordar la disidencia y afinidad de ambos tribunales respecto a la desaparición forzada, es necesario hacer un análisis general de ambos. La Corte IDH y el TEDH fueron creados por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) respectivamente. La composición del primero consta de siete jueces a diferencia del TEDH, que está compuesto de 47 jueces porque atiende al número de Estados contratantes del CEDH.

Con relación a su competencia, la Corte IDH la obtiene de los Estados que así la reconozcan, independiente de su adopción de la CADH. Sobre este punto, la autora Camarillo Govea observa una posible debilitación del Tribunal Interamericano y deduce que este

Dentro de estas diferencias de composición de los tribunales, mientras uno es un tribunal permanente (TEDH) y el otro no (Corte IDH), en ambos ha habido competencia para conocer asuntos de desaparición forzada de personas.

Criterios disidentes y afines entre ambos Tribunales.

Las posiciones de la Corte IDH siguen la misma línea jurisprudencial en todos los casos. De los posicionamientos que más ha defendido es la diferencia entre la desaparición forzada con detenciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales. La Corte señala que la distinción radica en la negativa de los perpetradores a brindar información,[3] esto permite que la privación de la libertad de las víctimas sea más específica y protegida dentro de este criterio. El TEDH coincide y así lo ha señalado en su jurisprudencia.[4] La similitud entre ambos es observable en que ambas cortes lo consideran como un hecho ilícito que se extiende. La Corte IDH lo señala como permanente y el TEDH como continuado,[5] palabras distintas pero mismo criterio.

En adición a lo anterior, la Corte IDH ha estimado una relación entre la desaparición forzada y la tortura dado que el desconocimiento del paradero de la víctima y del aislamiento resulta en ésta.[6] Por su parte, en el TEDH se debe acreditar la tortura y el momento en que se realiza con el fin de establecer que dichos ilícitos se cometieron dentro de la detención. Esto quedó establecido en la sentencia de Çakici contra Turquía en 1999 cuando consideró que sí existían elementos que señalaran tortura.[7]

En conjunto con lo anterior, la similitud de criterios entre ambos se ve reflejada en el enfoque que estos otorgan a la obligación procesal regulada por sus respectivas convenciones. Es decir, ambos tribunales han sido enfáticos en señalar que existe independencia entre la naturaleza de la desaparición forzada, que es la privación de la libertad per se, con la obligación procesal del Estado a las investigaciones una vez tenido el conocimiento de la privación. Ambos son firmes respecto a que la legislación interna, existente o inexistente al momento del hecho, no es un justificante para la violación de derechos humanos.

Es el caso también en que ambos convienen en estudiar el modo temporal de activación y culminación de la desaparición forzada. La activación se realiza en el momento en que la víctima fue vista por última vez con elementos del Estado y se extiende en su culminación hasta el momento en que se encuentra y se señala a los responsables. En este ultimó pronunciamiento existe discordancia entre ambos tribunales porque la Corte IDH expone que la desaparición forzada concluye hasta conocer el paradero de las víctimas. Por su parte el TEDH señala que la conclusión de la desaparición forzada se da no solo al encontrar con el paradero del cuerpo, sino que el Estado también adquiere la obligación de señalar el motivo de la desaparición; perseguir a los responsables, y cerciorarse, en los casos necesarios, que los restos corresponden con la persona desaparecida. Esto con la independencia del tiempo, es decir, aunque hayan transcurrido los años suficientes para que puedan presumir la muerte, la obligación de investigar no desaparece.[8] Las cuestiones anteriores no son observadas por el sistema interamericano.

Es de singular importancia hacer referencia a la presunción que ambos tribunales manifiestan en sus sentencias a las víctimas. Por un lado, la Corte IDH emplea la iruris tantum, es decir, la presunción a favor de las víctimas en casos de que el Estado no pruebe su no responsabilidad internacional.[9] Este criterio es similar al utilizado en el TEDH, puesto que el artículo 38 del CEDH da la facultad al Estado para aportar las pruebas necesarias para demostrar que no es responsable.

Conclusión: competencia temporal de los tribunales.

En conclusión, la diferencia más importante entre ambos tribunales en casos de desaparición forzada, es la competencia para conocer de un caso después de que se hayan agotado todos los recursos en el derecho interno. Si bien es cierto, ambas cortes señalan en sus instrumentos reguladores el procedimiento, en casos de desaparición forzada, el TEDH ha establecido que los demandantes no deben ni pueden esperar para acudir. El CEDH señala en su artículo 35.1 que es posible acudir al tribunal una vez que se haya dictado resolución interna definitiva dentro de un plazo de seis meses. Pero el TEDH enfatiza que la desaparición forzada de personas es un hecho continuo, es decir, pueden pasar años para obtener la sentencia definitiva; por lo que señala que el momento de recurrir ante este tribunal debe ser cuando los familiares se den cuenta de que no existe una investigación competente en el derecho interno.[10] Por otro lado, la Corte IDH, aunque dentro de sus criterios señala que la dilación procesal también concluye con una violación a las víctimas, por ser un hecho ilícito permanente la desaparición forzada, para llegar a la Corte IDH no solo se requiere agotar todos los recursos internos, sino también acudir primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[11] Sin embargo, en casos de desaparición forzada, este análisis debe ser más pronto con la finalidad de no violentar más a las víctimas.

Fermín Gallegos de León. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Socio y litigante del despacho Asesores Jurídicos CGL. Contacto: fermin.gallegos@uabc.edu.mx

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Referencias bibliográficas.

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Corte IDH, Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998.

Corte IDH, Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.

Corte IDH, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.

Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018.

Corte IDH. Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989.

Londoño, M. (2005). Las cortes interamericana y europea de derechos humanos en perspectiva comparada. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 5, pp. 89-115.

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Sferrazza Taibi, P., “Desaparición forzada”, Eunomia, Nº 8, marzo-agosto 2015, p. 164.

TEDH, Caso Çakici c. Turquía (GS), solicitud núm. 23657/94, sentencia de 8 de julio de 1999.

TEDH, Caso Imakayeva c. Rusia, solicitud núm. 7615/02, sentencia de 9 de noviembre de 2006.

TEDH, Caso Kurt c. Turquía, solicitud núm. 24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998.

TEDH, Caso McCann y otros c. Reino Unido (GS), solicitud núm. 18984/91, sentencia de 27 de septiembre de 1995.

TEDH, Caso Varnava y otros c. Turquía (GS), solicitudes núm. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 y 16073/90, sentencia de 18 de septiembre de 2009.

Viana, A. (2008). Sistemas europeos y americano de protección de derechos humanos. Coincidencias, fraccionamientos temporales y mutuas influencias. En: M. Revenga & A. Viana (coords.). Tendencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (pp. 16-69). Madrid: Tirant Lo Blanch.

[1] Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 2.

[2] Camarillo Govea, L. (2016). Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, p. 74.

[3] Corte IDH, Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.

[4] TEDH, Caso McCann y otros c. Reino Unido (GS), solicitud núm. 18984/91, sentencia de 27 de septiembre de 1995.

[5] TEDH, Caso Varnava y otros c. Turquía (GS), solicitudes núm. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 y 16073/90, sentencia de 18 de septiembre de 2009.

[6] Corte IDH. Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989.

[7] TEDH, Caso Çakici c. Turquía (GS), solicitud núm. 23657/94, sentencia de 8 de julio de 1999.

[8] TEDH, Caso Varnava y otros c. Turquía (GS), párrafo 145.

[9] Corte IDH, Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998.

[10] TEDH, Caso Varnava y otros c. Turquía (GS), párrafo 161.

[11] Camarillo Govea, L. El Acceso Directo del Individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tirant lo Blanch. 2018.

 

 

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