Daños Punitivos y Culpabilidad. Una sentencia ejemplar de contenido peligroso

Hay todavía un enorme problema al utilizar expresiones como indemnización, compensación y reparación del daño en el campo del Derecho Civil, pues sus posibilidades pueden ser tan amplias o tan restringidas; ya sea, por el tipo de daño o por su magnitud en la responsabilidad de una persona por algún acto ilícito. Existen diversos elementos que se han analizado con relativa vehemencia en el campo de la responsabilidad civil, pero uno de los que más ha llamado la atención es el elemento o la idea relacionada con la sanción atribuible al responsable. Esta idea se ha materializado en lo que la doctrina ha denominado como Daños Punitivos.

Aunque no tan reciente, podemos afirmar que la figura de los Daños Punitivos es un enfoque inhóspito y aún poco explorado dentro del ordenamiento jurídico mexicano. A la fecha, existen escasos criterios jurisprudenciales al respecto incluso después de casi siete años de su primera aplicación. Es por ello que propongo realizar algunas someras observaciones a la sentencia derivada del Amparo Directo 30/2013 que conoció y resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en ésta se introdujo por primera vez la figura de Daños Punitivos al resolver un asunto de muy particulares circunstancias.

Para su comprensión, es necesario comenzar haciendo una pequeña síntesis del caso resuelto en Juicio de Amparo, así como señalar los hechos más relevantes. Pongamos lo siguiente: un grupo de jóvenes acude a vacacionar a la ciudad de Acapulco, hospedándose en un hotel de lujo y de renombre por virtud de un contrato de tiempo compartido con fines turísticos. Dentro de las instalaciones del hotel, hay un lago artificial como atracción para los huéspedes, por lo que el grupo de amigos decide hacer el recorrido abordo de kayaks. En un suceso desafortunado, uno de los amigos cae al agua junto con su novia, quien logra salir del agua con ayuda de sus compañeros sin que logren socorrer con éxito al primero de ellos. Los jóvenes y huéspedes advierten que el agua del lago se encuentra electrificada, por lo que, ante una lenta respuesta por parte del personal del hotel, el joven –una vez sacado del agua– es socorrido primero por huéspedes que se ostentaron como médicos y, en un segundo momento, por la médica adscrita al hotel. Sin embargo, esta última determina que lamentablemente el joven había fallecido. Sin informar nada a los amigos, el cuerpo es llevado a un nosocomio donde, finalmente, tanto amigos y familiares, se enteran de la muerte. Ante estos hechos, los padres de la víctima deciden demandar a la empresa hotelera por daño moral, exigiendo una indemnización por los hechos.

Agotada la cadena impugnativa, la Suprema Corte atrajo el asunto y determinó condenar a la demandada a pagar la cantidad de nada menos que treinta millones de pesos por concepto de indemnización por daño moral, fundándose, entre otras cosas, en Daños Punitivos. Por lo tanto, hay que advertir, desde ya, que tal figura ha tenido un auge importante especialmente en los sistemas anglosajones, no así en los sistemas neorromanistas y continentales de tradición codificadora; donde, al contrario, tal figura ha sido blanco de duras críticas por parte de diversos juristas.

Indudablemente aquella resolución ha sido referente para los casos futuros, pero, aunque trascendente como parámetro y guía reglamentaria, al final, peca de lo mismo que busca remediar, pues en realidad no deja clara la manera objetiva de determinar el daño y el quantum del mismo. Por su parte, hay temas problemáticos referentes al tipo de responsabilidad, al daño moral, el tópico de la culpa y, desde luego, los llamados Daños Punitivos. La responsabilidad civil, en general, representa un tema tan interesante como complejo, por lo que es difícil llegar a reglas realmente objetivas, pero ello no debe ser motivo para justificar criterios tan amplios o restringidos que en realidad dejen mayores imprecisiones.

La sentencia de la Primera Sala dice especialmente que, de acuerdo al relato de los sucesos, toca distinguir si nos encontramos ante una responsabilidad contractual o extracontractual; su respuesta clara es que, en este asunto, el tipo de responsabilidad que se acredita rebasa el ámbito contractual. La sentencia añade que los elementos que la componen acreditan la conducta de la empresa hotelera como una responsabilidad de naturaleza subjetiva. Sin embargo, prefiero referirme a la Teoría Unitaria de la responsabilidad civil que propone Ernesto Gutiérrez y González [1], pues estimo que el tratar de distinguir entre si se trata de una responsabilidad contractual o extracontractual resulta impreciso y confuso. La responsabilidad civil no tiene otro origen sino el hecho ilícito, y el incumplir un contrato es tan ilícito como el destruir la propiedad derivado de un choque automovilístico, en donde, claro está, no existe contrato de por medio.

El hecho ilícito es la medida que debe buscarse y no así el origen contractual o extracontractual, pues la sentencia, tácitamente, pareciera afirmar y proponer que una conducta es más grave cuando aquella “rebasa” el ámbito de lo contractual, como si el contrato fuese la medida a superar. Esta determinación me parece desproporcionada, pues la responsabilidad es solo una, y la gravedad no puede ser determinada por el origen de esta, sino más bien por los elementos objetivos y subjetivos que de su estudio se concluya.

Por otra parte, y derivado de la anterior determinación, se señala que la responsabilidad es del tipo subjetivo y su grado se debe determinar en ese sentido. Efectivamente, la llamada responsabilidad extracontractual puede tener elementos tanto objetivos como subjetivos. En el caso se dice que el haber descuidado de tal manera la bomba del lago, al punto de electrificar el agua, provoca una responsabilidad subjetiva de la empresa por no actuar con la debida diligencia. Distingamos, pues, la responsabilidad subjetiva de la objetiva. Tal como lo señala la propia resolución, lo subjetivo será determinado por la culpa o negligencia y, la objetiva, por el contrario, será aquella caracterizado por la ausencia de culpa.

Hay un problema muy viejo cuando al hablar de culpa y culpables se trata, pues se reduce precisamente a responder: ¿cómo se determina la culpa? Diez-Picazo afirma reiteradamente que el hablar de responsabilidad por culpa es adentrarse indiscutiblemente al terreno escabroso del llamado “reproche culpabilísimo” [2].  La idea del reproche es, no obstante, un concepto generalizado por los penalistas al hacer el estudio de los elementos del delito, lo que apunta, según parece, a identificar cada vez más la culpa civil con la penal. Esto es, se traslada más hacia la función de lo punitivo que a lo meramente indemnizatorio o compensatorio del derecho civil. Luego, la sentencia, para justificar lo que después serán los llamados Daños Punitivos, se justifica en gran parte por la simple idea de la culpa.

La culpa, como señala Diez Picazo, puede abarcar dos conductas: a) donde hay negligencia según una conduta antijuridica y b) donde la culpa se establece partiendo de un resultado socialmente dañoso que impone la desaprobación por ser socialmente reprochable [3]. La sentencia repite ad nauseam que la empresa hotelera incumplió con un deber general de debida diligencia; es decir, la conducta mínima que se esperaría de un proveedor de servicios. En este caso, la falta de mantenimiento de los equipos eléctricos del lago, al grado de electrificar sus aguas, aunado a la subsecuente incapacidad del personal médico para dar respuesta rápida y eficaz a la víctima, confirma que se viola tal deber de diligencia.

Este incumplimiento a la debida diligencia, concluye que se trata entonces de una conducta negligente y, por tanto, antijuridica que amerita una indemnización. En este punto, me parece incorrecta tal aseveración de la Corte, pues que algo sea negligente, no significa que sea antijuridico automáticamente. Lo negligente es efectivamente lo relacionado con los deberes de diligencia; lo antijurídico, dice Diez-Picazo, proviene de la consideración causante del daño en tanto lesionen derechos subjetivos [4]. Dicho en otras palabras, el hecho de que el acto del hotel sea negligente no significa que sea antijuridico si con ello no se lesionan derechos. Que algo sea antijuridico tampoco significa que sea negligente, pues se puede actuar con toda diligencia o cuidado, y aun así causar un daño. En el caso de la sentencia, veo que la conclusión arriba a que el actuar negligente amerita una indemnización, lo cual es erróneo, pues lo negligente forma parte del nexo causal para llegar a lo antijuridico, pero no es lo antijuridico per se.

Volvamos a poner en claro que la responsabilidad subjetiva será donde medie culpa y la objetiva será aquella donde no. En la sentencia se afirma que la responsabilidad únicamente es de carácter subjetivo, lo cual, a mi entender, no es del todo preciso, pues en realidad, por momentos, pareciera aceptarse también la responsabilidad objetiva a través de la llamada Teoría del Riesgo. Más adelante se verá esto, pero en este punto, es imperante demostrar que bajo está tónica pareciera reafirmarse que la culpa subjetiva solo traerá una punición. En cambio, el riesgo objetivo será lo que realmente logre el fin de la responsabilidad civil: la indemnización y compensación. Por eso, a pesar de que la Corte llama constantemente a la condena indemnizatoria, en realidad, al estar justificada por el tema casi exclusivo de la culpa, vemos realmente una intención más de castigar, que la de verdaderamente compensar.

Hay que decirlo, y es que el problema suscitado en aquel lujoso hotel, sin ánimo de minimizar el enorme trabajo de la Corte, es un caso hasta cierto punto sencillo, pues, ¿quién hubiese imaginado que las aguas de un lago artificial podrían encontrarse electrificadas y ser prácticamente una trampa mortal? La razón, la lógica y lo previsible nos obligan a pensar que lo más grave que pudiese suceder fuese la muerte sufrida del ahogo por sumersión, jamás por electrocución. Estimo que la culpa aquí defendida por la Primera Sala es una solución ad hoc del caso. Pensemos hipotéticamente que el agua estaba en las condiciones esperadas, pero la actividad, como bien señalan las advertencias antes de entrar al lago, constituye un riesgo por sí mismo; en cualquier atracción del estilo encontraremos siempre un letrero o alguien que nos diga “entre bajo su propio riesgo”. Entonces, supongamos que, en el deceso por ahogamiento, igualmente los servicios de emergencia acudiesen demasiado tarde al punto de no cambiar en nada el resultado dañoso consistente en la muerte. ¿Qué tan culpable es ahora el hotel? ¿Cabe aquí la teoría del riesgo y la aceptación de la víctima del mismo?

Como dice Diez-Picazo, la culpa en este caso parece que se determina por ser un hecho que en sí mismo impone un reproche social, pues la actitud tan escandalosa, tan imprevisible y tan sórdida de empresa, nos obliga a señalarla como algo culpable ex re ipsa, es decir, la conducta que por sí misma y sin necesidad de más pruebas, es (y se ve) culpable. Por el contrario, si no hubiese existido esta conducta tan “impensable”, dicha culpa, o por lo menos el grado de esta, no estaría tan clara aún a pesar de que los médicos del hotel tuviesen nuevamente una mala actuación. La Corte determina la culpa tomando elementos ad hoc del caso que se le presenta, pues, en realidad, asume y ve desde el inicio la conducta como culpable; sólo la justifica y confirma en lo posterior con elementos más o menos objetivos.

Al final, cualquiera verá, sin mayor dificultad más que el propio reproche social, que la falta de mantenimiento –que provoca la electrificación de un lago donde personas nadan y se llevan a cabo actividades recreativas– constituye una autentica expoliación. Se comprueba que en la mayor parte de la sentencia lo que está en cuestión es una responsabilidad por daños fundada en la culpa y que culpa es cada vez más, igual a negligencia.

Ahora bien, hablando propiamente del daño moral reclamado por los padres, no está demás subrayar las preguntas típicas de aquel tópico: ¿cuánto vale el honor, la reputación, la dignidad, la felicidad, la tristeza y la pérdida? Responder a tales cuestiones es algo tan complejo como la propia existencia del daño moral. Este daño, como sabemos, no es de carácter estrictamente patrimonial, aunque por supuesto y tal como lo afirma la propia sentencia, sus consecuencias pueden ser tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Al caso, tenemos el planteamiento de una afectación a los sentimientos más íntimos; el dolor sufrido por la pérdida un hijo. Partamos de la premisa que la reclamación judicial debe buscar remediar en esencia, ese dolor, entonces cabe cuestionar si el dinero puede ser compensatorio para eliminar o ayudar a sobrellevar la tristeza; si el dolor sufrido por la muerte tiene valor.

La sentencia no aclara si, en materia de lesión a los sentimientos, el daño moral se produce de manera automática o si, para medirlo, hay que tomar en cuenta el daño físico o psicológico que los hechos puedan producir en el sujeto afectado. De hecho, si bien es cierto se hace remembranza a las sesiones de terapia psicológica de los padres, sólo se menciona por el simple hecho de acudir a ellas, mas no por la temática de las mismas. En realidad, afirma que existe tal daño únicamente por la relación consanguínea de padre a hijo. Citando la determinación de la Sala, se dice que:

 “en el caso específico de que se cause la muerte de un hijo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que con acreditar la muerte y el parentesco se tiene por acreditado el daño moral de los progenitores”.

Esto, en realidad, es una medida y determinación incorrecta, pues el daño moral no puede tenerse de manera automática. En efecto, esta idea responde a la critica que hace Baudry-Lacantinerie, quien señala que tal criterio podría admitir cualquier tipo de reclamación sin pretexto de amistad o relación familiar, lo cual da una extensión desproporcionada a la responsabilidad civil y terminaría por convertir el daño moral en un derecho de las personas ligadas por vínculos de sangre [5].

No cabe duda de que debe dársele calidad de presunción, mas no darse por hecho la existencia de un daño; aquello traería las acciones más viles por parte de parientes mercenarios y embusteros que buscarían una retribución justificándose únicamente por su lazo biológico, más no afectivo. Ello comprueba que en realidad esta determinación nada tiene que ver con los sentimientos dañados que hace mención la sentencia, en tanto la muerte de un hijo constituye por sí sola un daño moral. Si el fin es reparar y compensar el dolor, entonces no podemos ahora poner elementos tasados y objetivos para determinar la existencia de un daño. En este caso, el estudio debe ser estrictamente subjetivo.

La sentencia, absorta en el tema del daño moral, no explica hasta qué punto el daño a los sentimientos de los demandantes, afectaron realmente su vida personal. Por el contrario, parece introducirse un elemento propio del daño patrimonial consistente en el lucro cesante o perjuicio, pues se señala que estos pueden operar si se demuestra que, derivado de la pérdida de un ser querido, se afecta a tal grado a la persona que lo orille a abandonar el trabajo, cambiar su vida y cualquier otra cosa que, en el futuro, pueda implicar una pérdida de las condiciones de vida que tenía, lo cual se traduce finalmente en una perdida pecuniaria. Esto sólo confunde más y en realidad pareciera imponerse una indemnización por hechos ambivalentes e inexactos del futuro, lo cual podría dar un cálculo indemnizatorio con exceso.

Finalmente, todo el tema del daño moral y la gravedad de la culpa, desembocan en lo que múltiples veces se ha señalado como Daños Punitivos. Como ya apunté en anteriores líneas, esta figura no es propia del derecho de tradición codificadora y mucho menos del derecho mexicano. Su introducción, sin embargo, obedece a una necesidad para responder a un problema social y sistemático. Dice Trimarchi que con frecuencia las medidas idóneas para evitar todo riesgo son demasiado costosas y el derecho no considera que haya culpa por su falta de adopción si su falta deja subsistir una probabilidad de daño demasiado escasa [6]. No cabe duda que para diferentes sujetos, especialmente las empresas, a veces el pagar los vidrios rotos resulta más rentable y conveniente que el adoptar medidas necesarias y diligentes para evitar volver a romper el cristal.

Los Daños Punitivos son, en esencia, compensaciones o indemnizaciones cuantiosas de tal suerte que la cantidad tan alta y costosa a la que es obligado a pagar el responsable, lo inhiba y sancione por su actuar, reafirmando la abstención de volver a cometer conducta ilícita semejante. Esta idea, ha sido criticada por diversos juristas quienes afirman que no puede haber sanción a la usanza penal. La Primera Sala, sin embargo, afirmó en la sentencia y en el consecuente criterio aislado 1ª. CCLXXI/2014(10a.) que los Daños Punitivos encuentran su fundamento y existencia en el Artículo 1916 del Código Civil Federal al decir que para determinar el monto de indemnización del daño moral se tomará en cuenta “grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como, las demás circunstancias del caso”. Además, una interpretación teleológica y autentica del legislador señala que, durante el proceso legislativo, se dijo que “la compensación por la vía civil no sólo restituye al individuo afectado y sanciona al culpable” [7][8].

Me permito decir, con el debido respeto, que no comparto tal argumento, pues en realidad ni el Artículo 1916 ni la exposición de motivos, da por justificada la existencia de los Daños Punitivos. La indemnización es una obligación a cargo de una persona y el deber pagar por una conducta ilícita ya es, por ese simple hecho, una sanción. Es decir, lo que es compensatorio para uno, es una sanción para el otro. Opino fervientemente que la expresión usada por el legislador al decir que “la compensación por la vía civil no sólo restituye al individuo afectado y sanciona al culpable”, hace referencia a la naturaleza misma de la indemnización en su doble faceta, mas no autoriza una punición extra, pues ya se sanciona al momento. La restitución o compensación del daño no está separada de la sanción como quiere verlo la Corte para justificar una pena o castigo ejemplar.

Algo está claro: en un sistema de leyes, no puede imponerse pena alguna sin ley. He ahí el brocardo nullum poena sine lege. Como afirma Diez-Picazo, la introducción de los Daños Punitivos en nuestro sistema no puede suceder sin que la ley quede mal parada.

Lo último a mencionar es que, si bien la sentencia hace un estudio exhaustivo para determinar la gravedad de la conducta y así determinar el monto de la indemnización, lo cierto es que desafortunadamente al final no se explica cómo se llega a la determinación de treinta millones de pesos. Queda claro la gravedad del asunto, pero no su monto. Es decir, ¿por qué treinta millones? ¿por qué no veinte o cuarenta millones? Por otra parte, si los Daños Punitivos se establen a efecto de que la empresa hotelera no vuelva a cometer tal insensatez, en realidad no queda claro cómo es que esto se logra con tal sanción. Además, recordar que el objeto principal de la responsabilidad civil será siempre la de indemnizar y compensar el daño, por lo que no queda claro que porcentaje del monto es punitivo y que porcentaje es indemnizatorio.

Una indemnización ejemplar debe prever el cómo deberá dejar de realizarse la actitud dañosa y evitar que se repita. La sentencia de la Corte, aunque se presenta como ejemplar, la realidad es que la obligación de pagar tal cantidad enorme es en realidad exclusivamente punitiva, pues una sentencia acorde buscaría “educar” al responsable para que no vuelva a cometer ningún daño similar. Por ello, afirmo que en el caso se limita a castigar, sin que esto sea garantía de una verdadera inhibición de la responsable. Lo anterior, por otra parte, confirma las preocupaciones de diversos autores al decir que los Daños Punitivos permiten, por lo menos de esta manera, el enriquecimiento ilegitimo del demandante.

La Corte identifica una responsabilidad grave que va de lo subjetivo a la culpa, de la culpa a la negligencia, de la negligencia al deber general de cuidado, y del deber general de cuidado a los Daños Punitivos. Como he dicho, la solución particular de un caso evidentemente culposo a los ojos sociales, aun deja pendiente la pregunta para los casos menos claros en donde debe resolverse si se debe imponer a posteriori una conducta observable sobre la que nadie hubiera podido decir previamente y, por tanto, si esto puede calificarse como negligente.

Aunque no lo pareciere, comparto la idea de introducir los llamados Daños Punitivos en el sistema mexicano, pues son realmente un atractivo para obtener respuesta efectiva del responsable. En un país conocido donde “pasa todo, pero no pasa nada”, el tema de la responsabilidad civil para hacer que la persona se haga cargo de su actuar, es sistemáticamente algo bastante indiferente y opaco. Debe agradecerse desde luego la labor de la Corte por la ampliación de tales conceptos, pero también resulta imperante resaltar que aún queda un trabajo enorme para delimitar y matizar la punición como algo realmente justo y proporcionado. En definitiva, tal sentencia es ejemplar, pero aún de contenido peligroso que podría llevar al abuso y desproporción del derecho.

Joaquín Carreón Limón. Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Referencias

[1] Gutiérrez, E., (1961) Derecho de las obligaciones, 22ª Ed, México, Editorial Porrúa, p.

[2] [3] [4] [5] [6] Diez-Picazo, L., (1999) Derecho de Daños, 1ª Ed, España, Editorial Civitas, Pp. 24, 35, 95, 112

[7] Tesis [A.]: I1ª. CCLXXI/2014(10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 8, tomo I, Julio de 2014, p. 143. Reg. digital 2006959.

[8] Sentencia recaída al Amparo Directo 30/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Votación unánime de cinco votos, 26 de febrero de 2014.

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Un comentario en “Daños Punitivos y Culpabilidad. Una sentencia ejemplar de contenido peligroso

  1. Interesante estudio de lo que al final se llama el «no pasa nada», que además es plenamente cierto y por ello coincido con el que las resoluciones en casos como estos deberían contener una sanción educativa al responsable, que se concrete no a darle dinero al demandante sino a invertir en todo lo razonablemente adquirible o a instalar lo que técnicamente pase una supervisión de seguridad (que podría ser certificada por un perito del tribunal), ya que el caso de estudio incluso es un riesgo de trabajo para los empleados del Hotel. Aunque no coincido con todas sus conjeturas, felicidades al estudiante Carreón que lo elaboró.

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