De fotografías, amarillismo y protestas: la iniciativa Ley Ingrid y el uso de imágenes para exigir justicia (I)

En redes sociales, noticieros y periódicos los mexicanos son visualmente expuestos a los residuos de un país profundamente dañado. Las imágenes de cuerpos torturados llegan a las primeras planas acompañadas de descripciones morbosas y títulos ofensivos.[1]  El hacer del cadáver de una víctima un producto con el cual periódicos de corriente amarillista pueden lucrar, no es simplemente una práctica poco ética del periodismo, su ejercicio, en sí, presenta un impacto negativo para la ciudadanía.  La constante difusión de las fotografías en cuestión no debe ser digerida como un fenómeno normal, sino como uno normalizado, suficiente para herir la capacidad social por formar empatía.

La responsabilidad social del periodismo recae en la influencia que posee sobre la formación de la percepción respecto a la violencia sufrida en el país. La manera en la que una historia es reportada afecta el nivel de compenetración entre el espectador y, fundamentalmente, aquellos grupos más propensos a sufrir una violación a los derechos humanos.[2]  Metzeri Sánchez Meza nota que:

Los medios de comunicación tienen una función y una responsabilidad fundamental dentro de la sociedad en su conjunto, pues son capaces de formar opiniones al proporcionar información de cualquier naturaleza, y sobre todo son capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad, esto sólo será posible, si y sólo si, sean utilizados de forma ética y responsable.[3]

Esta batalla por un reportaje y representación digna de las víctimas es particularmente notoria en la forma en que la crisis de violencia de género es interpretada por los medios. En México, se estiman más de diez feminicidios diarios y se encuentra en el lugar 103 en el índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS), colocándolo como uno de los países más inseguros para vivir como mujer.[4] Los periódicos sensacionalistas objetifican el cuerpo de la mujer, incluso después de muerta, lucran con su sangre, fotografían desde los ojos del feminicida y escriben desde las manos de los agresores. Sin contar que, los títulos que suelen acompañar las imágenes suelen apelar al sensacionalismo a través de un tono explícito, sanguinario o, en algunos casos, cómico. La popularización de fotografías de los cuerpos torturados de mujeres asesinadas puede tener un efecto desensibilizante respecto a la alerta de violencia de género nacional. Esta conducta aviva el riesgo y la violencia que primero hace del cuerpo de la mujer restos y luego un producto para ser consumido.

El periodismo debe ser aliado de los grupos vulnerables, debe reportar este infierno, como lo llamó Javier Valdez, nunca desde los ojos del opresor sino desde los ojos de la justicia. Como Marina Azahua propone, las tres dimensiones de una imagen –el fotógrafo, el fotografiado y el espectador– deben ser comprendidas para destilar el impacto y la intención que tendrá al ser publicada.[5] La cámara, que toma y captura vistazos de realidades no dichas, debe ser apuntada como un arma hacia aquellos que entierran verdades. Debe buscar condenar al agresor al congelar sus acciones y respaldar la historia de las víctimas. Un mismo suceso puede ser presentado bajo distintos objetivos, de modo que, una fotografía o video de naturaleza dolorosa puede ser tanto un arma hecha para ser sostenida por los familiares de una víctima para exigir justicia, como una diseñada para herir al mismo grupo.

Ante el fenómeno en cuestión, surge la Ley Ingrid, aprobada por el Estado de Colima,  que pretende sancionar la difusión de imágenes que vulneren el honor y la integridad de la víctima retratada en ellas.[6] No obstante, la iniciativa presenta un problema en su redacción que podría debilitar una herramienta social para demandar la aplicación de la ley. La presente entrada hace una breve reflexión sobre el rol que las imágenes y videos que muestran violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

La iniciativa nace en respuesta al descontento social ante la reacción de los medios respecto al feminicidio de Ingrid Escamilla. Tras el asesinato, una fotografía del cuerpo de la víctima fue filtrada por un oficial y utilizada como primera plana junto con un título sensacionalista y visceral. El objetivo de la iniciativa es reformar algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley sobre Delitos de Imprenta, con el fin de establecer una penalización a la difusión, tanto en medios impresos como electrónicos, de imágenes que revictimizen a la víctima de alguna violación a los derechos humanos. El espíritu de la iniciativa busca proteger el derecho al honor tanto de las personas damnificadas como de sus familiares, así como prevenir un reportaje con acercamiento desensibilizante y mórbido que perpetúe esquemas de violencia.

Si bien, los objetivos de la iniciativa serían benéficos no solamente para las víctimas sino para los grupos vulnerables más propensos a sufrir violencia, la redacción de una de las modificaciones podría resultar contraproducente en la lucha por exigir justicia, especialmente, en casos de violaciones a los DDHH por parte del Estado. Se trata de la adición al artículo 298, el cual establece:

V. La difusión de fotografías o videos que contengan imágenes de violaciones a los derechos humanos o que constituyan revictimizar a las víctimas según lo dispuesto por la Ley General de Víctimas. En caso de que dichas imágenes sean producto de violencia contra la mujer, según lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la sanción se incrementará al doble.[7]

La primera parte de la iniciativa parte de una premisa tuerta, la cual asume que la difusión – especialmente si crea lucro – de imágenes que capturen violaciones de los derechos humanos no pueden llegar a actuar en favor de las personas afectadas o de la sociedad en conjunto. Por la falta de precisión, la redacción no solamente implica coartar la libertad de expresión, sino que, por igual, penaliza una herramienta de denuncia pública capaz de ejercer presión sobre el Estado. Las grabaciones publicadas que exhiben a alguna institución gubernamental cometiendo acciones que transgreden los derechos humanos de alguna persona pueden cumplir tres funciones a favor de las víctimas y sus familiares: exponen evidencia de los hechos frente a la nación; damnifican y disminuyen la capacidad del Estado para ocultar el caso; y generan descontento entre la gente, quienes puede aliarse a la demanda por una reparación a las víctimas y sanción a los violentadores.  Es decir, eleva el costo de no garantizar una atención adecuada al caso, ya que generan presión sobre el Estado por hacer cumplir las leyes y, en caso de no atender las demandas, perjudica la imagen del gobierno en turno.

El mayor riesgo de la iniciativa recae en el antecedente social que podría fijar, el cual podría ser manipulado para facilitar el encubrimiento de vulneraciones a los derechos de un civil por parte del Estado. Al no incluir una especificación sobre la naturaleza o características que hacen del uso de estas fotografías y videos un medio de revictimización dañino para el tejido social, aquellos medios de comunicación que utilizan material que exhibe una violación a los DDHH con la finalidad de hacer resonar una demanda al Estado y exigir justicia podrían verse sancionados. No es deseable para los mexicanos que sea aprobada una norma que, de forma directa o indirecta, facilite los intentos del Estado por mantener algunas demostraciones de violencia en el silencio de la impunidad. Por lo tanto, resulta necesario que la iniciativa distinga efectivamente el uso apropiado y no apropiado de los materiales en cuestión de acuerdo con las intenciones y la presentación de los medios de comunicación.

Natalia Ramírez Rodríguez. Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Ana Karen García “Ingrid Escamilla: los medios de comunicación y la narrativa del horror” El Economista, 17 de febrero de 2020. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ingrid-Escamilla-los-medios-de-comunicacion-y-la-narrativa-del-horror-20200217-0066.html

[2] Metzeri Sanchez Meza, “EL FEMINICIDIO EN LA PRENSA MEXICANA: Análisis del relato construido y las implicaciones éticas en la práctica periodística”  Universitat Pompeu Fabra, 25

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27971/Sanchez_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] Metzeri Sanchez Meza, “EL FEMINICIDIO EN LA PRENSA MEXICANA: Análisis del relato construido y las implicaciones éticas en la práctica periodística” , 25.

[4]Georgetown Institute for Women y Peace and Security and Peace Research Institute Oslo. Women, Peace and Security Index 2019/20: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women. (Washington, DC: GIWPS and PRIO, 2019) https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/12/WPS-Index-2019-20-Report.pdf

[5] Marina Azahua. Retrato Involuntario. Ciudad de México: Tusquets Editores, 2014.

[6] “Aprueba Congreso “Ley Ingrid” para evitar filtraciones de imágenes de asesinatos y cadáveres,”  El Comentario Universidad de Colima, 22 de mayo del 2020. https://elcomentario.ucol.mx/aprueba-congreso-ley-ingrid-para-evitar-filtraciones-de-imagenes-de-asesinatos-y-cadaveres/

[7]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación.[DOF] 1917, (México) Iniciativa con estado actual pendiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA, PARA PROHIBIR LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES REVICTIMIZANTES, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

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