De lo inconstitucional a lo anticonstitucional; el lenguaje de la Corte y su importancia

Las acepciones usadas en el quehacer diario de la esfera judicial y académica suelen ser tan antiguas en el lenguaje jurídico cotidiano que no es extraño escuchar la simpleza con la que profesores, jueces y abogados suelen obviar las sutiles distinciones de las figuras jurídicas que llegan a invocarse y alegarse en los procedimientos jurisdiccionales. El derecho, como cualquier ciencia, utiliza una nomenclatura especifica que no siempre es clara sobre los alcances y limitaciones que se pretende dar a cada palabra, por lo que en ocasiones suelen evocar vaguedades graves. Por supuesto, no debemos confundir las definiciones con las acepciones del derecho, las primeras suelen ser peligrosas en el ámbito jurídico y las segundas son en realidad imprecisas.

Las voces inconstitucional y anticonstitucional son indudable muestra de la imprecisión empleada en el cotidiano trabajo para la justicia defensora del texto de 1917. No obstante, el término inconstitucional generalmente suele ser invocado por los Tribunales de la Federación y la propia Suprema Corte al momento de realizar su labor de control constitucional; en cambio, el término anticonstitucional suele ser menos utilizado, a veces incluso algún comentarista señalará que es incorrecta tal acepción alegando que no es utilizada por ningún ordenamiento normativo. Menos popular y más extraña sería la acepción aconstitucional reconocida por el Diccionario de Voces de Uso Actual del filólogo Manuel Alvar Ezquerra y que, en contadas ocasiones, sale a relucir en artículos periodísticos o pequeñas notas al pie.

Sin entrar en mayores problemas, no es ninguna sorpresa que los términos inconstitucional y anticonstitucional sean empleados de manera indistinta como si se tratase de sinónimos, ¿es correcta esta apreciación? Una respuesta rápida sería afirmativa si nos centramos solo en su efecto general. No cabe duda que ambas acepciones son calificativos utilizados para señalar algo que no guarda coherencia ni armonía con el texto Constitucional; parece innecesario que la autoridad distinga tales preceptos si el propósito de ambos es el mismo. Sin embargo, es necesario precisar si los términos son sinónimos o por el contrario son conceptos con contenido diferente.

El término anticonstitucional, a primera vista, no rebosa de mayor dificultad, separando el prefijo griego anti- podemos entender perfectamente que aquello refiere a algo contrario, opuesto o antagónico. Pensamos, pues, que será todo aquello que resulte contradictorio al sentido, principios, derechos y al espíritu de la Constitución para alcanzar su fin o propósito. Por otro lado, el término inconstitucional, podemos entenderlo igualmente por el prefijo latino in- (i/im) que normalmente evoca una negación y/o privación [1]. Así sucede con palabras como incapaz, ilegal o incompetencia para denominar a alguien que no es capaz; algo que no es legal; o alguien que no es competente. Similar al alfa privativa griega (ἀ), palabras como acéfalo, apátrida o anónimo son utilizadas para expresar algo sin cabeza; sin patria o sin nombre, se utiliza para expresar la ausencia de algo. Así, podríamos afirmar rápidamente que aconstitucional e inconstitucional son realmente sinónimos, pero que expresan de manera distinta como se es privado de constitucionalidad; ya sea por carencia o por ausencia.

Ahora bien, como ya ha sido apuntado, estas distinciones resultan irrelevantes para el legislador, los jueces y los ministros de la Suprema Corte, quienes constantemente utilizan la palabra inconstitucional en sesiones del Pleno y de manera menos habitual la palabra anticonstitucional para hablar de exactamente lo mismo. ¿De qué sirve hacer esta distinción entonces? Me parece que distinguir esto no solo tiene una importancia doctrinal, sino una posible aplicación a los justiciables. Suficiente ya es el argumento miserable con el que algunos académicos expulsan la doctrina de la práctica jurídica. Aquí podemos inducir a priori que no resulta equivalente que un acto sea invalidado o revocado por inconstitucional, a ser invalidado o revocado por anticonstitucional.

Expresémoslo bajo un problema constitucional de acto y de competencia. Debemos considerar, por ejemplo, que serán inconstitucionales aquellas leyes emitidas por el Congreso de la Unión sin estar facultado explícita o implícitamente para ello. Por su parte serán anticonstitucionales las leyes emitidas por el Congreso en uso legítimo de sus facultades explícitas o implícitas, pero cuyo texto y contenido sea contrario a la Constitución. Adelantando, pareciera existir la posibilidad de que un acto de autoridad pudiera ser inconstitucional y anticonstitucional de manera simultánea. Ejemplo de ello sería la reforma efectuada por el Congreso Estatal de Querétaro a su Ley de Movilidad, en la cual se prohibió cualquier tipo de trabajo y operación a empresas digitales de origen extranjero que tengan como objeto facilitar transportes particulares a usuarios a través de aplicaciones móviles. Es posible estimar que tal acto resultaría inconstitucional bajo el entendido de que los Congresos Locales carecen de facultad para legislar en materia de comercio y más aún sobre cuestiones extranjeras. Por otro lado, el acto también resultaría anticonstitucional, ya que el Artículo 25 de la Carta de Querétaro entraña el derecho y los principios de la libre competencia y concurrencia comercial, por tanto, el sentido y espíritu de dicha reforma sería contraria por prohibir la operación comercial a ciertos sujetos de manera injustificada; contraviniendo la libre competencia.

No hay que confundir y pensar que el término inconstitucional es utilizado exclusivamente para señalar los actos que invadan la competencia de otro órgano. Para dilucidar un poco lo anterior, pongamos los siguientes ejemplos: pensemos en la creación de una norma denominada Ley de Convivencia en alguna entidad federativa que tendría por objeto establecer el procedimiento para que dos personas del mismo sexo puedan hacer vida en común. A su vez, algún ayuntamiento reglamenta y establece sanciones administrativas a parejas del mismo sexo que demuestren afectividad en los espacios públicos. El primer acto sería inconstitucional y el segundo anticonstitucional. Esto es así porque, si bien, en ambos casos se vulnera el Artículo 1° constitucional respecto a la discriminación, el primer acto resulta inconstitucional por encuadrarse como “categoría sospechosa” al pretender formar una figura específica y ad hoc de asociación para parejas homosexuales y negar tácitamente el acceso a la institución del matrimonio. En inconstitucional porque evoca una negación del texto constitucional. El segundo resulta anticonstitucional por sancionar a estas parejas y someterlos a inquisición administrativa de manera evidentemente, contrario a los principios de no discriminación. Es decir, es anticonstitucional porque se refiere a una cuestióncontraria, opuesta o antagónica a la Constitución.

El Artículo 105 constitucional, que regula y fundamenta el procedimiento en controversias y acciones de inconstitucionalidad, señala en su fracción II que las acciones de inconstitucionalidad son aquellas que tienen por objeto plantear la posible contradicción de la norma con la Constitución. Sin embargo, párrafos más adelante se refiere a este procedimiento como la vía para plantear la no conformidad a la Constitución. Esta vaguedad pareciera ser insignificante para la prosecución del procedimiento, no obstante, la utilidad de la distinción permitiría un mejor estudio y análisis de los actos de autoridad a fin de determinar, más allá de la invalidez o revocación que es consecuencia intrínseca a la inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad, efectos novedosos en las resoluciones de cualquier tribunal o el auxilio a figuras ya conocidas como “la apariencia del buen derecho”.

Dicha apariencia del buen derecho, presente en diversas ramas como el amparo o la materia electoral, es en palabras del maestro Alberto del Castillo, «una determinación presuntiva y preliminar con miras a dar la razón al promovente en sus argumentos»[2]. Ahora, teniendo clara la distinción entre un acto inconstitucional y uno anticonstitucional, podría afirmarse que esto podría permitir identificar con mayor claridad los actos a los que se deba conceder o no la suspensión del acto en un Amparo indirecto; o conceder o no las medidas cautelares señaladas en un procedimiento especial sancionador electoral. El acto anticonstitucional pareciera ser más grave frente al que solo es inconstitucional por ir en contra de derechos reconocidos o principios que identifican al Estado Mexicano.

A decir de la suspensión, los efectos de un acto anticonstitucional pudieran redireccionar la interpretación por soluciones tendientes a evitar no solo que se produzca, sino también a eliminar todo rastro de los efectos que en su momento produjo un acto contrario a la norma fundamental. La jurisprudencia PC. XVII. J/24 K (10a.) sustentada por el pleno del Séptimo Circuito parece coincidir en esta lógica. Por regla general y bajo la razón interpretativa clásica, la suspensión en juicio de amparo no puede concederse para efectos restitutorios, pues tal efecto es materia de fondo exclusivo en sentencia definitiva; así es que, en los actos negativos, la suspensión no puede concederse para volverlos positivos, pues aquello podría restituir en el goce de un derecho al quejoso desde la suspensión provisional sin haber estudiado detenidamente el asunto. Sin embargo, en un trascendente análisis en contradicción de tesis, se determinó que la suspensión sí puede tener efectos restitutorios en una ponderación de la apariencia del buen derecho [3].

En un asunto donde una pareja del mismo sexo se presentó para contraer matrimonio en un Registro Civil, la negativa y omisión del juez llevó a estas personas a promover juicio de amparo y solicitar la suspensión. Como era de esperarse, el Juez de Distrito admitió, sin abrir el incidente de suspensión, que tal acto implicaría dar efectos restitutivos desde la suspensión. No obstante, en recurso de queja, el magistrado ponente propuso conceder la suspensión por considerar que el acto en sí mismo era contrario a los principios de no discriminación; es decir, un acto anticonstitucional [4]. Este razonamiento alejado de la tradición interpretativa, busca no solo invalidar los actos, sino erradicar los efectos que en su momento pudieran haber surtido cuando se trata de actos directamente efectuados contra los fines constitucionales. Luego no serán similares los efectos de declarar un acto anticonstitucional a uno meramente inconstitucional; este último perpetrado por simple torpeza o desconocimiento de los deberes por parte de los agentes de gobierno en constantes ocasiones.

Nuevamente, no deben ser confundidas estas afirmaciones, estimo que la distinción no es de grado, sino de esencia, pues tan invalidado y vulnerable es realizar un acto que por inexperiencia, ignorancia y falta de rigurosidad violenta la Constitución, como aquel que busca hacer nugatorios sus principios de manera directa. La diferencia debe reflejarse en los efectos de declaratoria de invalidez de una norma o acto.

Propongo un último ejemplo para esbozar la importancia en la diferencia: en una acción de inconstitucionalidad, se plantea la “no conformidad” del Artículo 19 en sus fracciones IV y VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° constitucional sobre derecho de réplica. Como parte del derecho, los medios de comunicación pueden negarse legítimamente a difundir la réplica de la persona que se siente agraviada por la información difundida en algún medio cuando la réplica sea “ofensiva o contraria a las leyes” o cuando verse sobre “información oficial que emita cualquier servidor público y haya sido difundida por una agencia de noticias”.

Sobre la negativa de difusión cuando se trate de réplica ofensiva o contraria a la ley, debe decirse que aquello sería inconstitucional en tanto que el calificativo “ofensivo” es en realidad una percepción subjetiva y que el legislador no señala parámetros para determinarlo, dejando a juicio de los medios de comunicación tal calificación, pudiendo incurrir en negativas arbitrarias que entorpezcan el derecho de réplica; lo mismo sería con la calificativa de contrariedad a la ley, pues tal determinación requiere un estudio técnico que no puede dejarse al libre arbitrio de los particulares [5]. Ahora, sobre la negativa cuando la réplica se refiere a información oficial emitida por un servidor público en un medio noticioso, es anticonstitucional, porqueatenta contra los principios de democracia fundamental del Estado de Derecho; no es aceptable que la información de corte oficial sea obstáculo para la réplica, pues admitiría carencia en la discusión pública informadora y obstruiría el derecho a disentir de la información que provenga del Estado [6].

La ejemplificación anterior traería, sin duda, la declaratoria de invalidez de la norma: la primera porción normativa por inconstitucional y la segunda por anticonstitucional. Ahora bien, en el caso de la porción anticonstitucional, en tanto se busca la erradicación de todos los efectos de un acto hostil a la Constitución, la simple invalidez no resultaría suficiente como lo sería en el caso de la porción inconstitucional. Aquí cabría quizá la posibilidad de que la Suprema Corte, con fundamento en los mandatos de democracia y los tratados internacionales sobre derechos políticos y sociales, ordenase además que el Congreso de la Unión legisle sobre el derecho de réplica cuando se refiera a servidores públicos.

Si bien es cierto que la simple invalidez expulsaría la contradicción, también podría entenderse que existiría omisión y falta de reglas claras para proceder tratándose del derecho de réplica sobre información oficial. De esta manera, la relación de poder e imperio estatal no hace equiparable la réplica aplicada como respuesta hacia particulares que aquella aplicada contra el Estado. El objetivo de este imperativo sería establecer reglas claras y evitar cualquier otro obstáculo, ya sea legal o fáctico, que busque menoscabar nuevamente tal derecho tratándose de información oficial.

En suma, la existencia de actos inconstitucionales, anticonstitucionales, doblemente inconstitucionales o inconstitucionales-anticonstitucionales, no debe ser una distinción meramente teórica, debería poder verse reflejado en los efectos de las resoluciones hacia los justiciables para permitir un auténtico Estado Constitucional de Derecho. Su importancia radica en la esencia del acto y en la de la violación, pues no todo remedio de violación a la Constitución es suficiente con la simple invalidez o revocación de los actos.

Referencias

[1] San Vicente, F. (2001) La lengua de los Nuevos Españoles, primera edición, España, Libros Pórtico, p. 69

[2] Del Castillo, A. (2016) Ley de Amparo comentada, primera edición, México, Ediciones Jurídicas Alma. p. 779

[3] Amparo: puede tener efectos restitutorios tratándose de actos que se traducen en omisiones de la responsable que tienen una previsión específica en la ley. Tesis [J.]: PC. XVII. J/24 K (10a.) T.C.C., Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, libro 75, Febrero de 2020, p. 1911. Reg. digital 2021631.

[4] De Alba, J. (2017) “Suspensión de oficio y de plano como garantía jurisdiccional contra la discriminación”, en Ferrer McGregor, El juicio de Amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917: Pasado, presente y futuro, Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, p. 4

[5] Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministro Javier Laynez Potizek, 1 de febrero de 2018.

[6] derecho de réplica. el artículo 19, fracción vii, de la ley reglamentaria que lo regula, es inconstitucional. Tesis [A.]: 1a. CCLXXXVI/2018 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, libro 61, Diciembre de 2018, p. 301. Reg. digital 2018620.

 

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