Debido proceso, prueba ilícita y la persecución de la justicia

Mucho se ha dicho y escrito sobre el debido proceso. La jurisprudencia ha tratado de darle cara a este concepto que al parecer es demasiado dúctil e inaprensible. Pero lo verdaderamente trascendente es que el mencionado debido proceso, desde mi punto de vista, no puede ser definido o explicitado en unas cuantas palabras o ideas, ya que el mismo varía según las circunstancias en que cobra vida.

En efecto, cuando la jurisprudencia ha tratado de darle rostro al mismo lo ha identificado con los derechos mínimos inderogables que los justiciables detentan al someterse a una relación entre particular y Estado o entre dos particulares frente al Estado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha identificado con las garantías judiciales establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[i]. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia lo ha reconocido en las formalidades esenciales del procedimiento insertas en el artículo 14 de la Constitución[ii].

Como se ve, dependiendo del marco jurídico o del procedimiento que los operadores de justicia tengan que aplicar, variará la concepción que se tenga del debido proceso. Por ejemplo, no se puede tener la misma idea del debido proceso en un asunto de índole penal que en uno de naturaleza administrativa. Así, si en un asunto administrativo, por cualquier motivo, una persona no cuenta con una defensa técnica, es inverosímil que un tribunal de amparo le conceda la protección constitucional por violaciones al debido proceso[iii]. Muy distinto sería el escenario, si nos encontráramos inmersos en un procedimiento penal, en el que la adolescencia de dicha defensa técnica conllevaría distintos efectos; inclusive, de manera muy factible, la violación al debido proceso. Como se ve, dependerá del marco jurídico y del procedimiento de que se trate para determinar qué se debe entender por debido proceso.

Ahora bien, se ha pasado por alto que muchas veces la violación del debido proceso tiene su razón de ser en la admisión y valoración en juicio de pruebas ilícitas, entendidas éstas como las que se obtienen mediante la vulneración de derechos humanos. Es costumbre que los tribunales mexicanos apliquen de manera mecánica y acrítica el parámetro de descartar de manera absoluta las pruebas obtenidas mediante violación de derechos humanos. De ahí que, en muchas ocasiones, la sociedad se ha visto lastimada por decisiones judiciales que consideran agraviantes, y que no comparten con entera justificación. Es cierto: los tribunales mexicanos han dejado sin efectos múltiples procedimientos con el argumento de que se presentaron violaciones al debido proceso. Por lo que, a disgusto de gran parte de la sociedad, han quedado sin castigo personas a las que no se les podría calificar de inocentes o culpables, ya que en realidad no fueron juzgadas. Simplemente en virtud de una violación procedimental se anuló su procedimiento, mas nunca hubo un pronunciamiento de fondo sobre la posible culpabilidad o inocencia.

Como lo mencione, muchas veces la violación al debido proceso proviene de la admisión y valoración en juicio de pruebas ilícitas. Vale mencionar, en este sentido, que en el derecho comparado se le ha dado mayor importancia a la obtención de justicia por encima de cuestiones procedimentales o adjetivas, contrario a lo que ha sucedido en nuestro país. Por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana se han creado excepciones a la regla general de exclusión de la prueba ilícita[iv]. Es decir, los jueces estadunidenses cuentan con herramientas para admitir y valorar pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilícita, sin que esto implique violaciones al debido proceso. Es importante tener en cuenta esto, ya que en México se tiende a anular todo el procedimiento si la acusación formulada por el ministerio público se apoya en pruebas ilícitas –sin siquiera intentar subsanar esto o por lo menos tratar de justificar que esa violación procesal realmente dejó indefenso al acusado.

Un ejemplo claro de que este entendimiento respecto las violaciones al procedimiento, por la obtención de pruebas ilícitas, no dejan necesariamente en estado de indefensión al acusado, es el caso de Edgar Tamayo Arias vs. Estados Unidos de América, resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este asunto, este país hizo valer su posición, entre otras cosas, de la siguiente manera[v]:

1. Derecho a la notificación consular 50. Los Estados Unidos no cuestionan el alegato de que se ha violado la Convención de Viena en el caso del señor Tamayo, según fuera establecido por la CIJ en el caso Avena. Sin embargo, reitera su posición en el sentido que la Comisión Interamericana carece de la competencia para revisar reclamos bajo la Convención de Viena. En este sentido indica que el reclamo sobre notificación consular no plantea una violación de los derechos humanos establecidos en la Declaración Americana y por lo tanto el artículo 20 del Estatuto de la Comisión y los artículos 23 y 27 del Reglamento, impide su consideración. 51. El Estado alega que la notificación consular no es un derecho humano que integre el debido proceso en el marco del procedimiento penal, según fuera aceptado por la CIJ en el caso Avena. Los Estados Unidos consideran que: […] el acceso y asistencia consular son, innegablemente, derechos ejercidos por el Estado del individuo detenido. Sin embargo, la determinación de proveer o no asistencia depende de los representantes de ese Estado, y la Convención de Viena no contempla derechos para los individuos detenido o la autoridad de reclamarlos. Aceptar el argumento de la peticionaria que su notificación consular equivale a una violación de derechos humanos bajo la Declaración Americana requeriría de la conclusión insostenible de que cualquier ciudadano extranjero que no reciba asistencia consular ya sea por la ausencia de relaciones consulares o porque su gobierno no la provea, no tendrá un juicio justo o debido proceso.12 52. El Estado alega que el señor Tamayo ha recibido el debido proceso legal en los tribunales de los EEUU y se ha beneficiado de múltiples etapas de revisión judicial. Indica también que aproximadamente una semana antes del juicio del señor Tamayo en 1994, autoridades vinculadas al gobierno federal de México tomaron conocimiento de su detención y comenzaron a contribuir activamente a su defensa…

Como se puede apreciar, Estados Unidos si bien reconoció violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, explicó que eso no entrañó la indefensión del acusado, que es la principal finalidad del debido proceso. En ese sentido, se procuró determinar si efectivamente las violaciones al tratado habían causado un verdadero menoscabo para la defensa del acusado. Es importante destacar que en México, como lo ha sostenido la Suprema Corte, la violación al derecho a la asistencia consular vicia todo el procedimiento, no siendo necesario un análisis o ponderación sobre si tal violación realmente perjudicó de manera grave al acusado[vi]. Esto, desde mi punto de vista, significa otorgar más relevancia a las cuestiones procedimentales que a las de fondo. De ahí que pareciera que en México, en lugar de tratar de subsanar cuestiones adjetivas y verdaderamente impartir justicia, se le da prioridad a aspectos de trámite. Con esto, por supuesto, no quiero decir que en ciertos casos las violaciones procedimentales no entrañen violaciones al debido proceso, incluida la admisión y valoración de pruebas ilícitas. Más bien, mi punto es que no cualquier violación puede llegar a afectar al debido proceso.

Como conclusión, considero que el sistema jurídico mexicano tiene que comenzar a incorporar y a aplicar excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. Muchas veces, si bien dentro del curso procedimental se puede llegar a constatar que se obtuvieron pruebas mediante violaciones a derechos humanos, es indispensable valorar si se actualiza una excepción a la exclusión de la prueba ilícita. Y, si esto no fuese posible, entonces, determinar si esa violación dejó completamente en estado de indefensión al acusado. Esto no significa abogar por dejar sin defensa y protección al acusado, sino simplemente impartir justicia por encima de cuestiones procedimentales. Considero que con esto se podría ir dando respuesta a los grandes reclamos de la sociedad mexicana respecto a la calidad de procuración e impartición de justicia en nuestro país. Esperemos que la jurisprudencia de nuestros tribunales vaya girando hacia este rumbo: la verdadera obtención e impartición de justicia.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Licenciado en derecho, abogado postulante en materia constitucional. Twitter: @_hector_hidalgo

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[i]Artículo 8. Garantías Judiciales

  1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
  2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
  3. a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
  4. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
  5. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
  6. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
  7. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
  8. f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
  9. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
  10. h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
  11. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  12. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
  13. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

[ii]FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Número de Registro: 200234.

[iii]DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. Número de Registro: 174488.

[iv] Principalmente las siguientes: buena fe policial, nexo causal atenuado y descubrimiento inevitable.

[v] Informe de fondo 44/14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[vi] DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA TENER POR CUMPLIDO EL DEBER DE ASISTENCIA AL EXTRANJERO POR SU REPRESENTACIÓN CONSULAR. Número de Registro: 2009015.

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3 comentarios en “Debido proceso, prueba ilícita y la persecución de la justicia

  1. Tengo en trámite un Juicio ante un tribunal Unitario Agrario (Materia Agraria), siendo el caso que pese a la aportación de pruebas fehacientes, principalmente la de dos dictámenes periciales en materia de documentoscopía, especificamente de GRAFOSCOPÍA, pese a que dos dictámenes me favorecen, uno corresponde a mi perito ofrecido y el otro a un perito oficial de una Dependencia Estatal de Procuración de Justicia nombrada por el Magistrado a orden del Tribunal Colegiado en reclamo de AMPARO DIRECTO de mi parte de una sentencia adversa. Así fue que en una primer sentencia donde me niega mi PRETENSIÓN, interpongo demanda de AMPARO DIRECTO y el colegiado repuso el procedimiento para efectos del desahogo de pruebas caligráficas puesto que el MAGISTRADO haciendo GALA de su sabiduría en materia de DOCUMENTOSCOPÍA, efectuó la actividad analítica de un perito grafoscópico y determinó falsa la firma de un documento privado notariado donde me nombran heredero. De nuevo, pese a existir dos pruebas periciales grafoscópicas donde se determina que la firma DUBITADA es estampada de puño de quien me otorga sus derechos parcelarios (mi madre ya fallecida) el magistrado le da valor a la pericial de una perito que él en rebeldía nombró de la parte demandada y vuelve a emitir sentencia en mismo sentido. Así pues, de nuevo interpongo AMPARO DIRECTO donde el colegiado, me dice mi abogado, mas no me notifican todavía, niega la protección de la Justicia Federal.
    Así las cosas, demostrando más su parcialidad hacia la contraparte, el Magistrado del Tribunal Agrario da por concluido el asunto como sentencia ejecutoriada pese a que no me han notificado la SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO para hacer valer los recursos procedentes de mi parte.

    Así las cosas, espero ser explicito y me gustaría una opinión asertiva sobre los hechos. Si bien tengo interés en salir triunfante en el juicio Agrario, también tengo interés en que se aplique la Ley en búsqueda de algo cercano a la Justicia y no ser objeto de una mentira de legalidad cargada de injusticia y «violaciones a mis derechos de debido proceso amparado en una libertad de jurisdicción corrompida a todas luces»

  2. Soy un partidario de que se pueda responsabilizar, penalmente, a cualquier juez que trasgreda la ley. Éstos, al ser peritos en derecho SABEN la Constitución, tratados internacionales y leyes nacionales, sin embargo, en incontables ocasiones actúan a capricho, sin respeto alguno por la ley. El comentario anterior es un claro ejemplo, pero, como los jueces NO TEMEN al castigo, hacen LO QUE QUIEREN Y NO LO QUE DEBEN.
    Esta situación, lo único que genera, ES IMPUNIDAD, tanto para ellos como trasgresores de la ley, como para los verdaderos culpables y dejan a la sociedad a merced de quién cometió un delito, y que lo volverá a hacer, al fin que «no pasa nada», ya que en caso de la detención de ALGUIEN, con decir que él es culpable, «se hizo justicia».
    bajo este contexto ¿cómo puedo demandar penalmente a un funcionario público, si NO sé cómo va a actuar el «juez»? Así ¿cómo y cuándo podría cambiar la realidad de mi país?

  3. En un juicio de usucapión, ofrecí dos pruebas documentales públicas, con las cuales considero haber acreditado que la actora,, compró el predio motivo del juicio; las pruebas fueron contrato de compraventa y finiquito, ambos pasados ante notario público, el juzgador no los valora, porque afirma no haberse acreditado la causa generadora de la posesión, cuando estos son las pruebas idóneas, luego razona que estas son insuficientes para acreditar la posesión, porque no acredité que el vendedor haya tenido el dominio pleno del referido bien, cuando con el certificado de inscripción se acreditó que el predio motivo de la compraventa estuvo inscrito a nombre del vendedor en el momento en que se realizó la compraventa, o sea que si tuvo el dominio pleno, aunque reconocimos que después al parecer perdió un juicio de nulidad seguido en su contra, lo que no implica que en el momento en que vendió no haya tenido el dominio pleno del bien y por tanto estuvo facultado para dar la posesión a la demandante de la usucapión. Como si lo anterior fuera poco, la demandante tiene cuarenta y seis años en posesión del bien, ahí tiene establecido su domicilio, lo que acreditó con otros medios de prueba, por tanto resolver la negativa la deja en estado de indefensión, se violenta en su contra el debido proceso ya que no se valoraron las pruebas como lo manda la Ley; pero sobre todo porque el juzgador no imparte justicia como es su obligación, al dejar de reconocer la legítima posesión por mas del tiempo exigido y en consecuencia, debió declararla propietaria del inmueble de referencia.

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