Dinero y validez. ¿Mecanismo adecuado para domesticar el dinero en las elecciones?

¿Qué hacer con el dinero en la arena electoral? Este es justo uno de los grandes acertijos de las democracias contemporáneas –incluyendo, por supuesto, la mexicana. La interrogante, vale subrayarlo, no reside en si el dinero debe tener o no cabida dentro de la elección de nuestros gobernantes. El dinero es necesario para la política moderna. Pero esta premisa, de que el proceso político necesita del dinero, no ignora los riesgos de una riqueza que fluye en la arena electoral sin las ataduras de cauces institucionales adecuados. El reto consiste, por ello, en imaginar una red institucional que logre domesticarlo. Es decir, exprimir sus efectos positivos para la dinámica democrática y, al mismo tiempo, neutralizar sus consecuencias negativas.

Pero, ¿cómo domesticar la participación del dinero en los procesos políticos? Desde hace varias décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, el financiamiento público se ha erigido en la herramienta institucional por antonomasia para controlar los efectos perniciosos del dinero. En principio, este modelo ofrece dos grandes ventajas: por un lado, a partir de una lógica redistributiva, permite que ciertas opciones políticas que pudiesen ser relevantes para el electorado no queden fuera de la batalla electoral por falta de riqueza y, por el otro, les asegura un capital a los partidos políticos que en principio elimina o, en su caso, atenúa el incentivo de que éstos recurran a empresarios o personas acaudaladas para obtener recursos económicos (Mendilow, 2012).

A lo largo de estos años, no obstante, ha surgido un amplio abanico de mecanismos institucionales cuyo objetivo, a partir de distintas trincheras, es   también controlar el impacto del dinero en el juego electoral. Los cuales no necesariamente son excluyentes del financiamiento público. Al contrario, en no pocas ocasiones, la estrategia que han seguido algunos sistemas electorales es combinar algunas de estas técnicas para fortalecer su modelo de dinero público. Así, por ejemplo, algunos países ponen el acento en restricciones y prohibiciones a las donaciones por parte de los electores a los partidos políticos y/o candidatos; otros, en la fiscalización del origen y uso del dinero con su correspondiente ramillete de sanciones; y algunos más, se centran en restricciones y topes al gasto de los partidos políticos y/o candidatos (Ohman, 2012).

Esta tarea, sobra mencionar, de controlar el flujo de recursos económicos en los procesos electorales, no es menor. De ahí que, en realidad, ninguna de las democracias contemporáneas haya logrado hasta el momento establecer un andamiaje institucional que resuelva de manera enteramente satisfactoria este acertijo. En este sentido, vale destacar que nuestro sistema electoral mexicano, en breve, pasó de sortear el reto de construir un modelo de financiamiento público[1] que permitiese que las opciones políticas diferentes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuesen competitivas con independencia de sus recursos económicos, a enfrentar desafíos derivados de un pluralismo que en una férrea competencia por el voto ha flaqueado ante usos indebidos del dinero en la arena electoral (Moctezuma Barragán, 1999; González Oropeza, 2009). En concreto, hay tres prácticas que, desde hace varios procesos electorales, se han erigido en las asignaturas pendientes más importantes: rebase del tope de gastos de campaña de los partidos y/o candidatos; uso de recursos públicos para apoyar a determinadas fuerzas políticas; así como, compra de tiempo aire en radio y televisión para promover de manera abierta o velada a cierto partido político o candidato –lo cual, en el caso mexicano, está prohibido desde el año 2007, cuando se estableció un nuevo modelo de comunicación político-electoral que eliminó del comercio los spots de radio y televisión para atarlos a la lógica de financiamiento público.

En respuesta, en la última reforma electoral de 2014, se impulsó, entre otros ajustes, un conjunto de nuevas reglas encaminado a domar estas prácticas y perfeccionar el sistema electoral con el objetivo de evitar el uso indebido del dinero en los procesos electorales. ¿Cuáles son las características de estos cambios? ¿Qué tan sencillo es hacer efectivo los correspondientes mecanismos de fiscalización? ¿Cómo funcionaron estas novedades institucionales en el proceso electoral de 2015? ¿En dónde se ubican estas técnicas frente a la experiencia internacional? La idea precisamente de este breve trabajo de investigación es tratar de responder a estas y otras interrogantes que giran en torno a uno de los eslabones más ambiciosos de esta última reforma electoral: condicionar la validez de los procesos electorales a ciertas reglas en el uso del dinero durante la competencia por el voto de la ciudadanía. La cual, sin duda, se trata de la apuesta del sistema electoral mexicano para perfeccionar su modelo de financiamiento público y, de esta manera, tratar de domesticar el dinero en el juego electoral.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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[1] Es necesario que mencionar que en sentido estricto se trata de un modelo mixto, pues si bien el modelo está construido sobre la base de un financiamiento preponderantemente público, también es posible que los partidos políticos reciban financiamiento privado vía aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento, así como de rendimiento financieros, etcétera.

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