¿Disminuir o no el estándar de prueba?

A partir del 18 de junio del 2008 el Sistema de Justicia Penal en México pasó de ser un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, adversarial y oral. El cambio en el sistema de justicia penal trae consigo tres grandes implicaciones. En primer lugar, que el sistema sea acusatorio implica que existen dos partes que intervienen en el juicio: una que acusa y otra que defiende. En segundo lugar, que el sistema sea adversarial significa que la acusación y la defensa son realizadas mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes y ambas deben de ser escuchadas, comentadas, negadas o aclaradas ante un juez. En tercer lugar, la oralidad se convierte en una característica esencial de todo juicio, a diferencia de en el sistema pasado, en el que los juicios eran llevados a cabo de manera escrita, y significa que el juicio debe ser realizado mediante un debate oral frente a un juez, el cual debe estar presente en todo momento.[1]Asimismo, con el cambio del sistema fueron implementados diversos principios y derechos constitucionales, los principales, y los que serán relevantes para este ensayo, son el principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba.

El principio de presunción de inocencia está estipulado en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción I, el cual establece que toda persona imputada tiene “derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”[2]. Asimismo, en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción V, está establecido que “la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal”[3]. Ambos principios son sumamente relevantes al hablar del estándar de prueba en delitos de violencia sexual, que será el tema de este ensayo.

Los delitos de violencia sexual en México han sido visibilizados enormemente en la última década, al igual que lo difícil que es imputar a los agresores. Una de las mayores dificultades que presenta este delito es el estándar de prueba. Es extremadamente difícil obtener las pruebas necesarias para que la víctima pueda iniciar proceso contra su agresor. Y, es aún más difícil debido al alto o altísimo estándar de prueba que requiere este delito. A partir de lo anterior, es pertinente preguntar ¿por qué es necesario disminuir los estándares de prueba de delitos de violencia sexual en México? La respuesta, como fue mostrado anteriormente, es relativamente sencilla: los altos estándares de prueba en delitos de violencia sexual evitan que los responsables sean imputados, es decir, que estos delitos quedan impunes.

Para poder continuar hablando de los estándares de prueba de delitos de violencia sexual es necesario establecer, en primer lugar, a qué se refiere el término estándar de prueba y, en segundo lugar, el término violencia sexual. Con respecto al primero, el licenciado Sebastián Reyes Molina explica que los estándares de prueba en el proceso penal son “un rol de garantía de la presunción de inocencia” y que éstos:

Juegan un papel fundamental a la hora de determinar la decisión del juez, pues solo si son superados se puede tener por suficiente la acreditación de un hecho, y, al declararlo como probado, se es posible determinar si la presunción de inocencia ha sido derrotada.[4]

Claramente, el licenciado Reyes plantea que los estándares de prueba son indispensables para destruir a la presunción de inocencia. Aunado a esto, el Doctor en Derecho, Juan Sebastián Vera Sánchez, establece que “la gravedad y éxito de la acusación por un delito grave se condiciona a la existencia de la prueba”[5], por lo que le concede prácticamente el mismo significado al término estándar de prueba que el licenciado Reyes. Por último, la licenciada Daniela Accatino explica que el estándar de prueba es un “umbral de suficiencia”[6] de las pruebas, para que la culpabilidad del imputado quede establecida. A partir de éstas tres concepciones del término estándar de prueba, es posible definirlo como una barrera—que es la presunción de inocencia—que debe de derrumbar la parte acusadora para demostrar la culpabilidad del acusado.

En segundo lugar, es necesario definir el término violencia sexual. Por un lado, la doctora Marta Torres Falcón en su libro “Formación para la crítica y construcción de territorios de paz” explica que la violencia sexual es llevada a cabo en contra de mujeres y comprende desde abortos forzados, violaciones, abuso sexual, prostitución, entre otros, hasta feminicidio.[7] No obstante, la doctora no ofrece una definición concreta del término violencia sexual, sólo expone algunas de las formas en que es ejercida. Por otro lado, Jerónimo Ríos y Roberto Brocate esbozan que la violencia sexual es aquella ejercida sobre la mujer y ésta es “desposeída de su cuerpo, cosificada e invisibilizada”.[8] Asimismo, exponen que la violencia sexual ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un crimen de lesa humanidad[9]. Ríos y Brocate se aproximan un poco más que la doctora Torres a una definición concreta de éste término, sin embargo, su definición aún carece de precisión. Por último, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) en su investigación “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe” expone que la violencia sexual es:

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.[10]

A partir de lo anterior, es posible definir al término violencia sexual cómo cualquier acto sexual que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que atenta contra su integridad física y mental.

En México, diariamente son perpetuados miles de delitos de violencia sexual en contra de mujeres de todas las edades, lamentablemente, pocos casos son reconocidos como tal y vinculados a proceso; dicha problemática es en parte a causa de que los altos estándares probatorios en delitos de violencia sexual desincentivan a la víctima del delito a denunciar. Comúnmente, las víctimas de delitos de violencia sexual no cuentan con ningún otro medio de prueba más que con su testimonio y, eventualmente, el de algún tercero. Por ejemplo, en delitos de violación son necesarias pruebas periciales y médicas que indiquen que, en efecto, la víctima sufrió de este delito, junto con otras pruebas. Por la naturaleza de este tipo de delito, comúnmente sólo están presentes la víctima y él o los agresores, sin que medien otros elementos de prueba adicionales.[11] Sin embargo, normalmente las víctimas de violación no saben cómo proceder después de haber sido violentadas, por lo que al bañarse o hacer otras actividades eliminan las pruebas necesarias para la comprobación del delito. De acuerdo con un análisis realizado por la organización México Evalúa, el 99.7% de los delitos de violencia sexual no son denunciados.[12] A final de cuentas, las víctimas, al saber que no tienen los medios necesarios para comprobar la culpabilidad del agresor, terminan resignándose, debido a que tienen casi seguro que no obtendrán ninguna forma de reparación, por lo que mejor optan por hacer lo posible para sanar por su cuenta y seguir adelante.

Otra de las problemáticas que traen consigo los altos estándares de prueba en delitos de violencia sexual es que dificultan o imposibilitan que las víctimas ejerciten su derecho a acceder a la justicia, el cual está establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, al igual que en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual es vinculante para el Estado mexicano. Este es un gran problema, debido a que—con excepción del tipo penal feminicidio—los delitos de violencia sexual no son perseguidos de oficio por el Ministerio Público, sino son perseguidos por querella[13]. Una implicación extremadamente importante de los delitos que son perseguidos por querella es que la víctima es la cual tiene la carga de la prueba, es decir, la que debe de aportar las pruebas necesarias para que el individuo sea, en efecto, imputado. En una gran cantidad de casos las víctimas no cuentan con las pruebas necesarias ni los recursos suficientes para confirmar la culpabilidad del agresor, a pesar de que el delito haya sido perpetuado múltiples veces por el mismo agresor. Las cifras de denuncia por querella lo dicen todo. De acuerdo con un estudio realizado por la organización Equis Justicia para las Mujeres, de abril de 2017 a abril de 2019 en la Ciudad de México sólo han sido presentadas dos querellas por acoso sexual.[14]

Justamente, debido a que este es un constante problema que deben de enfrentar diversas cortes en México y Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en dos ocasiones: los casos de violación sexual de Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Dicho organismo ha dejado claro que en casos de delitos de violencia sexual, la credibilidad de la declaración debe de ser considerada como un elemento fundamental probatorio.[15]Sin embargo, las declaraciones que ha emitido la Corte en este aspecto no han sido vinculantes para los Estados, por ésta razón en México y en los demás países no es una garantía tener como prueba el testimonio de la víctima y es necesario que éstas obtengan pruebas distintas que comprueben la culpabilidad del agresor, más allá de cualquier duda razonable.

Como con cualquier tema, han surgido diversos grupos reaccionarios que están en contra de que el testimonio de las víctimas sea un elemento probatorio fundamental. El argumento principal de estos está basado en la creencia de que las víctimas de violencia sexual mienten y que las denuncias de delitos de violencia sexual levantadas ante el Ministerio Público son falsas incriminaciones. Dichas afirmaciones han sido ampliamente refutadas, tanto por organismos internacionales como nacionales. Belén Sanz Luque, responsable de la oficina de ONU-Mujeres, aclaró que a nivel global menos del 3% de la denuncias presentadas por mujeres por acoso sexual han sido falsas.[16] Por lo anterior, es necesario creer en los testimonios de las víctimas y otorgarles una mayor relevancia probatoria.

Asimismo, ha surgido una extensa crítica por parte de la doctrina penal en contra de disminuir, flexibilizar o relajar los estándares de prueba para cualquier delito, en general. Uno de los principios fundamentales del derecho y del sistema penal mexicano es la presunción de inocencia y, justamente, es lo que esta crítica trata de defender a capa y espada, ya que opinan que debe de prevalecer este principio sobre cualquier cuestión. En el caso de que, en efecto, fueran reducidos o flexibilizados los estándares de prueba, argumentan que forzosamente sería menoscabado el principio de presunción de inocencia y, como consecuencia, habría un aumento en el número de condenas erróneas de ciertos tipos de delito. No obstante, la crítica admite que las pruebas en delitos de violencia sexual son extremadamente difíciles de conseguir y reconocen que para este tipo de delito hay una barrera probatoria muchísimo más alta que para otros delitos. A partir de su propio razonamiento cabe preguntar ¿qué están esperando para nivelar el estándar probatorio con otro tipo de delitos? Su falta de acción lleva a uno de los problemas más grandes que sufre el país desde hace dos décadas: la impunidad.

En México, sólo 1.3% de los delitos llegan a una condena, mientras que el resto queda impune.[17] Desincentivar a las víctimas del delito de violencia sexual a denunciar debido a los altos estándares de prueba y, con estos, dificultar su acceso a la justicia, promueve que los agresores queden impunes. Asimismo, propicia que la alta cifra de delitos que nunca son llevados a juicio siga creciendo. Por éstas razones es que es necesaria la disminución del estándar de prueba para los delitos de violencia sexual.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, si bien es necesario que los tribunales sean más flexibles respecto al estándar probatorio, es necesario ir más allá. La Corte propuso que una forma de tratar de solucionar este problema sería que la carga de la prueba fuera invertida, es decir, en vez de que las víctimas del delito de violencia sexual tengan la carga probatoria, ésta debe de pasar a manos del Estado. La posibilidad de una inversión en la carga de la prueba aún es muy discutida, sin embargo, sería una muy buena alternativa para tratar de construir juicios justos en donde ambas partes—víctima y agresor—estén en una igualdad de circunstancias y pueda cumplirse otro principio fundamental, la igualdad de armas. Asimismo, los organismos internacionales tales como la Corte y la ONU, han indicado que los juicios deben de ser llevados a cabo con perspectiva de género, para que la víctima al momento de hacer su declaración o estar presente en juicio no sea revictimizada.

Por último, es necesario recordar que toda persona que forme parte del Estado mexicano tiene derecho al acceso a la justicia y es responsabilidad del Estado hacer lo posible por garantizarla. Por ésta razón, resulta pertinente ésta investigación, para que pueda servir de marco de referencia para el planteamiento de soluciones concretas que disminuyan la impunidad en el país sin menoscabar el principio de presunción de inocencia, así como para que el sistema penal aumente su eficacia y lleve acabo una de sus muchas funciones: desincentivar la conducta de los individuos a través de incrementar la probabilidad de la pena.

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución


[1]“¿Cómo funciona el Sistema Penal Adversarial y Acusatorio?”, Fiscalía General de la República, consultado el 3 de diciembre de 2020, https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/como-funciona-el-sistema-penal-adversarial-y-acusatorio#:~:text=Se%20le%20conoce%20a%20este,cada%20una%20de%20las%20partes.

 

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México:2019), artículo 20, apartado B, fracción I.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México:2019), artículo 20, apartado A, fracción V.

 

[4] Sebastián Reyes Molina, “Presunción de inocencia […] el caso chileno”, Revista de Derecho 15, no. 2 (octubre: 2012):229, consultado el 4 de diciembre de 2020, https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v25n2/art10.pdf.

 

[5] Juan Sebastián Vera Sánchez,  “SOBRE LA RELACIÓN DEL DERECHO PENAL […] LAW”, Revista Chilena De Derecho 44, no. 3 (2017): 831-55, consultado el 4 de diciembre de 2020, http://www.jstor.org/stable/26378965.

 

[6] Daniela Accatino, “Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 37, no. 32 (diciembre:2011), consultado el 4 de diciembre de 2020, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-68512011000200012&script=sci_arttext.

[7] Marta W. Torres Falcón, “Tortura Y Violencia Sexual […] Humanos”, Formación Para La Crítica Y Construcción De Territorios De Paz, editado por Echandía Claudia Luz Piedrahita, Vommaro Pablo y Zurita María Cristina Fuentes, 193-204, Ciudad Autónoma De Buenos Aires: CLACSO, 2017, consultado el 6 de diciembre de 2020, doi:10.2307/j.ctvtxw34s.14.

 

[8] Jerónimo Ríos y Roberto Brocate, “Violencia Sexual […] against Humanity: The Cases of Guatemala and Peru”, Revista CIDOB D’Afers Internacionals, no. 117 (2017): 79-100, consultado el 6 de diciembre de 2020, https://www.jstor.org/stable/26388134.

[9] Los crimenes de lesa humanidad son una especie de delitos en masa que cometidos en contra la población civil ya sea en tiempos de paz o de guerra, y nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. Marie-Claude Roberge, “Jurisdicción de […] de lesa humanidad y de genocidio”, Comité Internacional de la Cruz Roja (1997), consultado el 6 de diciembre de 2020, https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl7n.htm.

[10] J. M Contreras, S. Bott, A. Guedes y E. Dartnall, “Violencia sexual en […] datos secundarios”, Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual (2010), consultado el 7 de diciembre de 2020, https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/980/violencia_sexual_la_y_caribe_.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

[11] Javier Mariezcurrena, Pablo Rovatti, “Valoración de la prueba […] Derechos Humanos”, en La Constitución y sus garantías. A 100 años de la Constitución de Querétaro de 1917 (Ciudad de México: UNAM, 2017), 541-574, https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2018/Marzo/Estandares1/10%20DE%20ABRIL-Mariela%20Gonz%C3%A1lez/Valoraci%C3%B3n%20de%20la%20prueba%20en%20la%20Corte%20IDH_UNAM.pdf

 

[12] https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/22/el-99-7-de-los-delitos-de-violencia-sexual-contra-mujeres-no-se-denuncia

[13] La querella es un acto procesal que pone en conocimiento de l policía, el juez o del Ministerio Público un acto punible y en ésta se expresa la voluntad de un inviduo de ejercitar la acción penal. “Querella”, Enciclopedia Jurídica, consultado el 4 de diciembre de 2020, http://www.enciclopedia-juridica.com/d/querella/querella.htm,

[14] Gloria Leticia Díaz, “El ínfimo nivel […] ONU- Mujeres”, Proceso, 10 de abril del 2019, https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/4/10/el-infimo-nivel-de-denuncias-por-acoso-se-contrapone-con-el-alto-nivel-de-violencia-de-genero-onu-mujeres-223158.html.

[15] Mariezcurrena y Rovatti, “Valoración de la prueba […] Derechos Humanos”.

[16] Díaz, “El ínfimo nivel […] ONU- Mujeres”.

[17] “De solo 1.3%, la probabilidad de que un delito llegue a sentencia en México: Impunidad Cero”, El Financiero, 5 de septiembre de 2019, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-la-probabilidad-de-que-un-delito-llegue-a-sentencia-es-de-3-1-impunidad-cero.

 

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