¿Dos parámetros de regularidad constitucional en el sistema jurídico mexicano?

Uno de los grandes temas a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, es precisamente la convergencia y convivencia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en adelante Constitución Federal con los diversos instrumentos internacionales que, prima facie, reconocen un derecho humano.[1] Siendo materia de lo anterior, diversos pronunciamientos interpretativos por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en adelante SCJN.

Al respecto, cabe precisar que con dicha reforma constitucional se reordenó el sistema de normas sustantivas, siendo aquellas las que reconocen en sede constitucional y convencional una serie de derechos, libertades, principios y valores que son inherentes o condicionantes de la protección de la dignidad de las personas.

En ese sentido, las normas sustantivas de incorporación constitucional que representan una rematerialización[2] conllevan a que el parámetro de regularidad constitucional,[3] como instrumento para enjuiciar la validez de actos, normas de carácter general y omisiones, se viese ampliado o fortalecido por las normas de fuente internacional que se encuentran destinadas a la protección integral de derechos humanos.[4]

Por tanto, emana una interrogante importante para la construcción conviviente entre las normas sustantivas previstas expresa o implícitamente tanto en la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales que reconocen un derecho humano y que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siendo ésta ¿Cómo coexisten las normas sustantivas que gozan de jerarquía constitucional?

Para responder la pregunta que antecede, es necesario remitirnos a tres momentos o escenarios interpretativos de nuestra SCJN, al tenor de las siguientes sentencias constitucionales:

  1. Acción de inconstitucionalidad 155/2007;
  2. Contradicción de tesis 293/2011; y
  3. Expediente varios 1396/2011.

En la acción de inconstitucionalidad 155/2007,[5] se sometió a regularidad constitucional los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, que facultaban a las autoridades administrativas de la entidad federativa para imponer una sanción como pena, consistente en obligar a los infractores de la legislación de mérito, a la realización de trabajos forzosos y obligatorios, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales.

El Tribunal Pleno de la SCJN determinó en un inicio que el parámetro de regularidad constitucional está conformado por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano sea parte y orientadores cuando no lo sea.

En ese sentido, precisó que, al momento en que se enjuicia una disposición normativa debe de establecerse qué norma sustantiva integrante del referido parámetro, es preferente, es decir, cual representa una mayor protección para la persona en el momento en que se determine su regularidad o validez constitucional.

Sentando las bases para establecer que en dicha convivencia normativa no existen rangos jerárquicos, sino que se rige un criterio de preferencia y protección sustantiva, en el que los jueces del Estado mexicano tienen la obligación de interpretar el contenido de un determinado derecho, libertad o principio, eligiendo el estándar que resulte más favorable para la persona.

En el caso, el Tribunal Pleno observó que contaba con dos diferentes espectros normativos para enjuiciar los enunciados normativos sometidos a regularidad constitucional; uno previsto en el artículo 21 de la propia Constitución, que faculta a las autoridades administrativas para imponer como sanción a los particulares la realización de trabajos a favor de la comunidad; y uno diverso que emana del contenido de los artículos 1° y 2° del Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo); 8° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 6° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en esencia, proscriben el trabajo forzado y establecen como única excepción a dicha prohibición que los Estados puedan imponer a los particulares la realización de tales trabajos, siempre y cuando ello constituya una pena que sea impuesta por una autoridad jurisdiccional.

Resolviendo que, la norma de fuente internacional integrante del parámetro de regularidad constitucional ofrecía un estándar más benéfico para la persona y para el enjuiciamiento de las referidas disposiciones normativas, por lo que, en un ejercicio de preferencia normativa, declaró su invalidez constitucional por inconvencionalidad.

Dicha interpretación constitucional es del todo acorde con el contenido del artículo 1° de la Constitución Federal, toda vez que genera un diálogo de apertura entre fuente normativas sustantivas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos[6] que tiene su base en la interpretación conforme y en el principio pro persona, como elementos hermenéuticos.

Ahora bien, si contábamos con un acercamiento conciso y toral sobre las implicaciones de la constitucionalización de los instrumentos internacionales que reconocieran un derecho humano ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hacia dónde transitó la interpretación de nuestro Máximo Tribunal?

En la contradicción tesis 293/2011,[7] cuyo tópico constitucional se centró en determinar la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales que, prima facie, reconocen un derecho humano y su cohabitación con respecto de las demás normas que integran el parámetro de regularidad constitucional. El Tribunal Pleno acertadamente reiteró implícitamente parte del criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 155/2007, precisando que la integración de dicho parámetro se da en razón del contenido de la Constitución Federal sustantivo y orgánico,[8] los diversos instrumentos internacionales que contengan elementos sustantivos y las interpretaciones que sobre ellos realicen tanto el Poder Judicial de la Federación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que respecto de ésta última, todos sus criterios serán vinculante aunque el Estado mexicano no haya sido parte en la sentencia conducente, siempre y cuando se apliquen a la luz del principio pro persona.[9]

Sin embargo, al margen de los referidos elementos y su conformación en el parámetro de regularidad constitucional, el Pleno precisó que cuando exista una restricción[10] expresa de orden constitucional al ejercicio de un derecho, libertad o principio, prevalecerá el contenido de la Constitución Federal.[11] Implicando, por una parte, el desconocimiento del criterio de preferencia normativa de las fuentes que integra el parámetro, y, por otro lado, estableciendo implícitamente la conformación de dos parámetros de validez constitucional.

En cuanto al primer punto, en el caso de que se someta a control constitucional difuso o concentrado un acto, norma de carácter general o incluso una omisión que guarde relación directa con un derecho, libertad o principio que haya sido restringido desde el texto constitucional, el único parámetro para enjuiciar su validez normativa estará conformado por la Constitución Federal y la jurisprudencia emitida sobre el referido tema sustantivo por el Poder Judicial de la Federación, desconociendo entonces la apertura e inclusión de los instrumentos internacionales que reconocen un derecho humano y propiciando una ruptura interpretativa que seccionada no accede a la aplicación del criterio de preferencia normativa, la interpretación conforme en sentido amplio y la aplicación del principio pro persona.

Por otro lado, dicha interpretación genera, per se, la configuración de dos parámetros de regularidad constitucional, dado que, en caso de que la cuestión constitucional sometida a control de regularidad se relacione como se mencionó, con una restricción expresa de orden constitucional al ejercicio de un derecho, libertad o principio, el parámetro para validar su conformidad en el sistema jurídico mexicano, será únicamente la Constitución Federal y la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; en sentido inverso, cuando la cuestión constitucional no implique la relación directa e inmediata con una restricción expresa prevista en la Constitución Federal, el parámetro de compatibilidad será amplio o extenso, es decir, estará conformado por la Constitución Federal, los instrumentos internacionales que prima facie reconozcan un derecho humano y la jurisprudencia nacional e interamericana.

Finalmente, cabe precisar que en el expediente varios 1396/2011,[12] el Tribunal Pleno reitera su postura en cuanto a la convivencia e integración del parámetro de regularidad constitucional, precisando de manera categórica que, en el caso de preverse en la Constitución Federal alguna restricción expresa al ejercicio de los derechos, libertades o principios, se deberá estar a lo que indica el propio texto constitucional. Añadiendo al contexto que, en caso de que un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos implicara el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer ésta, en términos de lo determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293/2011.

Dicha postura interpretativa trae consigo dos problemas relevantes, uno relacionado con el desconocimiento del precedente en el propio seno del Tribunal Pleno que al resolver el diverso expediente varios 912/2010, puntualizó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben de cumplirse en sus términos y, por ende, no pueden de modificadas o desconocidas; y, por otra parte, en caso de la actualización de una antinomia derivada de un fallo interamericano en el que se condene al Estado mexicano a modificar la Constitución Federal al resultar una cláusula constitucional inconvencional o incompatible con el corpus iuris interamericano, si ésta deriva de una restricción expresa al ejercicio de un derecho, libertad o principio de orden constitucional deberá de prevalecer el texto constitucional restrictivo, por lo que la sentencia interamericana que es vinculante para el Estado mexicano, no será cumplimentada, generándose su desconocimiento y sus efectos obligatorios.

En suma, la interpretación de nuestra SCJN, respecto de las normas que integran el parámetro de regularidad constitucional y cómo es que éstas convergen, ha sido muy discutida y debatible, desde el punto de inflexión que representa la inclusión en sede constitucional de los instrumentos internacionales que reconocen un derecho humano. Ya que, por un lado, ha cerrado la puerta a un diálogo abierto y plural propio de una visión rematerializadora y actual de los textos constitucionales en la que se ven complementados por las normas del derecho internacional de los derechos humanos; y por otro, se ha encargado de dificultar la operatividad del control de constitucionalidad, ya sea difuso o concentrado, toda vez que, los jueces ahora tienen la tarea en un inicio, de distinguir cuál es el parámetro de resulta aplicable para determinar la validez del acto, norma de carácter general u omisión combatida. Finalmente, establecer su grado de adecuación constitucional, aunque este pudiese ser limitado o incompatible con las normas que pertenecen al derecho internacional de los derechos humanos.

Jesús Ángel Cadena Alcalá. Especialista en justicia constitucional y derechos fundamentales, por las Universidades Castilla La-Mancha, Toledo, España y Pisa, Italia, así como en derecho de amparo, por la Universidad Panamericana; Maestro en derecho constitucional y derechos humanos, y profesor de la UNAM y de las Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN. Actualmente es asesor en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] José Francisco Cilia López refiere que, la reforma constitucional de mérito, revaloriza a los tratados internacionales de derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano, constituyéndose en conjunto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un orden supremo. CILIA LÓPEZ, José Francisco, Los derechos humanos y su recepción en el control de constitucionalidad y de convencionalidad, México, Miguel Ángel Porrúa, 2015, p. 12.

[2] Luis Prieto Sanchís sostiene que existe una rematerialización constitucional, esto es la incorporación al texto no solo de normas formales, de competencia o procedimientos destinados a regular el ejercicio de los poderes y la relación entre los mismos, sino también y sobre todo de normas sustantivas que pretenden trazar límites negativos y vínculos a lo que dichos poderes están en condiciones de decidir legítimamente. En PRIETO SANCHÍS, Luis, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de Filosofía Jurídica, España, Trotta, 2013, p. 26.

[3] Arturo Guerrero Zazueta precisa que las normas que gozan de jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico de cada país, constituyen el parámetro de control de validez del resto del ordenamiento jurídico, pese a que se encuentren expresamente reconocidas en la Constitución, basta con que exista una remisión directa del texto constitucional. GUERRERO ZAZUETA, Arturo, ¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2015, p. 58.

[4] José Luis Caballero Ochoa indica que los “tratados sobre derechos humanos reivindican una posición similar a la que detentan las normas sobre derechos fundamentales, es decir, de tipo constitucional, de tal suerte que con independencia de la ordenación de los tratados internacionales en el sistema de las fuentes formales del derecho interno, los tratados de protección de la persona inciden directamente, horizontalmente en las normas constitucionales a partir de su propia naturaleza jurídica(…); de tal suerte que se confecciona un bloque de derechos que tiene objetivo ampliar la protección de los derechos de las personas.” En CABALLERO OCHOA, José Luis, La incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en España y México, México, Miguel Ángel Porrúa, 2009, pp. 230-231.

[5] Resuelta en sesión del 7 de febrero de 2012, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2012.

[6] Las normas de origen internacional adquieren nivel constitucional, ofreciendo una protección más amplia en materia de derechos humanos, estructurando así, una mayor claridad de la inclusión en el derecho originario de un derecho derivado que lo complementa y busca desplegar un contenido más protector para la persona. RUBIO MANDUJANO Saúl, Control de convencionalidad y convergencia interpretativa, México, Tirant Lo Blanch, 2018, p. 39.

[7] Resuelta en sesión del 3 de septiembre de 2013, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de abril de 2014.

[8] Tesis: 1a. CCCX/2018 (10a.). Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, diciembre de 2018, p. 355, tesis, común. IUS: 2018732.

[9] Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, abril de 2014, p. 204, jurisprudencia, común. IUS: 2006225.

[10] Aharon Barak refiere que “Una restricción a un derecho tiene lugar cada vez que se produce una acción del estado que deniega o impide que el Tribunal del derecho lo ejerza de acuerdo a la plenitud del supuesto de hecho de dicho derecho.” BARAK, Aharon, Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones, Perú, Palestra, 2017, p. 130.

[11] Dentro del texto constitucional existen 89 restricciones al ejercicio de 21 derechos, libertades o principios sustantivos, que afectan a 100 grupos de personas diferentes. MEDINA MORA, F. Alejandra, SALAZAR UGARTE, Pedro y VÁZQUEZ, Daniel, Derechos humanos y restricciones. Los dilemas de la justicia, México, Miguel Ángel Porrúa, 2015, p. 75.

[12] Resuelto en sesión del 11 de mayo de 2015, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2015.

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