El “amparo coronavirus”: lo relevante de lo ocioso

Frente a una emergencia como la pandemia del COVID-19, el Derecho pareciera ser de las áreas más impotentes. ¿Por qué sería relevante en estos momentos, en los que las prioridades sobran, dedicarle espacio al “amparo coronavirus” (AI 290/2020) del Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca –así como a los otros similares que fueron presentados en otras entidades? Justamente porque detrás de ellos se esconden algunos puntos que valen mucho la pena analizar sobre la profesión jurídica y la forma en la que comúnmente aún son entendidos los derechos, tanto en tiempos de aparente normalidad como de crisis.

Cuando se comenzó a difundir por redes sociales la primera página de la resolución emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca del 12 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de oficio por las alegadas omisiones de Secretaría de Salud del Gobierno Federal “y otras autoridades”, mi primera reacción fue de cautela. En primer lugar, porque me parece una costumbre insana que entre el gremio jurídico se juzgue el trabajo ajeno sin conocer la demanda, el expediente o cuando menos la resolución completa. De ahí que el artículo de la abogada Melisa S. Ayala publicado en este espacio,[1] cuando ya estaba disponible la resolución completa, es atinado en fondo pero también responsable en la selección de su objeto: analizó la fundamentación y motivación del juez en esa resolución, omitiendo pronunciarse sobre elementos relevantes del caso pero que se desconocen.

En segundo lugar, porque desconocer el escrito de demanda es también ignorar las posibles e inabarcables situaciones en las que pudiera presentarse un amparo. No tiene caso sujetarse a los múltiples contra-fácticos que permiten ejemplificarlas, pero un gran ejemplo no hipotético es el amparo presentado por un grupo de personas sordas por la falta de información accesible sobre la situación actual de la pandemia y las medidas que deben tomarse.[2] Incluso pudiera pensarse como razonable una demanda por las omisiones de ejercer las facultades previstas en el artículo 73.XVI de la Constitución Federal en materia de salubridad general.[3] Es decir, dentro del abanico de escenarios, no solo la ociosidad o búsqueda de atención mediática se barajean como posibles orígenes de demandas de amparo en el contexto actual, sino también historias que incluso ahora nos pueden ser desconocidas pero que apelan a necesidades razonables, independientemente de que sean o no suficientes para otorgar una suspensión. Así, frente al desconocimiento de detalles jurídicos relevantes, la prudencia debe brillar.

Dicho lo anterior, en los últimos días ha circulado más información sobre estos procesos. Se sabe, por ejemplo, que el amparo de Oaxaca fue presentado por el abogado Artemio Hernández Hernández en contra de “la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, falta de aplicación de medidas sanitarias, falta de adopción de medidas de contención, falta de emisión de medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio nacional, así como la falta de una estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones del COVID-19”.[4] Supimos también que no fue el único amparo presentado, sino que fueron varios en distintas entidades.[5] Posteriormente, se supo que el abogado Jorge Álvarez Banderas también consiguió una suspensión otorgada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Michoacán en el Expediente de Amparo Indirecto 282/2020.[6] Álvarez Banderas explicó también que, perteneciendo a un grupo de riesgo, veía “una omisión de las autoridades federales de aplicar acciones sanitarias, medidas de contención y medidas preventivas para evitar el contagio del virus COVID-19, para detectar los casos de personas infectadas con este virus y evitar su propagación en el territorio mexicano”.[7]

De igual manera, circula entre el gremio jurídico un documento que sería el formato de amparo presentado en ambos casos. Dado que no hay confirmación directa por parte de Artemio Hernández Hernández y/o Jorge Álvarez Banderas, ni se ha podido corroborar que efectivamente ese es el contenido íntegro de los escritos presentados, dejo ese dato únicamente con carácter anecdótico y concluyo que persiste un desconocimiento sobre los planteamientos específicos hechos en cada una de las demandas.

Hasta aquí, sosteniendo mi postura de que para un análisis serio no hay que asumir, me limito a hacer unos breves comentarios sobre lo que sabemos y lo que desconocemos.

Por supuesto que las acciones y las omisiones de las autoridades frente a la pandemia del COVID-19 es un asunto de derechos humanos. Por supuesto que, incluso con las limitaciones del Derecho para aportar algo a esta crisis, existen responsabilidades constitucionales que pueden ser violadas por una mala respuesta. Sin embargo, reconocer este hecho general es decir mucho y decir absolutamente nada. El derecho en sí no basta para saber si, efectivamente, una autoridad está incumpliendo sus responsabilidades constitucionales frente a un contexto de pandemia. Sobre todo, porque en estos escenarios las obligaciones estatales en materia de salud no pueden ser sujetas a un estudio rígido del todo o nada, teniendo en cuenta el margen de actuación que las autoridades requieren para atender la crisis a la luz de las contingencias que se le van presentando en el camino.

Los derechos a la salud y a la vida indudablemente están en la cancha del COVID-19 y por supuesto deben ser el norte de las autoridades. Pero para determinar una violación constitucional en la implementación (o no implementación) de medidas, debe darse una explicación técnica para explicar por qué una acción u omisión es manifiestamente una violación al contenido de algún derecho y por qué debiera ser declarada manifiestamente perjudicial, no idónea, ineficaz o arbitraria, según sea el caso. No es una tarea fácil y, reitero, el Derecho no da por sí mismo para responder a estas preguntas. Se requiere un análisis técnico en medicina, epidemiología, en protocolos de actuación frente a pandemias, criterios y estándares de la Organización Mundial de la Salud, entre muchos otros que ignoro porque escapan de mis áreas de formación. En pocas palabras: hay que aterrizar los derechos al caso concreto para determinar si una acción u omisión puede razonablemente ser declarada violatoria y, por lo tanto, corregida judicialmente.

Desconozco –como entiendo la mayoría desconoce- cuáles fueron las demandas presentadas y cómo fueron planteadas, pero hasta ahora no se ha dado una explicación aterrizada de antecedentes y afectaciones directas. La información que ha trascendido habla de omisiones tan genéricas que parecieran asumir que, de plano, las autoridades “no han hecho absolutamente nada”. Afirmación que me parece dista de la realidad, con todas las críticas que pudiera hacerle a la actual administración. Si las demandas fueron planteadas así de genéricas, me parece que no tendrían sentido, e incluso dudaría de la decisión de otorgar una suspensión de oficio. Si así hubiesen sido presentadas.

¿Es posible presentar amparos contra las autoridades por el COVID-19? Me parece que esta pregunta, la cual ha levantado debates en redes, debe replantearse: ¿en qué situaciones y cómo podría plantearse una demanda de amparo en contra de las autoridades frente a la crisis del COVID-19? La respuesta es inmensa, puesto que depende de infinitos supuestos en los que pudiera encontrarse una persona frente alguna actuación directa o indirecta de las autoridades. En situaciones así el cómo y para qué es igual de importante (incluso a veces más) que el contra qué se presenta un amparo.

Concluyo con el punto que me parece hace valioso este debate: los derechos tienen que ser técnicos. Aterrizarlos a los hechos implica muchas veces apelar a la ciencia para dilucidar las implicaciones de estos y así permitir que el derecho actúe. El Derecho de los derechos humanos debe ser interdisciplinario para comprobar que una situación concreta verdaderamente debe ser considerada una violación a los derechos. Tampoco podemos obviar la relación entre el contenido esencial de un derecho y los elementos fácticos. Los hechos concretos, las obligaciones concretas e identificables en el sistema jurídico y las acciones/omisiones concretas en las que incurren las autoridades, son las que hacen los casos. Hablar de los derechos en general, sin determinar su contenido esencial y los efectos de las actuaciones estatales sobre éste, es igual a no hablar de nada. Sobre todo en situaciones complejas y excepcionales frente a las cuales las autoridades se ven muchas veces, incluso ante el callejón sin salida de tomar decisiones imperfectas para tiempos imperfectos.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] S. Ayala, Melisa, “El COVID-19 frente al juicio de amparo”, 15 de marzo de 2020, en “Derecho en acción” del CIDE. Disponible en formato digital a través del enlace: http://derechoenaccion.cide.edu/el-covid-19-frente-al-juicio-de-amparo/.

[2] Animal Político. “Comunidad sorda logra orden para que el gobierno haga accesible la información sobre COVID-19”, 17 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.animalpolitico.com/2020/03/comunidad-sorda-gana-amparo-gobierno-covid-19/.

[3]Artículo 71. El Congreso tiene facultad: […] XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País. […].” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[4] Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Expediente de Amparo Indirecto 209/2020, resolución del 12 de marzo de 2020.

[5] Animal Político. “Gobierno de AMLO tiene tres días para informar sobre planes para prevenir el coronavirus: juez”, 14 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través del enlace: https://www.animalpolitico.com/2020/03/amparo-contra-falta-medidas-gobierno-ante-coronavirus/.

[6] Álvarez Banderas, Jorge. “El amparo 282/2020 en Michoacán con motivo del COVID 19 – Jorge Álvarez Banderas”, 15 de marzo de 2020, en Jurista del Futuro. Disponible en formato digital a través del enlace: http://juristadelfuturo.org/el-amparo-282-2020-en-michoacan-con-motivo-del-covid-19-jorge-alvarez-banderas/.

[7] Ídem.

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