El Amparo Larrache de 1879 y la extensión del Principio de Legalidad de 1917 (I)

El Amparo Larrache tiene una relevancia significativa dentro del desarrollo y consolidación del sistema jurídico mexicano. La controversia resulta por la Suprema Corte de México en 1879 buscó asentar el criterio sobre la improcedencia del amparo contra negocios civiles. Durante ese período, existía una discusión polarizada sobre los alcances de juicio de amparo, principalmente sobre los actos que podrían ser impugnados. Asimismo, la interpretación del artículo 14 de la Carta Magna de 1857 suscitó diversos problemas toda vez que su redacción daba pie a un debate constitucional sobre los alcances de la garantía de legalidad en materia civil. La sentencia del Amparo Larrache logró esclarecer estas discusiones.

En este trabajo analizaré las cuestiones debatidas en la sentencia del Amparo Larrache, sus implicaciones para la consolidación de la Constitución Federal de 1857 y para la impartición de justicia. De forma previa presentaré la incorporación del juicio de garantías a nuestro sistema jurídico y algunas sentencias que consolidaron algunas posturas debatidas en el amparo en cuestión. Sobre las sentencias, son dos de las que ocuparé: el Amparo Vega (1869) y el Amparo Rosales (1878). En el primero, la Corte asumió su facultad como último interprete de la ley y declaró inconstitucional de manera implícita una ley que era contraria al texto constitucional. Por su parte, en el Amparo Rosales se discutió la procedencia del juicio de garantías contra la inexacta aplicación de la ley en negocios sobre la propiedad en la medida en que el artículo 14 no hacía distinción si dicho imperativo era aplicable tanto a la materia penal como a la materia civil.

La incorporación del juicio de amparo en el sistema jurídico puede estudiarse desde su doble origen: en la constitución del estado de Yucatán (1841), elaborada por Manuel Crescencio Rejón y en las Actas de Reforma (1847) en sus artículos 5 y 25 formulados por Mariano Otero.[1] La Constitución de Yucatán previó un juicio de protección a las garantías de los ciudadanos contra actos de cualquier autoridad, ya sea de normas del Poder Legislativo, actos del Poder Ejecutivo, e incluso fallos o actos cometidos por el titular de un órgano jurisdiccional. Mientras que, Mariano Otero en las Actas de Reforma, introdujo el juicio llevado a cabo por los Tribunales de la Federación que, de igual forma, buscarían salvaguardar los derechos individuales garantizados por la Constitución. Sin embargo, el abanico de actos que protegía excluía aquellos emitidos por los tribunales.[2]

Las Actas de Reforma de 1847 fueron el sustento de los primeros juicios de amparo en México, aunque difícilmente estos perduraron hasta lograr una sentencia.[3] No fue hasta 1849 en que el juez de distrito de San Luis Potosí emitió el primer fallo en un juicio de amparo. La demanda fue promovida por el ciudadano Manuel Verástegui en contra de los actos del gobernador de dicha entidad que procuraban desterrarlo de ese territorio. El juzgado federal determinó amparar al quejoso fundamentado su competencia en el artículo 25 de las referidas Actas.[4]

Posteriormente, una vez sesionado el Congreso Constituyente y promulgada la segunda Constitución Federal (1857), el juicio de garantías obtuvo su forma definitiva. Dado que el presente texto estudia el amparo judicial por la inexacta aplicación de la ley, destacaré dos disposiciones del texto constitucional relacionadas. Al respecto, el numeral 14 incorporó el principio de legalidad, mientras que el artículo 101 estableció los lineamientos generales del juicio de amparo.[5] Sobre este último, el Constituyente incorporó el juicio de garantías contra cualquier acto o norma que vulnerara los derechos de los ciudadanos reconocidos en el texto constitucional. Es necesario señalar que el artículo en cuestión no hizo distinción sobre las autoridades excluidas de dicho juicio, por lo cual, cualquier acto proveniente de los tres poderes era susceptible de ser impugnado vía amparo.

Más tarde, en 1861, el presidente Benito Juárez promulgó la primera Ley Reglamentaria de los artículos 101 y 102—también conocida como Ley de Amparo—.[6] El referido ordenamiento no hizo mención expresa sobre la procedencia del amparo contra negocios judiciales. Por lo tanto, no existía una norma que impidiera que los actos de los órganos jurisdiccionales fueran impugnados por medio del juicio de garantías. Sobre el particular, existen remanentes que permiten señalar que durante estos años fueron substanciados amparos judiciales en materia penal.[7]

Secuencialmente, en 1869 fue promulgada la segunda Ley de Amparo en la que se prohibió expresamente, en su artículo 8º, la procedencia del amparo contra las determinaciones de los juzgadores.[8] En esta entrada, es oportuno exponer que pueden advertirse dos razones por las que se consideró la improcedencia del amparo contra los negocios judiciales. En primer término, se pretendió eludir la posibilidad de que fuera a convertirse en instancia ulterior.[9] Además, existía el problema de aceptar la procedencia contra negocios judiciales: la capacidad de la Suprema Corte se vería rebasada ante el número de juicios que tendría que resolver.

A pesar de la prohibición expresa del artículo 8º de la Ley de Amparo, su contenido fue ignorado por los tribunales federales toda vez que lo consideraron inconstitucional al contravenir el artículo 101 de la Carta Magna.[10] Lo anterior en vista de que el artículo constitucional no excluía expresamente los actos de los tribunales de su protección vía amparo. De tal forma que, los años sucesivos, los jueces continuaron otorgando amparos contra negocios judiciales.

Ejemplo de lo anterior lo representa el Amparo Vega (1869). La controversia versó sobre la destitución del juez en materia penal, Miguel Vega, por el Tribunal Superior de Sinaloa. La destitución incluyó su privación de la función jurisdiccional y del ejercicio de su profesión jurídica por un año. Pese a que el quejoso impugnaba la legalidad de la sentencia en materia penal, la Corte decidió analizar la naturaleza constitucional de la pena bajo el entendido de que dicha sanción debió haber sido de índole administrativa.[11] Por tanto, el Máximo Tribunal determinó conceder el amparo al quejoso con base en los artículos 101 y 102 del texto constitucional, dejando a un lado la disposición 8º de la Ley de Amparo.

En virtud del sentido del fallo, el Congreso decidió iniciar un proceso político contra los ministros que votaron a favor de conceder el amparo. Ello bajo el motivo de haber ignorado el contenido de una ley federal. Los ministros defendieron su postura alegando la inconstitucionalidad de dicho precepto y sosteniendo que las facultades de la Corte amparaban el sentido de su decisión. El Congreso desistió del proceso político.

El Amparo Vega, de acuerdo con diversos autores, implicó un parteaguas en la experiencia jurídica mexicana.[12] Dicha sentencia acentúo la facultad de la Corte como interprete final de la Constitución. Una de las atribuciones que la Constitución reconoce al Máximo Tribunal, así como a los tribunales federales, es declarar la invalidez de alguna disposición de una ley secundaria siempre y cuando contravenga el texto constitucional.[13] Dado que el artículo 8 fue declarado inconstitucional implícitamente en el Amparo Vega, quedó un vacío sobre la extensión y naturaleza amparo contra negocios judiciales.[14]

Una vez precisado lo anterior, es oportuno señalar cuáles fueron las interpretaciones discutidas de forma polarizada para otorgar un amparo contra negocios civiles. El fundamento para su procedencia reside en la interpretación que evocaba la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Carta Magna de 1857. El artículo estipulaba lo siguiente: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.”[15] El motivo por el cual suscitaba controversias fue en la interpretación adecuada que debía dársele: ¿la intención del constituyente proscribía la aplicación exacta de la ley a los negocios civiles?

Ignacio L. Vallarta, al llegar a la Suprema Corte en 1877, adoptó la interpretación que proscribía la segunda parte del artículo 14 constitucional del ámbito civil. Es decir, la exacta aplicación de la ley era única y exclusivamente en materia forense. Este criterio había sido propuesto inicialmente por el jurista José María Lozano en su libro Tratado de los derechos del hombre. En el texto estableció que los términos sentenciado y juzgado referidos en el artículo 14 aluden al contexto criminal toda vez que estos eran los términos que eran utilizados en dicha materia.[17] Por este motivo, no era dable sugerir que había un menoscabo al principio de legalidad bajo el supuesto de la inexacta aplicación de la ley en los negocios civiles y con ello admitir la procedencia el juicio de garantías.

Vladimir Zaragoza Nuñez. Estudiante de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Julio Bustillos, El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009), páginas 99-100.

[2] A modo de ejemplificación, el artículo 25 de las Actas estipulaba lo siguiente “Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.” En Timothy James, El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato, página 257.

[3] Julio Bustillos, El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009), página 102.

[4] Santiago Oñate, “La primera sentencia de amparo”, Homenaje de la SCJN en nombre del PJF al Código de 1857 y a sus autores, los ilustres Constituyentes, página 1957.

[5] Julio Bustillos, El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009), página 104.

[6] Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, “Cuadernos de Trabajo: Ley de Amparo, Información Legislativa 2/2014”, página 4.

[7] Destacan los amparos de José María Rufino, Benigno Canto y Domingo Benítez. En ibidem, página 106.

[8] Julio Bustillos, El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009), página 107.

[9] En este tenor, Ignacio Mariscal, ministro de justicia que presentó la nueva Ley de Amparo, señaló “Hoy los juicios de amparo amenazan volverse una cuarta instancia, inevitable en cada pleito civil o criminal (…) el resultado es que, en cualquier recurso ordinario, y tal vez sin perjuicio del mismo, se intenta desde luego un juicio de amparo”. En José Antonio Caballero Juárez, La codificación y el federalismo judicial, página 20.

[10] Julio Bustillos, El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009), página 108.

[11] Ibidem, página 124.

[12] En ese sentido destacan Antonio Carrillo Flores en ibid., página 114; e Ignacio L. Vallarta en Timothy James, El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato, página 270.

[13] Timothy James, El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato, página 270.

[14] Héctor Fix-Zamudio, Ensayos sobre el derecho de amparo, página 423.

[15] José Antonio Caballero Juárez, La codificación y el federalismo judicial, página 12.

[16] Timothy James, El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato, página 270.

[17] Ibidem, página 271.

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