El Amparo Larrache de 1879 y la extensión del Principio de Legalidad de 1917 (II)

La Suprema Corte, el 10 de julio 1878, al resolver el Amparo Rosales, analizó si en efecto la inexacta aplicación de la ley en un juicio civil constituía una violación al principio de legalidad. El ministro presidente, Ignacio L. Vallarta, hizo valer diversos argumentos para sostener la hipótesis que la exacta aplicación es exclusiva del ámbito criminal. En primer término, realizó un análisis histórico del debate del Congreso Constituyente en torno a la redacción del artículo 14 con el objetivo de develar la voluntad de los integrantes. Vallarta señaló que en la Comisión no se aprobó el contenido que terminó por ser formulado en el numeral de mérito, sino que el contenido incorporado es una mezcla no discutida de dos artículos: el proyecto del artículo 4 y el proyecto del 26. El primero hacía referencia a que ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo y el segundo estipulaba que, en materia criminal, la ley debía ser aplicada exactamente.[1] En segundo lugar, el ministro presidente hizo una exposición de los ordenamientos en materia civil de Francia, Reino Unido y del Imperio Romano para demostrar que ninguno de ellos se previó la aplicación exacta de la ley en esta materia. En tercer lugar, en caso de sostener la interpretación controvertida, el ministro afirmó que esto implicaría una “subversión del orden social” en virtud de que no habría ley expresa para todos los asuntos civiles y, eventualmente, la administración de justicia local sería absorbida por la Suprema Corte y los tribunales federales. Por último, adujo que no existe una facultad expresa en el texto constitucional para asumir la revisión de autos, interlocutorias y sentencias de los tribunales locales civiles. En contraste, hace valer que materia penal sí los hay, por ejemplo, cuando se impongan penas trascendentales, cuando se viole el principio non bis in idem, o si se decreta prisión por una deuda civil.[2]

Después de exponer las referidas posturas, el presidente de la Corte estima que, en el caso concreto, ni siquiera se impugna la inexacta aplicación de la ley al hecho. Por el contrario, los conceptos de violación del quejoso están encaminados a alterar la naturaleza jurídica de los hechos de la ejecutoria y a solicitar la aplicación de distintas leyes en el sentido que él considera. Por lo cual, bajo sus consideraciones el amparo es infundado. Una vez efectuada la votación, la Corte negó el amparo no por la inexacta aplicación de la ley, sino porque el presente caso no reveló indicios de que se tratara de los supuestos del artículo 14, en el mismo sentido que Vallarta consideró. Adicionalmente, fundamentó la competencia para conocer y emitir el fallo en los artículos 101 y 102 del texto constitucional, lo que demuestra que la Corte consideró que en efecto el amparo judicial procede toda vez que la prohibición del artículo 8 de la Ley Reglamentaria es inconstitucional.[3]

El Amparo Larrache, cuya resolución es el principal objeto de análisis de este texto, abordó, como fue mencionado inicialmente, la discusión en torno a la procedencia del amparo judicial en materia civil en virtud de una violación a la garantía de legalidad por la inexacta aplicación de la ley.

Inicialmente, el juicio de primera instancia versó sobre un concurso hipotecario llevada a cabo por el juez segundo de lo Civil del Distrito Federal. Los señores Larrache y Compañía celebraron un contrato en favor del señor Blas Pereda. Posteriormente, y antes de cumplir con el pago de su deuda, el señor Blas Pereda celebró un contrato de hipoteca en favor de la señora Da María Blanco de Barquín y el señor Antonio Mier y Celis. Dicho contrato no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa, de modo que cumplía con las formalidades que exigía el Código Civil. A pesar de esto, los señores María de Blanco y el señor Antonio Mier entablaron una demanda para efectuar el cobro de la hipoteca. El juez, omitiendo el requisito faltante, declaró el concurso hipotecario y ordenó el remate de las haciendas “Villela” y “De Santiago”, propiedad de Blas Pereda para asegurar el pago de la deuda.[4]

Derivado de lo anterior, los señores Larrache y Compañía entablaron una demanda de amparo en la medida en que tenían un interés en el fallo del concurso por tener un crédito pendiente de cobro sobre el patrimonio del señor Blas Pereda. La demanda fue elaborada por el abogado Alfonso Lancaster Jones, quien hizo valer como conceptos de violación la inexacta aplicación de la ley al juicio hipotecario toda vez que el crédito hipotecario es nulo dado que no satisface los requisitos del Código Civil de San Luis Potosí.

Alfonso Lancaster Jones, en su alegato presentado ante la Corte, señaló múltiples objeciones contra la interpretación que la Corte había sostenido sobre el artículo 14 de la Carta Magna. En primer lugar, realizó un análisis sobre la voluntad del Congreso Constituyente y el contenido de dicho artículo. Para esto, sostuvo que, de las discusiones del constituyente, era posible inferir que se pretendió que la garantía de legalidad protegiera de forma extensiva a los ciudadanos tanto en materia criminal como en materia civil. Para ello, advierte que Vallarta aseveró erróneamente en su voto en el Amparo Rosales al intuir que dada la supresión del término “propiedad” del proyecto del artículo 26—que refiere a la materia penal—el Congreso buscó distinguir la aplicación de las garantías criminales del ámbito civil. Al respecto, Lancaster señaló que, en las discusiones sintetizadas por el cronista del Constituyente: Francisco Zarco, no hubo oposición contra la protección generalizada de la aplicación exacta de la ley en materia forense y en lo civil al establecer la garantía de legalidad en el artículo 14.[5]

En el mismo sentido, el abogado objeta la interpretación que Vallarta presentó en cuanto a los términos sentenciado y juzgado. En el Amparo Rosales, el presidente de la Corte señaló que, dada la ubicación de estos términos en la primera parte del artículo 14,[6] es dable concluir que el numeral hace referencia exclusivamente a las causas penales en la medida en que las sentencias civiles no juzgan a la persona, pues no fallan contra su libertad sino contra su patrimonio. Al respecto, Lancaster pone en duda este criterio al analizar dichos términos a la luz de opiniones de la doctrina sobre el uso símil de ambos conceptos.[7] Con ello hace valer que los integrantes del constituyente, al utilizar las palabras sentenciado y juzgado, no pretendieron excluir los juicios civiles.

Por otra parte, a juicio del abogado, la exacta aplicación de la ley en los asuntos civiles es posible toda vez que el Código Civil permite el uso de los principios generales del derecho ante la falta de ley expresa. En ese marco, la norma habilita a los jueces para que resuelvan de conformidad con dichos principios hasta donde su concretización lo permita. De modo que no resulta imposible, como Vallarta advierte, la aplicación exacta de la ley si existe un remedio para ello.

Del mismo modo, señaló que la interpretación de la Corte sobre determinar la improcedencia de los amparos judiciales en materia civil implicaría atentar contra la voluntad del legislador. Lancaster Jones considera que el juicio de garantías incorporado por primera vez en la Constitución de 1857 buscó proteger las libertades de los ciudadanos contra cualquier ataque del poder público.[8] De manera que interpretar el contenido de la Carta Magna para restringir su procedencia vulneraría los propósitos del legislador de salvaguardar los derechos ante cualquier acto de autoridad que buscara restringirlos.

Finalmente, el abogado que analizó el caso concreto advirtió que el crédito de hipoteca es nulo de conformidad con el Código Civil de San Luis Potosí toda vez que no fue inscrito. Por lo cual, sus apoderados, los señores Larrache y Compañía, al haber pactado un contrato de crédito con el señor Blas Pereda mismo que fue formalizado ante autoridad judicial, su crédito se encontraba en el mismo nivel de prelación de cobro que el crédito de hipoteca. De tal suerte que los señores Larrache contaban con un interés jurídico en virtud de haber sido afectados por una sentencia que vulneró sus derechos de cobro misma que falló contra una ley expresa: “los créditos hipotecarios que no estén inscritos son nulos”.[9]

En la sesión del 4 de junio de 1879, la Suprema Corte discutió y resolvió el amparo en cuestión. Ignacio Vallarta, en su voto, señaló que las objeciones realizadas por Lancaster Jones resultaban ineficientes y erróneas. Los argumentos del ministro se encuentran en la misma línea que los que presentó al resolver el Amparo Rosales. De forma sucinta, considera que la apreciación de Lancaster sobre la discusión del Congreso Constituyente en torno al contenido del artículo 14 es equívoca en vista de que el Congreso buscó la distinción de las garantías tanto en materia criminal como en materia civil. Para esto, nuevamente sostiene que, cuando fue discutido el proyecto del artículo 26, se suprimió el término “propiedad” para no entremezclar derechos—lo que evidencia la intención de distinguir las garantías penales de las civiles—.[10] Aunado a lo anterior, el pronombre “nadie podrá ser sentenciado” del artículo 14 alude exclusivamente a las personas. Por ende, no es posible concluir que la segunda parte del artículo exige la exacta aplicación de la ley a los juicios civiles, en los cuales la controversia versa sobre un negocio o patrimonio, no en la libertad de las personas.[11]

Por último, Vallarta sostiene que la aplicación exacta de la ley en los negocios civiles es inviable. Por un lado, el artículo 20 del Código Civil Federal establece que, ante la falta de ley expresa, se podrá recurrir a los principios generales del derecho para dirimir las controversias. Además, en materia civil se requiere de la racional interpretación de la ley.[12] Todo ello para demostrar que la interpretación de exacta aplicación de la ley no es concebible en nuestro sistema jurídico debido a que no existe una norma para resolver todos los casos y, eventualmente, si se admiten amparos por dicha violación la capacidad de la Corte se vería colapsada. Una vez expuesto lo anterior, Vallarta refiere que por estas razones la facultad para la admitir del amparo contra negocios civiles no está prevista en la Constitución.

La votación en el pleno no tuvo mayor problema. Los ministros Saldaña, Ávila, Vázquez, Blanco, Martínez de Castro, Alas, Ogazón y Vallarta, votaron a favor del criterio que excluye la aplicación exacta de las leyes en negocios civiles. Mientras que los ministros Guzmán, Bautista, Altamirano y el fiscal—que en ese entonces tenía derecho a voto—optaron por sostener el sentido opuesto. Por lo cual, la Corte determinó revocar la sentencia del juez segundo de Distrito de la capital mexicana y no amparar a los señores Larrache y Compañía.

A causa de este fallo, la Corte Vallarta evitó la centralización de la administración de justicia al negar la posibilidad de revisar todos los litigios civiles locales por medio del juicio de garantías. En este mismo sentido, Emilio Rabasa sostuvo que la forma en que anteriormente se utilizaba el amparo constituía una violación a la jurisdicción de los tribunales locales pues el Poder Judicial Federal asumía sus competencias exclusivas.[13] Esta interpretación permitió preservar los principios federales de la Constitución de 1857. Vallarta, quien a su vez había sido delegado del Congreso Constituyente, consideró que era necesario respetar la soberanía de las entidades federativas. De tal forma que el asumir la jurisdicción de todos los juicios civiles con base en una interpretación amplia sobre el sentido del principio de legalidad, vendría a juridificar ante la federación todos los juicios de propiedad y pondría de lado la facultades locales de impartición de justicia.

El Máximo Tribunal en el Amparo Larrache precisó los alcances de la garantía de legalidad y la extensión de su protección en el juicio de garantías. Cuando se trate del ámbito penal se exigirá la aplicación estricta de la ley, por su parte, en los asuntos civiles requerirán de la interpretación de la ley y, ante la falta de disposiciones, se atenderán los principios generales del derecho. Esta resolución cobra relevancia significativa para la historia y el sistema jurídico mexicano toda vez que dicha apreciación del principio de legalidad fue la misma que fue adoptada por el Congreso Constituyente de 1917: la aplicación exacta de la ley se extiende únicamente al ámbito penal.

Vladimir Zaragoza Nuñez. Estudiante de la licenciatura en Derecho del CIDE.

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[1] Lucio Cabrera, La Suprema Corte de Justicia en el primer periodo del porfirismo (1877-1882), páginas 171-172.

[2] Ibidem, 174-176.

[3] Ibidem, 185.

[4] Ibidem, 207, 217.

[5] Ibidem, 209-210.

[6] Artículo 14: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.”

[7] Ibidem, 211.

[8] Ibidem, 217.

[9] Los artículos 2016 y 2,033 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí establecen que “la hipoteca no producirá efecto alguno legal sino desde la fecha en que fuere debidamente registrada”.

[10] Lucio Cabrera, La Suprema Corte de Justicia en el primer periodo del porfirismo (1877-1882), página 188.

[11] Ibidem, página 189.

[12] Héctor Fix-Zamudio, Ensayos sobre el derecho de amparo, página 424.

[13] Timothy James, El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato, página 268.

Bibliografía

Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, “Cuadernos de Trabajo: Ley de Amparo, Información Legislativa 2/2014”

Héctor Fix-Zamudio. “La Suprema Corte y el juicio de amparo” en Ensayos sobre el derecho de amparo. Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/911-ensayos-sobre-el-derecho-de-amparo

José Antonio Caballero Juárez. “La codificación y el federalismo judicial.” Disponible en: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/14/cnt/cnt2.pdf

Julio Bustillos. “El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (1869-2009).” Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3065/7.pdf

Lucio Cabrera. “El amparo por inexacta aplicación de la ley en negocios judiciales” en La Suprema Corte de Justicia en el primer periodo del porfirismo (1877-1882). Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/933-la-suprema-corte-de-justicia-en-el-primer-periodo-del-porfirismo-1877-1882

Timothy James. “El derecho constitucional y el juicio de amparo durante el porfiriato” en De Cádiz al Siglo XXI, Doscientos Años de Constitucionalismo en México e Hispanoamérica (1812-2012). Coordinadores: Adriana Luna-Fabritius, Pablo Mijangos y González y Rafael Rojas Gutiérrez.

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