El burkini y las batallas de la laicidad

Esta temporada, la moda más llamativa en la Riviera Francesa no fueron ni el topless ni el monokini. La atención se centró en el “burkini”, prenda de baño que cubre piernas, brazos y cabeza, inventada en Australia –paradójicamente para que las mujeres musulmanas pudiesen integrarse a la cultura australiana, tan cercana a las playas y el agua-.

No es baladí mencionar el contexto actual en Francia. Estas leyes se promulgaron mientras el Estado francés se encuentra en estado de emergencia, poco tiempo después de una serie de atentados, todos auto atribuidos por grupos islamistas radicales.

La recepción del burkini en Francia no fue positiva. Más de 30 ciudades francesas presentaron leyes para prohibir de forma genérica –esto es, sin aludir directamente al burkini- el uso en la playa de “prendas de vestir que cubrieran piernas, brazos y cabeza” por razones de higiene y orden público. Sin embargo, la implementación de la misma –que podemos constatar en la foto viral de dos policías obligando a una mujer musulmana a quitarse la prenda en plena playa- se centró en esta pieza y en otros accesorios generalmente identificados con la religión islámica.

Las leyes ya tienen una trayectoria jurisdiccional notable. Desde su emisión, la Liga de Derechos Humanos y el Colectivo contra la islamofobia en Francia presentaron acciones en su contra, alegando que éstas constituían una violación a la libertad de las mujeres para decidir su vestimenta, un atentado contra su libertad de consciencia y de religión. En primera instancia, la Corte de Niza –ciudad francesa donde apenas el 14 de julio pasado un camión atropelló intencionalmente a más de 80 personas– inclinó la balanza del lado de las leyes al considerar que las mismas eran “necesarias, apropiadas y proporcionales” para mantener el orden público en el contexto de emergencia en el que se encuentra el país y, en este sentido, que el uso del burkini “rompía la relación entre las autoridades y los individuos por motivos religiosos”, además de que la resistencia a la misma constituía un “desafío a los principios laicos de Francia”.

Más tarde, estos mismos colectivos, presentaron un recurso de revisión ante el máximo tribunal en Francia: el Conseil D´Etat, que venturosamente determinó que las leyes de Villeneuve-Loubet (que eran las sujetas a revisión), debían cesar su vigencia inmediatamente al ser consideradas ilegales y violatorias de derechos humanos.

De forma específica, el Consejo, integrado por tres jueces, señaló que la medida “constituía un golpe profundo y claramente ilegal a libertades fundamentales como la libertad de movimiento, la libertad de consciencia y la libertad de pensamiento”. Con esta sentencia, se dicta precedente para la inaplicación de este tipo de leyes en toda Francia.

Por desgracia, este caso no es más que el más reciente en la historia de Francia. La defensa de la tradición de la laicidad francesa –modelo de laicidad que establece no sólo la absoluta separación entre la iglesia y el Estado sino incluso la sujeción del fenómeno religioso a la esfera privada y a los designios del Estado- ha sido el pretexto perfecto para que, desde hace más de una década, impulsadas por los grupos más cercanos a la derecha, como el comandado por Marine le Pen, se han impuesto leyes que limitan el ejercicio de la libertad de religión (en especial de la religión islámica) y que, de paso, también le imponen, principalmente a la mujer, reglas sobre cómo debe vestirse.

En 2004, por ejemplo, la Ley conocida como “la ley sobre el uso del velo”, prohibió a todas las personas, hombres y mujeres, a portar de forma visible cualquier tipo de símbolo religioso en cualquier espacio público, escuela u oficina gubernamental.

Más adelante, en 2011, otra ley reafirmó el objetivo de la de 2004, al prohibir de forma específica el uso de la burka y el niqab –dos tipos de velo que cubren en su totalidad o casi la cara. Esta ley se sometió a revisión por la Corte Europea de Derechos Humanos, a partir de la denuncia de una chica que alegaba que esta ley violaba su libertad religiosa, sin embargo, la Corte avaló la medida.

Este fenómeno, otra vez, por desgracia, tampoco es exclusivo ni de los tiempos actuales, ni de la región francesa. El control sobre la vestimenta de la mujer, por motivos religiosos o morales, se encuentra presente a lo largo de la historia. La idea del recato y decencia como atributos del vestir de la mujer, que encontramos desde la biblia, hasta los libros de textos de la época de Francisco Franco en España, se mantiene vigente hasta nuestros días y se encuentra más difundido de lo que uno podría esperar.

De acuerdo con un estudio realizado por el Pew Research Center titulado Restrictions on women religious attire en 2012, entre 2012-2013, 50 de los 198 países y territorios analizados por la muestra emitieron por lo menos una ley, reglamento o política que regulaba la forma de vestir de la mujer en relación con la religión. La sorpresa -al menos para mi- es que el 78% de estos países (esto es, 39 de 50) tienen leyes que limitan la posibilidad de utilizar ciertas vestimentas vinculadas a su religión, mientras que sólo 11 tienen al menos una política que obligue a las mujeres a utilizar ciertas prendas. (El caso de Rusia es curioso, ya que tiene las dos, dependiendo de la región que se analice)[1].

Más allá de las prohibiciones específicas, que varían entre países y regiones, la cifra, y casos como el francés, evidencian una problemática compleja en relación con la libertad religiosa, especialmente de las mujeres y específicamente de las mujeres islámicas. Se trata, pues, de una doble discriminación. Por un lado, las leyes que prohíben la utilización de ciertas prendas de vestir se han asociado, especialmente en Europa, a las que utiliza esta minoría religiosa, por otro, que éstas prendas de vestir sean aquellas que portan las mujeres, las ha convertido en víctimas de mayores agresiones y exposición pública. Si bien ningún derecho puede ejercerse de forma absoluta, no sobra recordar que siempre que se trata de la limitación de un derecho fundamental, como puede ser la libertad religiosa, la libertad de conciencia o la defensa del principio de igualdad tanto entre hombres y mujeres como entre todas las personas, las medidas que se impongan tienen que ser proporcionales y necesarias. De tal manera que no contribuyan, en nombre del orden público, la seguridad o la defensa a ultranza de un principio, a la estigmatización y la exclusión de ciertos grupos de la convivencia en el espacio público y en la sociedad.

No hay que olvidar que el principio práctico de la laicidad es precisamente la tolerancia. Quien utiliza la laicidad como justificación para discriminar no merece decirse a sí mismo laico. A veces, la defensa de la laicidad pasa por imponerle límites a quienes la utilizan en vano.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Además de la medición de la existencia de regulación, el estudio también mide otro dato interesante: el acoso al que están expuestas las mujeres a partir de su apego a los códigos de vestimenta impuestos. La correlación es directa: si existe una ley donde se imponga una determinada forma de vestir, la mujer que no la siga será sometida a algún tipo de acoso por parte de la comunidad en la que vive. Este acoso va desde agresión verbal hasta violencia física.

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Un comentario en “El burkini y las batallas de la laicidad

  1. Esto es como lo que pasa en Afganistán, salvando las distancias obviamente, en donde en los años 60, 70 y 80 las mujeres vestían como en occidente, y tras la «liberación» del país por EE.UU. y la entrada de los talibanes al poder, las mujeres pasaron a vestir obligatoriamente burka.

    Saludos!

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