El carácter kafkiano de la prisión preventiva oficiosa en México (Parte II)

A continuación, se analizarán los distintos criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido en sus sentencias con motivo de la prisión preventiva oficiosa y la presunción de inocencia. El primero es el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador (1997) donde la Corte adoptó el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)[1] sobre el concepto de “plazo razonable”; el cual, debe atender a tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales[2]. En el cual, conforme al artículo 20 constitucional Apartado B[3], la prisión preventiva no podrá exceder de dos años. No obstante, surge la siguiente pregunta: ¿a qué atendieron los legisladores al establecer tal plazo? Para responderla, es necesario que la duración se ajuste a los estándares planteados por la CIDH o, en su defecto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie al respecto, pues, de lo contrario, existirán casos como el del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito que en 2017[4] afirmó la existencia de un régimen de excepción en el plazo de dos años (derivado del derecho de defensa) en los delitos de secuestro y delincuencia organizada. En consecuencia, la ambigüedad de esta resolución abre la oportunidad a cometer arbitrariedades por parte del juzgador en inobservancia de lo dispuesto por nuestra Constitución.[5]

En el mismo caso, contra el Estado de Ecuador, la CIDH realizó una interpretación del artículo 8.2 de la CADH[6] y resolvió que toda restricción a la libertad debe atender a la necesidad de asegurar la continuación de las investigaciones en el proceso y que no se eluda la acción de la justicia por parte del imputado, debido a que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Así mismo se hace referencia al artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[7], cuya transgresión supondría la anticipación de la pena antes de una sentencia; lo cual, lamentablemente, ha sucedido en México y se ha intensificado con la reforma de 2019[8]. En otras palabras, aunque dicho artículo establece que la prisión preventiva no debe ser regla general, nada impidió (ni impedirá) a nuestros legisladores ampliar el catálogo de delitos graves. Razón por lo que se hace caso omiso al compromiso del Estado mexicano, consagrado en el artículo 89 constitucional fracción X[9], sobre la promoción de los Derechos Humanos como principio de política exterior y, por el contrario, se intensifica el carácter punitivo de tal medida. Por último, la Corte Interamericana refiere que existirá responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de derechos y libertades contenidos en la CADH. Aunque, al estar este catálogo determinado en el artículo 19 constitucional, regresaríamos a la pugna (erróneamente resuelta por la SCJN) entre protección de Derechos Humanos y el principio de supremacía Constitucional.

En sentencias posteriores, la CIDH reitero los criterios establecidos en el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, por lo que nos limitaremos a analizar los que aportaron nuevos parámetros para el tratamiento de la prisión preventiva. En el Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay (2004), la Corte entabló la conexión entre el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa. En este sentido, considera al primero como elemento esencial para la realización del segundo[10] por lo que el derecho de defensa se violenta cuando se le atribuye la carga de la prueba a quien se le está imputando la comisión de un delito. De lo anterior, se infiere la inexistencia y condena a la inversión de la carga de la prueba como consecuencia de la imposición de prisión preventiva oficiosa.

En el Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú (2005)[11], la Corte dispone que la imposición de prisión preventiva debe ser de carácter excepcional al ser la medida más severa que pueda decretarse y que ésta se encuentra limitada al respeto a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad[12]. Por lo tanto, el hecho de contemplar el carácter oficioso en una medida en esencia cautelar y un catálogo de delitos que la ameritan, resulta incongruente a la luz del criterio anterior.

En el Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador (2005), la Corte realizó una interpretación del artículo 7.3 de la CADH[13] en el sentido de que está prohibida toda detención o encarcelamiento arbitrario que, aún fundado en causas o métodos legales, viole derechos fundamentales por ser irrazonable, imprevisible o falto de proporcionalidad.[14] De lo anterior, se deriva la siguiente interrogante: ¿contendrá previsión, razón o existirá proporcionalidad la imposición de prisión preventiva oficiosa? En consideración del autor de este escrito, la respuesta sería no porque sólo se atiende al tipo penal que el legislador (sin saber las razones y sin tener ningún límite) consideró como delito grave. Para reforzar el criterio anterior, en el Caso López Álvarez Vs. Honduras (2006), la CIDH estableció que para aplicar la prisión preventiva se requiere un juicio de proporcionalidad entre las medidas, los elementos de convicción y los hechos. De lo contrario, sería una medida arbitraria[15]. Lo cual sucede en el proceso penal mexicano cuando el agente del Ministerio Público ni siquiera necesita justificar ni solicitar la medida y, al contrario, se considera una burda obligación del juez de control.[16]

Por último, en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador (2007), la Corte (complementando lo ya establecido en el Caso Acosta Calderón) implementa los requisitos que toda ley que restrinja la libertad ambulatoria debe observar para que no sea considerada arbitraria: que la finalidad de las medidas no contravenga la CADH, que las medidas sean idóneas para cumplir con tal fin, que sean absolutamente indispensables y que no exista alternativa menos gravosa y que sean proporcionales (no exageradas ni desmedidas). En este orden de ideas, ante la falta de alguno de estos requisitos, la restricción será arbitraria y, por lo tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención.[17] De igual manera, la CoIDH afirma que la autoridad no debe detener para luego investigar.

Por lo ya antes mencionado, es indiscutible la arbitrariedad de la prisión preventiva de oficio por las siguientes razones: contraviene los artículos ya citados de la CADH y el artículo 9 y 14.2 del PIDCYP. Además, nada justifica su idoneidad ni su carácter indispensable, al existir medidas cautelares menos gravosas y al no exponerse ninguna razón que acredite la existencia de riesgos derivados de su inaplicación.

Diego Enrique Uribe Bustamante. Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] En el Caso Motta Vs. Italia 1991 y el Caso Ruíz Mateos Vs. España 1993.

[2] Ficha Técnica: Suárez Rosero Vs. Ecuador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=315.

[3] Artículo 20 Apartado B: “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.”

[4] El caso llegó a la Primera Sala por Contradicción de Tesis en 2019, resuelto bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña. En la CT 155/2019 se  decidió que no existía contradicción alguna y se justificó el criterio citado en el derecho de defensa del imputado.

[5] PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. Semanario Judicial de la Federación. Recuperado de: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2013/2013848.pdf.

[6] “Artículo 8 Garantías Judiciales

  1. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.

[7] “Artículo 9

3 La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

[8] Cabe señalar que hasta la fecha no se ha reformado el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para su armonización con la reforma.

[9] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[10] Ficha Técnica: Ricardo Canese Vs. Paraguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=218&lang=en.

[11] Es necesario señalar que en el mismo caso se declara violatorio al debido proceso y al derecho de ser juzgado por un juez natural  la figura de “jueces sin rostro” que actualmente se encuentra en boga en México.

[12] Ficha Técnica: García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=316.

[13] ” Artículo 7 Derecho a la Libertad Personal

  1. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”

[14] Ficha Técnica: Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=270.

[15] Ficha Técnica: Caso López Álvarez Vs. Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=322.

[16] Artículo 167 Párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales: “El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

[17] Ficha Técnica: Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=275

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