El COVID-19 frente al juicio de amparo

El 12 de marzo de 2020, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca concedió la suspensión de oficio y de plano contra los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto 290/2020. Se trata de una resolución que ha generado polémica y que, en medio de la pandemia por el COVID-19, ilustra la difícil relación entre Derecho y salud pública.

Con base en la resolución que concede la suspensión de oficio, en el juicio de amparo se reclama la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, falta de aplicación de medidas sanitarias, falta de adopción de medidas de contención, falta de emisión de medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio nacional, para el efecto de que las autoridades responsables otorguen las medidas necesarias, entre ellas, de contención, prevención y detección inmediata de las personas infectadas, a fin de evitar la propagación del virus COVID19 y preservar la vida de la parte quejosa.

En otras palabras, la parte quejosa se duele de la (supuesta) falta de una estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones del COVID-19, específicamente de la no detección inmediata de las personas infectadas.

Si bien la reforma constitucional en materia de amparo tuvo como uno de sus objetivos el fortalecer el rol protector de la suspensión y se estableció la obligación de los jueces de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, considero que en este caso no era procedente el decretar una suspensión de oficio.

Con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

En este asunto, considero que el Juez de Distrito estaba obligado a determinar si la parte quejosa se encontraba en alguno de los supuestos señalados en el numeral previamente mencionado, lo cual no aconteció.

De la lectura de la resolución, sale a relucir que el juzgador únicamente señaló que se decretaba a efecto de “preservar la vida de la parte quejosa”.

Así, se advierte que no se efectúo un análisis donde se señalara las razones por las cuales se creía que las alegadas omisiones importaran peligro de privación de la vida de la actora; en otras palabras, debió motivar su decisión y no enunciarla de manera meramente categórica.

De la lectura del fallo, no se advierte que la parte actora señalara razón alguna que la sitúe en una situación de especial riesgo ante el virus COVID-19 y, sobre todo, no se entiende el razonamiento que llevó al Juez de Distrito a determinar por qué las acciones que se han llevado a cabo por parte de las autoridades responsables son insuficientes.

Ahora bien, aunado a lo anterior, considero que nos encontramos ante un claro ejemplo de falta de interés en tanto que el interés con el que la parte actora acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de salud, en específico, de la detección oportuna, contención y no propagación del virus COVID-19, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para la parte quejosa, por lo que, no podría equipararse a la figura del interés legítimo.

En el mismo sentido, de la lectura de la resolución no se advierte que la parte quejosa manifestara que presentaba algún síntoma o padecimiento característico del COVID-19, y que de continuar las supuestas omisiones atribuidas a las autoridades responsables su vida estuviera en riesgo.

Finalmente, me permito señalar que dado que el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca desechó hace unos días una demanda similar a la que aquí se analiza, de aceptar competencia, será el competente de resolver el fondo de este juicio de amparo.

Melisa S. Ayala García. Abogada por el ITAM y Maestra en Derecho por Harvard Law School.

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