El derecho a la intimidad en la investigación penal

Esta es la segunda entrega de una serie de tres artículos que aborda distintas problemáticas del proceso penal acusatorio y oral

A diferencia de la Constitución mexicana, la Constitución española sí reconoce de manera expresa el derecho a la intimidad. Lo anterior, al tutelar en su artículo 18, la intimidad familiar y personal, el honor y la propia imagen. Además de amparar estos derechos, la citada Constitución también garantiza —en el mismo artículo, y como parte del derecho a la intimidad—, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Esta situación cobra especial relevancia, puesto que el –relativamente nuevo– Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) también tutela el ámbito privado al establecer en su artículo 15 que en “todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él”. En este sentido, resulta importante precisar los alcances del citado derecho y los requisitos para su limitación. Dichas cuestiones ya fueron analizadas de manera recurrente en el Tribunal Constitucional español (TC) bajo el mencionado artículo 18 de la Carta Magna española.

Intimidad personal y corporal

En la STC 37/1989, el TC estableció que la Constitución garantiza la intimidad personal, de la que forma parte la intimidad corporal. Esta garantía se encuentra establecida en un principio inmune frente a cualquier tipo de intervención que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de una persona –cuyo sentimiento de pudor queda así tutelado por el orden jurídico–, en tanto responda a criterios arraigados en las costumbres de la comunidad.

En la misma sentencia, también se precisó que “la intimidad personal puede llegar a ceder en ciertos casos y en cualquiera de sus diversas expresiones, ante exigencias públicas, pues no es éste un derecho de carácter absoluto […]”. Adicionalmente, ha establecido que no existirá vulneración al derecho a la intimidad cuando las medidas de investigación penal no recaigan sobre partes del cuerpo que no se consideren socialmente como privadas. A manera de ejemplo, ha precisado que la toma de aliento en la prueba de alcoholemia, por las partes del cuerpo que involucra, no puede considerarse como una técnica de investigación que vulnere el derecho a la intimidad. En pocas palabras, el TC ha establecido que sólo se afectará la intimidad personal y corporal cuando las partes físicas sobre las que recaiga la investigación criminal sean consideradas socialmente como íntimas. Este criterio limitativo y acotado del derecho a la intimidad ha generado controversia, toda vez que la doctrina ha señalado que cualquier injerencia sobre el cuerpo vulneraría tal privacidad, y no sólo cuando se afecten partes consideradas por la mayoría como íntimas.

La inviolabilidad del domicilio

En la STC 209/2007, el TC estableció que el domicilio inviolable es el

…espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella.

De manera similar, en la STC 10/2002 extendió la inviolabilidad del domicilio a las habitaciones de los hoteles, y en la STC 189/2004 incluyó a las estancias ubicadas en las residencias militares. Incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en  el caso Coster vs. Reino Unido, amplió el derecho a la inviolabilidad domiciliaria a las denominadas “caravanas”. Como todo derecho, la inviolabilidad del domicilio no es absoluta. El propio TC ha establecido –acorde a lo dispuesto en el artículo 18.2 constitucional– que en caso de flagrancia cumpliéndose los requisitos de inmediatez personal, temporal y necesidad urgente de intervención, se podrá ingresar a un domicilio particular (SSTC 341/1993 y 22/2003).

El secreto de las comunicaciones

En la STC 142/2012, el TC precisó que

…el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) consagra la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la interceptación en sentido estricto –aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o captación del proceso de comunicación– como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado –apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo–.

Además, puso de relieve que el secreto de las comunicaciones ampara no sólo el contenido de éstas, sino también otros aspectos de las mismas como la identidad de los interlocutores. A partir de ello, este derecho se afecta tanto por la entrega de los listados de llamadas por parte de las compañías telefónicas, como también por el acceso al registro de las llamadas entrantes y salientes almacenadas en un teléfono móvil (STC 230/2007).

Asimismo, el TC ha precisado, por ejemplo, que la apertura de una agenda y la lectura de los papeles que se encontraban en ella afectan el derecho a la intimidad (STC 70/2002). Incluso, ha puesto de relieve que, a pesar de las variadas funciones de recopilación y almacenamiento de datos como de comunicación con terceros a través de Internet que posee una computadora personal, el acceso a su contenido podrá afectar ya sea al derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE) o bien el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), en función de si lo que resulta revelado a terceros son datos personales o datos relativos a la comunicación (STC 173/2011).

Ahora bien, el derecho a la intimidad admite restricciones. En este sentido, en la STC 207/1996, el TC estableció los requisitos para que éstas sean acordes con un Estado de derecho. Así, ha precisado que dichas restricciones deben tener un fin constitucionalmente legítimo. Además, es necesario que respeten el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, exista una motivación de dicha resolución y sean adoptadas mediante resolución jurisdiccional.

Respecto a cada requisito establecido por el TC, el fin constitucionalmente legítimo es la actuación del ius puniendi que justificaría la afectación del derecho a la intimidad. De este modo, al hablar de la intimidad corporal cabe señalar “el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal son, desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de una intervención corporal […]”. En cuanto al principio de legalidad, el TC señaló que es necesaria la previsión legal específica para las medidas que entrañen una afectación al derecho a la intimidad. A manera de ejemplo, la STC 37/1989 establece que

…en el supuesto de las exploraciones ginecológicas a los fines de un procedimiento penal, y en relación entonces con el derecho a la intimidad corporal, dijimos que la limitación de dicho derecho sólo podría producirse ‘con fundamento en una inexcusable previsión legislativa’.

Al referirse a la jurisdiccionalidad, el TC precisó que existe un “monopolio jurisdiccional” para afectar el derecho a la intimidad. Sin embargo, puso de relieve que no se puede descartar la posibilidad de que, en determinados casos, tal afectación podría darse sin la orden judicial respectiva. Con relación a la motivación de la resolución jurisdiccional, señaló que la

…exigencia de motivación aquí es ante todo un requisito formal de la regla de proporcionalidad, según el cual en las resoluciones limitativas de los derechos fundamentales debe el órgano jurisdiccional plasmar el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se evidencie la necesidad de la adopción de la medida […].

Por último, al abordar el principio de proporcionalidad, y haciendo referencia a las intervenciones corporales, subrayó que

Así pues, para que una intervención corporal en la persona del imputado en contra de su voluntad satisfaga las exigencias del principio de proporcionalidad será preciso: a) que sea idónea (apta, adecuada) para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido con ella (art. 18 C.E.D.H.), esto es, que sirva objetivamente para determinar los hechos que constituyen el objeto del proceso penal; b) que sea necesaria o imprescindible para ello, esto es, que no existan otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de los derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad, o con un menor grado de sacrificio, sean igualmente aptas para conseguir dicho fin; y c) que, aun [sic] siendo idónea y necesaria, el sacrificio que imponga de tales derechos no resulte desmedido en comparación con la gravedad de los hechos y de las sospechas existentes.

Como vemos, el TC ha emitido diversos criterios relacionados con la investigación penal y el derecho a la intimidad. Aplicando esto al caso mexicano, hay que precisar que si bien como lo señaló el presidente de la Suprema Corte, “[n]o es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país”. Aunque es cierto que este poder sí es responsable de emitir criterios que vayan consolidando el proceso penal acusatorio y oral en México. Los criterios requieren claridad y rapidez, no como lo que sucedió con la contradicción de tesis 87/2016, misma que especificó los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, cuyo engrose se publicó meses después de haberse resuelto.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Abogado, estudiante de la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE. Twitter: @_hector_hidalgo

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