El derecho de acceso a información y la libertad de expresión a la luz de la Ley de Comunicación Social

La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos que aun siendo autónomos y contando con mecanismos específicos para su defensa, pueden ir concatenados en el sentido de que mermar uno implica atentar contra otro o incluso podría llegar a presentarse un escenario en que ambos deben ponderarse de modo que se privilegie uno sobre el otro.

Independientemente de sus características especiales, ambos derechos están íntimamente ligados  ya que es a través de la libertad de expresión que se ejerce óptimamente el acceso a la información, como también el primero carecería de sentido –o no tendría de qué nutrirse- si no se ejerciera  adecuadamente el segundo.

Podríamos distinguir el fin de cada uno de estos derechos partiendo de la premisa  que el acceso a la información comprende la facultad de los gobernados para solicitar ciertos datos de interés público a las entidades gubernamentales y la obligación de éstas por facilitar tales documentos cuando no exista motivo legal para restringirlos, así como tener al alcance los medios idóneos para mantenerse debidamente informado de acontecimientos de relevancia e interés general presumiendo a la vez su veracidad. Por su parte, la libertad de expresión protege más bien la manifestación de ideas o pensamientos que en varias ocasiones alude a cuestiones de carácter noticioso o que van relacionados con situaciones de matices políticos y de ahí su íntima relación con el derecho al  acceso a la información, puesto que un periodista al momento de estar dando a conocer un hecho tiene la libertad de manifestar su postura o ideología en relación a la noticia.

Por lo tanto, entendiendo que la ciudadanía tiene derecho a  estar debidamente informada tanto como el medio tiene el derecho de expresar una postura y escoger su línea editorial al momento de comunicar información de carácter noticioso, entonces, ¿en qué momento nace un  límite hacia la libertad de expresión de la fuente noticiosa para así proteger el acceso a la información de la ciudadanía?

Independientemente de la postura del medio de comunicación en cuestión, es bien sabido que a la hora de ejercer el periodismo es complicado que el emisor de la noticia deje de expresar ideas o sentimientos dotándola de algún elemento valorativo que termina por formar una opinión,  por lo que la información no siempre se esparce de manera objetiva o neutral. Eso no es necesariamente negativo pues es lo que le da sentido a la actividad periodística, sin embargo, en una era en la que se puede desinformar a la sociedad al alcance de un click, es necesario tener cuidado y distinguir esa delgada línea que divide una opinión (lo que  incluso  queda amparado por la propia libertad de expresión) de una estrategia para deformar la verdad y generar confusión.

Es más fácil concebir el acceso a la información como el límite infranqueable a la libertad de expresión que a la inversa –al menos refiriéndonos a medios informativos, en particulares la situación es distinta- pues aunque el margen de protección a la libre manifestación de ideas es bastante flexible conforme a lo establecido en el artículo 7° constitucional, se entiende que hay un límite hacia el ejercicio de tal facultad como puede ser el derecho a la privacidad, honor o la atribución de información falsa presentada como cierta que menoscaba el derecho a la sociedad de estar bien informada.

En el entendido que la opinión es inviolable y, por lo tanto,  no es sancionable, es absurdo que se castigue a algún columnista por lo publicado en alguna editorial o artículo de opinión ya que en esos casos particulares, se sobreentiende que el autor está vertiendo su pensar a la hora de abordar un tema. No obstante, cuando se trata de noticias o difundir información pura y dura, es razonable pensar que aunque el medio o el periodista puedan seguir manteniendo su línea, debe procurar que lo que se informe sea cierto y no caer en ejercicios que fomenten la desinformación. En otras palabras: en un texto como editorial, columna o artículo de opinión cuyo objetivo principal es dejar entrever una ideología, el autor no debería de tener ningún límite respecto a la manera en que expresa sus ideas. Pero en lo que corresponde a géneros periodísticos como la noticia o el reportaje, sí debe haber un límite razonable a la manera en que el autor expresa el acontecer de los hechos porque son géneros que sí tienen una incidencia con el derecho de acceso a la información y, aunque  su opinión no quede del todo fuera, sí debe diferenciar entre aquello que es su opinión y lo que refiere a los hechos que acontecieron realmente –y respecto los cuales se debe seguir un mínimo ejercicio de verificación-.

Lo anterior es relevante porque estamos entrando en que si bien los medios digitales sirven para desmentir lo que medios más tradicionales dan por hecho a modo que haya una oferta informativa mucho más variada, estos nuevos medios también representan una vía idónea para desinformar dado su extendido alcance y lo fácil que es compartir información falsa por las diversas plaformas de Internet.

En este contexto, la recién aprobada Ley de Comunicación Social si bien sea crea con el fin de regular publicidad oficial, en realidad termina por legalizar un régimen de censura indirecta que le da herramientas a la  autoridad para favorecer el discurso gubernamental. Es decir, se trata de un mecanismo de censura sutil que puede lograr el efecto deseado ya que no silencian ciertos discursos, pero favorecen e incentivan otros. En efecto, esta legislación implica que aquellos medios que necesiten del presupuesto que representa la inclusión de dicha publicidad en sus espacios, se inhiban al momento de crear contenidos contrarios a la línea editorial oficial gubernamental, pues incluso le otorga a la autoridad cierta discrecionalidad para decidir a qué medios facilitarle esos recursos  y cuáles no, lo que incluso podría desembocar en un escenario de discriminación hacia ciertas posturas.

Lo anterior se ilustra mejor si comprendemos que  estamos en un contexto en que algunos medios están en crisis por falta de recursos y para seguir subsistiendo a veces necesitan recurrir a esa publicad oficial para mantenerse a flote, la cuestión es que a partir de la reglamentación que propone dicha ley, se puede prever que aquellos medios que mantenga una línea un tanto anti institucional o contraria a los intereses del gobierno terminarán dejando de existir por falta de presupuesto o tendrán que verse inhibidos en sus contenidos en caso de aspirar a verse apoyados por dicha publicidad. Mientras que aquellos que mantengan una postura pro-gobierno se podrán ver favorecidos, ya que lo más grave en cuestión es que el ente encargado de regular  la materia de esta ley será la Secretaria de Gobernación, la cual claramente no es un sujeto neutral ya que es  difícil que mantenga una postura imparcial, lo que además establece un desbalance en la relación gobierno-medios de comunicación.

Esto representa un perjuicio en contra de la sociedad ya que centraliza el control del gasto de la publicidad oficial, cuya ejecución será además supervisada por un ente gubernamental con un palpable conflicto de interés de por medio. Por lo tanto, dicha ley se vuelve un mecanismo peligroso para la libertad de expresión de los medios, ya que sin prohibir o castigar justamente ciertas expresiones, robustece aquellos contenidos  que sigan determinada línea actuando en contra del espíritu del artículo 6° constitucional que pretende  exista una pluralidad de ofertas informativas y de opiniones en el ejercicio periodístico.

Es aquí cuando vemos cómo ambos derechos quedan concatenados porque además de que la ley trae aparejado un considerable efecto silenciador, también debemos tomar en cuenta que las últimas administraciones gubernamentales han utilizado la publicidad oficial principalmente para promocionarse y no necesariamente para difundir información de relevancia  para la sociedad. Lo peor es que realmente no hay un mandato o prohibición expresa que el contenido de esa publicidad sea certero, lo cual sesga el acceso a la información del ciudadano además que obliga a que ciertos medios reproduzcan esta información sin que sea de justificada importancia privilegiándola sobre otros contenidos que sí podrían ser  de trascendencia en el contexto político.

George Orwell definió alguna vez la libertad de expresión como “el derecho a decir lo que los demás no quieren escuchar” y es justamente la voz de los medios de comunicación los que fomentan un ejercicio democrático que conlleva a la inclusión de la ciudadanía en la vida pública. Es, por ello, que es necesario replantear el papel que deben ejercer en la era digital de modo que en vez de atentar contra uno de los derechos más valiosos para la ciudadanía, procuren fortalecerlo en su actuar cotidiano.

Víctor López Velarde Santibánez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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