El impacto del lenguaje de las sentencias en los derechos de acceso a la justicia y transparencia judicial

Como bien se ha analizado desde la academia y la función judicial, a partir de la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el expediente Varios 912/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vivimos “uno de los cambios constitucionales más importantes de la historia nacional en los más de doscientos años de nuestra vida independiente en materia de derechos humanos” (Cossío, 2017: 32). Desde un aspecto general, se maximizó la protección de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, y ello está transformando profundamente a distintas instituciones (en este caso de impartición de justicia), así como todo aquello involucrado en la praxis judicial. Se incorporó un bloque constitucionalidad, un control de convencionalidad y el principio pro persona, como puntos torales de esta nueva época judicial. Ello abrió la puerta a mirar los derechos humanos, no solo desde el actuar jurídico, sino desde las políticas públicas y el producto legislativo. En tiempos actuales, dos derechos son fundamentales en la tutela judicial: la transparencia y el acceso a la justicia. Dichos derechos están garantizados desde un nivel constitucional en los artículos 6to y 17o y en el plano internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1], en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2] y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], entre otros.

Desde un aspecto axiológico y a modo de panorama general, “en los últimos años se ha desarrollado una nueva concepción de, y para, el derecho de los Estados constitucionales. Entre algunos rasgos de esta concepción destacan:

  1. El reconocimiento de la importancia de principios- además de las reglas- como un componente esencial del orden jurídico;
  2. La incorporación de un modelo constitucionalista garantista, lo que implica, entre otras consecuencias, concebir la validez jurídica en términos sustantivos y no simplemente formales;
  3. Una nueva idea de sujeción a la ‘ley válida’, es decir, conforme con la Constitución;
  4. La atención creciente en la argumentación jurídica, es decir, la necesidad de que los fallos judiciales estén fundados en razones, ‘como característica esencial de una sociedad democrática en la que es el poder el que se somete a la razón, y no la razón al poder’” (Orozco Henríquez, 2005)

Desde mediados de los años ochenta, uno de los filósofos del derecho más importantes, Ronald Dworkin, escribió acerca de los principios esenciales en las sentencias e interpretaciones de los jueces en un sistema de justicia, y describió que el positivismo estricto “nos hace ver el derecho de una manera inflexible” (1986: 83), y que, por consiguiente, se limita el lenguaje. Una tesis importante planteada por el autor es que los jueces al momento de dictar una sentencia deben tener en cuenta el contexto actual para poder hacer una determinación, ya que adaptar el lenguaje y el derecho a nuestra época, ayuda a poder desarrollar una mejor argumentación. Como podemos apreciar, una sentencia y su redacción, son relevantes desde un sentido pedagógico para aquella persona a quien está dirigida, y de igual manera, para llevar a cabo una expresión jurídica respecto a un caso concreto. Desde el aspecto filosófico-jurídico y términos más simples: la forma es el fondo. Esta idea que pueda resultarnos innovadora viene de un término recientemente explorado que es el lenguaje ciudadano de las sentencias. El término deviene desde un enfoque de comunicación efectiva de todo lo judicial, ya que entiende la impartición de justicia no solo como un análisis jurídico del caso concreto o el hecho, sino también que las partes o involucrados puedan tener una compresión de lo dictado por el juez o jueza.

El utilizar un lenguaje ciudadano en las sentencias es parte de los modelos de gobierno abierto, para que la sociedad en general pueda entablar un mayor vínculo con los órganos públicos, y el trabajo que se realiza dentro de dichas instituciones pueda contar con una mayor legitimidad y efectividad. En el modelo de tribunal abierto convergen dos principios:

Transparencia: Puede hablar de transparencia en el actual de la judicatura, si las   resoluciones emitidas están en lenguaje poco claro y rebuscado que impida a sus lectores su entendimiento.

Rendición de cuentas: a efecto de que la sociedad pueda saber si estamos impartiendo justicia realmente, si nuestras decisiones están correctamente fundadas y motivadas, es necesario que la población pueda entenderlas. (Silva, 2016: 15)

Se puede apreciar de lo anterior, que el incorporar términos coloquiales en sus sentencias está transformando y añadiéndose como una responsabilidad jurisdiccional, como parte de los esfuerzos de “ciudadanizar” el Poder Judicial, reduciendo la brecha entre la sociedad y la impartición de justicia. Este tema ha llegado a debates internacionales para modificar la manera de redacción de las determinaciones, incluso desde una perspectiva de ética, el Código Iberoamericano de Ética Judicial en su artículo 27 establece que “las motivaciones deben estar expresadas con un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa compresión de las razones expuestas”. De dicho código podemos intuir, que el lenguaje ciudadano de las sentencias se está convirtiendo en un esfuerzo internacional, ya que no es un fenómeno exclusivo de la justicia mexicana, sin embargo, es urgente que transitemos a estos nuevos modelos. Las características esenciales que deben poseer las sentencias ciudadanas son: “lenguaje claro, argumentación, estructura y extensión” (Silva, 2016). Si se llega a consolidar esta forma de comunicación jurídica, se impacta en la transparencia del TEPJF, es decir, si llega a ser información difundida en un lenguaje sencillo, genera que sea “accesible y útil para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la participación ciudadana” (EQUIS, 2017: 16). También se puede ver el tema desde una perspectiva de igualdad de condiciones, ya que si las sentencias continúan con un formato técnico y estricto, reduce el entendimiento a solo aquellas personas que posean los conocimientos jurídicos, generando una desigualdad constante, no permitiendo así un acceso total a la justicia, e incumpliendo con obligaciones en materia de transparencia, puesto que los artículos 10, 13 y 54 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estipulan igualdad de condiciones, lenguaje sencillo, acordes a su contexto sociocultural, todo ello para privilegiar los derechos humanos en la información que genera el Tribunal con sus sentencias.  Las sentencias ciudadanas han ido incorporándose de manera paulatina al actuar judicial, e incluso podemos ubicar a un Tribunal Colegiado que emitió un criterio para emitir sentencia con lenguaje sin tecnicismos, ampliando un entendimiento de transparencia y acceso a la justicia, ya que, fundamentaron que las sentencias deben ser entendidas por todos los ciudadanos y “no solo por los expertos y operadores del derecho” (OTCCCAPR,112/2016). Los mecanismos jurisdiccionales a través de un lenguaje digerible y simple facilitan el ejercicio de la defensa. Por ello, la SCJN estableció que el Estado debe garantizar el derecho humano de acceso a la justicia desde diversas dimensiones, entre ellas la comunicacional (Tesis 1a. CCXVI/2018).

En el caso que resuelve la Corte, se ven involucradas personas con discapacidad, y desde un sentido garante, se estableció que el lenguaje de las sentencias es parte importante para que el justiciable sea involucrado totalmente en el proceso, debido a que, si la persona a la cual va dirigida no logra comprender del todo el sentido o la argumentación, no se logra el objetivo principal, con el cual el ciudadano que recurrió a la protección y salvaguarda de sus derechos. En dicha tesis se ejemplifica la importancia de las sentencias ciudadanas, no solo desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas como argumenté con anterioridad, sino desde un foco de derechos humanos. Cuando  una persona solicite la tutela judicial de un asunto, en donde alguno de los sujetos o todos los involucrados no tengan los conocimientos técnicos para comprender la totalidad de una sentencia rígida, vulnerando de esta manera sus derechos, ya que “resulta indispensable en un Estado Democrático de Derecho la plena comprensión de los derechos y obligaciones, garantiza por un lado, certeza a los destinatarios de las normas, y por otro, fortalece la difusión y la mejor compresión de los derechos humanos” (TSJDF, 2012: 9)

Las tecnologías y las redes sociales están modificando la forma de comunicarse en esta sociedad del siglo XXI, y nuestras autoridades de justicia en el país deben transitar a diversos instrumentos y mecanismos para generar una mayor confianza y certeza en el ejercicio de impartición de justicia. Desde este nuevo panorama que privilegia los derechos humanos en todos los aspectos del accionar público, el actuar jurisdiccional no escapa o es ajeno de ello. Actualmente existen modelos y formas de expedir justicia que deben adecuarse a un contexto social accesible, tomando los derechos de transparencia y acceso a la justicia como ejes centrales. Una sociedad moderna necesita instituciones que puedan estar a la par de la ciudadanía, ya que en nuestro panorama nacional y global existe una tendencia de disminuir la brecha entre los apartados estatales a la sociedad. La justicia debe ser pronta, expedita y accesible para cualquier persona, puesto que nos encontramos en vías de un modelo de justicia abierta que privilegia una tutela judicial efectiva, sin embargo, aún existen retos y ventanas de oportunidad para ejercitar el lenguaje ciudadano.

 

BIBLIOGRAFÍA

González Casanova, Pablo. 1965. La Democracia en México. México: Ediciones Era.

Cossío, José Ramón. 2017. Derechos Humanos, Apuntes y Reflexiones. México. El Colegio Nacional.

Código Iberoamericano de Ética Judicial. 2014. Chile: Comisión Iberoamericana Judicial.

Dworkin, Ronald. 1986. Law`s Empire. EEUU. Harvard University Press.

EQUIS Justicia para las mujeres. Transparencia en la publicación de sentencias, ¿retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? 2017. México. EQUIS Justicia para las mujeres

IDEA. Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2011. Justicia Electoral: Una introducción al manual de IDEA Internacional. Suecia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

LGTAIP. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2015. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Orozco Henríquez, Jesús. 2005. “Justicia Constitucional Electoral y Garantismo Jurídico”. Cuestiones Constitucionales 13 (julio-diciembre): 152-203.

Silva Rojas, María Guadalupe.  2016. “Sentencias ciudadanas, una herramienta para garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de tribunales abiertos”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. (septiembre): 13-19.

Tesis Aislada, Amparo en Revisión 112/2016. Sentencias de Amparo. Los juzgadores deben buscar, en la medida de lo posible, motivar sus resoluciones de manera clara y concreta. Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Disponible en:  https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012294&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 (consultada el 13 de octubre de 2019)

Tesis Aislada, Amparo en Revisión 3788/2017. Derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. El Estado debe garantizarlo en sus dimensiones jurídica, física y comunicacional. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I.

 

René Ramírez Benítez. Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Marista de Mérida y estudiante de la Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Campus Mérida. Asesor en temas jurídicos.

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[1] En dicha Declaración, podemos encontrar el derecho de acceso a la justicia en el artículo 9o.

[2] En el Pacto, se puede concebir las garantías mínimas y el acceso a una justicia en su artículo 14.

[3] Podemos vislumbrar en el artículo 13 de la Convención, la protección del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, como profundizó al respecto la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 2003. Volumen III. Capítulo IV, donde estableció que los Estados que reconozcan dicho artículo de la Convención “se guion por los principios de transparencia, máxima divulgación, publicidad y participación ciudadana a través de sistemas de control efectivo”.

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