El nuevo modelo de responsabilidad penal de las empresas

La reforma del sistema penal trajo consigo la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), el cual fue publicado el pasado 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Este código procesal único, dentro de los artículos 421 al 425, contemplan la oportunidad de investigar y procesar penalmente a una empresa.

Una de las razones y motivos principales para justificar la implementación de esta nueva forma de responsabilidad penal destinada a las personas jurídicas, parte de la tutela que pretende proteger el Estado a través de su política criminal para prevenir y sancionar los malos actos económicos o financieros de las empresas. Esto se debe a que, como como bien sabemos, muchas veces el modus operandi de las empresas suelen ser actos con el fin de obtener un beneficio para ellas mismas. Los cuales constituyen delitos como fraudes, actos de corrupción con funcionarios públicos para obtener algún permiso, licencia o cualquier otro documento para el funcionamiento de la sociedad, evasiones de impuestos u otros delitos de carácter fiscal, el famosísimo y controversial lavado de dinero e incluso delitos contra el medio ambiente.

La pregunta que probablemente el lector se esté haciendo en este momento es: ¿Cómo se puede investigar, procesar y declarar penalmente responsable a una empresa? Para responder a este interrogante debemos saber, en primer lugar, que existen opiniones que se niegan a la posibilidad de investigar y procesar a una persona moral con base en un principio jurídico denominado societas delinquere non potest (las sociedades no delinquen), el cual la mayoría de los marcos jurídicos de distintos países lo contienen.

Ahora bien, analizando el artículo 421 del CNPP, se puede concluir que una empresa puede declararse penalmente responsable cuando un miembro y representante de la persona moral cometa un delito, utilizando los medios de la sociedad, actuando en nombre de ésta y si el delito se comete para obtener un beneficio para la empresa. En este sentido, la acción penal por parte del Ministerio Público va a realizarse hacia la empresa conjuntamente con una persona física –es decir, investigar y procesar penalmente a un trabajador, representante, administrador o socio de la misma persona moral.

Estamos, entonces, ante un nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas morales denominado “modelo de transferencia”. El cual consiste en que una persona física comete el delito dentro de los fines de la empresa y con el objetivo de beneficiarla, teniendo como consecuencia una transferencia de responsabilidad penal a la empresa.[1]

Existe también otro modelo de imputación denominado “teoría de la identificación”, que consiste en que el delito es cometido por un alto miembro de la sociedad, es decir, un socio, accionista, administrador o representante legal. Este modelo se refiere a la autorización, consentimiento o tolerancia por parte del superior de la empresa al momento de la comisión del delito, incluso en sus deficiencias para vigilar y controlar el actuar de sus empleados o de otros miembros superiores de la empresa.[2] La responsabilidad penal de las personas jurídicas trae ahora la obligación de que los altos miembros se asesoren e introduzcan dentro del seno de sus empresas los “programas de cumplimiento” (compliance programs). Estos programas de cumplimiento se refieren a que las empresas deben establecer protocolos y entrenamiento entre sus empleados y los altos miembros y así ejercer un debido control dentro de su organización para establecer medidas idóneas de prevención, identificación y descubrimiento de delitos dentro de la sociedad, esto con el fin de poder excluir la responsabilidad penal[3].

Ahora bien, otra pregunta clave sobre este tema es la siguiente: ¿Qué tipo de penas o sanciones se le imponen penalmente a una empresa? Si bien suena extraño e imposible meter a una empresa a una celda como pena corporal, cabe recalcar que una de las penas establecidas en el CNPP es una multa. Sin embargo, no es una “simple multa” de carácter administrativo, esta sanción podría deteriorar el status, la imagen y la seriedad de la sociedad para futuras negociaciones con otras empresas nacionales o trasnacionales[4] e incluso no podría licitar u obtener permisos o concesiones para su crecimiento con el gobierno, por este antecedente penal que mancha gravemente a la persona moral.

La sanción más grave que se le puede imponer a la empresa, es la pena de muerte. Sí, evidentemente no va a ser a través de una inyección letal o la silla eléctrica. La pena de muerte se refiere a su disolución total. Lo agraviante de esta pena es que afectaría la estabilidad laboral de sus empleados llevándolos al desempleo y, por ende, a perjudicar al desarrollo de sus familiares.

Esta novedosa figura ya es una realidad en nuestro país. Por todo lo anterior, los empresarios deben conocer y saber manejar sistemas de identificación y prevención del delito a través de los programas de cumplimiento para evitar que a su empresa se le declare penalmente responsable, y los abogados debemos tener las herramientas necesarias para defender a aquellas que lleguen a ser imputadas.

Oscar Leonardo Ríos García. Egresado de la licenciatura en derecho en la Universidad Marista de Mérida.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Coaña Be, Luis David, La responsabilidad penal de las empresas: México, Manuales del Centro Carbonell, 2016, pág. 50-51.

[2] Ídem.

[3] Ontiveros Alonso, Miguel, ¿Para qué sirve el compliance en materia penal? (A propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales). http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/14.pdf

[4] Pérez Flores, José Christian, [Sistema Acusatorio Mexicano], (15,09,2016), “Empresas y Derechos Humanos, Responsabilidad Penal Constitucional de las Empresas”, https://www.youtube.com/watch?v=fe56sfkSAYQ

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Un comentario en “El nuevo modelo de responsabilidad penal de las empresas

  1. Buenas tardes Licenciado Ríos Garcia, muy buena tu investigación al respecto del articulo 421 del CNPP estoy de acuerdo en que lleguen empresas de países desarrollados a cometer fraudes a países sub desarrollados, y traten de obtener grandes beneficios económicos, pues ahí que son delitos DOLOSOS en la cual si se reformo el CÓDIGO PENAL FEDERAL en su articulo 11 BIS, pero en varios entidades Federativas no han propuestos los diputados, como en es el caso el Código Penal de Sinaloa. Lo anterior Licenciado investigo el suscrito si a una persona Jurídica podría imputarle delito HOMICIDIO CULPOSO, el Ministerio Publico resolvió el NO Ejercicio de la Acción Penal en razón que no hay un CATALOGO DE DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL DE SINALOA, se fue al amparo LA VICTIMA (ESPOSO) 408/2018 juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa, gana el amparo diciendo que tiene que pagar el imputado por el delito, me voy al recurso de revisión, y el tribunal colegiado décimo segundo circuito en materia penal confirma .A.R. 593/2018
    Yo al respecto licenciado Ríos Garcia, creo que les falto leer este articulo en comento los juzgadores federales. no asimilan la interpretación y suplen las deficiencias del acto reclamado del quejo en razón que el articulo 20 Constitucional Federal, así como las convenciones internacionales, se le tiene tiene que reparar el daño sufrido.
    Bueno y donde queda el sujeto Activo que cometió el Hecho, si anda prófugo de la justicia, el Ministerio Publico califico HOMICIDIO CULPOSOS, Y ADEMAS LA VICTIMA (ESPOSO) INTERPUSO DEMANDA CIVIL DE RESPONSABILIDAD, SE ENCUENTRA EN TRAMITE Y AHÍ SI LE DOY LA RAZÓN QUE LES PUEDA PROSPERAR.

    AL RESPECTO LICENCIADO RÍOS GARCIA, LE PEDIRÍA UNA SUGERENCIA AL RESPECTO PUES REVOCARON EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE LA PERSONA JURÍDICA, Y ESTOY A LA ESPERA DE QUE CONTINÚEN CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

    ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES .

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