El nuevo papel del derecho internacional en el quehacer jurídico mexicano

Mucho se ha discutido sobre el cambio de paradigma que significó la reforma acontecida en 2011 al artículo 1º constitucional, el cual estableció las bases de un nuevo escenario en que el derecho privilegiaría en mayor medida la protección a los derechos humanos en nuestra legislación. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre el nuevo protagonismo que ha adquirido el derecho internacional dentro del derecho mexicano a partir de este nuevo modelo de justicia.

El cambio de la palabra otorgar a reconocer revolucionó en gran medida el modo en que se estructuraría el quehacer de la justicia mexicana así como la configuración del papel de abogados o jueces en este nuevo panorama. El efecto de cambiar una “simple” palabra significó una gran diferencia en la intención del legislador que alberga la redacción de nuestra norma constitucional.

Previo a la reforma, la Constitución en el artículo 1º rezaba que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución…”; una redacción que daba entender que era el Estado quien concedía aquellos derechos que en realidad son inherentes a cualquier ser humano por el simple hecho de existir.

Posterior a la reforma de 2011, el texto constitucional enuncia que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”. De entrada, se hace evidente el cambio del término garantías por el de derechos humanos, la palabra individuo se sustituye por personas y con la palabra reconocer se determina que el Estado está aceptando que los derechos fundamentales le pertenecen a cualquier persona, sin que éste tenga la facultad de otorgarlos o negarlos.

Aunque es oportuno hacer énfasis en la importancia que han adquirido los derechos humanos a partir de este cambio, es relevante hacer un análisis sobre el papel que juega ahora el derecho internacional como una indispensable herramienta de nuestra legislación a partir de que se  incorpora en reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales, así como el hecho de que se  indica que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de acuerdo a lo que establece la  Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Es importante aclarar que el derecho internacional no es una herramienta nueva, que apenas se esté insertando en el ejercicio del derecho mexicano, pero dicha disciplina ha adquirido hoy en día una dimensión mayor de la que no gozaba hace algunos años. La República mexicana como miembro activo dentro de la comunidad internacional ha celebrado tratados de distinta índole con una gran cantidad de países, por lo que México repercute en responsabilidad internacional cuando viola alguno de esos acuerdos teniendo que rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Asimismo, hay que mencionar que gran parte de la esencia del derecho internacional consiste en regular las relaciones diplomáticas entre los Estados, así como cuestiones de territorio y acuerdos de economía o comercio. En sus orígenes, únicamente se contemplaba a los Estados como sujetos del derecho; sin embargo, con el tiempo se ha llegado a la conclusión que los individuos que habitan estos espacios son sujetos pasivos del derecho internacional público.

A pesar de la presencia del derecho internacional desde la configuración de la legislación mexicana, esta rama del derecho nunca había tenido la importancia que tiene hoy en día. Esto porque en primer lugar, la Constitución ahora obliga a abogados a no sólo utilizar las normas mexicanas al momento de llevar un caso, sino a también conocer los tratados y normas de índole internacional en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, a partir de 2011 se apela al derecho internacional con el fin de ampliar la protección a las personas puesto que las normas relativas a derechos humanos no sólo se interpretarán conforme a lo que indican las leyes mexicanas, sino también sujeto a lo que establezcan los tratados internacionales de que México sea parte, teniendo éstos la misma jerarquía que las leyes mexicanas salvo cuando se contrapongan con una norma constitucional (que en caso de ser así, se tomará en cuenta lo que indica la Constitución mexicana).

Cobra mucho sentido lo anteriormente expuesto si traemos a colación el principio pro personae  que se encuentra garantizado en el mismo artículo 1º de la Constitución, el cual consiste en brindar la protección  más amplia al individuo en cuestión. Por ende, si un tratado internacional protege en mayor medida a la persona que la ley mexicana, se deberá aplicar lo que contempla el tratado salvo en el caso de que se contraponga a la Constitución (de ahí la polémica del arraigo que sigue siendo válido a pesar de que los tratados internacionales no lo avalen).

Las herramientas internacionales se vuelven entonces derecho nacional vigente de origen extranjero a partir del control de convencionalidad, procedimiento indispensable para controlar que las normas procedentes de derecho internacional no se contrapongan a la Constitución antes de ser adaptados a la legislación mexicana.

El nuevo papel que adquiere el derecho internacional en México a partir de estos cambios no es poca cosa, ya que no solo implica una apertura mayor por parte del país hacia la comunidad internacional, sino que además se busca proteger a los ciudadanos no sólo haciendo uso de las herramientas del derecho mexicano que a veces pueden ser deficientes en cuanto a derechos humanos y de ese modo se amplía ese resguardo valiéndose de jurisprudencias o tratados internacionales de modo que los derechos fundamentales se protejan hasta la última instancia, aunque existan factores que no fueron previamente contemplados en la legislación mexicana.

Así pues, el derecho internacional público en lo que respecta a derechos humanos se vuelve derecho mexicano al volverse un elemento indispensables para salvaguardar aquellos derechos que nuestra misma ley suprema establece como fundamentales y así lograr el estado de derecho armónico al que aspira cualquier nación.

Víctor López Velarde Santibanéz. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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