El papel geopolítico de la Corte Internacional de Justicia: Reflexiones a partir de la controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile

I.                

Aproximación hacia las jurisdicciones internacionales

 

En el actual sistema internacional, las Cortes y Tribunales Internacionales poseen una función de vital importancia debido a que a través de sus decisiones se logra dar estabilidad al régimen jurídico de la comunidad internacional. Estos órganos jurisdiccionales, según explican Bogdandy y Venzke (2013), pertenecen a un entramado institucional diseñado para contribuir a la resolución de algunos de los más apremiantes problemas globales debido a que constituyen herramientas para superar los obstáculos para la cooperación y solucionar las deficiencias de la acción social colectiva. Así, el impacto de las decisiones de los Tribunales Internacionales no se encuentra limitada al ámbito del derecho, pues si bien es cierto que los fallos de estos órganos ponen fin a controversias relativas a la aplicación o interpretación de los tratados, también lo es que el alcance de estas resoluciones trasciende a la órbita de las cuestiones geopolíticas.

 

En este contexto, la Corte Internacional de Justicia (en lo sucesivo, la Corte, CIJ), misma que constituye el principal órgano jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas (Abello Galvis, 2013), está configurando un cambio en la distribución del poder político entre los Estados, lo que le confiere un papel protagónico como actor clave en la configuración de un nuevo escenario geopolítico (Manzano Iturra & Jiménez Cabrera, 2016). Esto se debe a que la Corte, a través de sus decisiones, está generando cambios sustantivos en el discurso y el razonamiento geopolítico, así como en las representaciones geopolíticas de los Estados litigantes (Manzano Iturra & Jiménez Cabrera, 2016).

Por las razones anteriores, el presente artículo discutirá las implicaciones geopolíticas de la Corte Internacional de Justicia a la luz del fallo concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile.

 

II.              

La disputa sobre el espacio marítimo entre el Perú y Chile

 

Es un hecho innegable que las controversias relativas a la delimitación de los espacios marítimos se desarrollan en un contexto donde los intereses en juego presentan escasas opciones de conciliación. Estos intereses obedecen a las aspiraciones de orden político, económico y estratégico por parte de los Estados que se encuentran en disputa. En el ámbito político, se busca tener un mayor poder marítimo; en lo económico, acceder a una mayor cantidad de recursos naturales y minerales y, por último; en lo estratégico, la delimitación se traduce en una ventaja para la libertad de navegación y el desarrollo de actividades comerciales y militares. (Treves, 2012)

 

Bajo esta óptica, las relaciones entre Perú y Chile datan de la Guerra del Pacífico, en 1879, cuando Chile le declaró la Guerra al Perú, y cuyas hostilidades cesaron en 1883 mediante la firma del Tratado de Ancón. Según los términos del tratado, Perú estaba obligado a ceder a Chile la provincia costera de Tarapacá. Chile, por su parte, ganó la posesión de las provincias peruanas de Tacna y Arica por un período de diez años sobre la base de un acuerdo bajo el cual, después de ese período, habría un plebiscito para determinar la soberanía sobre esas provincias. Después de la firma de la tregua entre Bolivia y Chile en 1884 y del Tratado de Paz y Amistad entre ellos en 1904 (Tratado de Ancón), toda la costa de Bolivia pasó a ser chilena.[1]

El orden establecido entre Perú y Chile, desde luego, no ha sido estático, pues desde la firma del Tratado de Ancón han surgido diversos acontecimientos que han incidido en la geografía y en la delimitación de los espacios marítimos entre estos países. Por ejemplo, el 3 de junio de 1929, ambos países signaron el Tratado para la Solución de la Controversia relativa a Tacna y Arica (Tratado de Lima de 1929), mediante el cual acordaron que Tacna sería devuelta al Perú mientras que Chile mantendría Arica. El Tratado de Lima de 1929 también fijó la frontera terrestre entre los dos países.[2]

 

El litigio entre Perú y Chile inició con la demanda del Perú presentada ante la Corte, en que la que establecía que no existía una frontera marítima que se haya establecido por los dos países. Esto condujo al Estado demandante a solicitar la delimitación de las zonas marítimas de ambas Repúblicas con una línea que empieza en el Punto Concordia y que sea equidistante de las líneas base de ambas partes, llegando a una distancia de 200 millas marítimas conforme a las líneas base y que se le otorgue un título para ejercer derechos soberanos exclusivos sobre el área marítima. Chile, en contradicción a la demanda del Perú, señaló que debían desestimarse las solicitudes peruanas, toda vez que en la Declaración de Santiago de 1952 ya se había establecido una frontera marítima internacional a lo largo del paralelo de latitud que pasa a través del punto de partida de la frontera terrestre entre Perú y Chile, y que se extiende hasta un mínimo de 200 millas náuticas.

 

Chile, además, refutó el argumento del Perú sosteniendo que, en virtud del pacta sunt servanda y el principio de estabilidad de las fronteras, existe un bloqueo legal que impide a la Corte pronunciarse en el sentido de redefinir una frontera que ya ha sido convenida. Para fundamentar su pretensión, Chile señaló que la cuestión marítima ya había sido abordada en virtud de las Proclamaciones de 1947, la Declaración de Santiago de 1952, los acuerdos concluidos entre 1952 y la práctica de las Partes subsecuente a la Declaración de Santiago 1952, misma que se reflejó en diversos acuerdos celebrados en 1954.[3]

 

III.           

El criterio de la CIJ en la contienda entre Perú contra Chile

 

Para emprender el análisis, la Corte da cuenta cuál es el sentido y contenido jurídico que los Estados litigantes le otorgan a las Proclamaciones de 1947. Chile, por una parte, sostiene que estas tienen un carácter unilateral en el que se reclama la soberanía sobre una zona de 200 millas náuticas, lo cual lleva a sostener que, en virtud de estas, se establecieron fronteras marítimas claras y precisas. Perú, en sentido contrario, sostiene que las Proclamaciones de 1947 no estipulan coordenadas ni se refieren a fronteras internacionales, pues solo se describió el método que se utilizaría para trazar el límite marítimo reclamado, excluyendo la intención de establecer fronteras laterales con los estados vecinos.

 

El pronunciamiento de la Corte sobre el alcance y el grado de vinculatoriedad de las Proclamaciones de 1947 se limita a señalar que estas deben descartarse como un reflejo de la intención de las Partes para establecer un límite marítimo, en el sentido de que sólo constituyen un reclamo de sus derechos y jurisdicción en las zonas marítimas, surgiendo, en consecuencia, la necesidad de establecer límites laterales en el futuro. El tema marítimo, sin embargo, no fue delimitado en estos instrumentos.

La sentencia pasa revista por la Declaración de Santiago de 1942, sobre la cual la Corte concluyó que al momento de que Chile y Perú firmaron el tratado, no tuvieron como propósito establecer una frontera marítima. Su objeto, más bien, consistió en la protección de recursos naturales de Chile, Ecuador y Perú por medio de la extensión de las zonas marítimas adyacentes a sus costas.[4]

 

Debe advertirse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, existe la posibilidad de que la práctica internacional refleje acuerdos tácitos, por lo que el examen de las cuestiones marítimas no debe limitarse solamente a los acuerdos formales (SHI, J., 2010). En este sentido, la Corte analizó el contenido de las minutas de la Conferencia de Santiago de 1952[5] con el fin de dilucidar el tenor literal y el espíritu de ese tratado internacional, buscando responder si tal instrumento internacional establecía un límite marítimo entre las partes litigantes. De esta forma, la Corte constató que tales instrumentos sólo establecieron términos aplicables entre el Perú y Ecuador, dado que entre estos existe un grupo de islas ubicadas a menos de doscientas millas náuticas. Esto llevó a la Corte a declarar que, cuando Chile y Perú adoptaron la Declaración, en ningún momento se acordó el establecimiento de un límite marítimo.

 

Después de indagar por los instrumentos alegados por Chile, la Corte constató que fue en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 donde se estableció, de manera tácita, el límite marítimo entre los Estados litigantes. Esto se refleja en el preámbulo de dicho Convenio donde señala que tiene por objeto establecer una zona de tolerancia donde las embarcaciones más modestas pudiesen realizar sus labores pesqueras sin que su «inocente» transgresión al límite marítimo internacional signifique consecuencia alguna.

 

El estudio de la Corte concluyó señalando que, en dichos términos, Perú y Chile habían acordado tácitamente una frontera que se extendía sólo 80 millas náuticas a lo largo del paralelo de la latitud. Para ello, el Tribunal empleó una metodología para encontrar una solución equitativa que consta de tres etapas: primero, realizó una línea de equidistancia provisional a menos que existan razones de peso que lo impida; segundo, realizó una investigación para observar si existía alguna circunstancia que necesitara ser ajustada para lograr un resultado equitativo; y, finalmente, el Tribunal realizó un test de desproporcionalidad donde evaluó si el efecto de la línea es tal que las porciones respectivas de las Partes en la zona en cuestión son notablemente desproporcionadas en consideración a las longitudes de sus costas correspondientes.

 

IV.            

Implicaciones geopolíticas del discurso de la CIJ respecto a la delimitación marítima

 

El caso de Perú y Chile es un objeto de estudio de gran relevancia en el sistema internacional, debido a que no solo se necesitaba una delimitación de la frontera, sino, además, establecer un control territorial de recursos de la superficie y del subsuelo terrestre, así como un control de flujo de personas y de recursos.

 

La Corte Internacional de Justicia abordó la controversia entre Perú y Chile por el llamado voluntario de una de las partes, comprometiéndose a dictar la sentencia de los diferendos de la frontera y sus límites. En el caso en concreto, la Corte deja en claro que este no es un caso de complejidad menor, puesto que no se ha establecido un acuerdo a lo largo de la historia que defina un límite específico, creando así un contratiempo en el caso.

 

Las fronteras marítimas pueden expresar pretensiones e intereses creando discursivas fundamentales, por lo tanto, el procedimiento que se usó en el caso corrobora la equidad de la Corte para proteger la estabilidad política de una región. En la controversia marítima entre Perú y Chile se produce una disertación geopolítica desde la llamada de una de las partes para que se delimite la zona marítima entre ambas sin importar si satisface sus respectivas posturas.

 

V.              

Reflexiones finales

 

Las relaciones entre países que comparten fronteras son difíciles, pero para facilitar estas relaciones se da la intervención de un mediador, en este caso, la Corte Internacional de Justicia. El sometimiento de la controversia del Perú y Chile ante la Corte refleja la buena voluntad de los Estados para resolver sus diferendos a través de vías pacíficas, como lo es la justicia internacional.

 

La sentencia respecto al diferendo marítimo entre el Perú y Chile permite entrever las implicaciones que generan las decisiones de la justicia internacional en los diferendos entre Estados. Esto se dice, pues el pronunciamiento de la Corte no solo se circunscribe al ámbito jurídico, sino que incluso en los mismos discursos es posible determinar un conjunto de elementos y factores que, en cierta medida, demarcan un camino que apunta hacia el discurso geopolítico (Cabrera Toledo, 2014). Es por ello por lo que, si bien el diferendo marítimo sometido a consideración de la CIJ se “encapsuló” en cuestiones de derecho, no es menos cierto que la problemática planteada escapa de la órbita del Derecho, posicionándose, a su vez, en un tema de índole político y económico.

 

Lorena Contreras Espejel, es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México.

Diego Enrique Silva Díaz, es estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. Es asistente legal en la firma López Deantes Abogados S.C., especializada en litigio contencioso-administrativo y estrategia fiscal. Twitter @diegoenrique_sd

 


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Fuentes

 

Abello Galvis, R., 2013. Introduction to the International Court of Justice. Bogotá: Universidad del Rosario.

 

Ballesteros Marín, M., 2013. Introducción ¿por qué un análisis geopolítico? Panorama geopolítico de los conflictos 2012. España: Ministerio de Defensa.

 

Bogdandy, A. y. V. I., 2013. ¿En nombre de quién? Un estudio sobre la autoridad pública de los tribunales internacionales y su justificación democrática. En: E. y. H. G. A. Ferrer McGregor, ed. Diálogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. México D.F.: Tirant lo Blanch, p. 83

 

Cabrera Toledo, L., 2014. La controversia por la delimitación marítima entre Chile y Perú: construcción y aplicación de un discurso geopolítico. CONfines de relaciones internacionales y ciencia política, 7(14), pp. 101-128.

 

Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

 

López Escarcena, S., 2014. La disputa marítima entre Perú y Chile: Comentario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, de fecha 27 de enero de 2014. Revista Chilena de Derecho, 41(3), pp. 1133-1153.

 

Manzano Iturra, K. & Jiménez Cabrera, D., 2016. El papel geopolítico de la Corte Internacional de Justicia en América del Sur: El caso Perú – Chile (2008-2014). Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 11(2 (julio – diciembre)), pp. 187-214.

 

SHI, J., 2010. Maritime Delimitation in the Jurisprudence of the International Court of Justice. Chinese Journal of International Law, 9(2), p. 271–291.

 

Treves, T., 2012. El derecho de la delimitación de zonas marítimas: Aspectos generales. En: J. Cardona Llorens, y otros edits. Estudios de derecho internacional y de derecho europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González. España: Tirant lo Blanch, pp. 1319 – 1364.

[1] Párrafos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la sentencia Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

[2] Párrafo 18 de la sentencia Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice.

[3] Case Concerning Maritime Dispute. Peru v. Chile (2014) International Court of Justice, párr. 24

[4] Op. Cit. párr. 62

[5] Las minutas constituyen los instrumentos donde se adoptó la Declaración. La Corte, para efectos interpretativos, la consideró a las minutas como “travaux préparatoires”.

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