El secreto anticuado: la necesaria modernización del Secreto Profesional del Abogado

Lo que es obsoleto debe cambiarse, lo que no funciona debe renovarse. La idea anterior funciona para todos los objetos como para cualquier materia o circunstancia. El Derecho, durante el paso del tiempo, debe cambiar junto con la sociedad. Las nuevas visiones, tecnologías, técnicas, materias o descubrimientos deben obligar al Derecho a evolucionar para regular las nuevas conductas dadas por las condiciones modernas.

Durante el paso de los años, la visión del Derecho ha cambiado en México, esto es evidente en las alteraciones realizadas a la legislación mexicana o a las jurisprudencias, tesis y documentos jurídicos emitidos por el poder judicial. Sin embargo, no todas las ramas del Derecho han progresado en el mismo sentido o ritmo. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha mostrado sumo interés en salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, al mismo tiempo, tiene como prioridad respetar y hacer cumplir los Tratados Internacionales en los que México es parte.

Esto es visible en las jurisprudencias emitidas en distintas épocas. Por ejemplo, en la 5ª época del Semanario Judicial de la Federación, el maltrato a las mujeres no era una causa para divorciarse.[1] Por lo anterior, la relación hombre-mujer, en el Derecho mexicano, era un nexo de subordinación de la cónyuge frente al marido. En la actualidad, existe el divorcio sin expresión de causa, éste muestra una posición diferente entre los involucrados en el matrimonio, la mujer ya no está expuesta a una relación de inferioridad, sino a una de igualdad de condiciones.[2]

En contraparte, otros aspectos del Derecho mexicano parecieran haberse quedado atrapados en el tiempo. Esto puede notarse en la regulación al ejercicio de la abogacía y distintas profesiones jurídicas, así como a las protecciones legales del derecho a la defensa. Éstas son vagamente reguladas, y las disposiciones son ínfimas comparadas con las de distintos países, verbigracia, el Secreto Profesional del Abogado en México.[3] Desde la época de Alfonso X de Castilla, las disposiciones en materia civil, con respecto al Secreto Profesional, han sido mantenidas casi íntegras durante el paso de los años.[4] Es decir, las regulaciones, prohibiciones, excepciones, agravantes y permisiones no han evolucionado junto con los fenómenos contemporáneos. Por esto, este ensayo formula la siguiente pregunta: ¿por qué las disposiciones legales del Secreto Profesional del Abogado deben ser modificadas para estar adaptadas a las necesidades del mundo actual? Como resultado, este escrito defiende que los mandatos encargados de regular lo relacionado con el Secreto Profesional del Abogado deben ser reformados por el siguiente motivo: el surgimiento de nuevos entes no contemplados en las disposiciones existentes causa la existencia de antinomias por la no actualización de las normas, y esto afecta el propósito de la creación del Secreto Profesional.

En primer lugar, el Secreto Profesional del Abogado es un componente esencial del sistema jurídico mexicano. En éste están basadas la confianza y la certeza que puede tener el cliente con su abogado, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa. Es decir, la importancia de la regulación del Secreto Profesional del Abogado consiste en que todas las personas puedan tener un juicio sin arbitrariedades, corrupción, inequidad, iniquidad o incerteza jurídica.  Lo anterior busca protegerse desde el tiempo de los romanos mediante el Corpus Iuris Civilis, y esta visión en el Derecho siguió conservándose y adaptándose al paso del tiempo como a las circunstancias del lugar donde era instaurado.[5]

Empero, en Las Siete Partidas, pareciera que el tiempo fue detenido, porque los legisladores no han realizado modificaciones con respecto al Secreto Profesional del Abogado, desde la época de Castilla, en el Derecho mexicano.[6][7] El no cambiar las disposiciones y no adaptarlas a las condiciones actuales tiene como consecuencia no tomar en cuenta nuevos entes, y esto tiene como resultado que no existan regulaciones para ellos, dejándolos en estado de indefensión. De igual forma, provoca que algunas instituciones gubernamentales aprovechen la no contemplación de éstos para no tomar en cuenta el Secreto Profesional.

Por ejemplo, en la época de Las Siete Partidas, los negocios, la economía, la forma de realizar transferencias y el dinero no eran lo mismo que en nuestra época. En el siglo XIII no existía un modelo de política que controlara a empresas porque éstas no existían; el poder económico, militar y legislativo no tenía contrapesos; la política exterior la basaban en las guerras, y la tecnología de aquella época no concebía los celulares, los computadores o el internet. En el México actual, es inconcebible un mundo sin empresas, sin diplomacia y, sin contrapesos en el poder. La realidad entre el mundo del siglo XIII y el del XXI no puede compararse. Sin embargo, las leyes mexicanas, con respecto a la regulación del Secreto Profesional del Abogado, siguen sin contemplar a los agentes económicos; son minoría las entidades federativas que contemplan la tecnología en su legislación, y hacen caso omiso a la competencia económica, como a sus instituciones gubernamentales.[8]

Una consecuencia de lo anterior es observable en los abogados que trabajan en las empresas. La legislación mexicana no conoce sobre los abogados internos de los agentes económicos, también llamados in-house. Éstos son concebidos, ante la ley mexicana, como empleados de las empresas.[9] El no discernimiento entre un empleado de fábrica o administrativo y un abogado que trabaja en una firma puede llegar a absurdos. Un ejemplo de estos absurdos es cuando el abogado no tiene razón legal para guardar información privilegiada, al mismo tiempo, los abogados que trabajan en la firma no deberían tener el poder de comunicación con abogados externos. [10]

Iván Alejandro Ruiz Mijangos. Estudiante de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] México, “tesis aislada 340121”, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXIV,  6 de junio de 1955, https://bit.ly/3elHzkO

[2] Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Trámite procesal del juicio de divorcio sin expresión de causa, (Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012) Cap. 1, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cuadernos_trabajo/documento/2016-10/CT-PS-4_0.pdf

[3] Oscar Barney, “Las profesiones jurídicas” El Secreto Profesional del Abogado en México, (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018) Cap. 1,  https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4739-el-secreto-profesional-del-abogado-en-mexico

[4] Oscar Barney, “El Secreto Profesional en México” El Secreto Profesional del Abogado en México (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018) Cap. 4, https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4739-el-secreto-profesional-del-abogado-en-mexico

[5] Ignacio Vidal, “El Secreto Profesional Ante el Notario”, CONICYT, no.2 (2002) 479-517, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200015

[6] Oscar Barney, “El Secreto Profesional en México” El Secreto Profesional del Abogado en México, (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018) Cap. 4, https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4739-el-secreto-profesional-del-abogado-en-mexico

[7] Las Siete Partidas es un cuerpo normativo redactado en la Corona de Castilla, por Alfonso X.

[8] Agentes económicos entendidos como empresas, firmas, o cualquier sujeto de derecho que ejerza de forma autónoma una actividad económica en el mercado.

[9] Centro de Estudios del Derecho de la Competencia y de la Regulación, “El Privilegio Legal en México: Reflexión sobre sus fundamentos y su alcance para efectos de competencia económica”,  http://www.sai.com.mx/doc/20140801_privilegio_legal.pdf, (consultado 11 de mayo)

[10] Ricardo Ríos Ferrer, “Ref. Comentarios al Anteproyecto de los Criterios Técnicos para el manejo de la información derivada de la asesoría legal que se proporcione a los agentes económicos”, https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/03/Opinion-de-Rios-Ferrer-Guillen-Llarena-Trevino-y-Rivera-S.C..pdf (consultado 9 de mayo)

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