El trabajo sexual: una mirada crítica

La prostitución es un tema controversial, existen distintas posturas sobre la mejor estrategia para manejar el ‘trabajo más antiguo’ de la historia de la humanidad[1]. Hay tres tipos de sistemas normativos de la prostitución: el prohibicionista, el abolicionista y el reglamentarista. El prohibicionista busca criminalizar y sancionar la práctica dentro del código penal. En el régimen abolicionista, la prostitución no está reconocida en el marco jurídico, ni para prohibirla ni para regularla, ya que reglamentar la práctica únicamente perpetúa las injusticias y la violencia que viven las sexoservidoras. Por último, el sistema reglamentarista trata a la prostitución como ‘un mal necesario’, por lo que busca implementar políticas de minimización de daños. En este sistema la prostitución está comúnmente reconocida como un trabajo por lo que las personas en la industria deben cumplir con ciertos estándares, sobre todo de edad y salubridad para ejercerla[2]. La politóloga, profesora asociada de la Universidad de Melbourn y reconocida feminista separatista, Sheila Jeffreys afirma que la Ley de Control de la Prostitución del Estado de Victoria de 1994 es un ejemplo de cómo el la salud pública, los servicios cívicos y el control del crimen organizado suele estar priorizado sobre el bienestar de las mujeres prostituidas[3].

El sistema normativo vigente en la República mexicana a nivel federal es el abolicionismo[4]. Por ello, la figura del trabajo sexual no está reconocida ni para regularla ni para sancionarla; el Código Penal Federal reconoce únicamente figuras relacionadas[5]. No obstante, existen 13 legislaciones estatales que incluyen a la prostitución en las leyes y reglamentan su ejercicio[6].. En la CDMX, el reconocimiento de la prostitución como un trabajo se logró en 2014 a partir de la resolución del juicio de amparo 112/2013. Sin embargo, las reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas en 2019, nuevamente criminalizan a las sexoservidoras. Mientras que en el resto de los estados reconocen la figura de la prostitución dentro de las leyes de salud estatales[7].  Es por esto que resulta pertinente evaluar si los derechos humanos de las mujeres sexoservidoras son resguardados y respetados por el Estado, independientemente del tipo de sistema existente en ambos niveles.

Las defensoras del sistema reglamentarista y el abolicionista — las feministas liberales y radicales respectivamente— argumentan que el sistema que defienden es aquel que protege en mayor medida los derechos, la dignidad y la vida de las sexoservidoras[8]. Estas posturas, aunque persiguen el mismo fin, son opuestas entre sí, ya que la primera de ellas caracteriza la prostitución como una relación contractual entre dos personas. Es decir, reconoce que el cuerpo o el sexo son bienes mercantilizables y las decisiones están basadas tanto en la libertad personal, la sexual y el mercado. La segunda, la concibe como una organización social imparitaria que subordina a la mujer a los deseos sexuales de los hombres, como una ‘industria del sexo’. No obstante, para verificar la veracidad de su argumento, es necesario examinar las disposiciones y los respectivos resultados de ambas posturas.

Por una parte, las reglamentaristas consideran que al crear un marco jurídico aplicable a la prostitución es posible proteger los derechos laborales y sanitarios de las trabajadoras sexuales, lo cual permitiría mejorar las condiciones laborales, evitar la precarización y garantizar la seguridad social de las trabajadoras.  Esto implica, centrar el tema como un problema de salud pública que incluye la promoción de chequeos médicos constantes para garantizar la salud sexual con el objetivo de reducir las enfermedades de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Hasta cierto punto, el reconocimiento de la prostitución como un trabajo asalariado en el que la mujer decide libremente su oficio permite que se le reconozca como autónoma (económica y socialmente) y rechaza la estigmatización que envuelve a esta práctica: la mujer que decide ejercer el trabajo social no es víctima, sino que es libre y consciente.

Desde una postura reglamentaria, el primer paso para garantizar los derechos de las mujeres sería reconocer su trabajo como digno para ser tratadas como ciudadanas.  La posibilidad de ejercer la prostitución y que sea una elección laboral como cualquier otra, es una conceptualización economicista de la emancipación femenina; algunas teóricas inclusive afirman que la prostitución puede ser uno de los caminos hacia la igualdad económica entre géneros[9]. No obstante, es necesario cuestionar si reglamentar la prostitución es condición suficiente garantizar los derechos de las mujeres que trabajan como sexoservidoras. Para esto, es indispensable considerar que tratar el asunto como un tema de salud pública y obligar a las sexoservidoras a realizarse revisiones médicas constantes no implica ampliar sus derechos. Porque estos mecanismos depositan toda la obligación de la salud sexual en la mujer, excluyendo al cliente de cualquier responsabilidad; a pesar de que ambos estarían involucrados en el acto sexual y excluye sistemáticamente el hecho de que, muchas veces, son los prostituyentes los que prefieren no usar preservativos.  En otras palabras, la medida está diseñada para prevenir que los prostituyentes se contagien y no para impedir que éstos infecten a las trabajadoras;  es una disposición que protege el derecho a la salud de los clientes y no el de las mujeres. Esto, ya que en estados que han reglamentado la prostitución, como en Tijuana, si una sexoservidora contagia una enfermedad de transmisión sexual es retirada del mercado laboral por no cumplir con las condiciones sanitarias[10], lo cual implica la pérdida de su ingreso económico y marginalización, sin atender la razón por la que fue contagiada.

Es importante señalar que la mayoría de las regulaciones poseen vacíos al no contemplar un número significativo de situaciones de riesgo a las que están expuestas las trabajadoras sexuales. Entre ellas, es relevante señalar la violencia constante de la que son víctimas las prostitutas, desde el ámbito psicológico y emocional hasta el sexual y físico. Las sexoservidoras pueden encontrarse con facilidad frente a situaciones donde son humilladas, golpeadas, forzadas a realizar prácticas no consentidas o dolorosas, agredidas e inclusive amenazadas a muerte. Aunado a esto, diversas investigaciones demuestran que la legalización de la prostitución tiene como consecuencia la creación de una industria en dos niveles: legal e ilegal[11]. Al reglamentarse el trabajo sexual, el sistema de prostitución ilegal se hace inclusive más amplio porque presenta ventajas para los proxenetas dado que los costos son más bajos[12], por lo que sus ganancias aumentan.

El marco jurídico de los Estados y las entidades legalizadoras, más que orientar las disposiciones normativas hacia la protección del bienestar de las mujeres, han utilizado el sistema reglamentarista como una herramienta para institucionalizar los privilegios masculinos[13] propios de un sistema capitalista y patriarcal. En otras palabras, promueven el derecho sexual de los hombres al institucionalizar la posibilidad de mercantilizar el cuerpo de las mujeres hasta el punto de considerar apropiado cualquier tipo de práctica sexual — sin importar lo peligroso, denigrante o dolorosa que sea para la sexoservidora — mientras haya una remuneración económica.

Por otra parte, el sistema abolicionista considera la prostitución como una forma de explotación y trata de personas, por lo que concibe a las sexoservidoras como víctimas, no delincuentes ni simples trabajadoras, y sanciona a quienes inducen, mantienen, permiten y se benefician de la prostitución ajena[14]. Igualmente, concibe a esta práctica como una forma de violencia hacia la mujer. El abolicionismo percibe que la reglamentación del trabajo sexual perpetua injusticias, legitima la situación de violencia, precarización de las trabajadoras sexuales e institucionaliza las relaciones de poder que subordinan a las mujeres.

De ahí que, contrario a la visión reglamentarista, este sistema niega la existencia de una prostitución ‘libre’, debido a la opresión sistémica normalizada y casi invisible del patriarcado hegemónico y capitalista. De acuerdo con Albert Londres, el origen de prostitución es el hambre: la práctica se reduciría en un 80% si todos tuvieran acceso a los alimentos[15]. Esto implica que la prostitución es una consecuencia de la distribución desigual de los recursos económicos por razones de género —dado que las mujeres reciben menor paga por el mismo empleo y que tienen menores oportunidades de crecimiento— y, por ende, este oficio se convierte en una estrategia para subsanar la brecha económica.

La mayor crítica que hace la postura abolicionista a la reglamentarista es la ingenuidad que tiene la segunda al afirmar que la prostitución es un trabajo libre. Esto se debe a que la postura abolicionista considera que el trabajo sexual implica explotación ya que existen relaciones desiguales entre el comprador y la sexoservidora. En dicha relación, las mujeres prostituidas están en desventaja y padecen de un déficit de medidas de protección legal e institucional, lo que aumenta su vulnerabilidad.

La antropóloga francesa que feminizó el estructuralismo, Françoise Héritier afirma que “decir que las mujeres tienen el derecho de venderse es enmascarar que los varones tienen el derecho de comprarlas. Al pagar, el varón queda liberado de toda obligación o culpabilidad y la mujer queda avasallada”[16]. Esto implica que, en términos políticos y sociales, la prostitución muestra que existe una asimetría entre las mujeres y los hombres ya que garantiza el acceso de los varones al cuerpo de las mujeres para satisfacer sus deseos. Consecuentemente, el discurso socialmente implementado que sostiene que las mujeres tienen el derecho a elegir libremente invisibiliza que los hombres tienen el derecho de ‘comprar’ su cuerpo sin considerar otras situaciones como las condiciones sociales y económicas[17]. Debido a esto, reglamentar la práctica no puede significar la protección de derechos de las mujeres sino institucionalizar la explotación sexual, la desigualdad y la vulneración de sus derechos.  Esto es convergente con la postura de algunas instituciones de derecho internacional, por ejemplo, la Convención Contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 de las Naciones Unidas estableció que existe una relación directa entre la trata de personas y la prostitución, por lo que reglamentar la segunda contribuye la existencia de la primera. Así, la única postura válida para garantizar y salvaguardar los derechos de las mujeres sería la abolicionista.

El objetivo de este texto no es apoyar postura alguna, sino presentar una primera aproximación a los dilemas jurídicos, éticos y políticos que plantea el debate de la legalización o abolición de la prostitución. Uno de los problemas fundamentales es la ausencia de datos que permitan analizar qué situación beneficia en mayor medida a las mujeres. Asimismo, sería ingenuo afirmar que la no regulación implica la abolición de la prostitución o que es necesario tomar una única postura para solucionar el problema. Al contrario, tal vez la mejor opción sería considerar ambas posturas y adaptarlas a las condiciones particulares de cada país. Para esto, es necesario elaborar un diagnóstico que clarifique en qué condiciones es realizada la prostitución en México y, a partir de ahí, proponer políticas públicas con enfoque de género para no revictimizar a las sexoservidoras, prevenir la práctica y reinsertarlas socialmente. Resulta indispensable la no criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución y que el Estado asuma su función creando mayores oportunidades para que ellas no estén en una situación de desventaja. El objetivo de cualquiera de las posturas presentadas, así como el deber del Estado, es ampliar y garantizar los derechos de las mujeres.

Camila Rodríguez Esquivel. Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE.

Sofía Rivera Padilla. Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Referencias

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Del Carmen Trejo García, Elma. Estudio de Legislación Internacional y Derecho Comparado de la Prostitución. Ciudad de México: Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2007.

Despentes, Virginie. Teoría King Kong. Traducción por Marléne Bondil. Buenos Aires: Editorial El Asunto, 2012.

Jeffreys, Sheila. “El Estado como proxeneta: la legalización de la prostitución.” En La industria de la vagina. 215-242. Buenos Aires: Paidós, 2011.

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Sirotin, Nicole, Steffanie A. Strathdee, Remedios Lozada, Lucie Nguyen, Manuel Gallardo, Alicia Vera y Thomas L. Patterson. “A Comparison of Registered and Unregistered Female Sex Workers in Tijuana, Mexico”. Public Health Reports 125, supplement 4 (2010): 101-109.

Bibliografía

[1]Marta Lamas, «¿Prostitución, trabajo o trata? Por un debate sin ´prejuicios,» Debate Feminista 50, (Octubre 2014): 160-86. Consultado el 14 de mayo de 2020. www.jstor.org/stable/44735278.

[2] Sheila Jeffreys, “El Estado como proxeneta: la legalización de la prostitución” en La industria de la vagina, (Buenos Aires: Paidós, 2011), 181 y 228.

[3]Jeffreys, “El Estado como proxeneta”, 227.

[4] Elma del Carmen Trejo García, “Marco jurídico nacional”, en Estudio de Legislación Internacional y Derecho Comparado de la Prostitución. (Ciudad de México: Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, 2007), 20.

[5] Entre las que se encuentra la pornografía, el turismo sexual infantil, la trata de personas, el lenocinio, el hostigamiento sexual y la violación.

[6] Estas entidades son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas

[7] Elma del Carmen Trejo García. “Marco jurídico nacional”, en Estudio de Legislación Internacional y Derecho Comparado de la Prostitución. 20-35.

[8] Dolores Juliano, “El trabajo sexual en la mira: polémicas y estereotipos,” Cadernos Pagu, no. 25 (Julio-diciembre 2005): 94-96. https://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332005000200004.

[9] Teóricas como Donna Guy, Christa Wichterich y Dolores Juliano se suscriben a esta visión de la prostitución femenina. Silvia Chejter, “La prostitución: debates políticos y éticos,” Nueva Sociedad 265, septiembre-octubre (2016): 58-76. https://www.nuso.org/articulo/la-prostitucion-debates-politicos-y-eticos/.

[10] Nicole Sirotin et al., “A Comparison of Registered and Unregistered Female Sex Workers in Tijuana, Mexico”, Public Health Reports 125, supplement 4 (2010): 101-109.

[11] Jeffreys, “El Estado como proxeneta”, 215-242.

[12]Jeffreys, “El Estado como proxeneta”, 215-242.

[13] Jeffreys, “El Estado como proxeneta”, 221.

[14] Es necesario recalcar que múltiples estudios muestran que las remesas provenientes del tráfico de mujeres para la industria del sexo y para el mercado laboral tienen una enorme rentabilidad para los Estados. Dicha rentabilidad no queda en manos de las trabajadoras o mujeres prostituidas sino de quienes manejan el comercio, organizaciones y funcionarios locales

[15] Chejter, “La prostitución: debates políticos y éticos,” 74.

[16] Chejter, “La prostitución: debates políticos y éticos,” 73.

[17] María Cruz Tornay, “Ciudad de México debate del reconocimiento de la prostitución como trabajo en su constitución politica”, Pueblos – Revista de Información y Debate, 12 de enero de 2017. http://www.revistapueblos.org/blog/2017/01/12/ciudad-de-mexico-debate-el-reconocimiento-de-la-prostitucion-como-trabajo-en-su-constitucion-politica/.

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