En defensa del INAI (y de la transparencia)

A medida que la utilidad y la pertinencia de las instituciones es debatida, hay un mayor involucramiento de la sociedad y se genera un mayor sentido de pertenencia. El ideal de una sociedad democrática, se ciñe a que las instituciones trasciendan las fronteras de las ideologías políticas de los periodos electorales, de las protestas justas e injustas, así como de los males sociales próximos y lejanos.

Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha vuelto víctima de un escrutinio presidencial que cuestiona su existencia aludiendo al discurso que se ciñe a una aparente burocracia federal desbordada en gran cantidad de órganos e instituciones de las que el pueblo “desconoce su funcionamiento y beneficios hacia la sociedad”. Afortunadamente, en la discusión pública se han destacado diferentes beneficios de este órgano; de ahí que este texto no pretende reiterarlos, sino abordar ahora la pertinencia convencional y constitucional de una hipotética reforma que pretenda su desaparición.

Estándares Interamericanos

El artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Esta libertad tiene una vertiente de naturaleza pública y otra de naturaleza privada. Para el caso concreto, la naturaleza pública es el punto central de la discusión, pues gran parte del ejercicio actual de los derechos se debe a temas que conciernen a la sociedad y al Estado, lo cual convierte a esta libertad en un derecho indispensable.

Establecido el elemento sustantivo, podemos observar que los instrumentos internacionales, no son únicamente documentos retórico-declarativos sin herramientas procesales, sino que la propia Convención dispone herramientas procesales para la defensa y ejercicio de tales derechos. En el caso concreto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que para satisfacer este derecho, se requiere la existencia de un recurso efectivo e idóneo que habrá de ser utilizado por toda persona que desee solicitar información, aunado a que deberá cumplir con diversos requisitos dentro de los cuales se encuentra el que: “debe establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial.”1

Es decir, contempla tres escenarios: a) contar con un procedimiento que colme los principios o adjetivos que refiere; b) la posibilidad de impugnar una negativa y que esta se tramite ante un órgano autónomo; y c) que la respuesta de ese órgano, pueda ser impugnada en el ámbito judicial. Bajo esta óptica, los tres aspectos se cumplen en México, destacando el segundo, pues existe un órgano superior (INAI), con la calidad de órgano constitucionalmente autónomo sin subordinación alguna hacia ninguno de los poderes u órdenes de gobierno pues ejerce facultades de órgano revisor de impugnaciones de resoluciones de los sujetos obligados e, incluso, puede impugnar resoluciones de órganos locales a manera de segunda instancia.

De alterar el marco normativo y trasladarse tales funciones a la Secretaría de la Función Pública, habría una subordinación directa hacia el titular del Poder Ejecutivo, aunado a que tendría el mismo rango que el resto de las Secretarías de la administración pública federal. Además, habría inviabilidad práctica pues, de resolver impugnaciones contra los Poderes Legislativo y Judicial, se crearía una especie de subordinación de estos hacia el Ejecutivo ante la concentración de poder.

Desde la perspectiva Interamericana, en el Caso Claude Reyes y otros vs Chile, la Corte habló de los efectos de medidas atentatorias contra el derecho de acceso a la información, destacando que las restricciones a este derecho generan “un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado.”2  Es decir, desde un punto de vista social y político, es precisamente el Derecho a la Información, la Transparencia y la Rendición de Cuentas, lo que vuelve infértil todo campo que tienda hacia la violación de los valores democráticos y para toda pretensión de aniquilar las ilusiones producidas por el pacto social y el ideal democrático de los ciudadanos.

¿Una reforma constitucional (anticonstitucional)?

Cuando se plantea cuestionar judicialmente reformas constitucionales, hay una sinuosa y estrecha ruta que debe seguirse. A pesar de que en el 2011 hubieron reformas en materia de derechos humanos y medios de control constitucional, hasta la fecha es imposible suponer el éxito en alguna estrategia jurídica que permita combatir aquello que envenenará el texto constitucional.

De seguir la ruta tradicional, el Ejecutivo promovería alguna iniciativa que pueda convertirse en un dictamen y modifique el artículo sexto constitucional para aniquilar al INAI y, de forma secundaria, enviar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. De ser el caso, las opciones para combatir dicha decisión se reducen al ámbito internacional.

Lo anterior no se antojaría tan complicado si nuestro Tribunal Constitucional fuese más garantista y se incorporara a la tendencia creciente que habilita la posibilidad de controvertir judicialmente algunas reformas constitucionales. En el ámbito internacional, los ejemplos se suman. El pasado 30 de diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional de Chile (TCC) emitió una sentencia donde determina -por mayoría- declarar inconstitucional una reforma que pretendía incorporar de forma transitoria un precepto que posibilitaba disposición sobre retiro de fondos de seguridad social a la Constitución.3

El caso de los organismos constitucionales autónomos podría sea el primero en el que la Corte en México abrace la Constitución en contra de las reformas que pretenden aniquilar su esencia y distorsionar gravemente la de sus instituciones. Sobre este punto, en la citada resolución, el TCC, refiere que no debe conducirse al absurdo de que las mayorías parlamentarias pretendan actuar de forma incuestionable, basando sus críticas en “torcer las mayorías o menoscabar las decisiones democráticas”, pues considera que ninguna autoridad “puede adjudicarse la encarnación absoluta de la Democracia”, aunado a que, de ser acordes con esa postura, se eliminaría la posibilidad del reclamo jurídico contra los actos de la autoridad.

Trasladando una hipotética confronta de la Constitución versus una reforma constitucional conviene establecer ¿qué aspectos actuales se confrontarían con aquella propuesta?

El reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución

Uno de los puntos medulares de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, objeto de distintos análisis, ha sido la distinción entre la concesión y el reconocimiento de los derechos. En donde se decantó por este segundo concepto en aras de su pleno respeto e imposibilitando que puedan desconocerse de forma posterior, pues invariablemente estaría violentando a la dignidad humana e infravalorando la necesidad de que ésta cuente con distintas herramientas axiológicas que le permitan el pleno propósito de su existencia.

Los principios de progresividad e interdependencia

La reforma antes citada, incorporó en el artículo primero constitucional una serie de principios que definen y acompañan a los derechos humanos. Estos son: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad.

Sobre este último, la Segunda Sala ha indicado que este principio implica gradualidad y progreso. Sobre el primero apunta que, la efectividad conlleva un proceso que supone metas a corto, mediano y largo plazo; sobre el segundo concepto, considera que se refiere a que el disfrute de los derechos debe de mejorar.4

En este orden de ideas, la desaparición del INAI es una medida regresiva pues violenta el estándar de garantía y la protección actual del Derecho a la Información. Además, generaría un precedente peligroso que legitimaría o plantearía la desaparición del Poder Judicial pues la Secretaría de Gobernación bien podría impartir justicia o, incluso, la desaparición del Poder Legislativo, pues el propio Ejecutivo emite reglamentos.

Por su parte, también se contravendría la interdependencia y/o conexión entre este Derecho, con respecto a otros de naturaleza civil, política-electoral, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en virtud del grado de relación entre estos.

Conclusiones

Finalmente, lo anterior no pretende ignorar deficiencias y áreas de oportunidad y mejora en el INAI; tampoco la transparencia es un elixir milagroso que aliviará el ocaso de la vida en sociedad. Sin embargo, el nihilismo institucional, que hoy se propaga por determinadas ideologías, no debe resultar victorioso ante los esfuerzos democráticos que se han realizado durante los últimos años y por diferentes actores para lograr una institucionalidad más diversa que se confronta con la lógica del presidencialismo homogéneo de las decisiones unísonas con fecha de caducidad ante la periodicidad y constante renovación, en donde los actuales o próximos políticos pueden aprovechar las grietas que se abren.

Joseph Irwing Olid Aranda. Abogado por la Universidad de Guadalajara. Ha sido Defensor Público y Agente del Ministerio Público en el Estado de Jalisco.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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  1. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2012). El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano. Estados Unidos de América: Organización de Estados Americanos. Segunda Edición, p. 10.
  2. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, Párrafo 98.
  3. Debe analizarse con reserva, pues no es idéntico el marco constitucional; sin embargo, es un precedente importante y se trata del Rol 9797-20, que ha sido resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional de Chile y cuya resolución puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.tribunalconstitucional.cl/expediente?rol=9797
  4. Jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), con número de registro 2019325 y con rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.

 

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