La complicidad de escuelas de leyes con el racismo

Corporaciones, salas de redacción e instituciones políticas se han enfrentado a la presión pública para denunciar y combatir el racismo, mientras activistas en todo Estados Unidos impulsan una reforma policial. Sin embargo, hay una institución culpable de perpetuar la desigualdad racial que todavía no ha sido sometida al escrutinio: las escuelas de leyes estadounidenses.

Estas instituciones forman a los profesionales legales en los que confiamos para interpretar y hacer cumplir la ley, entre ellos los fiscales de distrito encargados de enjuiciar a la policía. A menudo, estos profesionales están abrumadoramente equivocados y mal informados sobre los efectos del racismo en la ley. No es del todo su culpa.

Las escuelas de leyes son cómplices. Como estudiantes de color, en la Facultad de Derecho de Harvard, somos muy conscientes de nuestro privilegio. Mientras Estados Unidos está envuelto en un movimiento popular por una justicia largamente negada, reconocemos y aceptamos nuestra responsabilidad de enfrentar un plan de estudios que ignora los problemas raciales en las escuelas de leyes.

No podemos permitir que estas instituciones continúen produciendo abogados sin conocimiento de los problemas raciales; las consecuencias de esta ignorancia no son hipotéticas. Son los policías que matan a la población negra con impunidad, las sentencias más duras para personas de color, sin importar si son hombres, mujeres o niños. Son los jueces que venden el futuro de niños negros a cárceles con fines de lucro. Son los manifestantes que han marchado por semanas en medio de una pandemia. Las escuelas de leyes no pueden rechazar la necesidad de cambiar el statu quo si pretenden afirmar que apoyan el movimiento de Black Lives Matter.

A los estudiantes de derecho se les inculca que son la siguiente generación de grandes líderes, que sus compañeros y compañeras de clase serán futuros fiscales de distrito, fiscales generales, senadores y jueces de la Corte Suprema. Esto es cierto, pero también nos parece francamente aterrador. Las clases de primer año de la facultad de derecho establecen los fundamentos de su conocimiento legal. Sin embargo, muchos estudiantes se gradúan sin participar nunca en una discusión guiada en el aula sobre brutalidad policiaca, racismo sistémico, la industria de las prisiones, la vigilancia de ventanas rotas o el encarcelamiento masivo. Cuando los estudiantes de color —quienes usualmente identifican estos problemas— los plantean en clase se les dice que estas conversaciones pueden esperar un foro más apropiado y deben reservarse para cursos electivos posteriores.

Las escuelas de derecho son los guardianes de la profesión jurídica. Las decisiones curriculares que toman los profesores dan un mensaje a los futuros abogados sobre qué conocimiento es necesario y valioso en la práctica del derecho. Relegar las discusiones sobre el racismo en la ley a cursos opcionales indica que entender el racismo en la ley es opcional; pero no lo es.

Los y las profesoras de leyes disfrutan de una inmensa discreción para definir su plan de estudios. Sin duda, tienen el derecho de elegir los materiales y los marcos legales que usan en su enseñanza. Nosotros afirmamos y respetamos esta libertad académica, nuestra duda no es sobre la existencia de este principio. En cambio, nuestro cuestionamiento busca indagar porqué los profesores eligen usar su discrecionalidad para ver la raza como un factor secundario con tanta frecuencia, en lugar de una perspectiva legítima para entender la ley. Entonces, ¿qué implica incorporar adecuadamente los problemas raciales en el plan de estudios de derecho, específicamente en materia penal?

Podemos comenzar con honestidad intelectual. Los y las profesoras de derecho penal deberían enseñar que la policía estadounidense desciende de las patrullas de esclavos y de alguaciles indios, de tal forma necesita ser examinado cómo estos orígenes influyen en la policía moderna. Asimismo, la abolición de la prisión y las policías deben ser tratadas como alternativas legítimas y practicables al sistema actual. Las y los maestros deberían interrogar cómo se han manipulado las estadísticas sobre delincuencia para alimentar el mito de la criminalidad de la población negra. También deberían abstenerse de declarar las experiencias personales de los estudiantes con el sistema legal penal como inferiores a la doctrina legal—o al menos dejar de prohibirlas en el aula. Estas narrativas ilustran las limitaciones de la pura teoría académica. Las anécdotas también son datos.

Podemos pedir auténtica diversidad en las facultades de Derecho. Que las y los administradores de las escuelas de leyes contraten más profesoras de color. Hagamos que los opacos procesos de contratación de profesores sean transparentes e incluyan a los estudiantes al proceso. Institucionalicemos grupos de trabajo entre académicos, estudiantes y activistas que trabajen para combatir el racismo y puedan apoyar a los y las profesoras con comentarios sobre sus planes de estudios. Incorporemos preguntas sobre competencia cultural a las evaluaciones de los cursos. Hagamos de la diversidad algo más que una palabra de moda. Comprometámonos con el arduo trabajo de hacer que las escuelas de leyes sean más incluyentes.

Podemos extender la conversación a otros cursos. Las consecuencias legales del racismo existen más allá del derecho penal. Por ejemplo, las y los profesores pueden debatir problemas como el redlining en el derecho de propiedad o el trabajo forzoso en el derecho de contratos. Como Nikole Hannah-Jones ilustra magistralmente en su Proyecto 1619, el racismo es anterior a nuestra Constitución y está inextricablemente ligado a la ley estadounidense. Las escuelas de leyes deben preparar a los y las estudiantes para ser capaces de identificar y trabajar en contra del racismo legal.

Hagamos lo que hagamos, no podemos dejar pasar el problema. Como país, debemos exigir más de la profesión legal. Los y las abogadas no pueden ser ingenieras sociales o administradoras del progreso si los estudiantes de leyes tienen permiso de ignorar el racismo en nuestra ley y en nuestras comunidades. Si las escuelas de leyes quieren estar a la altura de este momento histórico, deben enviar un mensaje claro sobre su compromiso de educar sobre las diversas formas del racismo en la ley. Es fundamental para cualquier educación legal que valga la pena.

 

Esta es una traducción hecha por Miguel Torhton del texto original “Law Schools’ Complicity On Racism Must Be Challenged” de los autores Tyler Ambrose, Zarinah Mustafa, y Sherin Nassar son estudiantes de Harvard Law School, quienes han aprobado esta versión, como su publicación en el blog Derecho en Acción.

 

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