La Constitución de 1857, reformada. La visión de la Suprema Corte de Justicia

El día previo a que se cumpliera el plazo para dar por terminadas las sesiones del Constituyente, se puso a discusión la fórmula para la protesta de la Constitución.[1] Parecía sencilla, pero los diputados cuestionaron si se expedía o se firmaba; otros, si se guardaba o se cumplía; Palavicini hizo ver que no se había seguido el procedimiento que establecía la Constitución de 1857 para su reforma; asimismo, se dijo que no entraría toda en vigor, sino en forma escalonada; finalmente, al no haber acuerdo, se nombró una comisión para proponer un texto pues al día siguiente acudiría el Primer Jefe a rendir protesta y firmar para lo que había hecho llegar a la Asamblea la pluma con la que signó el Plan de Guadalupe.[2] Siguió la discusión de otros asuntos relativos a los artículos transitorios y algunas cuestiones pendientes, se conoció el texto de la fórmula que se leería al día siguiente y todavía se analizó si la Constitución debía llevar un Preámbulo, optándose por la negativa. La sesión permanente se levantó unos minutos antes de que comenzara la solemne clausura.[3]

Conforme a lo previsto, en el Teatro Iturbide las 5 de la tarde del 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente inició la sesión, bajo la presidencia de Luis Manuel Rojas, diputado por Jalisco y después de declararse el quórum, se nombraron las comisiones que irían a traer al Primer Jefe al Recinto.

El ingreso de Carranza fue “entusiastamente aclamado” por los diputados y el público que llenaba las galerías; tras un breve discurso que dirigió a la Asamblea después de que ésta puso en sus manos “la nueva ley suprema de esta tierra”, el Secretario suplicó a los asistentes ponerse de pie y procedió a tomar la protesta de Carranza quien utilizó la fórmula que se usa de epígrafe de guardar y hacer guardar “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida hoy, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere así, la nación me lo demande.”[4] Poco después, el diputado Medina tomó la palabra con el fin de dirigirse a la Asamblea y resumir la labor del Constituyente;[5] su discurso fue celebrado con “aplausos nutridos” y a continuación el Primer Jefe abandonó el salón; el acta de la sesión que fue aprobada sin comentarios. Así pues, el 31 de enero de 1917 el C. Presidente Rojas clausuró “el honorable Congreso Constituyente [en] su periodo único de sesiones.” Entre aplausos ruidosos y gritos de ¡Viva la revolución! ¡Viva Carranza! ¡Viva el Congreso Constituyente![6]

El 5 de febrero del mismo año se publicó en el Diario Oficial: Órgano provisional de la República Mexicana el texto de la Constitución con el siguiente Preámbulo:

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe el día 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DEL 1857. [7]

En este párrafo, el Primer Jefe recordaba la genealogía del texto asentando la legalidad y la legitimidad en el Plan de Guadalupe. En la Constitución de 1917 se conservó la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el segundo dividido en dos Cámaras cuyos miembros serían electos en forma directa; se suprimían la  reelección presidencial y la vicepresidencia y en el lugar de los Derechos del Hombre se dio cabida a las Garantías Individuales. Otros aspectos del contenido desbordan el objeto de estas líneas, salvo que se mantuvo el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia establecido por la Constitución de 1857, pero se modificó la forma de elección y el número de años de la permanencia en el cargo:

[Art. 94] Cada uno de los ministros de la Suprema Corte designados para integrar ese Poder, en las próximas elecciones, durará en su encargo dos años; los que fueren electos al terminar este primer período, durarán cuatro años y a partir del año de 1923, los Ministros de la Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito sólo podrán ser removidos cuando observen mala conducta y previo el juicio de responsabilidad respectivo a menos que los Magistrados y los Jueces sean promovidos a grado superior.

El mismo precepto regirá en lo que fuere aplicable dentro de los períodos de dos y cuatro años a que hace referencia este artículo.

La Suprema Corte de Justicia y la Revolución constitucionalista.

La Suprema Corte recién instalada comenzó a dar cuerpo al sistema emanado de una Constitución tachada de ilegítima,[8] enfrentando la tarea sin la legislación adecuada por los años que estuvo cerrada.  Veamos qué pasó con la Corte durante la Revolución, recordando que el Plan de Guadalupe desconoció a los poderes federales, Suprema Corte incluida.

Después de la Decena Trágica, tras la muerte de Madero y Pino Suárez, la vida institucional del Alto Tribunal comenzó a sufrir tropiezos, en la medida que avanzaba la revolución constitucionalista y se generalizaban los movimientos sociales.[9] En 1914, ante el inminente  triunfo de la Revolución, la Suprema Corte continuó trabajando como mejor pudo; varios juzgados de Distrito debieron mudarse porque era imposible permanecer en sus sedes aunque todavía se desahogaron algunos asuntos de trámite. «El martes 30 de junio de 1914 fue la última sesión de Pleno que aparece en el libro de Actas del Segundo Trimestre del año. No existe libro del Tercer Trimestre, aunque hubo varias sesiones.»[10] Tras la entrada de Carranza a la capital el 22 de agosto fueron clausuradas las salas del Tribunal Superior del Distrito Federal y de la Procuraduría de Justicia. El 26 de agosto los periódicos dieron cuenta de que la Suprema Corte había sido cerrada y que los propios ministros «acordaron suspender sus funciones.»[11]   A partir de esa fecha no hubo administración de justicia federal hasta que se restableció la Corte conforme al artículo 5° transitorio de la Constitución: “El Congreso de la Unión elegirá a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo, para que este alto cuerpo quede instalado el primero de junio.

Así sucedió, y desde el 1º de junio de 1917 comienzan los trabajos, dentro de lo que José Ramón Cossío denomina “El periodo constitutivo (1917-1928) de la teoría constitucional de la Suprema Corte”, para delimitar su ámbito de validez y la jerarquía de la Constitución, entre otras cuestiones; en este periodo el supremo tribunal deslinda de una manera, a su juicio, contradictoria pero definitiva a la Constitución de 1917 de la que le da origen,[12] lo que se define en más de un amparo que conoce la Corte en el año mismo de la expedición de la Constitución. Tanto la Constitución de 1857, como la de 1917 están precedidos de una ruptura social y política, la Revolución de Ayutla y la Revolución mexicana; pero sobre esta última, la Corte señala con toda claridad la existencia de una fractura jurídica, al afirmar que: “[La Constitución de 1917] no es aplicable a las consecuencias de los actos ejecutados durante el periodo preconstitucional, porque de esos actos no es responsable ninguna autoridad, sino el pueblo mismo”. Sobre la Constitución de 1857, vigente cuando estalló la lucha armada, dijo: “La vigencia de la Constitución debe tener por base fundamental la división de los Poderes, y durante la lucha, no hubo Legislativo ni Judicial”.[13]

El Constituyente asentó que la segunda es solamente la reforma de la primera, como reza su título,[14] por razones que parecen vinculadas a la legitimidad que les dio la Revolución triunfante pues conforme a la Constitución de 1857 no era la manera de hacer las reformas, de lo que estaban conscientes varios diputados. Reinhold Zippelius afirma que las revoluciones producen una fractura en el sistema jurídico hecho que fue señalado por la Suprema Corte poco después de la expedición del texto constitucional,[15] pero también que “el éxito determina la calificación jurídica de las revoluciones. Si fracasan su significación es jurídico-penal; si triunfan, tienen relevancia jurídico política,” y si el nuevo poder estatal logra imponerse de forma duraderas nace una nueva situación de derecho político.[16] Es lo que afirma Tena Ramírez en la cuarta década del siglo XX al cuestionar la legitimidad originaria de cualquier constitución emanada de una revolución condicionándola al referéndum. Sin embargo este autor admite que a pesar de sus orígenes, la Constitución de 1917 constituye la base de toda nuestra estructura jurídica.[17]

Por su parte, Jorge Carpizo, quien se refiere al tema poco más de cincuenta años después de la Revolución, ya no  cuestiona la legitimidad de la Carta Magna; más alejado de las turbulencias de la época, recupera las opiniones de Molina Enríquez y también de algunos constituyentes y no se detiene en el tema de si es nueva o reformada, llegando a la conclusión que se trata de una anfibología, pues a su juicio “el actual Código Supremo es uno nuevo” por varias razones: una procesal, que fue señalada por Palavicini, como antes se dijo, en el seno del Constituyente, a saber, que no se siguió el procedimiento establecido en la de 57 para su reforma; el segundo, la de 57 era una constitución política y la de 17 político social “que trató y trata de resolver los grandes problemas de inmensas masas sociales, de las más débiles; el tercero, que la Constitución de 1917 acabó con la “vieja idea de hacer constituciones concisas.” Así, para este autor es “imposible afirmar que “la Constitución de Querétaro sea sólo una reforma a la de 1857.”[18] Sin embargo, en 1917 el asunto no se veía tan claro porque entre 1913 y 1916 la Constitución de 1857 fue reformada por el propio Carranza, por eso la Suprema Corte al resolver varios casos que conoció en sus primeros años de funcionamiento debió establecerlo en forma contundente.

Como bien dice Jorge Carpizo, hay grandes diferencias doctrinales entre ambos textos jurídicos. La Constitución de 1857 funda el Estado liberal que tiene en su diseño institucional los elementos del estado de derecho, y si aceptamos lo que afirma tanto la doctrina como la interpretación judicial, la de 1917 es una nueva Constitución. Esto permite distinguir entre el cuerpo jurídico que funda el Estado de derecho en 1857 del que sustenta al Estado, también considerado de derecho, pero social, que surge de la Revolución,[19] y se sostiene sin ruptura jurídica [20] hasta nuestros días. La Constitución presenta, en su redacción actual, una amalgama multiforme en la que todavía es posible identificar algunos de sus principios orientadores como la división del poder, la protección de las garantías individuales, el federalismo, cuya base es el poder municipal,  y la independencia del Estado y las Iglesias. En este largo periodo, con muy numerosas reformas, ha sido la cabeza del sistema jurídico mexicano buscando incluir las nuevas realidades de un mundo en transformación en nuestro marco normativo.

Cómo vincular lo que hoy tenemos con lo que el diputado Medina llamó las “macizas columnas” del “edificio constitucional” cuando ante una emocionada concurrencia se firmó la Constitución de 1917 y se protestó guardarla y hacerla guardar. No tengo respuesta a esta pregunta, pero al lado de la norteamericana, la nuestra se encuentra entre las más antiguas pues está a unos meses de cumplir cien años de haber sido expedida.

Con el agotamiento del modelo revolucionario, la discusión sobre la posible elaboración de una nueva Constitución, está en todos los ámbitos. Al respecto me parece que sin los consensos que requieren las reformas cuando no se derivan de un constituyente revolucionario, las vueltas de tuerca son riesgosas. Nuestro futuro no se ve con claridad; no se ha logrado constituir realmente un Estado de derecho, ni se acortaron las desigualdades que llevaron al movimiento armado de 1917 y en las últimas décadas se han realizado reformas de gran envergadura, casi tan grande como las que emanaron del Constituyente en 1917. Quizá el problema reside más en la eficacia que en la legitimidad o la vigencia, pero sería tema de otro trabajo.

Aquí el resto del texto.

María del Refugio González. Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates, edición facsimilar, México, INEHRM, 1985, v. II, p. 1159

[2] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates…, v. II, p. 1159-64; cita en 1164; las negritas son mías.

[3] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates…, v. II, p. 1164-69.

[4] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates…, v. II, p. 1175.

[5] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates…, 1985, v. II, p. 1172-78; cita en 1175-76.

[6] Congreso Constituyente, 1916-1917. Diario de los Debates…, v. II, p. 1178.

[7] Tomo V, México, Lunes 5 de febrero de 1917; 4ª Época Número 30.

[8] Jorge Vera Estañol, Al margen de la Constitución mexicana de 1917, s.p.i., J. Roberto Luna Carabeo recoge los artículos que publicó Vera Estañol en la Revista Mexicana, semanario de San Antonio Texas, en los que busca “demostrar que la Constitución mexicana adoptada en Querétaro era ilegítima por su origen y que,  comparada con la de 1857, los cambios que contenía pecaban en su mayor parte contra los principios de equidad y los reclamos de la convivencia nacional”, p. 3

[9] Después del levantamiento de Carranza, éste fue demandado por la Procuraduría General de la República a petición de Hacienda por «las exacciones de fondos cometidas por fuerzas rebeldes pertenecientes a las que están al mando del ex-gobernador Venustiano Carranza en varias oficinas federales residentes en el Estado de Coahuila.» Se solicitó la intervención del Poder Judicial de la Federación pues «las funciones del Juzgado de Distrito en ese Estado están de hecho en suspenso.» Asimismo se ordenó a la oficina de Correos que detuviera toda la correspondencia que recibía «el rebelde» Venustiano Carranza. Carlos de Jesús Becerril Hernández, Centralización judicial y desempeño económico. El amparo en materia fiscal en México, 1879-1836, Tesis de Doctorado, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, julio de 2016, p. 246.

[10] Cabrera Acevedo, Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX, 1901-1914, México, SCJN, 1993. pp. 91-93; cita en p. 93. Utilizo algunos materiales del trabajo señalado en nota 1, supra.

[11] Cabrera Acevedo, La Suprema Corte a principios del siglo XX, 1901-1914…, pp. 99-102; cita en p. 102.

[12] José Ramón Cossío, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, 2ª reimpresión, Fontamara, México, 2008, pp. 89-97.

[13] Amparo penal directo ante la Suprema Corte. Rivera G. José Antonio. 25 de agosto de 1917, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. I, p. 73. Éste y otros amparos serán analizados más adelante.

[14] “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857”; véase Congreso Constituyente 1916-1917, Diario de Debates, México, INEHRM, 1985, t. 2, p. 1181.

[15] Como antes se dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde muy temprano destaca la fractura que se produjo por la usurpación “ilegítima” de Huerta: “[La Constitución de 1857] Dejó de tener observancia desde el momento en que los poderes legalmente establecidos fueron usurpados por un gobierno ilegítimo”. Amparo penal interpuesto directamente ante la Suprema Corte. Granda Higinio. 24 de octubre de 1917. Mayoría de 6 votos. Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. I, p. 805; “Dejó de estar en observancia desde el derrocamiento del gobierno legítimo en febrero de 1913”. Amparo civil interpuesto directamente ante la Suprema Corte. Mayoría de ocho votos. Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. I, p. 357.

[16] Reinhold Zippelius, Teoría general del Estado (Ciencia de la política), traducción de Héctor Fix Fierro, IIJ, UNAM, México, 1985, pp. 154-155; el levantamiento que guía a la Revolución constitucionalista tras la aprehensión de Madero y tiene como fin desconocer a los Poderes de la Unión va incorporando elementos de diversos orígenes hasta constituir lo que señala Zippelius: “un proyecto más justo” que se proyecta en las Adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 2014.

[17] Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1995 [la 1ª edición es de 1944], para justificar su afirmación va dando cuenta de la evolución del movimiento carrancista y sigue el pensamiento de Schmitt y de Kelsen; también señala que los propios constituyentes sabían que la revolución “todavía” no era admitida por todos los mexicanos, pp. 72-73; el mismo argumento fue expuesto en los periódicos de la época y por Vera Estañol, pero se refiere a la ilegitimidad, vid supra nota 10.

[18] Jorge Carpizo,  La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1982; pp. 122-125 [la primera edición es de 1969]

[19] “[El régimen constitucional] no se restableció sino hasta el primero de mayo de mil novecientos diecisiete, en que comenzó a regir la actual Constitución”. Amparo penal en revisión. Montes Avelino. 26 de septiembre de 1917. Mayoría de siete votos. Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. I, p. 337.

[20] Carla Huerta en “Constitución, transición y ruptura”, en María del Refugio González, y Sergio López Ayllón (eds.), Transiciones y diseños institucionales, cap. 2, IIJ, UNAM, México, 1999, pp. 61-70; la ruptura se encuentra vinculada a la vigencia y eficacia de la norma fundamental y en nuestro caso, no es mucho lo que podemos afirmar de la segunda.

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