La decisión judicial y el deber de preservar derechos. Un ejemplo

El artículo 1º constitucional, primer párrafo, impone un cambio a la forma ordinaria de entender los derechos fundamentales, y en el caso particular de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad ello es evidente: si se tiene el deber de preservar derechos de rango máximo (de fuente constitucional y de fuente convencional), “es innegable que no sólo puede reconocerse una dimensión adjetiva o formal en el derecho a la debida fundamentación y en su caso también a la debida motivación, sino también una dimensión sustantiva que implica obligaciones adicionales más allá del mero cumplimiento de la formalidad”.[1]

Retomo aquí la clásica fórmula de Beccaria sobre el silogismo judicial: “Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena”. Es útil para explicar la relación de la sentencia con lo sustantivo: el órgano jurisdiccional escoge la norma con la que construirá su solución; considera probados algunos hechos a los que debe dar tratamiento jurídico, y emite un enunciado para adjudicar derechos y obligaciones, y en cualquiera de estas fases existe el deber de preservar derechos de rango máximo. Me referiré al tercer momento.

La solución de un caso significa al final enunciar si una conducta está ordenada o prohibida o si un cierto estado de cosas es posible o no. En esta parte del trabajo judicial cabe hacer un juicio de valor sobre si la solución, en sí misma considerada, es compatible con normas de rango máximo de las que derivan derechos humanos.

Permítanme retomar aquí una sugerencia que planteé en otro sitio: derechos humanos son los estados de cosas ideales que derivan de las normas constitucionales o convencionales aplicables dentro del territorio nacional, creadas para la protección de intereses especialmente relevantes de los individuos o de las colectividades que éstos conforman (relevantes por su conexión con valores tales como dignidad individual, libertad personal, igualdad interpersonal, solidaridad social, ciudadanía política y justa administración de justicia de acuerdo al derecho).

Dentro de estos estados de cosas que devienen de tales entramados normativos, los seres humanos somos capaces de producir acciones (disfrutar, crear cambios institucionales, exigir prestaciones debidas, impugnar los actos que interfieren con el disfrute) o de vernos favorecidos por las de otros (como la protección debida a cargo de terceros) —acciones conceptualmente unidas a aquellos intereses—; constituyen límites tales para el Estado que los actos que éste cometa trastocándolos (al imponernos indebidamente cargas, bien sea obstaculizando o impidiendo que produzcamos dichas acciones o que nos veamos favorecidos por las de otros) se reputan inválidos y dan lugar a la restitución de su goce.

La solución que ofrecen los tribunales a los casos que son sometidos a su conocimiento, entonces, ha de ser compatible con los derechos humanos. Si la solución dada a un caso por parte de un juez local impone una carga (y siempre lo hace, porque es propio de las resoluciones judiciales imponer una conducta o la sujeción a un estado de cosas), esta carga debe ser conforme a derecho y no ha de impedir ni obstaculizar que esos estados de cosas benéficos se realicen en las partes.

Robert Alexy[2] sostiene que lo primero ocurre cuando el Estado, contra derecho, crea circunstancias que hacen fácticamente imposible al derecho-habiente realizar la acción que constituye la esencia del derecho (o, agrego, ser receptor de la acción de otro); lo segundo, cuando el Estado crea circunstancias que dificultan al derecho-habiente realizar o recibir dicha acción, incluso al grado de impedírselo jurídicamente (a mi modo de ver, estas circunstancias pueden perfectamente ser llamadas “cargas”: carga como la obligación de asumir una determinada conducta impuesta por una autoridad que actúa, al menos prima facie, amparada por una potestad pública, y que el individuo puede repudiar al considerarla contraria a derecho, esto es, que lo agravia).[3] Impide la realización del derecho de libertad el agente del ministerio público que detiene a una persona sin que medie flagrancia ni se actualicen las condiciones del caso urgente; obstaculiza el derecho de defensa si, además, no le da a conocer las causas de la detención.

Quiero ejemplificar lo anterior con un caso concreto, actual y real. No con una sentencia y ni siquiera con un auto interlocutorio. Haré uso de un acuerdo de trámite: el que ordena el archivo del expediente (esto muestra, además, que la satisfacción de los derechos que devienen de los ordenamientos supremos puede darse en todos los productos de la actividad judicial).

En la clase de juzgado a la que estoy adscrito (uno especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones), cuando se libra una orden de allanamiento y ha sido ya ejecutada por el ministerio público, lo que se espera es que éste remita el acta con todas las formalidades, el material fotográfico del que se desprenda el desarrollo de la diligencia y las certificaciones correspondientes. Con esta información, el juzgado no tiene ya más actuaciones para desahogar y se ordena el archivo. Cesa su actividad jurisdiccional y lo que sigue es del ámbito netamente administrativo. El cuaderno se deposita en unas bodegas que sirven como archivo dentro del inmueble donde se ubica el órgano. Pasados tres años, el expediente se transfiere a un diverso archivo de concentración general para todos los tribunales y juzgados federales, en donde el cuaderno ya no está sujeto a la guarda y custodia del órgano que lo remite. Lo mismo ocurre con las intervenciones de comunicaciones que concluyen. En la generalidad de los casos esto no significa ningún problema y no hay reparo que hacer: ¿qué puede haber más monótono, rutinario y simple que mandar al archivo un expediente?

Al poco tiempo de haber tomado posesión del juzgado, sin embargo, se presentaron varias solicitudes de cateo y de intervención de comunicaciones vinculadas con la creación, almacenamiento y distribución de imágenes y videos de pornografía infantil a través de redes informáticas. En estas peticiones, entre el material probatorio exhibido por el ministerio público, necesariamente, se encontraban las fotografías o videograbaciones interceptadas, en las que, por supuesto, aparecían las víctimas.

Una vez desahogado el cateo o concluida la intervención, sin más trámite pendiente, ¿era conducente enviar al archivo los cuadernos, en los que, entre sus fojas, obraban las imágenes de menores de dieciocho años sufriendo actos de pornografía? Consideré que sí, pero sin constancia de las imágenes. Concluí que de remitir los cuadernos con las fotografías se podía poner en riesgo un derecho fundamental de fuente internacional de los menores de edad, esto es, que podía ser trastocado en su perjuicio uno de esos valiosos estados de cosas que llamamos “derechos humanos”. La solución que adopté es esta: una vez resuelto el asunto y ejecutada la orden de cateo por la autoridad ministerial, las imágenes dejan de tener utilidad procesal. Sobre esta base y en apego al deber de atender al interés superior del niño (que no significa sino realizar en los casos concretos los derechos que para las personas menores de dieciochos años prevén la Convención de los Derechos del Niño y los ordenamientos del derecho interno de cada Estado o del Derecho Internacional aplicable en dicho Estado), a efecto de no vulnerar derechos fundamentales, antes del envío del cuaderno al archivo, deben desglosarse las fojas donde obran las imágenes mencionadas y ser destruidas ante la presencia del Secretario, previa foja de sustitución y certificación que se deje en autos.

La base normativa de esto es el conjunto conformado por los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 4°, párrafo octavo, de la Constitución; 2.1, 3.1 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 8.1 inciso e), y 8.3 del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (instrumentos internacionales de aplicación plena y obligatoria para todas las autoridades del país), de los que se desprende el deber jurídico para cualquier órgano del Estado de proteger la intimidad o identidad de los niños víctimas de pornografía infantil y de tomar medidas que tiendan a evitar la divulgación de información que pudiera llevar a su identificación.

Alguien podría objetar que este proceder contravendría los artículos 18, primer párrafo, y 19 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 18. Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o agregado los documentos recibidos, el secretario foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello del tribunal en el fondo del cuaderno de manera que abrace las dos caras.

Artículo 19. Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas ni espacios en blanco; y cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son las fojas que les corresponden.

Si en efecto estas dos disposiciones contravinieran a las normas de fuente internacional, habría que preferir éstas: dejar de satisfacer el contenido de normas de rango máximo por dejar satisfecho el contenido de normas secundarias no es proceder adecuadamente. A quienes actuaran así se le tildaría con justa razón de “formalistas”. Sin embargo, creo que no estamos frente a un caso de ver cuál es el contenido normativo que debe prevalecer y ni siquiera ante uno de ponderación.

La ratio legis que anima a las dos disposiciones adjetivas es la de evitar que los expedientes sean alterados, sustrayendo o adicionando actuaciones que no hayan sido previamente puestas a disposición del juez para su acuerdo, y conservar en forma indubitable el desarrollo del procedimiento a través de los documentos sobre los que se desenvuelve. Estas finalidades, empero, se han visto colmadas en los asuntos que refiero, desde su inicio y hasta su culminación, y como ya no subsiste la necesidad de tener a la vista dentro del procedimiento las imágenes mencionadas, al haberse agotado en definitiva su objeto, conservarlas en un expediente que será remitido al archivo deja de tener sentido y más si hacerlo podría poner en riesgo los derechos a los menores que derivan de las normas transcritas.

Así decidí. Atendí a preceptos de fuente internacional de los que derivan derechos a favor de los niños. Di solución a un caso: ofrecí un enunciado que estimo compatible con esos estados benéficos a los que se llama derechos fundamentales.

Miguel Bonilla López.  Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Pérez Johnston, Raúl, “Artículo 16. Actos de molestia”, en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner, Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN-UNAM-Konrad Adenauer Stiftung, 2013, tomo II, p. 1546.

[2] Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 166 a 168.

[3] Bonilla López, Miguel, Tribunales, normas y derechos. Los derechos de rango máximo y la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana, México, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 15 a 35.

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3 comentarios en “La decisión judicial y el deber de preservar derechos. Un ejemplo

  1. La reflexión que un juez hace de su propia labor me parece siempre un ejercicio con gran valía, esta constante reflexión abona al abandono de la vetusta idea de que el derecho se aplica mecánicamente, al contrario, el estado de derecho constitucional hace necesario que cada uno de los casos que se somete al análisis judicial deba de ser visto desde la óptica de los derechos fundamentales, es decir, la labor de los jueces -incluso la labor administrativa como señala el autor- se encuentra impregnada precisamente del contenido de esos derechos dado el efecto de irradiación sobre el demás entramado normativo y, en consecuencia, todo su actuar debe de ser acorde con los mismos. El juez Bonilla hace un claro ejemplo con su texto, pues demuestra que incluso el más rutinario actuar del juzgador puede incidir en los derechos fundamentales, celebro la forma en la que tomo el contenido de esos derechos y lo aplicó en lo que la mayoría hubiera dado por un mero acto de trámite, si algo deja muy en claro el texto es que los derechos fundamentales inciden en la totalidad del actuar de los jueces y no sólo deben de tenerse en cuenta al momento de dictar sentencias.

  2. Buenas tardes
    Juez Miguel Bonilla López

    Tengo una pregunta respecto a este tema de los Derechos Humanos.
    ¿Qué órgano tiene como objetivo lograr la restitución del Derecho Humano violentado?

    1. Art. 1° constitucional: «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de […] proteger[…] los derechos humanos […]. [E]l Estado deberá […] reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.»

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