La necesidad de protección de propiedad intelectual académica en México

Las normas morales dictan que robar no es moral, además de ir en contra de las normas jurídicas establecidas. Si una persona roba una joyería a mano armada, la ley establece una sanción para castigar el acto. Por el contrario, cuando una persona roba una idea, el proceso es mucho más meticuloso. El robo de propiedad intelectual es un tema por demás relevante dentro de la academia. Sin embargo, los intereses de los académicos no se ven reflejados en la ley.

La Ley federal del derecho de autor, en su artículo 12, establece que un autor es cualquier persona física que ha creado una obra ya sea artística o literaria[1]. Más adelante, en el artículo 14, dicha ley específica que las ideas en sí no cuentan como para ser considerado candidatos para reclamar derechos de autor.[2] Por lo tanto, cualquier trabajo académico debe estar a disposición del público en general, lo cual vulnera la creación de textos de investigación. Incluso, esta ley asegura que la información y los resultados innovadores, tanto de los científicos como de los académicos, estén a disposición del público en general para obtener beneficios de los nuevos conocimientos. O, visto de otra manera, de fomentar la interacción y el flujo de ideas mediante la inexistencia de un monopolio de propiedad, donde el propietario no pueda privar a los otros del uso de sus investigaciones.

En este sentido, el artículo 28 de la Constitución descarta la posibilidad de monopolio en cuanto a “privilegios” concedidos a autores y artistas por determinado tiempo para la producción de sus obras. Por un lado, la Ley Federal del Derecho de autor[3]  indica la autoridad competente y facultada para emitir una sanción cuando el derecho de autor sea violado:

Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, según la Ley Federal del Derecho de autor[4], las condiciones en las que se genera el plagio son las siguientes:

Artículo 3o.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

Artículo 4o.- Las obras objeto de protección pueden ser:

1) Según su autor

2) Según su comunicación

3) Según su origen D. Según los creadores que intervienen

Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

1) Literaria;

[…]

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Como puede observarse, la mayor deficiencia de dichas normas es que en su aplicación nunca hacen referencia al ámbito académico. En el caso del plagio, la falta de un procedimiento jurídico adecuado y normas que rijan la investigación como propiedad intelectual sólo se encuentra regula por códigos internos de cada institución académica. Esto ocasiona una variación entre las posibles sanciones que la persona que realizo el plagio podría hacerse acreedor.

Un claro ejemplo del vacío que presenta la mencionada legislación es la detección y sanción del plagio en el caso del ex profesor, Rodrigo Núñez Arancibia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Dicho profesor era un reconocido historiador con grado de doctor por el Colegio de México (COLMEX), además de haber formado parte Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT en el cual obtuvo alrededor de 800 mil pesos mexicanos.[5]  No obstante, a este académico se le descubrieron casi 20 trabajos académicos claramente plagiados, incluyendo su tesis de doctorado que era en un 90% la obra original “La Revolución empresarial chilena” de Cecilia Montero.[6] De ello, la sanción que Rodrigo Núñez obtuvo por plagiar en diversas ocasiones textos -en ocasiones inéditos- de otros académicos fueron:

  • La expulsión del SNI y la imposibilidad de reingresar a este por al menos 20 años.[7]
  • La revocación del grado de doctor en sociología concedido por el COLMEX, por violar el artículo 22 del reglamento interno del programa de doctorado en ciencia social con especialidad en sociología.[8]
  • Destitución como profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás.

La razón por la que Núñez logró robar tantas ideas por más de una década sin ser descubierto fue porque dentro del campo académico y científico, las investigaciones y las publicaciones son numerosas. Es prácticamente imposible tener en cuenta cada trabajo hecho y notar las semejanzas que pudiera llegar a tener el trabajo de un académico en comparación con otro. Cabe destacar que otra dificultad es considerar los trabajos en otro idioma, otros países o de años muy separados.

Otro ejemplo es el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto y su tesis para obtener el título de licenciado en derecho de la Universidad Panamericana. Después de un análisis realizado por la reportera Carmen Aristegui[9] y su equipo, mostró que la tesis del presidente sumaba un 28% plagio. Esta tesis, llamada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, contenía fragmentos del libro, Estudios de Derecho Constitucional, escrito por Miguel de la Madridal, mismos que os cuales no fueron citados en ningún momento. A pesar de que esta situación ha sido confirmada, la Universidad Panamericana no hizo nada al respecto más que aceptar que el plagio fue cometido, arguyendo que debido a que se trataba de un exalumno no le aplicaba el reglamento de tal institución académica.[10]

Estos dos casos demuestran, por un lado, las ineficiencias para castigar el plagio y, por otro, que las sanciones únicamente provienen de las instituciones académicas, sin que existan medidas establecidas por la ley. Contrario a esto, en España existe una protección de propiedad intelectual en obras literarias, artísticas o científicas. En el Real Decreto Legislativo 1/1996 (Decreto), las normas que regulan el derecho de autor quedan plasmados en los términos en los que la propiedad intelectual será manejada y qué tipo de acciones coercitivas serán tomadas en caso de plagio. Las acciones a grandes rasgos son los siguientes:

Artículo 138: Acciones y medidas cautelares urgentes.

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.[11]

Esto significa que si llega a existir un caso de infracción de derechos de autor, el autor afectado cuenta con varias herramientas para detener la actividad y recibir una indemnización. En el artículo 139, el Decreto establece que el autor puede decidir si desea destruir el producto que fue hecho con base en su trabajo o si desea destruir las herramientas usadas para hacer el duplicado, el autor dispone de todo derecho para hacerlo.[12] En el caso de la indemnización, el autor tiene la potestad de exigir las pérdidas económicas que el plagio le ocasionó. También, el autor puede hacer que el plagiador pague la investigación previa para descubrir a la persona que estaba infringiendo.[13] En sí, la ley busca evitar el apropiamiento o uso con fines lucrativos sin el consentimiento previo del autor original por parte de un tercero.

Como pudo observarse, existe una clara deficiencia normativa que requiere subsanarse en beneficio de todos los investigadores. Es indispensable una reforma a Ley federal de derecho de autor con el objetivo de proteger las ideas y el tiempo invertido de un investigador, una reforma que incluya disposiciones como las presentadas por el cuadro normativo español. Es decir, una regulación que con su protección otorgue mayor valor a los descubrimientos científicos y, de esta manera, se fomente la labor científica.

Lucía Martínez Pardo-Salas y Livia Helena Rösel González. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal del Derecho de Autor (México, 13 de enero de 2016), 3, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf

[2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal del Derecho de Autor, 4.

[3]  Ley Federal del Derecho de Autor (México, H. Congreso de la Unión, 2012), artículo 2.

[4] Ley Federal del Derecho de Autor (México, H. Congreso de la Unión, 2012), artículo 3, 4 y 5.

[5] En concepto de estímulo económico.

[6] Tania Opazo y Noelia Zunino, “Confesiones de un plagiador”, Nexos, 5/08/15, consultado noviembre 20, 2017, https://www.nexos.com.mx/?p=25896

[7] Emir Olivares Alonso, “Expulsan a dos miembros del SNI por plagio académico”, La Jornada, 04/08/2015, consultado el 20 de noviembre, 2017, http://www.jornada.unam.mx/2015/08/04/sociedad/033n1soc

[8] Reglamento interno del programa de doctorado en ciencia social con especialidad en sociología que se ofrece en el centro de estudios sociológicos del Colegio de México. “Artículo 22°. La tesis deberá ser una contribución individual y original al estudio del tema seleccionado. En ella el/la candidato/a pondrá de manifiesto su iniciativa, capacidad creativa y competencia para la presentación de los materiales y la exposición de las ideas, al mismo tiempo que demostrará que conoce la bibliografía especializada y que ha realizado un sólido trabajo de investigación empírico”

[9] Carmen Aristegui, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Juan Omar Fierro y Rafael Cabrera, “Peña Nieto, de plagiador a presidente”, Aristegui Noticias, 21 de agosto de 2016, consultado el 20 de noviembre de 2017, https://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente/

[10] Animal Político, “Peña sí plagió párrafos en su tesis, pero es imposible proceder: Universidad Panamericana” Animal Político, 29 de agosto, 2016, consultado el 20 de noviembre de 2017, http://www.animalpolitico.com/2016/08/tesis-pena-nieto-plagio-panamericana/

[11] Ministerio de la cultura, Real Decreto Legislativo (4 de julio de 2017), 45. https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf

[12] Ministerio de la cultura, Real Decreto Legislativo, 45-46.

[13] Ministerio de la cultura, Real Decreto Legislativo (4 de julio de 2017), 46.

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