La Reforma que atenta contra Derechos Humanos (parte 1)

Empresa ardua ha sido para la ciencia del Derecho desarrollar un esquema conceptual genérico, esto es, un criterio capaz de agrupar y analizar las diversas modalidades de una Constitución. Karl Loewenstein [1] -considerado el padre de las Constituciones modernas- refiere que el Estado constitucional actual atiende a una forma de gobierno directamente ligada a la democracia, sujeta a la dinámica del supremo poder, la relación bilateral entre los que lo detentan y ejercen y aquellos a quienes va dirigido, este último versa respecto de la sociedad y sus múltiples necesidades y peticiones.

La idea de una Constitución emerge principalmente de la despersonalización del Poder. Por una parte, el antecedente más remoto y diáfano nos remite a la doctrina estadounidense: the system of checks and balances. Aunque, por otra parte, su origen tiene simientes filosóficas mucho más vetustas. Platón propone en La República una forma de gobierno dividida en tres ejes que puedan converger y canalizar el mismo ideario: el poder. Más adelante, Polibio refiriéndose a la hegemonía romana identificó en esta, el porvenir del pueblo latino; la Ilustracióntrajo consigo a pensadores de la talla de Montesquieu, acuñando una frase perpetuada en el tiempo: “Un gobierno debe erigirse para que ningún hombre deba temer de otro” [2].

Sostener que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es únicamente un ordenamiento positivo representaría un aberrante error normativo. Es ostensible que, en las ciencias sociales -más tratándose de instituciones jurídicas- no hay teorías eternamente validas, porque la naturaleza del Estado, en el mejor de los casos, es evolutiva, por lo que la mayoría de las interpretaciones tienden a reducirse a una interpretación histórica y a los fenómenos experimentados durante la vigencia de esta. La presente entrega no optará por el camino abstracto de la Constitución, sino por una dinámica real y principalmente pragmática.

El once de marzo de dos mil veintiuno el Diario Oficial de la Federación publicó el “DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación”.  Dentro de los dispositivos legales que comprende la Reforma de mérito, el alcance jurídico de la que objeto el artículo 107 fracción IX es portentosa. Previo a realizar un comentario más reflexivo de la línea que antecede, es necesario exponer lo siguiente:

Fue en el círculo de Viena donde Adolf Merkl acuñó su Teoría de la construcción gradual [3]; Teoría concebida desde el fenómeno dinámico del Derecho y un pensamiento revolucionario y diacrónico. Ahora bien, hipótesis que, de forma primigenia, sostiene que un sistema jurídico unidimensional y reduccionista carece del umbral de una norma jurídica, ignorando los actos supra legislativos y sub legislativos de la estructura de la cual forma parte.  Merkl insiste en que el Derecho tiene su génesis en una pluralidad de formas de legislación o producción jurídica. En esta tesitura, la dinámica de la construcción gradual es el exhaustivo análisis de las relaciones que existen entre normas con un origen diverso, id est, su propia coexistencia en el esquema jurídico, el desarrollo lineal y simultáneo de una a partir de la otra, y cómo polarizar la diversidad normativa a un único sistema es el meollo de la Teoría que propone el autor.

La Teoría de Merkl sirve puntualmente para aprehender una estructura jurídica determinada y advertir el funcionamiento de los sistemas jurídicos modernos en cuanto a su carácter normativo y su internacionalización, por lo que hace a adhesiones de Tratados Internacionales. El concepto de dinamismo atiende, no sólo al proceso de jurídico de la creación y la aplicación de la norma, sino también al análisis en conjunto, estudiando el accionar recíproco entre los elementos del Derecho interno y los elementos externos, que son fundamentalmente conexiones que complementan y matizan la sinergia de Derechos Humanos y Fundamentales. La experiencia jurídica demuestra que el pluralismo de las diversas raíces normativas, es decir, métodos de creación de la norma que, quizás, tengan como fin último la protección de la sociedad frente al Estado, sin embargo, sus hipótesis están provistas de factores diametralmente distintos.

El nuevo paradigma constitucional derivado de la Reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos representó un punto de inflexión respecto de la aplicación e interpretación de justicia. Trajo consigo distintos cambios estructurales en el andamiaje del sistema jurídico mexicano, priorizando Derechos sustantivos consagrados en la Carta de Querétaro, además de los Tratados Internacionales de los que forma parte el Estado mexicano, frente a formalismos procedimentales. Reformas que a la postre continúan en un proceso de adaptación que colmen el espíritu inherente de las normas y, por tanto, aún con una senda bastante larga por recorrer.

Tal y como se alude en el introito de este artículo, la simiente cuyo fruto deriva en una Constitución es la democracia. Traducido y, dicho de otra forma, el Poder Judicial representa per se las determinaciones que optan sus Tribunales, entendiendo a este mecanismo como un contrapeso directamente ligado con las funciones del Estado, posturas que terminan por enunciar y modificar derechos y obligaciones de observancia obligatoria para el Supremo Poder de la Federación en sus tres facetas, que obedecen a la Teoría de División de Poderes.

Sentado lo anterior, el artículo 107 Fracción IX -después de la Reforma en boga- preconiza lo siguiente:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno;

[…]”.

A saber:

La Ley de Amparo en su capítulo de Medios de Impugnación, en el artículo 104 y 106 textualmente dispone lo siguiente:

“[…]

Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

[...]”.

Esto es, frente a la negativa del Ministro Presidente respecto de la admisión de un Amparo directo en revisión no será susceptible de ser recurrida a través del recurso de Reclamación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de atraer asuntos revestidos de “trascendencia e importancia”. De conformidad por el artículo constitucional en cita, pueden conocer discrecionalmente de estos asuntos, ya sea de oficio o a petición de parte. Esta facultad bipartita ha generado controversia respecto de la discrecionalidad que le otorga a los Ministros que conforman el Alto Tribunal de considerar a su libre arbitrio cuál es el alcance de “importancia y trascendencia”.

El poder discrecional, en un amplio sentido, es una facultad legítima. Se trata de la aptitud legal de decidir o no frente a un caso concreto. La corriente representó la necesidad de institucionalizar el accionar jurídico con la finalidad de superar los defectos de los ordenamientos jurídicos; es decir, se sostiene que, no todas las hipótesis jurídicas posibles tienen una regulación expresa, o bien, una respuesta jurídica, atendiendo lo antes dicho, el legislador otorga facultades discrecionales con la finalidad de que el juzgador pueda plantear su postura dependiendo de circunstancias particulares. Fórmula legal provista de principios generales cuya aplicación pueda ser dúctil, con estándares abiertos y argumentos prolíficos, cuyas determinaciones deriven en criterios jurídicos novedosos anticipando las necesidades del devenir [4].

La interpretación y aplicación de estos principios que terminan por ser orientadores y complementos de la norma jurídica no gozan de un razonamiento estrictamente formal, empero, es ineluctable que, deben comulgar y salvaguardar Derechos Humanos y fundamentales porque su aplicación es pragmática, además de ser considerada, incluso, un control de constitucionalidad. Esto es así porque un principio general por antonomasia es abstracto y no está doblegado a consecuencias jurídicas lineales. Es aquí donde emerge la política judicial que aduce el Alto Tribunal del país, porque el juzgador goza de autonomía para ejercer el control constitucional frente a la interpretación auténtica de la norma.

Razón lleva Juan B. Etcheverry[5] cuando refiere que, en suma, son dos las causales por las que los jueces son susceptibles de una facultad discrecional determinada respecto de los asuntos que conocen: por una parte, el ordenamiento jurídico que rige el acto carece de una norma expresa que lo articule; y, por otra parte, la Constitución y el poder legislativo asumen que el juzgador está en aptitudes de resolver frente aquellas hipótesis que rebasan el contenido de la norma, por lo tanto, deben allegarse y aplicar otras fuentes jurídicas que colmen su propio criterio, siempre antecedido por su deber jurídico de resolver y pronunciarse.

De manera personal coincidió plenamente en que, no existe ningún sistema jurídico capaz de prever todas y cada una de las hipótesis jurídicas que el desplazamiento y convivencia de la sociedad pueda generar. Sin embargo, existe una gran brecha entre una facultad discrecional concebida precedida de un margen de libertad, pero no total, porque el deber jurídico del juzgador le impone exponer el porqué de su determinación, un razonamiento casuístico, una método hermenéutico cuyo fin es no eludir, soslayar, ignorar todas y cada una de las fuentes que conforman el Derecho; mientras que, en una accionar diametralmente opuesto, una facultad de discrecional motivada por un razonamiento indeterminado, porque simplemente no figura ningún criterio que defina, limite, acote, supedite o que conceptualice qué es un asunto de importancia y transcendencia. Dicho de otra forma, no analizar, no ahondar, no esgrimir argumento alguno, no ponderar, desatender los alcances de la situación jurídica del justiciable, eludir todas las actuaciones procesales concluyendo en una determinación vacua y sin mayor trámite.

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Referencias.

[1]Loewenstein, K. (España). Teoría de la Constitución. 1973: ARIEL S.A. .

[2]Montesquieu. (2018). El Espíritu de las Leyes. Ciudad de México: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

[3]Osorio, M. A. (s.f.). Prolegómenos a una teoría de la estructura jurídica escalonada del ordenamiento (II). Obtenido de https://www.ugr.es/~redce/ReDCE3/17merlk2.htm

[4]Blanco, J. L. (2018). Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho . Ciudad de México : UNAM.

 

[5]Tesis: 2a./J. 132/2019 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 276.

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