La Reforma que atenta contra Derechos Humanos (parte 2)

Siendo el Derecho una ciencia esencialmente universal, la capacidad de adoptar instituciones jurídicas provenientes de otros países se convierte en un objetivo principal.  el término writ of certiorari ha cobrado relevancia. El sistema judicial de los Estados Unidos de América es un punto de cuestionamiento por el carácter discrecional de jurisdicción del que goza su Corte Suprema. El procedimiento por el que la Corte Suprema decide conocer de un asunto específico es conocido como auto de avocación [6]. Entonces, el recurso de certiorari es sustancialmente un medio jurisdiccional por el cual la Corte Suprema puede conocer de la determinación de un Tribunal inferior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Criterios Jurisprudenciales tales como, 2a./J. 132/2019 (10a.) [5], 1a./J. 32/2017 (10a.) [6], 2a./J. 128/2015 (10a.) [7]¸ enfáticamente sostiene que, el Presidente de este máximo órgano judicial tiene la facultad de desechar un Amparo Directo en Revisión por no colmar los requisitos de “importancia y trascendencia, sin estar obligado a ahondar y razonar de manera exhaustiva los motivos de dicha determinación. Trátase de una atribución discrecional inherente al Tribunal Constitucional de mérito. Asimismo, refiere que, además de que debe suscitarse una cuestión propiamente constitucional –condición necesaria, pero no suficiente–, es imprescindible que se valoren las características para que el asunto sea tildado como importante o trascendente. No obstante, la norma constitucional no define el alcance de dichos preceptos y, por tanto, es una delegación exclusiva del Alto Tribunal. Estas Tesis aducen que, el accionar del Supremo Tribunal es un reflejo de su política judicial, entendiendo por esta el estricto reconocimiento de un derecho, dicho lo cual, una obligación del Estado el garantizar su cumplimiento. Es decir, no únicamente versa sobre la competencia del Poder Judicial, sino también sobre los alcances y efectos que los pronunciamientos de este pueden ocasionar en el Poder Ejecutivo y Legislativo, en razón de amparar y proteger plenamente los derechos consagrados en la Carta Magna.

Es evidente que terminan por ser importantes no sólo los asuntos admitidos, sino también aquellos son desechados. Si bien es cierto que la Fracción IX taxativamente establece que es procedente el recurso de revisión cuya materia derive sobre la constitucionalidad de una norma general, la interpretación directa de un artículo constitucional, o bien, sobre la omisión de pronunciamiento de planteamientos realizados durante la secuela procesal, también lo es que una cuestión enteramente constitucional es un criterio que cuestiona la modalidad interpretativa de un órgano jurisdiccional respecto de una norma que tiene para vulnerar la Constitución. No obstante, es posible encontrar una intelección que la torne compatible con esta, entonces, la postura de una interpretación en cuanto a otra, implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su acuerdo general 9/2015 [8] establece las bases para la procedencia y tramitación de los recursos de Amparo Directo en Revisión. Pronunciándose en los siguientes términos:

[…]

SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

TERCERO. En el trámite de los amparos directos en revisión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación verificará que se cumplan los siguientes requisitos de procedencia:

  1. Que el recurso sea interpuesto oportunamente y por parte legitimada;
  2. Que en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de alguna norma general o la interpretación directa de algún precepto constitucional o de un derecho humano establecido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o que en la demanda se hicieron planteamientos de esa naturaleza, aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de tales cuestiones, y

III. Que se surtan los requisitos de importancia y trascendencia.

[…]”.

Mucho se ha debatido sobre un Estado de Derecho, sin embargo, no puede pasar desapercibido que, en un modelo democrático como el nuestro, las políticas públicas no derivan estrictamente de un solo poder, en su defecto, son el resultado de una constante interacción entre los tres ejes del supremo poder, en cuyas decisiones deben primar las necesidades y usos del pueblo mexicano. Dicho esto, conviene cuestionar lo siguiente:

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un rector directo de Políticas Públicas, en un ente con la suficiente capacidad de revertir o robustecer actos relativos a Derechos Humanos, ¿por qué ha optado por hacer inatacables las determinaciones del Presidente de este Tribunal tratándose del recurso de Amparo Directo en Revisión?

El Derecho es una ciencia que forma parte de la estructura y andamiaje de una sociedad, debe obedecer a un modelo democrático -rememorando los pensamientos de los Constituyentes originarios- cuya misión es amparar los derechos del individuo a sus usos, a sus costumbres, a sus necesidades, a su manera de vivir frente al Estado.Remitiéndose a antecedentes históricos para adecuarlos, dirigirlos y, en definitiva, superarlos.

Los sustantivos “importancia y trascendencia” atañen directamente a la facultad de discrecionalidad, pero su ambigüedad es manifiesta. ¿Quién podría aseverar en pleno siglo XXI qué es importante y trascendente hoy y qué dejará de serlo mañana? ¿Acaso no es la finalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obedecer a su imperativo categórico de garante de la Constitución, a la opinión y escrutinio de la sociedad, a los alcances de las funciones y materiales que la ley le confiere, a su accionar como eje protector de Derechos Humanos y Fundamentales y ser el árbitro que dirime controversias, velando por el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho?

“En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno…”, a mi parecer, representa un retroceso en materia de Derechos Humanos y Fundamentales, en acceso verdadero a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Por un lado, proscribir que, el justiciable sea incapaz de recurrir las resoluciones del Ministro Presidente del Alto Tribunal contraviene el espíritu de este nuevo paradigma constitucional, representando un ostensible estado de indefensión y, por otro lado, haciendo nugatorios derechos sustantivos consagrados en la Carta de Querétaro.

Desde el razonamiento lógico-deductivo y la Constitución General de la República como premisa mayor, el Artículo 17 preconiza en su más amplio sentido la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho subjetivo que toda persona goza para acceder de manera pronta y expedita a algún órgano jurisdiccional para plantear su pretensión o, en su defecto, defenderse de esta. Dicho esto, las formalidades a las que están supeditados los Juzgadores en los términos que fijan las leyes, no significa que el Poder Judicial pueda impedir el acceso a la justicia a los gobernados, porque es indefectible que el derecho a la justicia puede conculcar con normas que impongan requisitos restrictivos u óbices, porque son inconstitucionales, excesivas, carentes de razonabilidad y proporcionalidad, contrariando el espíritu del legislador.

La interpretación inflexible de las normas deriva en la obstaculización de la función primaria del juzgador: impartir justicia. Y, si no existe un recurso judicial efectivo, lo primero es prácticamente imposible.

El tema tiene bastante tela y el que esto escribe se queda con una última pregunta: ¿Es democracia ir en contra de la opinión pública?

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


Referencias.

[5]Tesis: 2a./J. 132/2019 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 276.

[6]Tesis: 1a./J. 32/2017 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 833.

[7]Tesis: 1a./J. 32/2017 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 833

[8]Registro digital: 2671. Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 2483

(Visitado 96 veces, 1 visitas hoy)