La renuncia constitucional de los ministros de la Suprema Corte

¿Puede renunciar a su cargo un ministro de la Suprema Corte? Técnicamente, sí. ¿Es válido aceptar la renuncia por cualquier causa? Teóricamente, no. El pasado 3 de octubre, el todavía ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde 2015. Hecho que más tarde se confirmó por parte del Senador Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter, en el sentido de que el presidente López Obrador había aceptado dicha renuncia.

Ahora, ¿qué pasos se deben dar para que tal renuncia constitucional tenga plenos efectos? ¿Cómo se reglamenta la renuncia de un ministro de la Suprema Corte? Hasta el momento poco se sabe sobre tan delicado procedimiento, pero el artículo 98, párrafo tercero, de la Constitución condiciona las renuncias a una calificación sustantiva, pues sólo procederán por causas graves, serán sometidas al ejecutivo federal y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Tal redacción obedece a una colaboración entre poderes de la Unión que se construyó en la reforma constitucional de agosto de 1996; en aquella reforma, el poder constituyente incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y adicionó los actuales párrafos tercero y cuarto del artículo 98 constitucional. Sin embargo, poco o nada se mencionó sobre el cambio de la estructura en el procedimiento de renuncia de los ministros, en donde se incorporó la aceptación por parte del poder ejecutivo federal para que posteriormente sea aprobada por el Senado.

Si se indaga en los textos históricos, la Constitución, original de 5 de Febrero de 1917, contenía una fórmula distinta, pues, la renuncia se encontraba en el artículo 99[[i]], también se mencionaba que ésta sólo procedía por causa grave, pero debía ser presentada y calificada ante el Congreso de la Unión y, en los recesos de ésta última, ante la Comisión Permanente. De tal manera que la aceptación de la renuncia correspondía al Congreso de la Unión en su conjunto (de composición bicameral) y no contemplaba la participación del presidente de la República.

Es curioso mencionar que la Constitución de 1857 también dispuso un proceder similar en su artículo 95, pues la causa grave debía ser “calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia”. Ésta redacción cambió el texto de la primera Constitución de 1824, en donde el artículo 126 establecía que además de ser vitalicios, los ministros sólo podrían ser removidos con arreglo a las leyes[[ii]]. Esto implicaba que, desde el primer texto constitucional del Estado mexicano, se exigía al menos una reserva de ley en el procedimiento de renuncia, al que más tarde se le incorporó el control político por parte del Congreso de la Unión, no del presidente de la República. ¿Cuál fue la razón para que se calificara la renuncia por parte de un órgano político colegiado? Quizás, la de evitar la intromisión y presiones del poder ejecutivo federal.

Entonces, para dar sentido a un acto de renuncia constitucional, ante la falta de una ley reglamentaria y con escasos antecedentes, el Senado de la República en su calidad de elector de un ministro, debe aplicar un procedimiento “reversible” del artículo 76, fracción VIII, en relación con el numeral 96 y el 98 párrafo tercero de la Constitución, pues la renuncia no funciona en automático.

La metodología reversible sería la siguiente. Una vez que se sometió a consideración del presidente de la República la renuncia de un Ministro y éste la ha aceptado, debe enviarla al Senado, el cual tendrá un plazo improrrogable de treinta días para pronunciarse, por lo que tampoco sería adecuado hacer una calificativa fast-track, las causas deben estudiarse. En segundo lugar, la sesión en la que se califique y, en su caso, se acepte la renuncia, debería tomarse por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes; también debe considerarse dar vista o audiencia al funcionario interesado bajo parámetros internacionales. Esto, pues, aunque la Constitución no lo menciona, para una eventual renuncia calificada, la separación de un cargo debe obedecer a las causales permitidas, además de que todo proceso jurídico o político seguido en contra de juzgadores constitucionales deberá resolverse mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley[[iii]].

Así, la decisión del Senado se ajustará a la fracción VIII del artículo 76, en la que sólo caben dos opciones: se otorga la renuncia o se niega la renuncia. En el escenario en donde se otorga la renuncia, el cargo de ministro queda vacante para los efectos de los artículos 95 y 96 de la Constitución. Lo curioso es que nada se dice sobre la negativa de renuncia, pues, implícitamente se entendería como una especie de “ratificación” en el cargo, cuando no se reúne la calificativa de gravedad y, en consecuencia, no habría lugar a aceptarla –sobra mencionar que no tenemos precedentes sobre ésta última hipótesis-.

Ahora, habrá quien considere que la causa grave tampoco tiene que ver con temas del Estado mexicano, que no es simplemente una coyuntura política o ataques personales, sino que también podrían abarcarse consideraciones subjetivas y/o personales como el tratamiento de una enfermedad o la atención de temas familiares, la Constitución es omisa ante situaciones como éstas pero tampoco pueden ser descartadas.

A manera de conclusión, tenemos que decir que una causa grave, en términos jurídicos, tiene que encontrarse probada de manera solida y no especularse con ella. Lo exige la Constitución y lo refrendan los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano; cierto es, que estamos en terreno nebuloso cuando la Constitución menciona las causas graves a diestra y siniestra, pero para determinados cargos se remite a las leyes[[iv]]. En cambio, en el caso de los ministros no resulta tan simple, por lo que se abre un ámbito de discrecionalidad por parte del Senado para desentrañar lo que ello significa, en consecuencia, su actuación deberá ser sumamente cuidadosa para acreditar si se surten o no las hipótesis que la Constitución exige.

Quizás es tiempo de que el Estado mexicano cuente con una legislación muy especializada que abarque este delicado tema. Lo que los ciudadanos necesitamos, para el bien de nuestras instituciones y de la democracia, es certeza jurídica; de forma tal, que en casos tan delicados como las renuncias de ministros de la Suprema Corte o del presidente de la República[[v]], sean las razones de orden constitucional las que primen.

Miguel Ángel Antemate Mendoza. Defensor de derechos humanos por la UNAM.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[i] Art. 99.- El cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo es renunciable por causa grave, celificada (sic) por el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la Comisión Permanente.

[ii] “Artículo 126.- Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia, serán perpétuos en este destino, y solo podrán ser removidos con arreglo a las leyes”.

[iii] Corte IDH, Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373, párrafo: 69.

[iv] Por ejemplo, para el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el Fiscal General de la República, o los Magistrados Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

[v]“Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.”

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