La sentencia de Brown v. Board of Education un examen del Liberalismo Igualitario

La segregación racial en Estados Unidos estaba justificada por la doctrina de separados pero iguales. Esta segregación iba acorde con la decimocuarta enmienda que indica que toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos será considerada ciudadana, además, que “ningún Estado podrá (…) negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.[1] Con base en esta enmienda la Suprema Corte de Estados Unidos estableció que era constitucional la segregación de las personas negras y blancas. Lo anterior porque si las personas negras tenían las mismas oportunidades que las personas blancas, las primeras no estaban recibiendo un trato desigual de la ley. La Corte estableció lo anterior como la doctrina de “separados pero iguales”.

La Suprema Corte de Estados Unidos consolidó dicha doctrina mediante el caso de Plessy v. Ferguson, donde, a grandes rasgos, estableció que la decimocuarta enmienda tiene por objetivo establecer igualdad legal y no la igualdad social. Así, la separación de personas negras de personas blancas llegó al grado en que la infraestructura de los edificios estaba diseñada para separarlas (baños, entradas, entre otros ejemplos). Incluso los estados implementaron escuelas separadas y, normalmente, las escuelas de las personas negras estaban más alejadas, lo que derivó en mayor tiempo para transportarse. Es decir, Estados Unidos era un país divido, el de las personas negras y el de las personas blancas.

La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color fue la responsable de que la Suprema Corte resolviera sobre la constitucionalidad de la segregación escolar en Estados Unidos. Brown et al v. Board of Education of Topeka es el caso donde la Suprema Corte adjudicara la misma pregunta jurídica, pero de diferentes hechos, para Kansas, Carolina del Sur, Virginia y Delaware. Esta pregunta es: ¿la segregación de la niñez en las escuelas públicas por cuestión de raza, incluso si las instalaciones son iguales, priva a los infantes de la minoría de una educación igualitaria? La Corte Suprema consideró que en efecto la segregación generaba una afectación en los menores pertenecientes a una minoría, pues los priva de recibir una educación de la misma calidad que a los demás infantes.

El caso de Brown et al v. Board of Education of Topeka puede plantearse como un parteaguas para erradicar la discriminación en Estados Unidos, pues reconoce a los menores de edad la necesidad de recibir el derecho a la educación sin ser segregados por su color de piel. El presente trabajo tiene la finalidad de analizar si la decisión de la Corte forma parte de la corriente del liberalismo igualitario. El liberalismo igualitario “busca maximizar la autonomía de cada individuo por separado en la medida en que ello no implique poner en situación de menor autonomía comparativa a otro individuo.”[2] La pregunta de este trabajo es si la decisión de la Corte es acorde a un enfoque del liberalismo igualitario; ¿por qué los efectos de ésta no involucran a las profesoras y profesores  de las escuelas de personas negras?  y ¿cómo les afectó esto?

El caso de Brown et al v. Board of Education of Topeka no corresponde a la corriente del liberalismo igualitario puesto que establece la segregación desde el derecho a la educación de los menores de edad y no analiza la segregación como una violación a la protección legal igualitaria. Debido a lo anterior, la Corte no extiende la protección a los profesores de las escuelas de las personas negras, puesto que el sujeto del derecho a la educación sólo lo limita a los menores de edad. Por lo tanto, la sentencia no maximiza la autonomía de las personas puesto que los profesores de las escuelas para personas negras quedan rezagados ante los profesores de las escuelas para personas blancas, los efectos de la prohibición de la segregación en las escuelas públicas no maximiza la autonomía de las personas. La doctrina de separados pero iguales tiene el efecto de que los menores de edad de color se sientan inferiores y esto afecta la motivación del menor para tener un desarrollo educativo de la misma manera que los menores de edad blancos. Por lo tanto, esto priva a los menores de edad de color a recibir un trato igualitario frente a los menores de edad blancos. La Corte construye la violación de la protección igualitaria de la ley por medio de la violación al derecho a recibir educación. Es decir, debido a que los menores de edad de color no pueden satisfacer la necesidad de recibir educación en las mismas condiciones que los menores de edad blancos, esto constituye un trato desigual.

El liberalismo igualitario “[tiene el] compromiso con el principio del respeto a las elecciones de las personas, pero rechaza el principio de rectificación de las circunstancias desiguales (…), esto no sólo es intuitivamente inaceptable, sino autodestructivo, porque la falla de rectificar las circunstancias desventajosas puede socavar los mismos valores que intenta promover el principio del respeto a las elecciones individuales”.[3] La decisión de la Corte establece que las escuelas deben de respetar la elección de los menores de edad de color al escoger lo que mejor les parezca y no ser discriminado por su color de piel. No obstante, la inclusión en las escuelas de menores de edad blancos por sí misma no asegura que los menores de edad de color estén en circunstancias iguales que éstos. La sentencia de la Corte sólo se limita a establecer que las escuelas públicas segregadas no son iguales a las escuelas de los menores de edad blancos y que la segregación imposibilita que puedan ser escuelas iguales, por lo que la segregación priva a los menores de edad a la protección igualitaria de la ley. La Corte no argumenta que la inclusión de los menores de edad de color garantice las condiciones de igualdad. La sentencia no garantiza, conforme a una postura del liberalismo igualitario, maximizar la autonomía de los menores de edad.

El efecto de considerar que los profesores no cuenten con la protección de la aplicación igualitaria de la ley es que genera condiciones estructurales desiguales para los menores de edad de color. El liberalismo igualitario establece que “el principio de igualdad trata de establecer cuándo está justificado establecer diferencias en las consecuencias normativas y cuándo no es posible. Cuando no hay diferencias relevantes, el tratamiento debe ser igual, mientras que cuando aquéllas existen debe ser diferenciado”.[4] Por lo que sí estaba justificado que la Corte considerara un trato desigual para incluir en las escuelas a los profesores de color frente a los profesores blancos. Lo anterior debido a que la no inclusión de los profesores negros generaría un escenario de desventaja de los menores de edad de color frente a los menores de edad blancos. Esto porque existe un problema de racismo estructural en el sistema educativo de Estados Unidos.

La sentencia no considera el agravio que le genera la segregación a los profesores. La segregación en Estados Unidos versaba sobre la separación de los niños blancos y negros, además de sus profesores. La decisión de declarar la inconstitucionalidad de la política de segregación está visto desde una perspectiva de satisfacer la necesidad de recibir educación por parte de los menores de edad y no desde una perspectiva de capacidades. Es decir, la corte interpretó la violación a la protección igual de la decimocuarta enmienda desde la perspectiva de garantizar el derecho a recibir educación y no desde la perspectiva de garantizar la igualdad de circunstancias a las personas. La sentencia excluye a los profesores del efecto de incluir a los menores de edad negros en las escuelas porque considera que el trato igualitario para aspirar a los puestos de trabajo depende meramente de la capacidad de los primeros, a pesar de que la Corte ignora la desigualdad estructural del sistema educativo. El efecto de considerar que los profesores no cuenten con la protección de la aplicación igualitaria de la ley es que genera condiciones estructurales desiguales para los menores de edad de color. En ese sentido el liberalismo igualitario establece que “el principio de igualdad trata de establecer cuándo está justificado establecer diferencias en las consecuencias normativas y cuándo no es posible. Cuando no hay diferencias relevantes, el tratamiento debe ser igual, mientras que cuando aquéllas existen debe ser diferenciado”.[5] Por lo que sí estaba justificado que la Corte considerara un trato desigual para incluir en las escuelas a los profesores de color frente a los profesores blancos.

El liberalismo igualitario establece que “existe un conjunto de valores objetivos que anteceden a las preferencias individuales, y, entre éstos, el de la autonomía personal que se encuentra en la base de cualquier plan de vida posible, siendo una obligación del Estado poner las condiciones necesarias para su desarrollo”.[6] Es decir, la sentencia debió establecer no sólo la igualdad frente a la ley, si no en la aplicación de la ley. A pesar de lo anterior, el caso de Brown et al v. Board of Education of Topeka demuestra que las decisiones de la Corte sobre derechos impactan en la vida de los seres humanos de manera positiva o negativa según sea el caso.

Rodrigo Valadez Hita. Licenciado en derecho por el CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Decimocuarta Enmienda de los Estados Unidos, consultado en https://esclavitudenamerica.weebly.com/xiv-enmienda-1868.html

[2] Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006), página 150.

[3] Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006), página 169.

[4] Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006), página 161.

[5] Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006), página 161.

[6] Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006), página 170.

Bibliografía

Decimocuarta Enmienda de los Estados Unidos, consultado en https://esclavitudenamerica.weebly.com/xiv-enmienda-1868.html

Rodolfo Vázquez, “Entre la libertad y la igualdad. Introducción a la filosofía del derecho”, (Editorial Trotta, México, 2006.

Victor Abramovich y Christian Courtis, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”, consultado en http://www.oda-alc.org/documentos/1366995147.pdf

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