La sombra del Brexit en la Suprema Corte británica: Boris Johnson y la prórroga del Parlamento

Este texto explica por qué la sentencia pronunciada, el pasado 24 de septiembre, por la Suprema Corte británica (Cherry/Miller 2; [2019] UKSC 41) es tan importante para la Constitución del Reino Unido y, a su vez, tan dañina para el primer ministro, Boris Johnson.

La queja que examinaron los ministros cuestionaba la constitucionalidad (lawfulness) de la reciente prórroga del Parlamento (del 9 de septiembre  al 14 de octubre de 2019).[1] Los quejosos argumentaban que las acciones de Johnson iban en contra de la Constitución. En su opinión, prorrogar el Parlamento impedía a los legisladores realizar sus principales funciones: legislar y supervisar los actos del gobierno. Y, a su vez, alegaron que el gobierno quería cerrar el Parlamento para frenar sus debates sobre el Brexit y, en este sentido, para obstaculizar el trabajo de las comisiones.

Vale subrayar, en este contexto, que la prórroga del Parlamento es una facultad executiva exclusiva. Pertenece, por lo tanto, a la Corona. Es decir, para prorrogar el Parlamento, Johnson requería el permiso de la Reina. Los quejosos alegaron, entonces, que Johnson obtuvo el permiso de la Reina con argumentos falsos; es decir, que mintió. El argumento del gobierno, en este sentido, es que cerraba el Parlamento para dar paso a la apertura de una nueva sesión parlamentaria, un acto que inaugura siempre la Reina con un discurso que explica los planes legislativos del gobierno en turno.

En respuesta, el gobierno afirmaba que el acto de prorrogar no se podía cuestionar en los tribunales, al tratarse de una prerrogativa real no era “justiciable”. Así, bajo la lógica del gobierno de Boris Johnson, no importaban, por ende, los motivos de la prórroga ni sus consecuencias.

Para entender este argumento, hay que recordar que la Constitución británica no es una pieza legal identificable en un sólo texto como es el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana o estadunidense. Más bien, se trata de un cúmulo de instrumentos legales, que se integran por leyes escritas (statutes o estatutos), convenciones (acuerdos políticos acerca de cómo funciona el gobierno) y, por supuesto, el common law (ley común).

Un estatuto, por ejemplo, como el famoso Fixed Term Parliaments Act (2011) establece la forma en la que el gobierno puede usar la prerrogativa ejecutiva para disolver el Parlamento. Antes de 2011 y de la promulgación de esta ley, el Primer Ministro (PM) podía disolver el Parlamento y convocar a elecciones a su antojo. Esta ley de 2011, en respuesta, limita y establece las condiciones en las que el ejecutivo puede usar esta prerrogativa; de tal manera, que cada Parlamento tiene que durar en principio cinco años y sólo puede haber elecciones extemporáneas en situaciones específicas, v.g. si el gobierno pierde un voto de censura.

A estas alturas, vale mencionar que una convención es una regla de costumbre. Un ejemplo muy importante es la convención que establece que la Corona siempre debe actuar de acuerdo con lo aconsejado por el PM. De ahí que la Reina, por ejemplo, siguiendo esta convención, otorgó u permiso para la mencionada prórroga.

El common law, por su parte, en una definición muy sencilla, es el cuerpo de precedentes legales (similar a la jurisprudencia, aquí en México) establecido por los tribunales a través de sus sentencias. En este sentido, estas decisiones forman la arquitectura invisible de la Constitución, pues también son la base del razonamiento jurídico de ésta.

Dicho esto, hay que apuntar que las prerrogativas de los tres poderes de gobierno en el Reino Unido no se encuentran en los estatutos, ni las convenciones… sino en el common law.

En este contexto, hasta este año nadie había cuestionado nunca la prerrogativa para prorrogar el Parlamento. Por lo tanto, se suponía que esta prerrogativa se encontraba entre las funciones del gobierno que no podía ser cuestionada ante los tribunales. En breve: no había precedente, así que no procedía la presente queja en cuestión, argumento que presentaron los abogado del gobierno.

Asimismo, los abogados del gobierno arguyeron que esta regla de prórroga del Parlamento no estaba limitada ni regulada por un estatuto. De ahí que, a su entender, los tribunales no podían referirse a ninguna ley para juzgar y, en su caso, determinar si cierta prórroga era o no lawful. En términos muy sencillos, esto significa que el gobierno de Boris Johnson sostenía que el diseño legal de la prerrogativa real, respecto la prórroga del Parlamento, implicaba que podía prorrogar el Parlamento por los motivos que quisiera, cuándo considerara pertinente y por el tiempo que a su juicio fuese oportuno. Tal interpretación legal, sobra mencionar, no es menor. Pues equivale a declarar que el gobierno no simplemente existe con independencia del Parlamento, sino que tiene autoridad constitucional sobre el Parlamento, al grado de dictar los horarios y las sesiones de éste.

Es este cúmulo de argumentos la razón por la que este juicio era (y es) tan importante y, a su vez, el motivo por el cual el gobierno perdió al caso. Pues si bien argumentar que no era justiciable el acto de prórroga del Parlamento, era razonable en cuanto al common law,  insistir que el gobierno tenía facultades constitucionales sobre el Parlamento y, en consecuencia, respecto el poder para prorrogar, atacaba tres principios fundamentales del common law:

  1. La soberanía parlamentaria: es decir que la autoridad última en la Constitución británica se encuentra en el Parlamento. Ni los tribunales pueden invalidar las leyes que promulga el Parlamento: sólo las puede interpretar. De acuerdo a A. V. Dicey, significa que “[e]l Parlamento puede legislar acerca de cualquier tema que, a juicio del Parlamento, es tema que requiere legislar. No hay poder que, de acuerdo a la Constitución inglesa, pueda entrar en conflicto con la soberanía legislativa del Parlamento. […] Esta doctrina de la soberanía legislativa es la piedra angular del orden constitucional.”[2]
  2. El Parlamento citado en “la soberanía parlamentaria” no se compone exclusivamente de las dos cámaras legislativas. El Parlamento es en efecto “the Crown-in-Parliament” (La Corona-en-el Parlamento). En su conjunto, el monarca y el Parlamento son soberanos; pero no separadamente.[3]
  3. De ahí que de esta mancuerna, el Parlamento es el elemento más importante. El gobierno en nombre de la Corona puede proponer, pero las cámaras siempre disponen.

El punto tres casi nunca es problemático porque el Primer Ministro suele ser el jefe del partido mayoritario en el Parlamento. Margaret Thatcher o Tony Blair podían actuar, como si el Parlamento fuera subordinado a sus deseos, precisamente porque traían mayorías contundentes en el Parlamento. Pero, el actual Primer Ministro, Boris Johnson, no tiene mayoría en la cámara de diputados (ni en la de los Lores). Su gobierno existe todavía porque el Parlamento se ha negado votar para derrumbarlo. No es un presidente como el mexicano o el estadounidense, cuyo encargo se derive del voto popular directo. Johnson ocupa el gobierno gracias al Parlamento, de ahí que, en sentido estricto, dependa de lo que determine éste último. Por ello, y de ahí la importancia de esta decisión judicial, prorrogar el Parlamento para impedir que los legisladores le instruyan y le vigilen significaría minar o destruir los tres principios básicos de la Constitución.

En su sentencia, de manera unánime, los ministros de la Suprema Corte se negaron a sancionar tal acto. Simplemente declararon “nula y sin efecto” la prórroga por ser unlawful. Es decir, por ir en contra del common law. “El Parlamento no se encuentra prorrogado”, dice la sentencia; por lo que puede reunirse a la brevedad (como en efecto hizo el día siguiente).

Para armar esta sentencia, los ministros citaron los precedentes más relevantes sobre el tema en cuestión, específicamente aquellos relacionados con la revisión judicial de actos gubernamentales, ejercidos a partir de prerrogativas distintas, con el objetivo de establecer que tenían la facultad de ejercer la revisión judicial en este caso. En otras palabras, se apoyaron en varios precedentes para crear uno nuevo de enorme importancia y que, a partir de ahora, regirá la prerrogativa real para prorrogar el Parlamento. Por ende, tendrá consecuencias muy importantes al largo plazo. La sentencia no simplemente representa una reafirmación de la constitucionalidad frente a los ataques de Johnson, sino significa que los futuros usos de la prórroga ahora pueden ser juzgados de acuerdo a los lineamientos establecidos en este juicio. La prórroga es de aquí en adelante “justiciable.”

En respuesta a esta decisión jurisdiccional, el gobierno de Johnson intenta argumentar que dicha sentencia es inusitada de acuerdo a la Constitución británica, porque representa una invasión de los jueces al campo de lo político. Pero, al final, lo cierto es que la Suprema Corte sólo reitera y reafirma la supremacía del common law. Al respecto, vale mencionar que esta sentencia cita varias veces The Case of Proclaimations, el más famoso precedente de todo el common law, una sentencia dictada por el magistrado Sir Edward Coke en 1610 y que subrayaba: “El rey sólo tiene la prerrogativa que la ley le permite.”[4]

Catherine Andrews. Profesora titular de la División de Historia del CIDE. Twitter: @andrews_cath

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución. 

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[1] La prórroga del Parlamento es la suspensión definitiva de todas las actividades legislativas (los debates en el pleno, el trabajo de comisiones etc.). Al menos que ha un acuerdo especial, todo acto legislativo que no haya logrado el acuerdo de ambas cámaras está perdido; el proyecto de ley tiene que volver a iniciarse al reunirse nuevamente el Parlamento. Una nueva sesión de Parlamento inicia con un discurso del monarca. En el siglo XX el periodo entre la suspensión de sesión y la apertura de Parlamento era de 4 a 6 días en promedio. Véanse https://www.parliament.uk/about/how/occasions/prorogation/

[2] A. V. Dicey, Introduction to the Study of Law of the Constitution (Indianapolis: Liberty Fund, 1ª ed, 1888, 8ª ed., 1915 reeditado en 1982), 24-25. Todas las traducciones en este artículo son mías.

[3] Para másinformaciónsobreeste punto, véase,M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers. 2nd ed. Indianapolis: Liberty Fund, 1998: 23-130.

[4] Para entender el contexto de esta declaración, véase,Alan Cromartie. “The Constitutionalist Revolution: The Transformation of Political Culture in Early Stuart England”. Past & Present 163 (1999): 76–120.

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