Las legislaciones en materia de aborto y sus implicaciones sociales. Casos ciudad de México y Guanajuato I/II

La despenalización del aborto es una decisión legislativa que tiene la posibilidad de afectar la vida de millones de mujeres. Este debate se concentra en dos grupos de interés: el sector conservador y el sector liberal. El primer grupo rechaza la propuesta que hace del aborto un servicio accesible a las mujeres, puesto que considera que es un ataque hacia la vida de aquellos humanos en gestación. En contraparte, el sector liberal y feminista busca que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo para que éstas tengan una mayor autonomía sobre sus cuerpos. Ambos sectores han influido en el marco legal mexicano de manera dispar, lo cual ha ocasiona discrepancias jurídicas como la regulación -federal y estatal- sobre la interrupción legal del embarazo. Ante esta coyuntura, el presente artículo busca evaluar la regulación en dos entidades federativas que difieren abismalmente en su contenido: Guanajuato y ciudad de México. Los puntos centrales de este análisis son la presencia de los grupos de interés que fueron fundamentales para conformar el marco legal, el proceso que debe llevar a cabo la mujer para interrumpir su embarazo y, finalmente, el establecimiento de una regulación efectiva para preservar la salud de las mujeres.

Antecedentes y legislación actual en materia de aborto a nivel federal  

En México, el aborto a nivel federal sigue siendo un delito, debido a que la mayor parte del debate no está orientada a legalizar, sino a despenalizar la práctica de esta actividad. Actualmente, el aborto es regulado por el Código Penal del Distrito Federal y Territorios Federales expedido en 1931. En esta legislación, capítulo VI artículo 329, el aborto es definido como “[…] la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.[1] Además, las sanciones privativas de la libertad contemplan a quien obligue a la mujer a abortar o, como agravante, quien esté relacionado con el sector de la salud ayuden a realizar dicho procedimiento. En el caso de la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo se impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión, teniendo en cuenta las mismas atenuantes que en la legislación de 1871. Finalmente, se estipula que el embarazo por violación, por imprudencia o cuando hay riesgo de muerte no puede ser penada.

Guanajuato

La iglesia católica y el movimiento conservador  

México es una de las naciones con mayor presencia del catolicismo en toda Latinoamérica. La importancia de la iglesia católica en el país es que suele funcionar como contrapeso político para la toma de decisiones legislativas. De manera general, los líderes de las iglesias en los diversos estados suelen promover legislaciones gubernamentales conservadoras, las cuales están en contra de legalizaciones como el aborto. Una de las entidades federativas con mayor influencia de los ideales católicos en la legislación es Guanajuato, estado en el que además el partido de mexicano de derecha –Partido Acción Nacional (PAN)– ha tenido históricamente una fuerte presencia en la cámara legislativa y en el mando del poder ejecutivo.

La concepción de la iglesia en materia de aborto es producto de una serie de cuestiones ideológicas que comienzan con la apertura de la sexualidad femenina, el matrimonio y la maternidad. La posibilidad de que la mujer se practique un aborto, por cualquier razón, atenta contra la integridad del ser humano ya que, según la religión católica, la vida comienza desde la concepción. El clero, junto con la organización pro vida, rechaza fervientemente la despenalización del aborto y ha sido capaz de frenar el desarrollo de una ley que no penalice a las mujeres por realizar un aborto.

Caos en la legislatura local: penalización del aborto por violación  

En agosto del año 2000, la prensa nacional giró su atención a una de las entidades federativas más conservadoras de la nación: Guanajuato. Los dieciséis diputados panistas del congreso local votaron para enmendar una sección del Código Penal Estatal de 1933.[2] El precepto establecía que ninguna mujer podría ser penada por haberse realizado un aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación o de una “imprudencia femenina”. Al aprobar esta resolución, Guanajuato se convertiría en la primera entidad federativa cuya legislación considerará punible el aborto a causa de una violación. Aunque el gobierno buscaba legitimar la decisión de su congreso local, la realidad fue que el electorado voto, con cerca del 63% de las personas encuestadas, en contra del cambio en el Código Penal[3]. Esta respuesta obligo al gobernador a vetar las modificaciones y la ley tuvo que permanecer igual. Aunque ninguna entidad federativa ha seguido el ejemplo de los legisladores guanajuatenses, este caso les abrió las puertas a los conservadores para empujar iniciativas de ley penalizadoras del aborto.

Legislación actual

Después del intento de cambiar la legislación del Código Penal de Guanajuato en el 2000, las leyes que regulan el aborto en este estado no han cambiado demasiado. La última vez que fueron actualizadas fueron en junio de 2011, con cambios únicamente en las penas a aquellas que aborten y a los que interrumpan el embarazo sin consentimiento de la mujer.  Actualmente, el estado considera que la vida abarca desde el momento de engendramiento hasta la muerte natural. En el artículo 158 del Código Penal de Guanajuato establece que el aborto es “la muerte natural provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Además, en el artículo 159 es estipulado una pena de seis a tres meses a la mujer que aborte, además de cinco a treinta días de multa.[4] La única forma de eximirse de la pena es que el embarazo sea causado por violación o por imprudencia.

Ciudad de México

Movimiento feminista y social para la despenalización del aborto  

La presencia de los grupos feministas en la capital del país ha cambiado considerablemente en los últimos cincuenta años. Por un tiempo, los grupos feministas silenciaron su activismo, hasta la década de los setentas cuando el movimiento estudiantil incluyo a las mujeres mexicanas donde adquirieron un importante peso político.[5] La primera ocasión en la que se intentó cambiar la legislación vigente fue planteada por las Mujeres en Acción Solidaria (MAS) en 1972, aunque la propuesta no fue popular. Esta fue la primera vez que las mujeres organizaron congresos y debates entre intelectuales relacionados con la interrupción del aborto. De ahí proviene el siguiente gran promotor del aborto desde la perspectiva feminista en México, el cual lleva como nombre: Movimiento Nacional de las Mujeres, en dicho movimiento se organizaron jornadas y conferencias abiertas al público.[6]

El movimiento feminista ha empujado una agenda liberal en materia de interrupción del embarazo como una manera de proteger la autonomía de la mujer. La mayoría de feministas promueven un aborto completamente despenalizado hasta antes de las doce semanas, es decir, antes de que el embrión desarrolle un sistema nervioso. Las consideraciones que toman es que una mujer debería de ser capaz de planear su familia, sin ninguna restricción; con lo cual, el aborto debería de ser garantizada por el Estado para proteger la autonomía femenina.

Discusión en la cámara legislativa

En agosto del 2000, ocurrió uno de los cambios más significativos en la regulación del aborto cuando la regente del Distrito Federal, Rosario Robles, convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) para que la exclusión de punibilidad del aborto por malformaciones del producto y riesgo de la salud de la mujer se incorporara al Código Penal. Aunque esta reforma no despenalizaba de manera tajante el aborto, sí era una ampliación de las causas de excepción de pena para el aborto. Para las feministas, esta acción fue una de las más importantes porque demostró el apoyo de todos los partidos, exceptuando al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista, para la protección de la autonomía de la mujer.

El siguiente gran cambio legislativo ocurrió el 27 de enero del 2004, cuando el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad federativa donde el aborto dejaba de ser un delito solamente en ciertas circunstancias, sino que pasó a dejar de ser un delito de acuerdo con las mismas circunstancias. Poco a poco, el Código Penal local comenzó a realizar pequeños ajustes que lo llevaron a la conformación legislativa que tiene hoy en día y, además, se fueron adecuando las reglamentaciones de la ciudad para hacerlas funcionales. Finalmente, la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación fue legalizada en 2007; convirtiendo la legislación del Distrito Federal en la legislación más liberal para la posibilidad de la mujer a escoger sobre su propio cuerpo y a planear la maternidad.

Legislación actual

En el Código Penal de ciudad de México, en el artículo 144, se estipula que el aborto es la “interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”[7]; es decir, antes del tercer mes de gestación, la interrupción del embarazo es una actividad lícita. A partir de la décimo tercera semana, las penas son impuestas dependiendo de la tipificación expuesta en el capítulo V (artículos 144-148) del Código Penal de la capital del país (con algunas atenuantes). Este cambio radical entre la legislación de la capital del país y las de las entidades federativas se consumó en 2007 cuando en ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Desde ese momento en adelante, los hospitales y las instituciones públicas comenzaron a ofrecer el servicio de abortos.[8]

Sofia del Carmen Aguiar Reynoso. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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[1] Código Penal del Distrito Federal y Territorios Federales (México: Diario Oficial de la Federación, 1931), Capítulo 5, artículo 329

[2] Verónica Espinosa, “Los diputados panistas de Guanajuato: en aborto ni un paso atrás”, El Proceso, 13 de agosto del 2000, Sección Política

[3] Ángeles Cruz, “Rechazan ley antiaborto 63% de los guanajuatenses: encuesta”, La Jornada, 26 de agosto del 2000, Sección Política

[4] Código Penal del Estado de Guanajuato (México: Congreso del Estado de Guanajuato, 2017), Capítulo VII, artículo 158 y 159

[5] Sara Lorente. “Feminismo de los 70: más allá de Simone de Beauvoir”, El País, 05 de agosto de 2013, sección Cultura

[6] Marta Lamas, “El feminismo mexicano y la lucha por legalizar el aborto”, Política y cultura, otoño de 1992, 12

[7] Código Penal para el Distrito Federal (México: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2016), Capítulo 5, Artículo 144

[8] Diana Amador Valdés, “Interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México: entre el estigma y la desigualdad” (Tesina de Maestría: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2017), 3

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