Legislación mercantil: puntos de encuentro y diferencias con el derecho civil

Los contratos, como actos de voluntad que buscan generar consecuencias plenas en el ámbito jurídico, deben de cumplir con ciertas formalidades para que dicho acuerdo sea completamente válido y pueda exigirse el cumplimiento de aquellos derechos y obligaciones en relación a lo pactado.

En el sistema comercial y económico del México actual, los contratos mercantiles se han convertido en una herramienta indispensable para darle certeza jurídica a actos comerciales que están a la orden del día. La seguridad en términos de validez legal se traduce en un importante incentivo a la actividad económica y permite celebrar de manera certera actos que se susciten entre comerciantes o entre éstos y los particulares, a modo que los contratos de esta naturaleza son muchas veces la base y la fuente del derecho mercantil mexicano.

Aunque el cuerpo fundamental de la legislación mercantil es el Código de Comercio, lo cierto es que derivan de él algunas otras leyes de carácter especial como la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito o Ley de Contrato de Seguro y en ocasiones se tiene que recurrir a normas de otras materias –ya sea de manera supletoria o por el carácter especial del contrato-. Tal es el caso de la Ley de Propiedad Industrial para el contrato de franquicia o el Código Civil federal para actos mercantiles con índole de derecho internacional privado.

La definición de contrato que establece la legislación mexicana en el artículo 1793 del Código Civil de Ciudad de México es “el convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones”, por lo que llevando tal definición al terreno del derecho mercantil, se podría decir que los contratos de esta naturaleza persiguen el mismo objetivo salvo que en este caso al menos uno de los sujetos en cuestión será comerciante o, por su naturaleza, el acuerdo de voluntades se reputa como de fin mercantil y no civil.

Destacado autores han señalado que en lo que atañe a las leyes mexicanas, no hay realmente una diferencia sustancial entre contratos civiles y mercantiles, ya que más allá del fin del acto o la condición de los sujetos, derivan de la misma premisa y si acaso solo algunas modalidades de estos contratos presentan diferencias entre ambas materias.

Resulta curiosa tal reflexión puesto que en las legislaciones de otros países, por ejemplo, la italiana o suiza, justamente, no se hace una distinción entre el derecho mercantil y el derecho civil regulándose de la misma manera, en tanto que en México, a pesar de que no existe una diferencia sustancial, sí se marca esa dualidad regulándose por leyes y normativas diferentes que de cualquier modo tienen varios puntos en común, al grado que podríamos decir que varios contratos mercantiles tiene su origen en el derecho civil y solo se adaptan a dicha modalidad cuando existe una especulación comercial o alguno de los sujetos se reputa comerciante.

Sin embargo, la más importante diferencia que da pie a esa división entre derecho mercantil y derecho civil tiene su origen en el pacto federal suscrito por los estados y, más en concreto, en lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución que se establece que lo relativo a las leyes de carácter mercantil son competencia federal, en tanto que la materia civil queda reservada a las entidades federativas. De tal manera que un conflicto de naturaleza comercial será resuelta por un juez federal, al ser la legislación mercantil una sola para todo el territorio mexicano, en tanto que en un conflicto de naturaleza civil será competente un juez local, ósea del estado en que tiene lugar la controversia.

A raíz de lo anterior, podemos concluir que aunque actos civiles y mercantiles tengan como objeto el intercambio de bienes o servicios, la presencia o especulación de un lucro comercial es esa delgada línea que divide a uno del otro. Es, por ello, que en el derecho mercantil como regla general solo existen los contratos onerosos (salvo notables excepciones), siendo los gratuitos exclusivos del derecho civil.

Otra importante diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil es que si bien el primero responde a una necesidad de formalizar así como dar seguridad a un acto particular, el segundo en general se utiliza para regularizar los actos en masa que realizan las empresas sin que se limiten a un acto en concreto. El propio Código de Comercio, en su artículo 75, delimita qué actos se reputaran como comerciales.

Habiendo establecido que los contratos mercantiles son aquellos de los que dimanan obligaciones mercantiles producto de un acuerdo de voluntades derivadas de un acto comercial, cuyo fin principal es el lucro, podemos comprobar que dentro del derecho mercantil existen contratos de garantía, traslativos de uso o de dominio, de previsión, aleatorios, entre otros. Aunque se puede señalar que su principal característica es que son onerosos (salvo excepciones muy concretas) y conmutativos, además que la mayoría de ellos son de adhesión, siendo ésta también una particularidad muy propia del derecho mercantil a diferencia del civil.

En el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se define la naturaleza del contrato de adhesión, el cual a grandes rasgos se caracteriza por ser un convenio en que el proveedor o uno de los sujetos impone a la otra parte (que es la que quiere adherirse a un acuerdo ya establecido) las condiciones de la relación jurídica que habrán de seguirse, de modo que esta última solo pueda aceptarlas si quiere quedar obligado o rechazarlas, sin que pueda hacerle cambios a ese pacto. Por poner un ejemplo: lo que hacen varios sujetos al momento de adherirse a un plan de servicio telefónico es celebrar un contrato de adhesión ya que éste simplemente decide si acepta o no obligarse a las condiciones que la compañía telefónica establece, sin que el usuario realmente pueda imponer o modificar alguna cláusula.

Los diferentes tipos de contratos de naturaleza mercantil se encuentran especificados en el Código de Comercio y algunas otras leyes de carácter más especial, además de apoyarse de algunos otros cuerpos normativos como la citada previamente Ley de Protección al Consumidor.

Aunque evidentemente cada acto tiene ciertos matices y características específicas en lo individual, podríamos dividir los contratos mercantiles en dos grandes grupos: los que derivan del derecho civil y se reputan mercantiles por la naturaleza de los sujetos o porque la actividad prevé un lucro comercial los cuales se encuentran en su mayoría en el Código de Comercio. El segundo grupo serían aquellos contratos que regulan actividades exclusivas del derecho mercantil en el sentido de que solo pueden llevarse a cabo por o con empresas, las cuales en su mayoría se encuentran regulados en leyes especiales/complementarias tales como el contrato de seguro o fideicomiso, cada cual establecido y definido en una ley de una materia en concreto.

Algo que se le ha criticado reiteradamente a la legislación mercantil en México es que a pesar de que en el país sí se marca una diferencia entre la materia civil y mercantil, realmente el Código de Comercio no proporciona reglas específicas para la materia comercial, sino que se limita a esbozar ciertos principios que se deben seguir que en realidad se desprenden de la teoría general de las obligaciones proveniente del Código Civil, que siendo quizá lo suficientemente útiles no implica que realmente cubran necesidades específicas del comercio.

Para efectos de este artículo vale la pena enfocarnos en los contratos de mayor relevancia en el derecho mercantil, los que presentan características bastante específicas o los que son celebrados con mayor frecuencia.

El contrato de compraventa es uno de los más celebrados y sigue el principio de circulación de los bienes en el derecho mercantil, al regular la transmisión de la propiedad de estos cuando suceda entre comerciantes o cuando haya un fin de tráfico comercial. Evidentemente al ser un contrato sumamente regulado en el Código Civil, el Código de Comercio se limita a trasladar tales supuestos al escenario mercantil ya que no se podría decir que presenta una regulación sumamente distinta, al grado que podríamos decir que sigue las mismas reglas salvo unas cuantas diferencias mínimas que no tienen gran impacto respecto a su desarrollo en el escenario civil, ya que incluso contempla la compraventa con plazo, en abonos o con reserva de dominio siendo éstos también permitidos en la legislación civil. Así, podemos concluir que se clasifica como un contrato bilateral, conmutativo por que el precio debe ser cierto y exhibido al momento, principal, oneroso en virtud del latente lucro comercial y traslativo de dominio dado que la propiedad de la cosa pasará de un sujeto a otro.

El contrato de comisión, por otro lado, aunque se presenta como un equivalente de la modalidad del contrato de mandato igual en la legislación civil, tiene reglas bastante específicas en virtud de que el objeto perseguido en el derecho mercantil es sustancialmente diferente. En este contrato, un sujeto denominado comisionista desempeñará las actividades mercantiles que le asigne el comitente siguiendo las especificaciones que éste le encargue. Es una modalidad de contratación bastante recurrente en la legislación mercantil dado que le permite al comerciante (generalmente una empresa o cadena) tener un mayor alcance permitiendo que un particular venda sus productos u ofrezca sus servicios siguiendo los lineamientos que ésta le imponga.

En dicho contrato se pueden identificar la naturaleza bilateral, conmutativa y consensual, pero sobre todo el elemento intuito personae al ser un acuerdo que se ajustará en base a las necesidades y finalidades que busquen las partes, siendo quizá uno de los pocos contratos de adhesión en que las condiciones pueden ser negociadas por las partes (si el comitente lo permite, claro está).

Otro de los contratos más recurrentes en el mundo mercantil es el arrendamiento financiero, que aunque al final presenta bastantes diferencias respecto a su símil en el Código Civil, se sustenta en la misma lógica de que concede al arrendatario el uso y el goce más no la propiedad de la cosa, siendo particular por la característica de los modos de terminar el contrato. Esta modalidad de contratación es bastante requerida a partir de la necesidad de los usuarios de adquirir productos cuyo precio no está al alcance de sus posibilidades, pero que gracias a este acuerdo pueden obtener de manera pronta sin que tenga que adecuarse a celebrar un convenio de compraventa. Este acuerdo toma su base del arrendamiento civil en que la empresa arrendadora no concederá la propiedad sino solo el uso y goce de la cosa, solo que como en éste caso la arrendadora se está obligando a adquirir el bien, se determinará un plazo fijo en el que una vez transcurrido, el arrendatario habrá cubierto la cantidad total del costo del objeto dando pie a una de las opciones terminales  que la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito regula. La duración es otra diferencia clave respecto al contrato civil, ya que si bien en éste la duración es indeterminada y está sujeta a la voluntad de las partes (salvo en el caso de arrendamiento de casa-habitación, en el que se ponen un mínimo más no un plazo en que vence), en este arrendamiento financiero se pone un tiempo máximo a modo de que el arrendatario recupere la inversión inicial a la vez que el arrendador no pague más del valor de la cosa sin que exista un perjuicio para alguna de las partes. Las opciones terminales permiten que el arrendador compre el bien a un precio mucho menor en el entendido que ya pagó su deuda; que junto con el arrendatario venda el bien a un tercero y dividan la ganancia o; en su caso, que se renueve el contrato pero pagando un precio mucho menor al que venía pagando.

Otro contrato frecuente en el ámbito mercantil es el contrato de seguro, el cual es regulado por la Ley del Contrato de Seguro por su carácter especializado, en razón de que no cualquier empresa puede ofrecer este servicio ya que tiene que obtener una autorización del Estado para hacerlo equiparándolo a una concesión, en el entendido de que hay un interés público respecto a la materia de seguros. En este contrato encontramos la característica de aleatoriedad, pues el objeto es responder por un posible riego que puede o no ocurrir en el futuro, con el fin de resarcir el daño o, bien, cobrar una cantidad con el fin de solventar un tratamiento a una enfermedad que puede o no presentarse. Algo que distingue al contrato de seguro es que para obligarse a contratarlo para un tercero, se debe acreditar un interés legítimo en asegurarlo. Los ejemplos más conocidos respecto a este modelo son el seguro de vida, seguro de gastos médicos o de cualquier tipo de riego.

Otro de los contratos protagónicos del derecho mercantil es el fideicomiso, a través del cual se le da la oportunidad a un sujeto de ceder sus bienes o acciones a una empresa fiduciaria a modo que ésta las invierta, administre u opere para que los bienes o ganancias generadas por tales actividades se utilicen para un fin determinado en el contrato o incluso para que el fiduciante pueda aprovecharlos una vez cumplido el plazo fijado. La fiduciaria debe ser necesariamente una institución de crédito, por lo cual es comprensible que este acto sea regulado por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, siendo los más comunes el fideicomiso de administración, de garantía y de inversión.

Así, a partir de los contratos previamente analizados podemos entender que aunque de algún modo la legislación mercantil y civil presentan criterios semejantes, lo cierto es que guardan características y fines suficientes para considerarse ramas autónomas, por lo que siendo pertenecientes ambas al derecho es razonable que presenten más conexiones que diferencias, tal y como podría suceder con el derecho administrativo y el constitucional.

Víctor López Velarde Santibánez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

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3 comentarios en “Legislación mercantil: puntos de encuentro y diferencias con el derecho civil

  1. Se equivocó en la denominación de los sujetos del arrendamiento en el apartado referente al contrato de comisión.

  2. Buen ensayo, pero de acuerdo a su contexto al final del séptimo párrafo «ósea» no se escribe así, ya que eso se refiere a los huesos, y debe escribirlo: «…, o sea».

    Por otra parte, en el párrafo del arrendamiento financiero, la redacción es confusa.

    Y en el párrafo del fideicomiso, no se utiliza lenguaje jurídico propio.

    Espero estos comentarios ayuden.

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