Los atentados del 9/11 y las acciones implementadas por Estados Unidos. Un análisis jurídico-normativo

El día 1º de mayo de 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama afirmó:

Hace casi 10 años que un luminoso día de septiembre se vio ensombrecido por el peor atentado contra el pueblo estadounidense de nuestra historia. Las imágenes del 9/11 son parte de nuestra memoria nacional: aviones secuestrados cortando un cielo sin nubes de septiembre, las Torres Gemelas desplomándose, humo negro en el Pentágono, los restos del vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, donde la actuación de heroicos ciudadanos evitó más dolor y destrucción.[1]

Evidentemente, aquel día, también conocido como el martes negro, marcó un trágico escenario no sólo para los Estados Unidos, sino para otras naciones. Era claro que el tema del terrorismo había recobrado enorme importancia en la agenda del derecho internacional y, sobre todo, se convirtió en uno de los enemigos principales de Estados Unidos, pues el pueblo americano quería justicia. Tal como el entonces presidente en 2001, George W. Bush lo expresó en uno de sus discursos: «Esta noche somos un país despertado por el miedo y llamados a defender la libertad. Nuestro dolor se ha transformado en ira y de la ira a la resolución. Ya sea que traigamos a nuestros enemigos a la justicia o llevemos la justicia a nuestros enemigos, pero la justicia se hará.»[2]

El gobierno estadounidense no dudó en poner a andar toda la maquinaria de seguridad nacional, donde las acciones incluyeron desde trabajo legislativo nacional, con el famoso Patriot Act; involucramiento por parte de la CIA; resoluciones internacionales, como algunas emitidas por el consejo de seguridad de Naciones Unidas y; finalmente, acciones militares por parte de las fuerzas armadas norteamericanas, como lo fue la operación libertad duradera y la declaración de la guerra global contra el terrorismo.

Tras lo ocurrido el 11 de septiembre, el terrorismo recobró importancia en las discusiones internacionales, pues más allá de las acciones que tomó Estados Unidos en el ámbito nacional, también sus acciones implicaron actuar en otro territorio. El argumento por parte del gobierno estadounidense fue que se había cometido un crimen internacional y que como todo crimen, debía de ser perseguido y castigado. Sin embargo, hay una interrogante que parece olvidarse, pero que es relevante para el derecho internacional: ¿Las acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos tras el 9/11 fueron adecuadas desde una lectura estrictamente legal normativa? A continuación trataré de demostrar que, más bien, en varias de las acciones implementadas por Estados Unidos existieron inconsistencias en cuanto a ámbitos de validez, inconstitucionalidad y violación al derecho internacional.

Respuesta de la comunidad internacional tras el 9/11

Como se mencionó anteriormente, el 9/11 marcó no solo a Estados Unidos, sino también a la comunidad internacional respecto el tema del combate al terrorismo. Una de las primeras acciones por parte de la comunidad internacional fue una resolución (1373) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que estableció el Comité contra el Terrorismo, el cual tendría la tarea de monitorear la implementación de dicha resolución, a través de la solicitud de medidas para incentivar a los países a adquirir habilidades legales e institucionales para enfrentar actividades terroristas.[3] Posteriormente en 2006, todos los Estados miembros de la Asamblea General lograron establecer un marco estratégico para combatir el fenómeno del terrorismo; este marco es conocido como la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo.

Ahora bien, es importante considerar que Estados Unidos es uno de los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que podría asumirse que respeta las decisiones internacionales implementadas y que incluso las apoya e implementa. Sin embargo, en las secciones procedentes analizaremos algunas de las acciones implementadas por el gobierno estadounidense a raíz del tema de terrorismo. Las cuales pueden llegar a poner en duda el compromiso de respetar los objetivos de la comunidad internacional, ya que pareciese que, por un lado, el gobierno de Estados Unidos acató correctamente cada una de éstas, pues tras el ataque terrorista implementaron una serie de medidas internas como lo fue el USA Patriot Act, la creación del Departamento de Seguridad Nacional, influencia en las resoluciones judiciales, medidas migratorias, reuniones internacionales, acciones militares e inclusión de la declaración de una «guerra, etc. Pero, por otro lado, el alcance y la implementación de muchas de estas acciones no fueron acorde a ámbitos de validez limitados internacionalmente, ni sujetos en todo momento a los principios del derecho internacional. Lo cual, siguiendo a Kelsen, tiene sentido ya las normas del derecho internacional son normas incompletas; es decir, éstas solo regulan el elemento material de las normas y el elemento personal le corresponde al derecho nacional definirlo.[4]

El tema de derecho internacional para Kelsen es relevante pues según los ámbitos de validez, es común que exista una posible vigencia de dos o más ordenes jurídicos a la vez[5] , la cual cobra importancia si se considera la siguiente pregunta fundamental: ¿a quién le correspondía sancionar a al Qaeda por los eventos del 9/11? La respuesta a esta pregunta es clave pues sirve para a su vez justifica que ciertas acciones fueron o no válidas, ya que el derecho internacional permite accionar en un sentido en el que el acto coercitivo de un Estado en la esfera de interés de otro sea en respuesta a un acto antijurídico y que al final represente un deseo de la comunidad jurídica internacional.[6] Este apoyo de la comunidad internacional ocurrió en las acciones militares (que más adelante se discutirán) y en la declaración de guerra contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos, pues los 19 embajadores de la Organización del Tratado del Norte Atlántico (OTAN) declararon que el ataque por parte de Estados Unidos fue un ataque por parte de todas las naciones miembro de la organización.[7]

Respuesta legislativa: the USA Patriot Act

De las acciones legislativas más importantes tras el 9/11 fue la aprobación de la Ley USA Patriot Act, la cual fue aprobada por el Congreso y reiterada por el presidente George Bush en octubre de 2001. Esta ley corresponde al ámbito territorial de validez de los Estados Unidos, así como en todo el mundo según se expresa en la ley lo siguiente: «una ley para disuadir y sancionar los actos terroristas en los Estados Unidos y en todo el mundo, para mejorar la aplicación de la ley de herramientas de investigación, y para otros fines».[8] Esto refleja justamente la extensión ilimitada que a veces puede tener un ordenamiento jurídico; sin embargo, es cuestionable pues como se analizará más adelante esta ley llega a contraponerse con derechos fundamentales de las personas y sobre todo de privacidad, por lo que un ordenamiento jurídico de un solo Estado está decidiendo interferir con cualquier sujeto que lleve a cabo o sea sospechoso de realizar acciones terroristas, aunque considerando lo tratado en el Consejo de Seguridad de la ONU se podría decir que tiene el consentimiento de la comunidad internacional para que Estados Unidos tome las medidas necesarias. Respecto al ámbito temporal, el Patriot Act comienza con su entrada en vigor el día 26 de octubre de 2001 y tras una serie de renovaciones a lo largo de los años, se deroga en el año 2015 y es sustituida por la ley USA Freedom Act, emitida bajo la administración del presidente Obama; lo que este ámbito de validez justifica es que las acciones ejecutadas por autoridades norteamericanas protegidas bajo esta ley fueron vigentes y aplicables durante los catorce años que duró.

Ahora bien, toca analizar el contenido constitucional de la ley; en principio Kelsen establece que todo ordenamiento jurídico tiene una Constitución la cual establece el qué, quién y cómo de la regulación normativa que devendrá de esta norma suprema y, por ello, se pensaría que siendo la Constitución la fuente primaria de las demás normas secundarias de un ordenamiento jurídico no deberían de contradecirse; sin embargo, cierto contenido del Patriot Act llega a ser inconstitucional y viola las garantías individuales; pues contradice la primera y segunda enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Respecto a la primera enmienda, el Patriot Act va en contra de la libertad de ejercicio de ideología, pues autoriza detención ejecutiva por un fundamento meramente de sospecha (es decir, sin prueba alguna) de que algún inmigrante haya estado involucrado en alguna actividad terrorista y, además, está ley indirectamente fomenta la exclusión ideológica, pues un incidente como este se presentó en la época de la primera guerra mundial, cuando la razón para encerrar a extranjeros era simplemente por su nacionalidad o por expresarse en contra de la guerra.[9] De la quinta enmienda, el Patriot Act viola la garantía del debido proceso en cuatro sentidos: en primer lugar, impone prisión preventiva a sujetos que parezcan sospechosos de ser una amenaza para el país o para abordar un vuelo sin necesidad de demostrar prueba mínima; en segundo lugar, permite al INS[10] detener a sujetos de manera indefinida, a pesar de ya haber obtenido legalmente la permanencia en Estados Unidos; en tercer lugar, no brinda la mínima oportunidad de que la persona detenida pueda compadecer su detención tanto por la vía administrativa como en la Corte y en cuarto lugar, permite la detención de ciertos sujetos hasta por siete días sin necesidad de ser presentados ante alguna autoridad judicial .[11]

Acciones militares y la guerra contra el terrorismo

Según el reporte de la Comisión del 9/11, en la tarde del día 11 de septiembre el presidente Bush se reunió con varios de sus consejeros para discutir sobre formas de combatir lo ocurrido, en donde afirmó que era tiempo de defenderse y que Estados Unidos castigaría tanto a los que cometieron los ataques, como a todos aquellos que los hubiesen apoyado. Parte del argumento de Bush sobre la nueva guerra contra el terrorismo implicaba mucho más que solo Osama Bin Laden y textualmente dijo: «no acabara hasta que cada grupo terrorista de alcance global haya sido encontrado, detenido y combatido»[12] Así, si bien una de las primeras acciones militares que aprobó el presidente Bush fue la operación llamada «Libertad Duradera», cabe mencionar que parte de las decisiones tomadas por el gobierno estadounidense tuvo otros efectos que son discutibles y ponen en duda si fue correcta la actuación de Estados Unidos ante los ojos del derecho internacional, y estos son los llamados crímenes en nombre del 9/11, los cuales son dos principalmente:

  1. La declaración y lanzamiento de la guerra global contra el terrorismo
  2. La derogación de ciertas libertades civiles[13]

Ahora bien, Kelsen establece que en el derecho internacional hay dos principios fundamentales; por un lado, está el principio del pacta sunt servanda, el cual significa que lo pactado es obligatorio y, por otro lado, está el principio de efectividad, que en el derecho internacional significa el reconocimiento de un Estado como ordenamiento jurídico siempre y cuando éste cumpla con el mínimo de eficacia. Estos dos principios tienen gran importancia en este tema, pues sirven para analizar lo consentido por Estados Unidos frente a la comunidad internacional y para posteriormente constatar si respetó lo pactado o no; asimismo, el principio de efectividad sirve para analizar si las acciones por parte de los Estados Unidos en otros territorios fueron efectivas para el derecho internacional.

Otro principio relevante en el derecho internacional es el bellum justum; Kelsen explica que este principio consiste en el derecho de legítima defensa de un Estado por así decirlo y como tal la idea de una guerra que evoque a la justicia es para que sirva de convicción a los Estados que recurran a actos de guerra, al tratar de siempre justificar la actitud tomada ante su pueblo y ante todos los demás pueblos de mundo.[14] Ahora bien, la regla que justifica al principio del bellum justum es la de la intervención, y ésta sólo está permitida cuando se realiza en forma de reacción ante una violación al derecho internacional.[15] Pero como bien advierte Kelsen, la guerra nunca va a garantizar que el autor del acto violatorio sea el único que habrá de sufrir un daño que esta supuestamente implicado en la sanción.

De aquí que hay que analizar la actuación por parte de los Estados Unidos en relación con esta parte de la teoría de Kelsen. En principio, es importante señalar que lo que dio origen a esta guerra fue un acto terrorista, el cual es un crimen internacional y permite, según Kelsen, una sanción, la cual es una reacción de una comunidad jurídica contra un acto violatorio; así pues, desde esta afirmación podemos decir que Estados Unidos implementó la declaración de guerra contra el terrorismo, junto con las implicaciones militares como sanción por el acto antijurídico cometido el 11 de septiembre, que en si forma parte del requisito de la justificación; sin embargo, esto no descarta que la interferencia por parte de Estados Unidos fue ilimitada.[16] Uno de los aspectos relevantes fue el uso de la fuerza en esta guerra global; según el principio de guerra justa la fuerza de un Estado es importante, pero desde que esto involucra a la comunidad internacional una interrogante podría ser ¿quiénes estuvieron de acuerdo con permitir el uso de la fuerza? Y como respuesta a esta interrogante están dos decisiones internacionales: la primera, es la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual da reconocimiento al derecho de la legítima defensa colectiva[17] y; la segunda, es la invocación al artículo 5 del Tratado de la OTAN.:[18]

Finalmente, con base en los dos principios fundamentales del derecho internacional, la guerra global en contra del terrorismo y las acciones militares, podrían parcialmente afirmarse que Estados Unidos las acató, si hablamos del pacta sunt servanda; sin embargo, no deja a un lado el hecho de que la toma de decisiones respecto a la manera de cómo iba a realizar las acciones militares en Afganistán fueron decisiones que violaron acuerdos internacionales, como ya anteriormente se mencionó en la primera sección de este ensayo. De lo que respecta al principio de efectividad, el ordenamiento de Estados Unidos en estas actuaciones se podría decir que fue efectivo desde sus intereses; sin embargo, traspasó sus límites por lo cual se considera que más de hablar de efectividad por parte de Estados Unidos, fue un tema de justificar su accionar por el ámbito de validez y no tanto por el sentido de un ordenamiento jurídico efectivo.

En suma, el presente artículo retoma parte la discusión del 9/11, día en el que el tema del terrorismo volvió a recobrar gran importancia para el mundo; sin embargo, la discusión del presente artículo se somete a un análisis a partir de la obra de Hans Kelsen. Cabe recordar la hipótesis, la cual afirma que dentro de las distintas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos tras el 9/11 hubo inconsistencias tanto en los ámbitos de validez, inconstitucionalidad y violación a principios del derecho internacional. La primera sección demuestra la importancia del derecho internacional en las decisiones que se hacen al interior de un país, pues el derecho internacional está puesto como un meta Estado que puede impulsar muchas de las decisiones legales tomadas en territorio nacional e incluso extender la acción de un Estado a otros territorios.

En la segunda sección se demuestra que el Patriot Act claramente presenta inconsistencias en cuanto los ámbitos de validez de aplicación, así como contradicciones a la Constitución. En la última sección se demuestra la ilimitada y cuestionada actuación militar de Estados Unidos en otros territorios, así como la declaración de una guerra global que si bien, a pesar de las irregularidades que pueda presentar como el respetar tal cual lo acordado en un principio con la comunidad internacional, Estados Unidos sí contó con apoyo de la comunidad internacional por lo que cumple parcialmente los principios fundamentales del derecho internacional. Para concluir, se invita al lector a reflexionar sobre tres principios que menciona el profesor David Cole, respecto a cómo reaccionar ante el miedo al terrorismo, siendo los siguientes: el primero, no sobre reaccionar en tiempos de miedo; el segundo, no sacrificar los fundamentos constitucionales y; por último, al momento de ponderar la libertad frente a la seguridad, no caigamos en el error de violar las libertades de una minoría vulnerable.[19]

Sara Isela Contreras Medrano. Estudiante de la licenciatura en Derecho del CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

BIBLIOGRAFIA:

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Welsh, Jennifer. The impact of 9/11 on the ethics of military action. Oxford Martin School, 14  de octubre de 2011. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/107.

[1]«Discurso de Obama tras la muerte de Bin Laden,» El mundo, 2 de mayo de 2011, sección Internacional, https://www.elmundo.es/america/2011/05/02/estados_unidos/1304331032.html.

[2]«Text of George Bush´s speech,» The Guardian, 21 de septiembre de 2001, sección mundo. https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13.

[3] Security Council (Counter Terrorism Committee), «About the Counter-Terrorism Committee,” https://www.un.org/sc/ctc/about-us/  (consultada el 10 de noviembre de 2018).

[4] Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado (UNAM, México, 1988) ,408.

[5] Hans Kelsen, Teoría general del Estado, 184

[6] Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, 390.

[7] History, «Reaction to 9/11,» https://www.history.com/topics/21st-century/reaction-to-9-11 (consultada 15 de noviembre de 2018).

[8]Authenticated U.S Government Information, «Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001,» publicada el 26 de octubre de 2001,  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf.

[9] David Cole, Rights vs. public safety after 9/11: America in the age of terrorism, 36.

[10] Servicio de Inmigración y Naturalización

[11] David Cole, Rights vs. public safety after 9/11: America in the age of terrorism 40-41.

[12] National Commission on Terrorism, 337.

[13]Michel Chossudovsky,»September 11, 2001: The War Crimes Committed In the Name of 9/11″.Global Research, (septiembre 2018).https://www.globalresearch.ca/september-11-2001-the-crimes-of-war-committed-in-the-name-of-911/5311561.

[14] Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, 395.

[15] Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado ,397.

[16] Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado ,390.

[17]Consejo de Seguridad, «Resolución 1368(2001),» sesión celebrada el 12 de septiembre de 2001, http://especiales.ideal.es/2006/eta/pdf/1996/1368_ONU.pdf.

[18]Jennifer Welsh, «The impact of 9/11 on the ethics of military action,» Oxford Martin School, 14 de octubre de 2011. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/107.

[19] David Cole, Rights vs. public safety after 9/11: America in the age of terrorism, 35.

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