Los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción (Parte I)

El Covid-19 ha asediado a la población mundial por más de un año. En los países en desarrollo, las personas de 20 a 39 años representan una proporción de muertes por COVID-19 que está 5 puntos porcentuales por encima de las de los países de altos ingresos” (Chauvin Juan, 15 de diciembre de 2020). Es decir, las juventudes de América Latina se enfrentan a las medidas de restricción de derechos impuestas por los Estados al mismo tiempo que las fallas estructurales ponen en riesgo su vida.

Para efectos de este ensayo se entenderán por juventudes los grupos integrados por personas en el rango de edad señalado por la ONU y que, con base en el desarrollo progresivo de su personalidad, cuentan con un nivel de madurez amplio. Por lo que hace a los derechos, se abordará desde el punto de vista de los derechos subjetivos. En otros términos, la posibilidad de exigir al Estado o a los privados un hacer, no hacer o abstenerse de continuar haciendo algo (Asis, Rafaél, 2014). En concreto, se hablará de los derechos humanos de las juventudes reconocidos por el sistema jurídico mexicano. Es decir, derechos inherentes a la dignidad humana y que todas las personas poseen por el simple hecho de existir (Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo. 10 de diciembre de 1948).

Se entiende por marco de la pandemia la crisis sanitaria que se extiende hasta nuestros días, provocada por un virus conocido como SARS-CoV-2, (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). A pesar de que la OMS reporta que el 80% de las personas que padecen el Covid-19 se recuperan solas, uno de cada cinco presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar, afectando de manera particular a los adultos mayores, así como a las personas con problemas cardiacos, pulmonares, diabetes o cáncer (OMS, 2019). Así, a primera vista, la relación entre juventud, derechos y Covid-19 podría no resultar tan evidente. Aun cuando en general los jóvenes son menos propensos a padecer cuadros graves provocados por el Covid-19, en los países del sur global (De Sousa Santos, 2014), la juventud enfrenta mayores probabilidades de morir, a la par que experimenta una cruenta restricción a sus derechos humanos, producto de las medidas de contención contra el virus. (Declaración 1/20. Corte IDH. 9 de abril 2020).

Éste es el contexto al que se enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos. En el caso mexicano, del cual se ocupará este trabajo, se analizarán las decisiones políticas y legales adoptadas por las autoridades nacionales para contener la pandemia y sus repercusiones en los derechos de las juventudes. Con el fin de proporcionar un panorama integral de la situación, se compararán las decisiones del Estado mexicano con aquellas tomadas por otros países de la región y con lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Este ensayo pretende ser también una propuesta que, en la práctica, aporte a la solución de los problemas que derivan de las restricciones excesivas a los derechos de las juventudes en el marco del Covid-19 en México. Así, este trabajo puede contribuir en la identificación de medidas inconstitucionales o no convencionales, a partir de parámetros de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad en materia de derechos humanos. En suma, este ensayo tratará sobre: los Derechos humanos y las responsabilidades de las juventudes en el contexto del Covid-19: restricciones arbitrarias de derechos y normalización del Estado de excepción.

 

Sección I. Derechos humanos de los jóvenes en cuarentena

Si bien es cierto que los jóvenes deben gozar de sus derechos humanos en el marco del Covid-19 (A), también es verdad que este sector de la población debe observar responsabilidades y obligaciones con la finalidad de protegerse y proteger a los más vulnerables durante la crisis sanitaria (B).

A) Derechos humanos de los jóvenes y el Covid-19: un reconocimiento indiscutible

Es preciso comenzar por el primero de los derechos; la vida. Este derecho es garantizado por el artículo 4 de la CADH que establece que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida” (Artavia Murillo vs Costa Rica. §. 247, 262 y 311 (28 de noviembre de 2012). Así, el derecho a la vida de las juventudes puede ser visto desde dos ángulos: 1) el derecho a no a no ser privados de la vida y a conservarla; y 2) el derecho de exigir a los Estados una vida digna. De este modo, la Corte IDH ha condenado a algunos Estados por no respetar el derecho a la vida digna de las juventudes, aun durante los estados de excepción (Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. §. 118, 119 y 157 (4 de julio 2007). En el caso mexicano, las juventudes han sido gravemente afectadas por el Covid-19. Por ejemplo, en una tabla comparativa de julio de 2020 sobre las muertes de jóvenes entre 10 a 19 y 20 a 29 años, en Italia, China y México, el país europeo había tenido 0% de decesos en ambos rangos de edad; el gigante de Asia sufrió el fallecimiento del 0.1% y el 0.7%, de sus jóvenes, respectivamente; y para el caso de México, el 1.1 y el 1.2% de la juventud contagiada falleció en los primeros cuatro meses del inicio de la pandemia (Kánter Coronel, I., 2020). Es decir, los jóvenes mexicanos son más propensos a morir, en comparación con otros países, debido, probablemente, a la falta de adopción de medidas estatales.

En virtud de lo anterior, un derecho primordial para “disfrutar una vida digna” (OG. 36, 30 de octubre. §. 26 (2 de noviembre de 2018) es el derecho a la salud. Este último consiste en el “derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (Resolución No. 1/2020. CIDH. 10 de abril de 2020). De conformidad con la CorteIDH “el derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética […] disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad” (Resolución 1/2020. Corte IDH. 9 de abril 2020). En el caso de la juventud mexicana, el acceso a la salud ya era bastante limitado debido al contexto de desigualdad de la región, sin embargo, la pandemia ha exacerbado las violaciones de este derecho (Resolución 4/20. CIDH. 27 de julio de 2020). A pesar de ello, la juventud no se considera como población vulnerable y por tanto se encuentra todavía más desprotegida. Un ejemplo reciente es el plan de vacunación del Estado mexicano contra el Covid-19, en el que los jóvenes de entre 18 y 29 serán los últimos en ser vacunados (Gobierno de México, 2021). Ahora bien, de ningún modo esto quiere decir que las personas en riesgo o vulnerables no deban tener prioridad para ser vacunadas, sino que la falta de organización, planeación y apoyo del Estado pone en riesgo la salud de las juventudes, pues se deja a merced de su fortaleza física sobrevivir a un contagio, lo cual es contrario al SIDH (Cuscul Piraval vs Guatemala. §. 215 (23 de agosto de 2018).

Para evitar contagios y garantizar el derecho a la salud, el Estado mexicano ha tomado medidas de restricción de otros derechos, a saber, la educación. Hoy en día, la mayoría de las clases son por televisión para los niveles básicos, al menos de escuelas públicas. También las clases suelen ser vía internet para los niveles medio superior o superior. Sin embargo, con relación a lo anterior, llama la atención que sólo “20.1 millones de hogares, (56.4% del total nacional) disponen de conexión a Internet” (INEGI, 2020). Así, además de la carga emocional y los retos pedagógicos que implican las clases en línea, la falta de acceso a internet es un factor determinante que revela la desigualdad de oportunidades entre los propios estudiantes. Conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los Estados deben prever dentro de los diferentes niveles de sus sistemas educativos, la implementación de medidas que mitiguen la posible interrupción de los estudios y se enfoquen en la reducción del abandono de los mismos” (Resolución 4/20. CIDH. 27 de julio de 2020). No obstante, se calcula que 3 millones de jóvenes abandonaron sus estudios en México (Mendoza, J. 2021, Gráfica). Por tanto, la falta de apoyos para la adquisición de equipos de cómputo, televisiones y servicios de internet son un obstáculo infranqueable para que las juventudes continúen sus estudios.

Asimismo, la igualdad entre los géneros y el derecho a una vida libre de violencia deben ser ejercidos en todo momento, principalmente cuando los individuos están obligados a permanecer en casa por el confinamiento (CPEUM. Art. 4; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Art. 1; y Convención Belém do Pará. Art. 1). Sin embargo, Equis Justicia para Mujeres (2020) denunció que se registró un aumento considerable de los “asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia [143 diarios] y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria […] el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2 […] por día”. Como se observa, en el marco de la pandemia la violencia estructural y sistemática es ejercida, sobre todo, contra las mujeres. Por tanto, México debe garantizar el acceso a la justicia mediante órdenes de protección, asistencia pisco-social, albergues y programas de rehabilitación en el marco del Covid-19 (Call for joint action in the times of the COVID-19, 21 abril 2020). Hasta aquí se ha analizado que la legislación nacional e internacional, la jurisprudencia y el Soft Law garantizan indiscutiblemente los derechos humanos de las juventudes. Aun así, es evidente que los problemas estructurales de la región, sumados a la crisis sanitaria, impiden su goce efectivo. Sin embargo, esto no significa que en tiempos de Covid-19, las juventudes no tienen obligaciones para proteger a los más vulnerables (B).

B) Las obligaciones de los jóvenes en el marco de la pandemia: proteger y respetar a los más vulnerables

Las juventudes tienen responsabilidades y obligaciones con o sin pandemia, por ejemplo, el acceso a la educación o a un trabajo comprenden una doble dimensión, ya que ambos son derechos y deberes al mismo tiempo (art. 3 de la CPEUM, y art. 3 de la LFT). Sin embargo, en la actualidad se exige a las juventudes responsabilidades suplementarias, con la finalidad de contener al Covid-19 y proteger a los más vulnerables. Consideremos, por ejemplo, la libertad de asociación, que es un derecho que pueden ejercer responsablemente las juventudes durante la pandemia (CPEUM. Arts. 9 y 123; CADH. Art. 16; y Protocolo de San Salvador. Art. 8). Es decir, las juventudes pueden seguir constituyendo asociaciones aun cuando no es necesario que se reúnan de manera presencial (libertad positiva); pueden decidir no pertenecer a una agrupación (libertad negativa); o dejar de pertenecer voluntariamente en tiempos de Covid-19 a una organización sin ningún perjuicio (libertad de separación) (SCJN. Pleno, P./J. 43/99, Tomo IX, mayo de 1999). Así, aunque existen ciertas restricciones con la finalidad de atender al interés de la seguridad nacional, orden público y la salud pública, así como a derechos de terceros, las juventudes pueden seguir ejerciendo su derecho de libre asociación. Del mismo modo, la libertad de circulación y al domicilio son consagrados en los artículos 11 de la CPEUM y 22 de la CADH. Durante la pandemia, el gobierno federal mexicano no ha impedido la libertad de asociación ni de circulación de manera formal (a través de un decreto). No obstante, el mayor problema del ejercicio de estas libertades es un impedimento de facto (Operación Génesis vs. Colombia. §. 315 (20 de noviembre de 2013). Ejemplo de esto es que a inicios de la pandemia un joven jalisciense que transitaba por la vía pública fue detenido y golpeado, hasta privarlo de la vida, por policías municipales debido a que no llevaba cubre bocas. (Informador, 2020).

Durante la crisis ocasionada por el Covid-19, las juventudes deberían poder ejercer el derecho de asociación y circulación cumpliendo responsablemente con las limitaciones legales, proporcionales y adecuadas para proteger a la población en general. Por ello, a pesar de que estas libertades no han sido jurídicamente restringidas, las juventudes no están exentas de ejercerlas responsablemente.

Otras responsabilidades de las juventudes se dan al momento de ejercer la libertad de expresión. Este derecho es reconocido por los artículos 6 de la CPEUM y 13 de la CADH, que contemplan que toda persona tiene derecho a la libre manifestación de sus ideas y al acceso a la información. Para la Corte IDH, la libertad de expresión es un derecho de carácter individual ya que comprende la libertad de escribir, hablar, expresarse y a difundir ideas, pero también es un derecho colectivo pues comprende “el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros” (Herrera Ulloa vs. Costa Rica. §. 110 y 113 (2 de julio de 2004). Sin embargo, este derecho puede ser limitado cuando atenta a la reputación de los demás, al orden o la salud públicas, etc. (CADH. Art. 10). En el caso de las juventudes, el reciente crecimiento y fortalecimiento de las redes sociales ha facilitado que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en estas plataformas. Así, es necesario que al momento de emitir su opinión en torno a la pandemia lo hagan sin ejercer discriminación contra otros grupos vulnerables (por ejemplo, al promover la no vacunación de extranjeros). Además de que les obliga a verificar la información que comparten sobre el virus con la finalidad de evitar la propagación de Fake news. En ese sentido, la CorteIDH ha instado a los Estados a establecer medidas pertinentes para “combatir la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación […] durante la pandemia” (Declaración 1/20. 9 de abril 2020) con el fin de que nadie promueva noticias falsas o incitaciones a la violencia. En resumen, las juventudes tienen el derecho a ejercer la libertad de expresión, pero con las responsabilidades que comprende, ya que un Estado democrático no puede ser tolerante con los intolerantes (Popper, K., 1959).

En este orden de ideas, se ha expuesto que las juventudes tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos, aún en época de crisis sanitaria. Sin embargo, en México existen limitaciones que obstaculizan el goce y ejercicio de estos derechos. Asimismo, se analizó la otra cara de los derechos, es decir las responsabilidades que tienen las juventudes durante el Covid-19, con la finalidad de protegerse y proteger a los más vulnerables. Así, se presenta necesario analizar si las medidas de excepción tomadas por México para contener la pandemia protegen los derechos de las juventudes, o se tratan de restricciones arbitrarias (II).

 

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.


Bibliografía

Legislación y normativa mexicana

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 5 de febrero de 1917;

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, DOF, 5 de julio de 2010;

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, DOF, 26 de enero de 2017;

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, 1 de febrero de 2007;

SEP. Acuerdo número 09/04/20, DOF, 17 de abril de 2020;

SEP. Acuerdo número 10/05/20, DOF, 30 de abril de 2020;

 

Jurisprudencia nacional

SCJN. Pleno, P./J. 43/99, Tomo IX, mayo de 1999;

SCJN. Primera Sala, 1a./J. 37/2017 (10a.), mayo de 2017;

 

Legislación de Guatemala

Declaración, no. NV-OEA-M4-054-2021, Secretaría de la OEA, 19 de enero de 2021;

Decreto Gubernativo 5-2020, Diario de Centroamérica, Guatemala, 5 de marzo de 2020;

 

Tratados y documentos de la OEA

Convención Americana de Derechos Humanos. 18 de julio de 1978;

Convención de Belém do Pará. 3 de marzo de 1995;

Protocolo de San Salvador. 17 de noviembre de 1988;

Declaración 1/20, Covid-19 y Derechos Humanos: los Problemas y Desafíos Deben ser Abordados con Perspectiva de Derechos Humanos y Respetando las Obligaciones Internacionales. Corte IDH. 9 de abril 2020.

Resolución 4/20, DH de las Personas con COVID-19, CIDH. 27 de julio de 2020.

 

Jurisprudencia Interamericana y Soft Law

CIDH. Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril de 2020;

CIDH. DH de las Personas con COVID-19, Resolución 4/20, 27 de julio de 2020;

Corte IDH. Artavia Murillo vs. Costa Rica. (28 de noviembre de 2012);

Corte IDH. Cuscul Piraval vs. Guatemala, (23 de agosto de 2018);

Corte IDH. Herrera Ulloa vs. Costa Rica, (2 de julio de 2004);

Corte IDH. Operación Génesis vs. Colombia. (20 de noviembre de 2013);

Corte IDH. Rosendo Radilla vs. México, (23 noviembre de 2009);

Corte IDH. Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. (4 de julio 2007);

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal EDH. Airey vs. Irlanda. No. 6289/73. (9 de octubre de 1979);

Tribunal EDH. GC. Hirsi Jamaa vs. Italia. No. 27765/09, (23 de febrero de 2012);

Tribunal EDH. GC. Lacatus vs Suiza. No. 14065/15. (19 de enero de 2019);

Tribunal EDH. GC. Z.A. vs Rusia, No. 61411/15, §. 207, (21 de noviembre de 2019);

 

Tratados de la ONU y del Derecho Internacional General

Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo, 10 de diciembre de 1948;

Organización Mundial de la Salud. (2019). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). https://cutt.ly/flnILPM;

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 3 de enero 1976;

Resolución A/RES/36/28, 13 de noviembre de 1981;

 

Comités ONU

Comité CEDAW, Call for joint action in the times of the COVID-19 (21 abril 2020);

Comité PIDCP. OG. 36, 30 de octubre. (2 de noviembre de 2018);

 

Obras generales y artículos

Asis, Rafaél, (2014). Concepto y fundamento de los Derechos Humanos. En José Tamayo, 10 Palabras sobre Derechos Humanos, (pp. 24, 25 y 41). Navarra, España, EVD;

Chauvin Juan P. et al, (15 de diciembre de 2020) A los jóvenes les va mejor con la COVID-19. Pero en América Latina la realidad es más compleja, [Blog]. Recuperado de https://cutt.ly/WlbVVho;

De Sousa Santos, B, (2014), Derechos Humanos, democracia y Desarrollo, (p. 33) Bogotá, Colombia, Dejusticia;

Equis Justicia para Mujeres. (2020). Las dos pandemias, Recuperado de: https://cutt.ly/ulmsglX;

García, F, (14 de octubre de 2011). ¿Cuál es el primer signo de civilización y cómo la respuesta se hizo viral?, La Vanguardia, Recuperado de: https://cutt.ly/ylmgSMJ ;

Kánter Coronel, Irma. (2020), Muertes por Covid-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/);

Popper, K, (1959), La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Madrid, España, Paidos;

 

Enlaces de internet

DW Made for Minds. (23 enero de 202). EE.UU., México y Guatemala cercan fronteras a caravanas migrantes, Recuperado de: https://cutt.ly/nlcon7R;

Etimologías de Chile. (2021). Diccionario, Recuperado de: https://cutt.ly/ylE1Y0Y;

Goal, En México, (22 de febrero de 2021). ¿cuántos días llevamos de cuarentena?. Recuperado de: https://cutt.ly/Alces9a;

Gobierno de México, (2021), Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Recuperado de https://cutt.ly/dln4KMK;

INEGI. (2020). Estadísticas a Propósito del Día Mundial del Internet. Recuperad de: https://cutt.ly/Slmel35 ;

Informador. (3 de junio de 2020). Detienen a hombre en Ixtlahuacán por no usar cubrebocas y lo regresan muerto. Recuperado de: https://cutt.ly/BlW6nBU;

Mendoza, J., (21 de enero de 2021). Número de estudiantes que abandonaron la escuela como resultado de la pandemia por COVID-19 en México de abril a agosto de 2020, por nivel educativo, Statista. (Gráfica). Recuperado de: https://cutt.ly/JlxLIbj;

The Council State Govenrments. (2020), Estados Unidos: Executive Orders—By State, https://cutt.ly/elxL478

(Visitado 101 veces, 1 visitas hoy)