Los derechos políticos de las personas transgénero

En el proceso electoral 2017–2018 en Oaxaca fueron elegidas 42 diputaciones locales, así como 151 ayuntamientos regidos por partidos políticos. Como parte de la reglamentación que generó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para cumplir con la obligación de los partidos políticos de una postulación paritaria a las candidaturas, se contempló -por primera vez- que, en el lineamiento correspondiente, las personas transgénero o muxes pudieran ser postuladas bajo el género con el que se identifican (IEEPCO, Lineamientos en Materia de Paridad de Género).

En México, nunca se había hecho un reconocimiento textual a la participación política de ciudadanas y ciudadanos trans hasta ese momento. Sin embargo, esta medida afirmativa no estuvo exenta de polémicas, ya que algunos actores y partidos políticos intentaron utilizarla de manera negativa para hacer fraude a la ley y evitar una postulación paritaria. Hubo algunos candidatos varones que intentaron usar la identidad trans para ocupar espacios que les correspondían a las mujeres. Este escenario inició un debate tanto en el IEEPCO como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para analizar cuál es la mejor forma de reconocer los derechos políticos de las personas transgénero sin permitir posibles fraudes a la ley.

El presente texto describe cuáles fueron las razones para diseñar esta medida afirmativa de reconocimiento a las candidaturas trans; aborda el tema del registro y la denuncia que hicieron algunas asociaciones civiles sobre la posible usurpación de dicha identidad por parte de algunos candidatos; así como las resoluciones tanto del IEEEPCO como del TEPJF sobre el mismo. Se habla del debate que hay sobre la autoadscripción simple y la autoadscripción calificada y los efectos de cada una de éstas. Nuestro objetivo es abonar al debate sobre el diseño de normas para el reconocimiento de nuevos derechos y las mejores vías para hacerlo.

El origen de la acción afirmativa

Las personas transgénero son uno de los grupos poblacionales que históricamente han sufrido injusticias, desventajas y discriminación social. Un dato relevador sobre el panorama que enfrentan es el dado a conocer en el año 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual afirmó que el 80% de las personas transgénero fallecen a los 35 años o menos en Latinoamérica. Este dato es alarmante cuando la esperanza de vida para el resto de la población dentro de la región es de 75 años. Los prejuicios, la violencia sistemática, la falta de legislación y de diseño de políticas enfocadas a proteger los derechos humanos de dichas personas son algunas de las causas que propician este escenario (CIDH 2015, 170).

En diversos foros, encuentros y manifestaciones se ha hablado de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con la comunidad trans para combatir la desigualdad que enfrentan en diversos ámbitos, y una de estas esferas es la política. La experiencia de Amaranta Gómez Regalado -muxe oaxaqueña- refleja los obstáculos que tienen que pasar las personas transgénero para participar en el ámbito de la toma de decisiones. Amaranta fue la primera mujer trans que compitió por un cargo público bajo el género con el que se identifica, es decir, como mujer. Era el año 2003 y ella contaba apenas con 25 años. Para poder ingresar como candidata ella tuvo que viajar al entonces Distrito Federal para poder hacer el registro y luchar para que en la boleta apareciera el nombre con el que era conocida.

En ese entonces, no existía el cambio de identificación de personas transgénero, y al hacer una revisión de la legislación vigente, podemos ver que actualmente el avance ha sido pequeño y que este ha ocurrido lentamente. Para 2018, únicamente Ciudad de México, Michoacán y Nayarit permiten realizar dicho trámite, lo que significa que 29 estados del país aún no regulan el cambio de identidad de género. Esta situación limita la posibilidad de las personas transgénero de tener documentos oficiales con el género con el que se autoadscriben.

En este sentido, la acción afirmativa aprobada por el Consejo General del IEEPCO buscó maximizar los derechos político-electorales de las personas trans, además de ser un reconocimiento al derecho de identidad género. Así, el registro de candidatas y candidatos trans tuvo el objetivo de eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de sus derechos políticos, al tiempo de visibilizar su participación en la arena pública. Otro fin importante de la acción afirmativa fue la de combatir los estereotipos que se han formado en torno a los espacios y el desarrollo profesional en el que se pueden desempeñar las personas transgénero. Ser figuras públicas, tener una agenda de temas propios y participar en política debería ser una opción real para cualquier ciudadano o ciudadana, sin importar el género con el que esa persona se identifique.

Las candidaturas trans en Oaxaca

Al concluir el proceso de registro de candidaturas en Oaxaca se informó que 19 personas refirieron mediante escritos, donde aparece su nombre y firma, querer hacer uso de la medida afirmativa. Dichas candidaturas fueron aprobadas por el Consejo General del IEEPCO, el 20 de abril de 2018 (IEEPCO, Acuerdo IEEPCO-CG-32/2018). Una vez aprobadas, el órgano electoral difundió de manera importante los nombres de las personas y los partidos políticos que habían postulado a estos candidatos transgénero, pues la acción afirmativa estaba enfocada precisamente en visibilizar la participación política de dicha comunidad.

Derivado de esta difusión, agrupaciones civiles enfocadas en defender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ hicieron una investigación de campo y búsqueda a través de redes sociales de las personas que en su dicho eran mujeres trans, e hicieron saber en una conferencia de presa que, en su mayoría, los postulados no tenían algún tipo de identificación con la comunidad transexual, y se trataba de personas que vivían con una identidad de género masculina. El 7 de mayo de 2018, tres asociaciones civiles Ladxido Muxe, Autenticas Intrépidas Buscadoras del Peligro y el Colectivo Binni Laanu A.C., presentaron una queja formal ante el IEEPCO sobre un posible fraude a la ley sobre dichas postulaciones. De acuerdo con lo referido en la queja presentada, 17 de las 19 candidaturas trataban de hombres que querían usurpar la identidad transexual para incumplir con la obligación de la paridad de género establecida en la ley. En consecuencia, el IEEPCO inició una investigación a través de un procedimiento ordinario sancionador para dar atención a la denuncia (IEEPCO, Expediente: CQDPCE/POS/005/2018)

De esta manera, fueron 17 ciudadanos señalados por hacer mal uso de la acción afirmativa, así como seis partidos políticos quienes los postularon a través de las coaliciones en las que participaron. Estos fueron: Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (PANAL), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El 11 de mayo de 2018, el IEEPCO decidió adoptar medidas cautelares dentro del mismo procedimiento, consistentes en la cancelación provisional de los registros como candidatos de los ciudadanos denunciados ya que había indicios suficientes del mal uso de la acción afirmativa.

En el proceso realizado, el IEEPCO notificó a las 17 personas denunciadas para que tuvieran conocimiento y respondieran si así convenía a su interés de parte procesal, toda vez que el objeto de la queja presentada se vinculó directamente con el ejercicio de los derechos humanos, en este caso su derecho a participar como candidatas. De estas 17 notificaciones se obtuvo respuesta de 13 candidatos, así como de cuatro partidos políticos PAN, PRD, MC y PRI. Respecto de las contestaciones, cinco personas sostuvieron ser candidatas trans y argumentaron que en los lineamientos aprobados por el IEEPCO no se establecía que se tuviera que acreditar la identidad de género de las personas que se autoadscriban como transgénero o muxes, o que tuvieran que cumplirse requisitos adicionales, bastaba con que se autoadscribieran como tal para ser registradas en el género que decidieran.

En tanto, ocho de los candidatos postulados como transgénero manifestaron desconocer el contenido del escrito presentado ante el IEEPCO para su registro donde manifestaban ser candidatas trans, así como la firma que aparece en el documento en el que se autoadscribían como tales. La mayoría de ellos indicaron que se enteraron de su registro como candidatas transgénero a través de los medios de comunicación o incluso por las redes sociales. En cuanto a los partidos políticos, el PAN, PRD y PRI manifestaron que los municipios donde se habían postulados candidatas trans no correspondían a candidaturas realizadas por los mismos, sino por otros partidos que participaban en sus coaliciones.

Por su parte, el partido de MC refirió que había iniciado un proceso de investigación a través de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria ya que se presumía que personas que colaboran y colaboraban en dicha institución política habrían actuado de motu proprio para orquestar un ardid que permitiera registrar a candidatos varones como mujeres, sin el consentimiento de algunos de los aspirantes denunciados; por lo que se presumía que algunas de las cartas de autoadscripción eran apócrifas en perjuicio de los aspirantes.

Si bien cuatro de los candidatos antes mencionados presentaron su renuncia a la candidatura ante el IEEPCO,  ello no los eximió de ser beneficiados de forma indirecta con el registro de la misma, lo que contraviene la finalidad de la acción afirmativa contenida en el artículo 16 de los lineamientos de paridad del IEEPCO, beneficiándose del perjuicio de un tercero, en este caso, de dos poblaciones históricamente vulneradas: las mujeres y las personas transgénero o muxes.

La decisión del IEEPCO ante la simulación en candidaturas trans

El IEEPCO resolvió cancelar de manera definitiva el registro de los 17 candidatos postulados por dos coaliciones, toda vez que las pruebas demostraban que no se trataba de mujeres trans, sino de ciudadanos cisgénero que pretendían hacer un mal uso de la acción afirmativa. En los casos de los candidatos propuestos que manifestaron que el IEEPCO no solicitó requisitos adicionales más que la autoadscripción para poder gozar de la acción afirmativa llama la atención que en la investigación realizada se demostró a través de cuestionarios que se les realizaron, entrevistas hechas a vecinos y por anteriores postulaciones a cargos públicos que no pertenecían a la comunidad transgénero. Cabe hacer mención que la investigación realizada por el IEEPCO no consistió en demostrar que las personas no eran trans, sino en que habían hecho un fraude a la ley al ocupar una norma establecida (el artículo 16 de los lineamientos de paridad) para un fin ilícito (evadir la postulación paritaria entre hombres y mujeres de las candidaturas). La investigación, gracias a las pruebas documentales aportadas, concluyó que las 17 personas denunciadas eran hombres cisgénero, y no se trataba de mujeres transgénero.

Además, la investigación realizada por el IEEPCO demostró que había una responsabilidad directa de los partidos MC y PANAL, ante la falsa postulación de candidaturas trans. Esto fue debido a que, en un primer momento, dichas instituciones políticas postularon a estos candidatos como hombres, y una vez que se les requirió el principio de paridad de género, se hizo el registro de éstos como mujeres transgénero. Este acto ocurrió en los municipios donde participaban de manera individual, así como donde contendían en coalición.

De la misma manera se consideró que había una responsabilidad de los partidos PAN, PRD, PRI y PVEM por beneficiarse de los resultados de los cambios realizados por los miembros de sus coaliciones. Aunado a ello, es importante recordar que existe una obligación de los partidos políticos y coaliciones de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, por lo que permitir o hacer mal uso de una acción afirmativa en detrimento de la población a la que se busca mejorar, es un acto contrario a su finalidad.

Una vez que fue acreditada la comisión de la conducta ilícita, relativa al fraude a la ley cometido por los partidos MC y PANAL, así como la intervención de los partidos integrantes de las coaliciones “Todos por Oaxaca” y “Por Oaxaca al Frente” puesto que catorce de los registros denunciados fueron aprobados por esas coaliciones, se determinó que el PAN, PRD, PRI y PVEM era acreedores a una amonestación pública pues su falta fue calificada como “leve”. En tanto, la falta cometida por los partidos MC y PANAL, por actuar de manera dolosa y sistemática, fue calificada como “grave”. A estos partidos se les impuso la supresión de 18 meses de gasto ordinario; la finalidad de esta sanción fue la de evitar este tipo de conductas contrarias a las funciones que deben tener los partidos políticos dentro del país. Tal como lo marca la legislación, los recursos obtenidos de las sanciones impuestas de dicha resolución serían destinados al Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología.

En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del IEEPCO, el 1 de junio de 2018, los consejeros electorales aprobaron realizar los ajustes de género a las planillas de concejalías a los Ayuntamientos que fueron cancelados después de probarse que se trataba de hombres que intentaron usar el derecho a la identidad de género para obtener una candidatura política y, al recorrer posiciones, colocaron a la siguiente mujer de la lista como primer concejal. Asimismo, se determinó que los candidatos que intentaron hacer fraude a la ley no podrían participar en la contienda (IEEPCO, Acuerdo IEEPCO-CG-45/2018).

Las medidas aprobadas por el IEEPCO en este caso perseguían los siguientes fines: por un lado, no se podía permitir que se violentara la postulación paritaria de candidaturas en detrimento de las mujeres; también, las sanciones impuestas correspondieron a la gravedad de las acciones de cada partido político involucrado, donde se buscó que cada uno asumiera la responsabilidad de sus acciones, finalmente, se decidió que los ciudadanos postulados no participarían en la contienda y que las mujeres que se encontraban en segundo lugar de las listas tomarían la primera posición, dejando margen a los partidos políticos para que postularan nuevas personas en los espacios que quedaron en blanco producto del cambio de lugares.

Con estas acciones, se impedía violentar los derechos políticos de las mujeres al participar como lo mandata la Constitución en la mitad de las candidaturas, a la vez que se evitaba un fraude a la ley al combatir la simulación de la participación de un grupo vulnerable, en este caso las personas transgénero. Además, los partidos políticos fueron sancionados por intentar hacer un mal uso de la medida de nivelación para las personas transgénero, quienes de manera dolosa intentaron engañar a la autoridad electoral y a la ciudadanía al identificarse como un grupo vulnerable, cuando no lo eran.

La resolución del TEPJF sobre las candidaturas trans

El 22 de junio de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo emitido por el IEEPCO y, por mayoría de votos, confirmó dos de las 15 candidaturas transgénero postuladas en Oaxaca. De acuerdo con dicha institución, las dos candidaturas aprobadas como primeros concejales se autoadscribieron como mujeres desde su registro, a diferencia las otras candidaturas que generaron cambios respecto a la autoadscripción que originalmente habían manifestado (TEPJF, SUP-JDC-304/2018).

Esta instancia también resolvió que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona. Es decir, no es necesario otro requisito como la autoadscripción calificada, la cual supone que el reconocimiento de la pertenencia a cierto grupo se dé con base en el propio reconocimiento de la comunidad, lo que además indica que las autoridades electorales deben hacerse cargo de la posibilidad de un mal uso de la autoadscripción, para evitar que la identidad trans se utilice de manera engañosa para incumplir con el principio constitucional de paridad.

Respecto del resto de los candidatos, el TEPJF decidió que en los casos en los que se hubiera presentado la renuncia a la candidatura, se le solicitase al partido político o coalición la sustitución de ésta. Esto, para cumplir con el principio de paridad y se acordara la sustitución correspondiente dentro del plazo de 48 horas. De no hacerlo, la autoridad administrativa realizaría los corrimientos que estimara pertinentes. Sin embargo, en aquellos casos donde no hubiera renuncia se ordenó que dichas candidaturas fueran registradas en la segunda posición de la lista a efecto de que la primera posición la ocupara la primera mujer de la lista de candidaturas.

Autoadscripción simple o calificada

El caso del reconocimiento de postulaciones de candidaturas trans es, sin duda alguna, sumamente importante, debido a que hace referencia a la protección de los derechos políticos y electorales de un grupo históricamente en desventaja. Pero no hay que dejar de lado la posibilidad, como se vivió en Oaxaca, de que ciertos actores políticos intenten hacer mal uso de una medida afirmativa para intentar incumplir con la paridad de género.

Los colectivos integrados por personas transgénero indicaron que para el caso específico de las postulaciones trans era necesaria una autoadscripción calificada. Es decir, que no resultaba suficiente con que una persona manifestara tener una identidad transgénero, sino que debía existir el respaldo de un grupo de personas de la comunidad que pudieran corroborar dicha identidad. Para esto es importante mencionar que el criterio de autoadscripción calificada ha sido utilizado en otras ocasiones. Por ejemplo, el propio TEPJF estableció sobre el tema de las postulaciones indígenas, que no era suficiente con que una persona meramente se identificara como indígena, sino que resultaba necesario tener el reconocimiento de las autoridades y de la comunidad, a fin de que no se viciara de contenido la acción afirmativa mediante la postulación de ciudadanos que se autoadscribieran como tales y no lo fueran.

Respecto de las comunidades indígenas, se estableció “…las o los candidatos deben haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales, participado en reuniones al interior de la comunidad o haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones” (TEPJF, SUIP-RAP-726/2017 y acumulados). Una reflexión sobre el tema es considerar la posibilidad de que las candidaturas de personas trans pasen por el tamiz de la autoadscripción calificada ya que al igual que con otros casos es necesario evitar viciar de contenido la acción afirmativa mediante la postulación de ciudadanos que se autoadscriban como tales pero que en realidad sean como personas cisgénero cuyo único interés es contender por un puesto político.

El debate no es menor, pero es importante conocer los antecedentes de otros casos donde se han tomado las medidas necesarias para evitar la simulación o bien pensar en otro tipo de diseño institucional para evitar estas malas prácticas. Del mismo modo, es necesario exigir a los partidos políticos un compromiso y actuaciones a favor de nuestra sociedad. Respecto de la decisión del TEPJF sobre permitir que los candidatos registrados pudieran contender siempre y cuando no hubieran renunciado a la candidatura, siendo propuestos en el segundo lugar de las listas, al respecto es importante analizar el efecto de dicha disposición.

Los candidatos en mención que no renunciaron a la candidatura manifestaron que eran personas trans aun cuando se había demostrado lo contrario. Esta decisión podría enviar un mensaje erróneo sobre las consecuencias de cometer una falta al permitirles seguir participando en la contienda electoral. Además, es importante no perder de vista la violencia política de género, pues, en caso de ganar la elección, las mujeres que subieron en la lista fungirían como presidentas municipales mientras que los candidatos trans ocuparían el cargo de la sindicatura. Este tipo de escenarios ponen en desventaja a las mujeres pues genera ambientes hostiles que les impiden realizar sus labores de manera adecuada. Diversos casos de violencia política de género en contra de presidentas municipales en Oaxaca y analizadas por el TEPJF dan cuenta de ello.

También es necesario mencionar que si el Estado mexicano permitiera el cambio de género en los documentos oficiales, de manera sencilla y sin la necesidad de iniciar juicios, eso representaría una herramienta que ayudaría a combatir las posibles simulaciones en la postulación de candidaturas tras como la ocurrida en Oaxaca, pues se trataría de ciudadanos que cuentan con una identificación oficial que tiene el género con el que las personas se identifican.

Conclusión

Las personas transgénero son parte de la sociedad mexicana y es necesario que sus voces tengan representación en los puestos públicos. Nuestro sistema de gobierno democrático implica la representación de todos los grupos poblacionales y en la medida en que avancemos en el reconocimiento de sus derechos político-electorales y al eliminar obstáculos para su participación, se podrá mejorar su calidad de vida, al considerarles ciudadanas y ciudadanos con los mimos derechos y responsabilidades cívicas.

El caso de la postulación de las candidaturas trans en Oaxaca es el inicio de un debate importante sobre cómo las instituciones pueden reconocer derechos de poblaciones discriminadas y en desventaja, al tiempo que deben evitar un posible mal uso de las acciones afirmativas. Al igual que con los casos de las famosas “juanitas” es importante diseñar mecanismos que impidan los abusos y afecten los derechos de las mujeres a participar de forma paritaria en las contiendas electorales. Sin embargo, estos mecanismos serian innecesarios si hubiera un compromiso democrático real de los partidos y actores políticos.

Existen varios elementos del caso de las postulaciones trans en Oaxaca que son importantes resaltar, sobre todo porque dan cuenta de la relevancia que tiene que la ciudadanía vigile los procesos electorales y que dé seguimiento a las acciones de las instituciones involucradas en los procesos electorales. En primer lugar, resulta necesario reconocer el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe a que fueron las personas transgénero pertenecientes a los colectivos quienes se encargaron de denunciar públicamente a través de conferencias de prensa y de manera formal que se pretendía usurpar una identidad de género, en detrimento de la postulación de mujeres por parte de los 17 hombres que se hicieron pasar por personas trans. Además, fueron estos grupos quienes presentaron la denuncia correspondiente y dieron seguimiento al tema hasta su conclusión. Esta ciudadanía activa e interesada en asuntos públicos es la que fortalece el actuar de las instituciones.

Asimismo, resulta relevante que esta discusión haya iniciado en el año 2018 y no mucho después. En este sentido, es trascendental decir que la medida afirmativa también fue usada de manera adecuada, puesto que en las elecciones de 2018 en Oaxaca sí hubo postulaciones reales de personas trans que hicieron uso de la misma. Este fue el caso de Kristel Ramírez Cortés, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec; Felina Santiago Valdivieso y Mística Sánchez Gómez, como candidatas -propietaria y suplente, respectivamente- a diputadas locales en el distrito de Juchitán de Zaragoza, quienes son muestra de la importancia de eliminar los obstáculos que impiden la participación de este grupo poblacional.

Si aspiramos a tener una sociedad más democrática también debemos exigir que haya partidos y dirigentes partidistas con estos valores. Hacer mal uso de una acción afirmativa va en contra no sólo de un grupo que ha estado históricamente en desventaja, sino que nos afecta como sociedad. ¿Cuánto dejamos de avanzar en el país por ejemplo con el tema de “Juanitas”? ¿Cuántos espacios ganados por la lucha de las mujeres se perdieron por prácticas nocivas como las que vimos en esta elección? ¿Cuántos años tendrán que pasar para que los grupos vulnerables ejerzan sin restricciones a sus derechos político-electorales? Por lo tanto, resulta indispensable que los actores y los partidos políticos eviten acciones cuyo único resultado es el incremento en el descontento de la ciudadanía ante un sistema de partidos que nos ha costado mucho construir.

Sin duda alguna el reconocimiento de un derecho que inició en Oaxaca en 2018 seguirá siendo parte del debate público en los siguientes procesos electorales y tendrá una trascendencia nacional. Analizar tanto la resolución del IEEPCO como del TEPJF es importante para evaluar cuales son las mejores formas para garantizar que los derechos político-electorales de los ciudadanos no sean simulados y evitar malas prácticas que tienen un impacto negativo en nuestro sistema democrático. El único objetivo de la acción afirmativa aprobada en Oaxaca en el proceso electoral de 2018 fue el de reconocer a todas los oaxaqueños como sujetos de derechos. Es un hecho que podremos ser un mejor país en tanto erradiquemos cualquier tipo de discriminación y acciones afirmativas como la descrita en este texto es uno de los pasos que podemos dar hacia ese camino.

Gustavo Meixueiro Nájera. Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

Marisol Vázquez Piñón. Asesora del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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Bibliografía

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Un comentario en “Los derechos políticos de las personas transgénero

  1. Mi opinión es que derivado de lo que sucedió con los derechos políticos de las personas transgenero es importante en primera instancia: la resolución que adoptó el órgano máximo de Dirección (Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca) con la acción afirmativa implementada que sin lugar a dudas, dejó una vez más, en materia electoral un precedente a la protección de los grupos vulnerables haciendo visible dicha decisión en la entidad de Oaxaca. Por otra parte, la resolución en materia jurisdiccional que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por mayoría de votos mediante la revocación del acuerdo emitido por el Ieepco, confirmando dos de las quince candidaturas trans intensificando el centro del debate, con la manifestación de pertinencia a un género y que fuera suficiente la autoadscripción dejando en claro, un vacío legal que podrá irse perfeccionando con el transcurso del tiempo.
    Tuvo un mayor reconocimiento de un derecho público y por supuesto la manera de enfrentarlo con decisión el Organismo Público Electoral Local en Oaxaca tema que va a tener todavía materia para el debate.
    No se dejo pasar por alto la valiosa participación de la ciudadanía organizada que vigilo, denuncio y estuvo atenta hasta la resolución el acto impugnado mediante el cual merece su debido mérito y amplio reconocimiento.

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